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En  el  marco  de  la  Ley  28821,  Ley  de  coordinación  entre  el  Poder  Judicial  y  el  Poder
               Ejecutivo  para  la  programación  y  formulación  del  presupuesto  institucional  del  Poder
               Judicial, tenemos que el Poder Judicial, a través de una resolución administrativa, solicitó
               un presupuesto de 2921 millones de soles. Frente a esta solicitud y en el marco de la
               Comisión Mixta Poder Judicial y Ejecutivo, se asignó por el Poder Ejecutivo un monto de
               1803.6  millones  de  soles;  es  decir,  de  lo  propuesto  por  el  Poder  Judicial  de  2921
               millones, solamente se ha asignado por el Poder Ejecutivo el 61.7%, que consideramos
               totalmente insuficiente.

               Demanda real de gastos del Poder Judicial.


               Cuando  nosotros  propusimos  este  monto  presupuestario  de  2921  millones  de  soles,
               esencialmente  lo  sustentamos  en  los  ejes:  acceso  efectivo  a  la  justicia,  transparencia,
               lucha  contra  la  corrupción,  eficiencia  y  modernidad,  fortalecimiento  de  la  gestión
               institucional y fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios.

               ¿Y cuál es la importancia, señor Presidente del Congreso, para asignar un presupuesto
               adecuado para la administración de justicia en el Perú?


               Para este análisis es importante tener en cuenta cuatro o por lo menos tres dimensiones y,
               dentro de ellas, una primera dimensión política jurídica.


               Una  correcta  administración  de  justicia  comporta  el  fortalecimiento  del  Estado
               constitucional  de  Derecho,  limita  y corrige  el  ejercicio  abusivo  del  poder  y combate  la
               corrupción.


               En  esta  dimensión  política  y  jurídica,  cuando  se  imparte  correctamente  la  justicia,  se
               consolida el sistema democrático; pero en cambio sí no hay esta correcta impartición de
               justicia por diversos factores, dentro de ellos una insuficiente asignación presupuestaria,
               tenemos que hay una debilidad institucional y, por tanto, una baja en la competitividad.

               En el plano de la dimensión social, tenemos que una correcta administración de justicia
               promueve  la  paz  e  inclusión  social,  atención  a  las  poblaciones  vulnerables,  reduce  la
               delincuencia y genera bienestar general.

               Cuando  esta  correcta  impartición  de  justicia  es  positiva,  promueve  la  paz  social  y  la
               seguridad ciudadana. Pero cuando es incorrecta, como acabo de reiterar, por muchos
               factores, puede devenir en incorrecta, entonces se genera inseguridad y conflictividad.

               En  una  tercera  dimensión  económica,  una  correcta  impartición  de  justicia  promueve  y
               facilita  las  transacciones  comerciales,  fomenta  el  cumplimiento  de  contratos,  y  la
               seguridad jurídica; promueve la inversión, y la reducción de la pobreza, e informalidad.

               En esta dimensión económica, tenemos que una correcta impartición de justicia mejora
               las inversiones y la competitividad, caso contrario se limita las inversiones y se reduce la
               competitividad.


               Recordemos,  señor  Presidente  del  Congreso  de  la  República,  que  en  el  plano  de  la
               competitividad,  nuestro  país  ocupa  a  nivel  latinoamericano  el  segundo  puesto.  Pero


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