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El dictamen que presentamos excluye y modifica artículos que, desde nuestro punto de
vista, tienen un claro sesgo centralista, vulneran la coherencia macroeconómica, generan
mayor recesión, no resuelven los legítimos reclamos de los trabajadores públicos, no
promueven la calidad del gasto público y comprometen la sostenibilidad fiscal.

El presente dictamen utiliza el mismo techo presupuestal. Hace un momento hemos
escuchado una declaración un poco desafortunada en el sentido de que nuestro dictamen
pondría en crisis el equilibrio fiscal, y eso está muy lejos de la verdad, porque estamos
considerando el mismo techo presupuestal. Por lo tanto, no hay ni un sol de modificación.
Lo que sí hay es el cuestionamiento de la estructura y las partidas de la propuesta
presupuestaria.

Nosotros somos sumamente responsables del equilibrio fiscal y de lo que está establecido
en el país. Somos totalmente críticos cuando lo que se nos quiere decir de cómo va la
economía no corresponde a cómo realmente está nuestra economía, y eso se refleja en
las fuentes de financiamiento del actual presupuesto de la República.

Los recursos ordinarios los hemos reducido en 6,9% con respecto al año anterior; los
recursos determinados, en 10,1; canon, sobrecanon, regalías y renta de aduanas y
participaciones, en 29%; Foncomun, en 14,2%.

Financiado el presupuesto de la República con recursos de operaciones de crédito —o
sea, deuda pública—, estas se incrementan con respecto del año pasado en 233%. Esa
estructura de financiamiento refleja cómo estamos en el país y cómo estamos financiando
el presente presupuesto.

Considerando esta triste realidad, de ninguna manera podemos asumir la actitud
irresponsable de decir que vamos a romper el equilibrio fiscal. Esa es una falsedad
pública que lamentablemente se ha expresado hace poco en el Hall de los Pasos
Perdidos.

En todo caso, en el dictamen en minoría planteamos el mismo techo y consideramos la
propia restricción que se establece en las fuentes de financiamiento; o sea, los S/. 138
490 511 044,00. No estamos moviendo ni un centavo; por lo tanto, no se nos puede
acusar de ilusos e irresponsables a los que firmamos el dictamen.

La primera observación que hacemos es que el proyecto del Poder Ejecutivo recentraliza
los recursos, contrariamente a lo que señala el mandato constitucional. Es el presupuesto
más centralista de los últimos quince años.

El artículo 77.° de la Constitución, en la parte inicial de su segundo párrafo, nos dice
claramente: “El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su
programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales
básicas y de descentralización”. Pero aquí caminamos en sentido contrario y
recentralizamos el presupuesto de forma totalmente irresponsable. Se trata de un
presupuesto que va contra la Constitución, porque llega al 95,3% de centralización, de
manejo por el Gobierno Central, y el resto por gobiernos regionales y gobiernos locales,
cuando debería estar marcando un proceso firme de descentralización real en nuestro
país. Ese el primer cuestionamiento que hacemos.

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