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MARTES DEMOCRÁTICOLA NUEVA LEY DE TELETRABAJO”

Una de las principales situaciones generadas a inicios del 2020 tras el anuncio del confinamiento como prevención para evitar el contagio del COVID 19 fue el modo de trabajo, siendo el teletrabajo la gran novedad, un concepto y modo de trabajo que hace tiempo es una realidad en muchas empresas multinacionales.

Esta crisis sanitaria, que aún mantiene en incertidumbre a todos y está dándose de forma intermitente en el tiempo por las diversas variantes que aparecieron, impulsó el teletrabajo a un nuevo e importante sistema de organización del trabajo que alterna días activos en la oficina con días activos en casa.

Por ello es importante contar con una norma clara que regule todos los aspectos que implica el teletrabajo, proporcione formación específica para el trabajo a distancia y los medios necesarios para documentar las jornadas de trabajo y garantizar el  derecho a la desconexión.

Bajo este contexto y con el fin de darle un mayor acercamiento a la ciudadanía sobre “La nueva ley de teletrabajo”, como cada martes, la oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República invitó a especialistas directamente involucrados en el desarrollo del tema en nuestro país. Esto con el fin de generar un debate público sobre la implementación de las políticas de esta nueva ley y lo que implica.

Entre los especialistas que formaron parte de esta ponencia estuvo presente Fanny Montellanos Carbajal, directora general de Promoción del Empleo del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, quien inició indicando que los últimos años nuestro país tuvo avances significativos en el diseño de normas y leyes que promueven el empleo decente.

“Cuando hablamos de teletrabajo o trabajo remoto tenemos que fortaleces las políticas, las normas, diseñar normativas, directrices; instrumentos que promuevan y garanticen los derechos de las personas que se encuentran realizando dicho teletrabajo o trabajo remoto”, indicó.

La Ley Nº 30036, Ley que regula el teletrabajo, tiene por objeto regular el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) en las instituciones públicas y privadas, y promover políticas públicas para garantizar el desarrollo.

El 2021, el 65 % de las empresas implementó trabajo remoto a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID 19; mientras que el 2020 el 70 % reportó que tuvo que implementar trabajo remoto. Para el presente año, el 15 % de nuevos puestos de trabajo permanentes se contratarían bajo la modalidad de teletrabajo. Además, las 2 ocupaciones con mayor demanda para puestos en modalidad teletrabajo son empleados de centros de llamadas y especialistas programadores que representan entre los dos un 47 % del universo de contratos de trabajos en esta modalidad.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha propuesto revisar la nueva ley a fin de precisar que el teletrabajo es un mecanismo que surge de la voluntariedad de las partes, precisó Montellanos.

Además, reitera la necesidad de que en la propuesta legislativa se regule expresamente la compensación que corresponde realizar por el empleador al teletrabajador cuando este último sea quien compre o emplee sus propios equipos y herramientas de trabajo.

En la ponencia también se hizo presente la Doctora en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas Janeyri Boyer, Presidenta Ejecutiva del Consejo Directivo en Autoridad Nacional de Servicio Civil – SERVIR, para quien la Ley de Teletrabajo es un paso importante hacia la modernización del Estado, la equidad de género, la inclusión, también para el mérito con igualdad de oportunidades, para una eficiente gestión del gasto, y para una mejora de las condiciones de los propios servidores y servidoras públicas que ejercen sus funciones.

Para la política de modernización promueve la alfabetización digital, además de la gestión por resultados y la atracción del talento superando las brechas territoriales. Para la equidad de género permite que las servidoras públicas en quienes recae (en su mayoría) las responsabilidades de cuidado puedan conciliar familia y trabajo, evitando su deserción y promoviendo el acceso y retención de talento femenino en el Estado.

También es importante para las políticas de inclusión porque permite a los servidores públicos con alguna discapacidad el poder permanecer en sus casas, superando los desafíos de infraestructura inclusiva que aún presentan las instituciones públicas. Para el mérito con igualdad de oportunidades permite postular, acceder y trabajar a que quienes viven en distritos alejados geográficamente a las capitales de provincia.

Una eficiente gestión del gasto permite un ahorro significativo en infraestructura y mantenimiento de edificios del Estado; y para los servidores y servidoras el teletrabajo les permite una mejor gestión de su tiempo libre, conciliar el trabajo en familia, ahorro de tiempo y dinero, entre otros beneficios.

También fue parte de esta edición de los Martes Democráticos la especialista en proyectos normativos del sistema administrativo de recursos humanos de la Autoridad Nacional Servir, Gabriela Cusimayta Lobo, quien mostró un análisis sobre la situación en la que se presentó el trabajo remoto. La aplicación del trabajo remoto a nivel nacional, regional y local ha abordado más del 50 %, ya sea como trabajo remoto o como trabajo mixto. Dentro de las preferencias de modalidad de trabajo, más de un 80 % desea poder continuar con un trabajo no necesariamente presencial.

Para la entidad pública los beneficios del teletrabajo se ven reflejados en la reducción de costos logísticos como papelería, útiles y materiales de oficina, además de la reducción de costos en alquileres, mantenimiento y servicios.

Para el servidor los beneficios, como ya se había expuesto anteriormente, se reflejaría en el ahorro de tiempo y costo de transporte, además de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Para las ciudades, habría una reducción del tráfico vehicular y una gran reducción en la huella de carbono. De cara al teletrabajo es necesario que las entidades promuevan el mismo en su ámbito institucional, y que no generen afectación en la prestación de los servicios públicos, bajo una adecuada supervisión de labores.

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