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Un tema importante es el monto significativo que consigna el proyecto de Ley de
Presupuesto para el pago de la deuda pública. Nos parece muy bien que el Estado honre
sus compromisos con la banca internacional, con el Fondo Monetario Internacional, con
el Banco Mundial, con la CAF o con cualquier otro organismo multilateral; pero no nos
parece bien que tengamos una doble moral y que para el caso de la deuda interna, para
el caso de la deuda social, sencillamente no se consigne un mango, no se consigne un
cobre.

Nuevamente hay una ley que obliga al Estado peruano a cumplir con el pago a los
fonavistas, una ley ratificada e interpretada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo,
esa ley no existe para el Gobierno, esa sentencia del Tribunal Constitucional no existe
para el Gobierno, y no se ha planteado ni un nuevo sol. Había dos modalidades para el
pago a los fonavistas: los aportes que habían dado los fonavistas tenían que ser devueltos
de manera individual y directa; y los aportes que había dado el empleador, o el Estado
como empleador, sí podían ser devueltos a través de fondos colectivos o solidarios.

De mala manera se está pretendiendo poner en una disposición transitoria esta
devolución de fondos solidarios; de mala manera, digo, porque la ley establece eso
únicamente para vivienda, y acá se está metiendo eso como en un cajón de sastre. Pero
para lo que realmente están esperando los fonavistas, a los que se ha empadronado, a
los que se ha hecho hacer colas, a los que se ha prometido en todos los idiomas, no se
consigna un nuevo sol.

Por eso, sobre la modificación que hagamos como Congreso en ese aspecto, debemos
plantear un monto significativo, no para pagarlo probablemente en un año, pero sí para
tener una programación que comience con los de mayor edad. Comencemos a pagar a
los de 70 años; al siguiente año a los de 65; al siguiente a los de 60.

Programemos, pues no podemos esperar que se vayan muriendo los viejitos. Eso es
inhumano. No se pueden maltratar las ilusiones, las esperanzas de esa manera.

Finalmente, todos sabemos que la Ley de Presupuesto en algunos aspectos es una ley
ómnibus. Como se dice, se va metiendo una serie de dispositivos no necesariamente
presupuestarios. Pero lo que nos parece el colmo es que se pretenda, en la sétima
disposición complementaria modificatoria, meter 51 proyectos para que sean a través de
una expropiación automática.

Ya no digo regular, porque se debatió, se votó y se aprobó en este Congreso una ley;
pero en todo caso estos 51 proyectos de expropiación deben ser presentados en un
proyecto independiente, en un proyecto aparte de la Ley de Presupuesto, con carácter de
urgencia; y probablemente será aprobado en este Congreso, antes del 30 de noviembre,
en que tendremos que aprobar la Ley de Presupuesto. Pero no pretendamos meter este
‘contrabando’ —entre comillas— que termina siendo escandaloso.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra la congresista
Salgado Rubianes.

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