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Las políticas del Gobierno, las políticas implementadas por el Ministerio de Economía y
               Finanzas,  han  fracasado  en  todos  los  ámbitos;  y  no  tenemos  hiperinflación  porque  no
               estamos en condiciones de hiperinflación, pero sí estamos ya el comienzo de una bajada
               muy fuerte  de  la  economía.  Esos que  han  salido  de  la pobreza,  casi  un  23%,  están a
               punto  de  regresar  a  la  pobreza;  y  las  tarifas  de  todos  los  servicios  están  creciendo
               inmensamente llegando a la exacción de un país que no tiene derechos laborales y que
               vive mayoritariamente en condición precaria, y hay un pequeño grupo que ha capturado
               mucho más que nunca la economía; y este proyecto de ley tiene esa dificultad central.

               Con  su  venia,  señora  Presidenta,  permítame  exponer  dos  hallazgos  centrales  de  este
               proyecto de ley que tiene que ser discutido por el Congreso.


               La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Cómo no, congresista.

               El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— En el país, un tema económico clave es el
               de las acciones inmobiliarias, el movimiento de cambio de uso de suelos.

               El  proyecto  de  ley  contiene  una  norma  expresa  por  la  cual  se  dice  que  tiene  que  ser
               pagado el cambio de uso de suelo; o sea, la habilitación urbana, en términos de valor
               arancelario rústico y no comercial.(Ver cuadro 73.)

               Estos son los parques que hay Lima, por hablar solo de Lima, y esto afecta a todas las
               ciudades del país y a los municipios en general. Esos son todos los parques que hay en
               Lima, y en 15 parques hay 250 hectáreas.(Ver cuadro 74.)


               ¿Y qué encuentro, señora ministra, señores congresistas? Encuentro que este proyecto que
               ha  mandado  el  Poder  Ejecutivo,  que  es  de  responsabilidad  del  MEF,  tiene  una
               fundamentación que es exactamente la misma que en marzo de este año presentó ante la
               Municipalidad de Lima la empresa Coca Cola para no pagar ocho millones de nuevos
               soles, diciendo que le corresponde pagar nueve mil nuevos soles por un predio que tiene
               en Pucusana.

               Aquí tengo los dos documentos: uno es el presentado en marzo en la Municipalidad de
               Lima, denegado por la misma municipalidad, para decirle a dicha empresa: ‘Paguen sus
               ocho  millones  de  soles’;  y  el  otro  es  el  presentado  como  fundamentación  por  la
               Presidencia del Consejo de Ministros y por el ministro de Economía, que no solamente
               tiene el mismo texto —todo lo que está subrayado es lo mismo—, sino que es una copia
               literal;  es  una  transcripción  no  solamente  de  los  punto  y coma,  pues  hasta  los  errores
               ortográficos y los pie de imprenta están copiados.(Ver cuadros 75 al 78.)

               ¿Puede  un  ministro  de  Economía,  un  gobierno,  mandar  al  Congreso  una  ley  no
               estudiada? ¿Quién ha elaborado esta ley? ¿Quién ha elaborado ese artículo? ¿Quién
               tomó el documento de Coca Cola  y lo puso  en una ley  enviada al Congreso?  Eso es
               típicamente  una  acción  lobista,  que  no  se  ha  aclarado  hasta  ahora,  pues  nadie  dice
               nada, por más que es público. ¿Quién lo dice en Coca Cola? ¿Qué empresa consultora
               lo hizo para el MEF o para alguien del Gobierno? ¿Quién es el responsable?

               Más aún, es un problema económico del país. No me digan que no sabían que había un
               tema  inmobiliario  de  por  medio.  250  hectáreas  en  Lima  es  un  inmenso  lobby


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