Page 57 - 2017\Debate-2017\Debate(3)

Por otro lado, hay un caso muy concreto que involucra a los profesionales de la salud.

El señor PRESIDENTE (Mario Mantilla Medina).— Congresista Velásquez, puede
continuar.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Prometo no más usar más de un minuto.

Todos los profesionales de la salud están integrados en el Decreto Legislativo 1153,
todos. Los únicos profesionales de la salud que no están integrados son los que están en
las universidades. ¿Y saben por qué no están incorporados en el Decreto Legislativo 1153
los profesionales de la salud que están en las universidades y que son en total treinta y
tres? Porque en la universidad han interpretado que cuando el decreto legislativo dice que
se incorporarán los profesionales de la salud, de la educación, no se refiere a los
profesionales de las universidades. Es decir, hoy en día los profesionales de la salud del
Ministerio de Educación sí están en el Decreto Legislativo 1153, pero no lo están los
profesionales de la salud de las universidades.

Me parece que ese es un tema de precisión, no es un tema de mayor gasto. Es cuestión
de poner una disposición que haga justicia a esos treinta y tres profesionales que están en
las universidades públicas y que no gozan de los alcances del decreto legislativo que he
mencionado.

Por último, quiero referirme a una problemática de pensionistas: exdocentes de la
universidad en la que estudié, la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, de Lambayeque.
Ellos, como muchos, lograron, mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, el
reconocimiento de sus pensiones del régimen del Decreto Ley 20530 —que es un
régimen cerrado— y la actualización de estas al momento de que se ejecute la sentencia.
Sin embargo, la actualización no se ha hecho.

El Ministerio de Economía, año tras año, asigna a la universidad nacional tres millones
para honrar esa ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional; pero por razones
que son estrictamente políticas, la sentencia no se cumple. Ese dinero regresa todos los
años al Tesoro Público, y está afectado solamente para cumplir con la actualización de
pensiones.

Por eso, voy a plantear que se incorpore una disposición final a los efectos de que la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y el Ministerio de Economía y Finanzas puedan
elaborar las liquidaciones correspondientes para establecer el monto de esas pensiones
homologadas que se deben pagar a partir del 1 de enero, con los tres millones que,
repito, están asignados en el pliego presupuestal de dicho centro superior de estudios y
que no pueden ejecutarse porque el concepto es solo para pensiones.

Por lo demás, hay que hacer justicia con los trabajadores auxiliares del Ministerio de
Educación. Menos asesorías, menos publicidad. La Sunedu (Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria) está haciendo una propaganda ofensiva, está
haciendo aparecer como que su jefa es la que está poniendo orden en el sistema
universitario. Pero lo que en realidad está promoviendo es caos. En vez de asignar 40
millones para publicidad, hay que dar un incremento a los trabajadores auxiliares del

57