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La imposibilidad de negociar aumentos salariales de manera indeterminada es contraria
al principio de negociación libre y voluntaria consagrado en el Convenio 98 de la OIT.
Esto se ha venido repitiendo en las leyes de presupuesto del sector público de los años
2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015.
¿Dónde está el gran cambio si queremos seguir repitiendo y violando los derechos
laborales y los derechos que tienen los trabajadores de nuestro país?
Nosotros proponemos un texto que señale lo siguiente:
“Las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
podrán reajustar e incrementar las remuneraciones y bonificaciones, como parte del
proceso de negociación colectiva que se desarrolle en cada entidad, ese incremento no
puede incluir dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones
económicas y otros beneficios. Cualquier incremento debe contar con una fuente de
financiamiento debidamente sustentada y presupuestada.
Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la
presente norma y disposiciones legales vigentes”.
No somos populistas. Afirmamos derechos y afirmamos responsablemente que tiene que
haber correlación entre el presupuesto general de la República y la restricción
presupuestaria que existe en nuestro país.
Se tiene que respetar un mecanismo fundamental que en todas las democracias funciona,
¿o es que estamos negando el diálogo y alimentando el verticalismo y formas de manejar
el mundo laboral que ya han sido superadas por muchas sociedades?
En lo que se refiere al artículo 7, debo manifestar que los montos de aguinaldos por
Navidad y la gratificación por Fiestas Patrias que se otorgan a los trabajadores de la
administración pública no se han modificado en la gestión del actual Gobierno; es decir,
desde el 2010. Pese a que el crecimiento económico se ha mantenido, no ha habido
ningún interés por que los beneficios del crecimiento se trasladen a los trabajadores. Se
debe tener en cuenta, además, que para la mayoría de empresas la campaña navideña
representa entre el 30 y 40% de sus ventas anuales, por lo que, en un contexto de
desaceleración económica, esta medida contribuirá a dinamizar la demanda y el
consumo interno. Es importante ver cómo dinamizamos nuestra economía agilizando la
demanda y permitiendo que los peruanos tengan dinero para poder comprar, ¿o no
confiamos en los peruanos?
Por otro lado, los trabajadores del Estado, sea cual fuere el régimen laboral mediante el
cual fueron contratados, deben percibir equitativamente los beneficios relacionados a
aguinaldos, gratificaciones y escolaridad. Legislar en materia laboral con un tratamiento
diferenciado genera discriminación y una mayor brecha de ingreso entre los servidores
públicos. El Congreso no puede permitir formalizar la discriminación entre los
trabajadores del sector público, y menos todavía cuando los beneficios de los sectores
públicos contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada son
considerablemente superiores a los de otros regímenes laborales del Estado. Por ello, es
pertinente otorgar bonificación por escolaridad a los servidores públicos contratos bajo la
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