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Nosotros aquí en el Congreso hemos juramentado por el respeto a la Constitución, y los
del Ejecutivo y todos los funcionarios están obligados a cumplir la Constitución y las leyes
de nuestra patria.
La excusa para recentralizar los recursos parte de una supuesta incapacidad de los
gobiernos regionales y locales en la ejecución del gasto público. A todas luces, eso no es
cierto.
Si revisamos los gastos ejecutados por los diversos sectores del gobierno nacional, nos
damos cuenta de que algunos de ellos tienen menores niveles de ejecución presupuestal
que los gobiernos locales y regionales. Como ejemplo tenemos los casos de Salud, 41%;
Educación, 44%; Vivienda y Construcción, 35%, este último con un agravante del ser el
sector que mayor recursos concentra dentro del presupuesto.
Entonces, ese argumento cae por sí solo.
Sí hay capacidad de gasto, pero no se quiere potenciar ni valorar las capacidades del
Perú interno, del Perú profundo, de las provincias, de los gobiernos locales. Decir que
ellos no tienen capacidad es insultar a los gobiernos subnacionales, porque sí hay la
capacidad. El Gobierno Central, en vez de pensar totalmente al revés, debe contribuir a
que estas capacidades se potencien y a que el proceso de descentralización camine a
paso firme.
Es conveniente recordar, como lo hace la AMPE en su pronunciamiento, que las
transferencias efectivas por canon y regalías pasaron de S/. 9 929 000 000,00 en el
2012 a S/. 4 923 000 000,00 en el 2016.
El monto proyectado por el MEF en la Ley de Presupuesto 2016 se reduce en esta gestión
en un 50%, lo que implica una situación totalmente crítica dentro de los gobiernos
regionales y locales. Además, no hay ningún mecanismo de compensación para
amortiguar los efectos de lo que esta caída que significa para los gobiernos
subnacionales: menos inversión en obras, pérdida de puestos de trabajo, mayor pobreza.
No es posible que el Congreso admita eso en el Proyecto de Presupuesto.
Por otra parte, el Proyecto de Presupuesto crea fondos para fortalecer el centralismo. Para
los gobiernos regionales y locales, por ejemplo, se crea un fondo de inversiones sin
ningún tipo de sustento, estudio o mecanismo que permita conocer la forma en que será
administrado, lo cual es algo que no tiene precedentes. Como el dictamen en minoría
elimina ese fondo, el monto inicial de S/. 900 000 000,00 que a ese fondo le asigna el
dictamen en mayoría lo destina para las principales reivindicaciones laborales y crear un
fondo de compensación por los efectos de la reducción del canon y las regalías en los
gobiernos locales y regionales.
Con la disminución del canon se ha creado un problema fuerte; por ello, tenemos que
ver cómo generamos mecanismos de compensación, que curiosamente no se tocan en
absoluto en el Proyecto de Presupuesto.
El monto de novecientos millones asignados inicialmente a este cuestionable fondo, lo
redistribuimos para aumentarle ciento cincuenta millones al Fonie [Fondo para la
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