MEMORIA DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE A 1993

"Hoy como nunca está en nuestras manos hacer del Perú un país viable y de nuevas oportunidades"

Ing. Jaime Yoshiyama (30/12/92)

CUMPLIENDO con los objetivos para los que fue facultado por mandato soberano del pueblo, el Congreso Constituyente Democrático culminó su primer año de trabajo elaborando la nueva Constitución Política del Estado y llevando a cabo una intensa actividad parlamentaria, que se ha visto reflejada en el ámbito constitucional y legislativo, en el control político y la fiscalización del manejo de los asuntos públicos y en sus funciones administrativas. Cabe destacar, que en virtud de sus atribuciones, el Congreso asumió la responsabilidad de reformar y devolver la majestad al Poder Judicial, nombrando al Jurado de Honor de la Magistratura y dictando los dispositivos constitucionales para que el país cuente con un servicio de justicia autónomo, honesto y eficiente.

A lo largo del ejercicio, los congresistas de todas las bancadas han actuado poniendo de relieve la autonomía e independencia del Poder Legislativo, y con un nuevo enfoque, caracterizado por la dedicación, la eficiencia y el profesionalismo, en la actividad parlamentaria, condiciones tantas veces reclamadas por la ciudadanía.

Un balance desapasionado de las labores efectuadas por el Congreso muestra un saldo favorable en calidad y producción legislativa, en relación con el pasado. Confirma, además, que la modernización y fortalecimiento de las instituciones del Estado descansa en la optimización de sus recursos, en la transparencia de sus actos y en resultados tangibles que beneficien a la población.

I.- LA LABOR CONSTITUCIONAL

"Hace un año nos comprometimos a redactar una nueva Constitución Política que fuera un instrumento eficaz para construir un país moderno con libertad y justicia para todos los peruanos".

"La nueva Constitución ratifica nuestra convicción en la democracia como una forma de vida que garantiza las libertades, los derechos humanos y la dignidad de las personas".

Ing. Jaime Yoshiyama (29/12/93)

El Congreso Constituyente Democrático, actuando como depositario del poder constituyente, emanado del pueblo, emitió dos tipos de normas de rango constitucional:

1. El texto de la nueva Carta Política, que luego de 8 meses de intenso trabajo fue sometida y aprobada, mediante consulta popular, el 31 de octubre pasado; y
2. 8 leyes constitucionales, que fueron puestas en vigencia durante el período.

La formulación del texto constitucional, llevado a cabo en una atmósfera de irrestricta libertad y sin condicionamientos, fue posible gracias al nivel de consenso logrado por las diversas propuestas elevadas a consideración por las diferentes bancadas y luego de un debate alturado demostrativo de pluralismo democrático existente en el pleno.

Del total de artículos constitucionales aprobados, incluyendo las disposiciones transitorias, 12 fueron aprobados por el 100% de los asistentes, 80 lo fueron con votación entre el 90 y 99%, 57 con votación entre el 80 y 89, 61 con votación entre el 70 y 79 y sólo en 12 oportunidades la aprobación fue con menos del 69% de las votaciones.

La Constitución, que por primera vez en nuestra historia republicana tiene el sustento de haber sido sometida a consulta popular, es moderna, democrática y funcional y está orientada a promover el desarrollo humano de las generaciones presentes y futuras.

En el nuevo texto constitucional cabe destacarse la inclusión de mayores derechos individuales, políticos, sociales y económicos; se ha modificado el rol del Estado y se ha reestructurado sus instituciones; se ha transferido más responsabilidades a la sociedad civil; existe una concepción más viable y realista del régimen económico; se ha dado nuevas orientaciones al régimen tributario y presupuestal; y se ha introducido nuevos procedimientos de garantías constitucionales.

El pueblo, a partir de ahora, será más consultado, vía referéndum; podrá someter a consideración iniciativas de ley; tendrá la facultad de nombrar jueces de paz y revocar autoridades que no cumplan su función.

Se ha reducido el tamaño y el excesivo intervencionismo del Estado, para dar más responsabilidades a las instituciones de la sociedad civil.

El Estado estará destinado a cumplir: primero, una función promotora, es decir orientado al desarrollo económico y el bienestar de la población; segundo, actuará como regulador, para asegurar las bases de una competencia leal y sin privilegios y para proteger a los sectores menos favorecidos; y, tercero, será al mismo tiempo un Estado compensador para buscar la equidad social.

Se ha instaurado un Congreso unicameral, con 120 miembros, que es el más adecuado a la realidad del país. Al igual que el actual Congreso, tendrá la ventaja de ser más ágil y eficiente en el debate y la producción legislativa, así como en el ejercicio del control político y la fiscalización del manejo de los asuntos públicos.

El Poder Judicial, cuya majestad y autonomía es indispensable para el equilibrio del sistema democrático y para el funcionamiento del país, quedará librado, en el nombramiento de sus magistrados, de toda forma de interferencia política, ya sea del Poder Ejecutivo o del Congreso.

La designación de jueces y fiscales, en todas sus jerarquías, emanará en el futuro del Consejo Nacional de la Magistratura. Este entrará en funciones cuando termine el encargo que fue confiado, mediante una ley constitucional, al Jurado de Honor de la Magistratura, integrado por cinco honorables miembros del foro.

El régimen económico, que ha sido concebido dentro de un esquema pluralista, se sustenta en la empresa privada -nacional o extranjera- como eje del desarrollo, actuando en un sistema social de mercado y abierto al comercio internacional para que nos asegure un crecimiento dinámico y sostenido.

Considerando que el instrumento principal para la modernización del país es la educación -una educación de calidad orientada a una formación humanista, científica y tecnológica- el nuevo texto constitucional ha ampliado y extendido la noción de la gratuidad de la enseñanza en los centros del Estado, incluyéndose en ella a la educación básica y preescolar.

Cabe mencionar el valioso aporte de los medios de comunicación y de diversas instituciones y personalidades del país que enriquecieron con ideas y sugerencias el debate constitucional.

La nueva Carta Fundamental al igual que toda empresa humana, es una obra perfectible. El propio texto señala las materias que deberán ser normadas, mediante leyes orgánicas, de desarrollo constitucional y de carácter ordinario. A través de ellas se podrá lograr el consenso necesario para dar estabilidad y continuidad al programa de modernización del país.

II.- LA LABOR LEGISLATIVA

"El Congreso ha recibido un mandato claro, que le ordena trabajar fuerte y eficientemente, actuar con transparencia y honradez y luchar por un cambio profundo con equidad y justicia para todos. Y eso es lo que vamos a hacer juntos a partir de hoy ".

Ing. Jaime Yoshiyama (30/12/92)

El Congreso, en su condición de máximo órgano representativo del pueblo y de debate político nacional, ha funcionado a plenitud a lo largo del año que termina.

Todas las agrupaciones políticas se han pronunciado con toda libertad, trabajando fuertemente y dando lugar a debates alturados y plurales, pero sobre todo, asumiendo responsablemente la tarea de cimentar áreas de consenso que sustenten la estabilidad jurídica que el país requiere.

El debate ha permitido también determinar las áreas de disenso, en las cuales el diálogo parlamentario sigue abierto en búsqueda de coincidencias.

En el curso del año se han presentado y procesado 1,334 proposiciones legislativas, 1,218 procedentes de la propia representación parlamentaria, 112 del Poder Ejecutivo y 4 del Poder Judicial.

De las 1,334 iniciativas legislativas, 809 han culminado el trámite previsto en el Reglamento del Congreso; en 474 casos se formularon dictámenes negativos que determinaron el archivo de las respectivas proposiciones.

De otro lado, en 326 casos se formularon dictámenes favorables o sustitutorios, de los cuales 277 han sido ya aprobados y 49 se encuentran aptos para su debate en el pleno, en la estación de Orden del Día.

Cabe resaltar que en 9 casos se retiraron los proyectos de ley por sus autores y que 3 proposiciones se encuentran en agenda, para dar cuenta al Pleno del Congreso.

Las 282 iniciativas legislativas han generado 206 normas, distribuidas del siguiente modo:

• La nueva Constitución Política del Estado.
• El nuevo Reglamento del Congreso.
• 8 Leyes Constitucionales.
• 79 Leyes ordinarias.
• 29 Resoluciones Legislativas.
• 29 Resoluciones del Congreso.
• 32 aprobadas sin promulgar, y
• 20 observadas.

- Destacando entre ellas: La Ley de Migración-Inversión, la Ley General de Hidrocarburos, la Ley Marco del Proceso Presupuestario y todas aquellas destinadas a definir el marco normativo para la promoción de la inversión y el crecimiento de la economía.

Para una mejor claridad respecto a las cifras de producción legislativa, debemos resaltar que las 1,334 iniciativas legislativas generaron 1,382 dictámenes, en la medida que algunas fueron derivadas a más de una comisión permanente. De otro lado, en 121 casos se fusionaron proposiciones legislativas, lo que evidencia el alto grado de consenso obtenido en el trabajo legislativo.

III.- CONTROL POLITICO

En cumplimiento de las disposiciones constitucionales sobre la materia, el Congreso invitó a su seno, sea en sesiones plenarias o en las comisiones permanentes, al Gabinete y a sus integrantes.

En tales oportunidades, las distintas corrientes de opinión presentes en el Congreso pudieron conocer y debatir temas de responsabilidad a cargo del Ejecutivo, situación que no sólo permitió identificar las áreas de consenso y disenso, sino también dictar las normas para mejorar la base legislativa que requiere el gobierno para una gestión adecuada.

Estimamos oportuno señalar que el nuevo texto constitucional incorpora la estación de preguntas donde el Presidente del Consejo de Ministros y sus demás integrantes deben concurrir en forma periódicamente al Congreso para participar en los debates.

En el ejercicio de está función, tuvo lugar la interpelación al Ministro de Educación, que de un amplio debate, obtuvo el voto de confianza del Congreso.

En el campo de la fiscalización, debe destacarse también que se ha aprobado una ley que regula el procedimiento de acusación constitucional, permitiendo que cualquier ciudadano pueda denunciar a las más altas autoridades del Estado en el caso de delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Con esta norma se robustece el marco legal para promover la idoneidad y transparencia de la función pública en los más altos niveles de decisión.

Durante 1993 se han recibido 41 pedidos de acusaciones constitucionales. De ellos, 4 han sido retirados por no constituir, propiamente, acusaciones constitucionales, 3 han sido hechos suyos por los señores congresistas, y 31 se encuentran en la etapa investigatoria.

En el curso del año, el Pleno ha decidido la formación de 4 comisiones investigadoras sobre:

• La desaparición de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad "La Cantuta"
• La evaluación de la correcta o incorrecta atención al servicio de la deuda externa desde el año 1983 a la fecha.
• Los contratos del proyecto Especial del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao; y,
• Los contratos entre la Compañía Peruana de Vapores y la American Express-Chemical Bank, sobre las naves "Pachitea" y "Mantaro"; así como el proceso de ejecución de los mismos.

Asimismo, debemos indicar que durante 1993, ejerciendo la función de control político, se han aprobado 260 mociones de Orden del Día, en las cuales la representación nacional abordó temas relativos a la defensa de los derechos humanos y diversos problemas de orden social y político, así como otros asuntos de orden internacional.

El debate sobre temas nacionales, ha permitido no solo la saludable y democrática práctica del diálogo, sino también que funcionarios del Gobierno Central y autoridades de entidades autónomas y descentralizadas, conozcan el punto de vista del Congreso sobre la dinámica social y económica.

IV.- LA REPRESENTACION

Esta importante función del Congreso se ha plasmado a través de más de 6,800 pedidos formulados por la representación parlamentaria y dirigidos a ministros y jefes de organismos autónomos para buscar la solución o información en problemas que los señores Congresistas han recogido de sus representados.

En este tema, debe también resaltarse el rol de los congresistas, participando en foros y seminarios organizados por instituciones sociales y gremiales, en los cuales han podido recoger la opinión de la ciudadanía y apreciar así el pulso político.

Finalmente, las Comisiones Permanentes, en su tarea de elaboración de dictámenes, han convocado la participación de la ciudadanía a través de personalidades o representantes de instituciones, en una política de puertas abiertas a la sociedad, oportunidades en las cuales se ha podido apreciar, directamente las inquietudes y planteamientos de sus representados.

V.- EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CCD

En el ámbito administrativo, el Congreso Constituyente Democrático ha buscado también implantar un nuevo estilo. Ello, ha supuesto identificar los principales problemas de organización y gestión para programar las medidas correctivas tendientes a la modernización y el fortalecimiento del Congreso como institución.

Las tareas de carácter gerencial se iniciaron desde el momento de la instalación de las Juntas Preparatorias del Congreso Constituyente Democrático. Verificando los problemas de organización y gestión se concibieron los principales elementos de la estrategia de modernización y fortalecimiento del Congreso como institución, entre los cuales destacamos:

1. El diseño de una nueva concepción del trabajo parlamentario aprobada en el Reglamento del Congreso Constituyente Democrático.
   Debemos destacar aquí dos grandes modificaciones sustanciales en relación al del Parlamento anterior. En primer lugar, el nuevo cuadro de comisiones acorde con el nuevo quehacer parlamentario y los grandes problemas nacionales; y, en segundo lugar, la racionalización del uso del tiempo en las sesiones del Pleno del Congreso, asociada a la condición del dictamen previo para el debate y sanción de las iniciativas legislativas.
2. Participación de todos los grupos parlamentarios en la gestión institucional a través del Consejo Directivo conformado con representación pluripartidaria.
3. Prioridad del trabajo parlamentario en función de la aprobación del nuevo texto constitucional.
4. Amplia difusión de la labor del Congreso, publicando y difundiendo los resúmenes de lo tratado en las sesiones del Pleno, del Consejo Directivo y de las Comisiones, en lo que fuera pertinente, a través del diario oficial "El Peruano", así como la Televisión del Estado y Radio Nacional. El Congreso editó semanalmente el "Boletín CCD" informando las labores del pleno, de las comisiones y del Consejo y Mesa Directiva, así como las actividades institucionales y de los señores congresistas.
5. Reorganización de los servicios del Congreso para adecuar su estructura orgánica y administrativa al nuevo reglamento aprobado.

Estas cinco líneas estratégicas nos han permitido orientar el proceso de modernización y fortalecimiento institucional del Congreso.

Por su importancia y porque están todavía en curso, estimamos necesario precisar los elementos centrales del proceso de reorganización administrativa de los servicios del Congreso.

Los cambios de la estructura administrativa abarcan todos los elementos de soporte logístico como administrativo.

El objetivo es ofrecer a la representación parlamentaria los mejores insumos para el cumplimiento de sus diversas funciones. Las líneas de acción comprometidas son:

1. Perfeccionamiento del sistema de asesoría, apoyo técnico y en general de los recursos humanos.
2. Dotar al Congreso de un soporte de información computarizada para el trabajo parlamentario en sus diferentes modalidades y niveles.
3. Mejorar los sistemas de seguimiento y monitoreo de los expedientes legislativos: estados de situación, concordancia legislativa, plazos, etc.
4. Mejorar la gestión de aspectos claves: Presupuesto, apoyo logístico, infraestructura, modernización de equipos.

En esta tarea, para el ejercicio 1994, estamos dejando concluido y suscrito, para su etapa de ejecución, un convenio de cooperación técnica no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo y una carta-acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de ejecutar un Programa de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo, el mismo que consta de cuatro campos de trabajo: organización, asesoría, recursos humanos y centro de información.

El estilo de trabajo impreso durante este primer año no es una casualidad, es el resultado de grandes luchas sociales y populares que han reclamado siempre de la administración pública un estilo de trabajo con dedicación, profesionalismo, transparencia, calidad y oportunidad que estamos obligados a cumplir para no defraudar las expectativas puestas en nosotros.

No podríamos terminar este informe sin expresar nuestro agradecimiento a todas las personas involucradas en este quehacer parlamentario. Los tres vicepresidentes que me acompañaron en la Mesa Directiva, los miembros del Consejo Directivo, todos los Presidentes de las Comisiones y los señores Congresistas, al margen de las discrepancias ideológicas o partidarias, han contribuido a que este Congreso Constituyente Democrático, en este su primer año, siembre las semillas de un nuevo estilo de trabajo parlamentario que estamos seguros germinará en aras del florecimiento del Estado Peruano.

Expresamos esta convicción porque hemos podido apreciar cómo en el debate del Reglamento del CCD y del nuevo texto constitucional se hacían los esfuerzos para generar un alto grado de consenso y respetar las convicciones que sustentaron las diferencias.

En este debate alturado hemos aprendido a marchar hacia el consenso y a reconocer que el disenso tiene abierta una puerta para encontrar nuevos campos de coincidencia.

Tampoco podemos dejar de reconocer el apoyo decidido de los otros Poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos y en general de todas las organizaciones públicas, las mismas que luego de una etapa de crisis general están tratando, en el presente gobierno, de salir adelante para ser del Estado Peruano un Estado moderno y fortalecido.

Lima, 31 de Diciembre de 1993.