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cuando analizamos uno de los diez indicadores para formular esta competitividad, en el
rubro cumplimiento de contrato y ejecución de resoluciones judiciales, descendemos al
puesto 35; es decir, que no hay una eficiencia, una eficacia en el sistema judicial, y como
veremos, entre otros factores, fundamentalmente, por una insuficiente asignación
presupuestaria.
Cuando hablamos de una justicia eficiente, transparente, oportuna accesible y predecible,
comporta tener en cuenta fundamentalmente tres herramientas:
Por un lado, reformas legislativas.
En segundo lugar, aplicación de nuevas tecnologías; y,
Luego, inversión en recursos humanos y materiales.
En el plano de las reformas legislativas, el Poder Judicial viene implementando la reforma
procesal penal.
En la fecha actual se ha implementado en 27 distritos judiciales la reforma procesal
penal.
También se está implementando la reforma procesal laboral. Actualmente se ha
implementado en 18 distritos judiciales del país.
Asimismo, se viene aplicando la Ley 30077, contra el crimen organizado.
Y últimamente se ha expedido el Decreto Legislativo 1194, sobre proceso inmediato para
flagrancia delictiva, que, como lo habíamos mencionado, y lo habíamos indicado al
señor ministro de Economía y Finanzas, se requiere financiar esta ley que entrará en
vigencia en los próximos días, específicamente el día 29 de diciembre próximo.
El Poder Judicial ha solicitado la suma de 34 millones de soles para financiar este
Decreto Legislativo 1194, que regula el proceso inmediato para delitos flagrantes.
Si tenemos en cuenta que la carga procesal a nivel nacional en los juzgados penales
asciende a un 55% en dos delitos: omisión de asistencia familiar, y peligro común por
conducción en estado de ebriedad.
Estos dos delitos que comportan el 55% de carga procesal, que antes se tramitaban y
resolvían aproximadamente en 10 meses o un año, ahora tendrán que resolverse en una
o dos semanas, es decir que se formará un cuello de botella y esto comporta un riesgo,
pues, para la aplicación eficiente de este decreto legislativo.
Esto nos ha llevado entonces por un lado a solicitar formalmente ya al Ministerio de
Economía y Finanzas una demanda adicional de 34 millones de soles.
Pero por otro lado, el Poder Judicial y los jueces del Perú se vienen capacitando para la
implementación de este decreto legislativo, a través de jornadas de capacitación y de
talleres, y también en la formulación de documentos y manuales y reglamentos para una
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