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En el marco de la Ley 28821, Ley de coordinación entre el Poder Judicial y el Poder
Ejecutivo para la programación y formulación del presupuesto institucional del Poder
Judicial, tenemos que el Poder Judicial, a través de una resolución administrativa, solicitó
un presupuesto de 2921 millones de soles. Frente a esta solicitud y en el marco de la
Comisión Mixta Poder Judicial y Ejecutivo, se asignó por el Poder Ejecutivo un monto de
1803.6 millones de soles; es decir, de lo propuesto por el Poder Judicial de 2921
millones, solamente se ha asignado por el Poder Ejecutivo el 61.7%, que consideramos
totalmente insuficiente.
Demanda real de gastos del Poder Judicial.
Cuando nosotros propusimos este monto presupuestario de 2921 millones de soles,
esencialmente lo sustentamos en los ejes: acceso efectivo a la justicia, transparencia,
lucha contra la corrupción, eficiencia y modernidad, fortalecimiento de la gestión
institucional y fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios.
¿Y cuál es la importancia, señor Presidente del Congreso, para asignar un presupuesto
adecuado para la administración de justicia en el Perú?
Para este análisis es importante tener en cuenta cuatro o por lo menos tres dimensiones y,
dentro de ellas, una primera dimensión política jurídica.
Una correcta administración de justicia comporta el fortalecimiento del Estado
constitucional de Derecho, limita y corrige el ejercicio abusivo del poder y combate la
corrupción.
En esta dimensión política y jurídica, cuando se imparte correctamente la justicia, se
consolida el sistema democrático; pero en cambio sí no hay esta correcta impartición de
justicia por diversos factores, dentro de ellos una insuficiente asignación presupuestaria,
tenemos que hay una debilidad institucional y, por tanto, una baja en la competitividad.
En el plano de la dimensión social, tenemos que una correcta administración de justicia
promueve la paz e inclusión social, atención a las poblaciones vulnerables, reduce la
delincuencia y genera bienestar general.
Cuando esta correcta impartición de justicia es positiva, promueve la paz social y la
seguridad ciudadana. Pero cuando es incorrecta, como acabo de reiterar, por muchos
factores, puede devenir en incorrecta, entonces se genera inseguridad y conflictividad.
En una tercera dimensión económica, una correcta impartición de justicia promueve y
facilita las transacciones comerciales, fomenta el cumplimiento de contratos, y la
seguridad jurídica; promueve la inversión, y la reducción de la pobreza, e informalidad.
En esta dimensión económica, tenemos que una correcta impartición de justicia mejora
las inversiones y la competitividad, caso contrario se limita las inversiones y se reduce la
competitividad.
Recordemos, señor Presidente del Congreso de la República, que en el plano de la
competitividad, nuestro país ocupa a nivel latinoamericano el segundo puesto. Pero
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