Page 73 - Guerrillas y montoneras durante la Independencia - Vol-1

Nueva Colección Documental de la Independencia del Perú
Guerrillas y montoneras durante la Independencia
diestros en las armas, agregó que «en ningún pueblo» había recibido «la me-
nor queja» sobre que «hubiesen tomado en las manos una papa sin voluntad
de sus dueños»; remató así: «esta particularidad en montoneros es laudable».
Consciente de que lo normal era lo contrario, Carreño decidió incursionar a
Macón, cerca de Tarma, con apoyo de fuerza de línea no para que combatie-
se sino solo por «su presencia para orden, y respeto de las partidas», según
parte de Joaquín Dabouza en julio de 1823; según este jefe, Carreño había
manifestado en una junta de guerra que no había atacado antes «porque no
experimentase la población el desastre que le hubiese ocasionado las partidas
de montoneras que solo respiran sangre y robo». Ya en setiembre de 1821
Melchor Espinoza había informado a Miller desde Lucanas que los jefes gue-
rrilleros Alejo Pérez y el «indio Velasco» habían saqueado pueblos e impuesto
cupos, habiendo comprendido en sus atropellos a curas, viudas, «vecinos res-
petables» e «indios infelices»; Espinoza reflexionaba que los excesos de Pérez
habían colocado a los «adictos» a la Patria en estado de pasarse al realismo.
Aún en enero de 1825, diversos testigos declararon en Huaytará acerca de
los abusos cometidos por el comandante Ignacio Delgado en reclutamientos,
extorsiones, exacciones y torturas; además, un testigo añadió que un ayudante
del general La Fuente había matado a lanzazos a siete reclutas por la fuga de
dos. Curiosamente, el propio Delgado había denunciado en mayo de 1823 que
en la provincia de Castrovirreyna eran múltiples las quejas contra la partida de
Francisco Lovatón por saqueos y degollaciones de hombres, mujeres y niños.
Quizá resulta lo más espeluznante la remisión de dos cabezas de prisioneros
realistas, de cuya recepción daba cuenta Camilo Mier en Cerro de Pasco en
febrero de 1824, con la advertencia de que el comandante realista Puyol había
amenazado con igual procedimiento con los prisioneros patriotas, incluyendo
mujeres.
No faltaron medidas correctivas por parte de las autoridades patriotas.
En noviembre de 1823, Hipólito Unanue oficiaba al ministro de Guerra que
la aduana establecida en Pisco daría fondos para la división de Pardo de Zela,
pero que para que aquella funcionase era preciso extinguiese a las guerrillas
que operaban en los valles iqueños. Al mes siguiente, Otero pedía instruc-
ciones para desarmar las guerrillas de Carreño y de Fresco, a las que había
puesto dique ante sus «licenciosos procedimientos», y ordenaba a José María
Guzmán arrestar al oficial N. Tapia «por haber cometido los mayores excesos,
y robos en los pueblos que ha pisado»; recibiría la indicación de proceder

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