La congresista Karina Beteta (FP), presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, calificó de deficiente el informe de auditoría del ejercicio del 2016 de la Contraloría General de la República, a cargo del economista Nelson Shack.

“Si bien es cierto el contralor es nuevo, la institución como tal cada año es pésima en su función porque no ha podido auditar debidamente a los organismos públicos del país. Lo malo (del presente periodo) es que no se ha aplicado ninguna sanción a los que no han  cumplido con entregar la documentación correspondiente para ser auditada”, manifestó.

La legisladora sostuvo que hay irregularidades en el manejo presupuestario y que esa debe ser la razón por la que no presentan los informes correspondientes, al margen que manejen o no recursos públicos  para que la Contraloría cumpla con su trabajo de revisión del estado de las cuentas.

Esta apreciación la hizo tras escuchar al máximo representante de la Controlaría quien se presentó ante ese grupo de trabajo para dar cuenta del ejercicio del año 2016. En su exposición indicó   que el universo de entidades integradas suman  dos mil 472 y que 42 no forman parte del sistema por ser omisas al no haber entregado la documentación pertinente.

Entre las entidades omitidas se encuentran las Sociedades de Beneficencias Públicas, algunos gobiernos locales, centros poblados y mancomunidades. Asimismo, refirió que hay empresas operativas (3), no operativas (16) y en liquidación (6).

Por su lado, la congresista Cecilia Chacón (FP) expresó su preocupación porque en los últimos tres años el informe de la Contraloría no ha sido aprobado  por no haber sido presentado en forma correcta ni clara.

Por su lado, la congresista Lourdes Alcorta (FP) preguntó sobre las razones por las que la contraloría no puede advertir sobre la existencia de adendas sobrevaloradas para evitar actos de corrupción.

El legislador Clayton Galván (FP) consideró que las recomendaciones de la contraloría no son vinculantes y que debieran de serlo para que se pueda sancionar a los funcionarios incumplidos.

Richard Arce (NA) planteó mayor coordinación entre la Contraloría y la Fiscalía para la realización de la investigación y lucha contra la corrupción.

Por su lado, Jorge Castro (FA) demandó la reforma de la institución para que sea más eficaz, antes que responder a cualquier pedido de aumento presupuestal de la entidad controladora.

INFORME DE CONTRALORÍA

Shack Yalta informó que la mayoría de entidades recurrentes, que continúan siendo omisas, son empresas en situación de “no operativas” y “en liquidación”.

De otro lado, Informó que al 31 de diciembre del 2016 las entidades captadoras del sector público obtuvieron un total de recaudación de 139 mil 652 millones  de soles y desembolsos por un total de 139 mil 563 millones de soles, lo que produjo un saldo de 73 mil 311 millones de soles.

Dijo que el estado de Deuda Pública Externa sin intereses por vencer al 31 de diciembre presenta una posición razonable  ascendente a 140 mil 49 millones de soles; y la interna  a 58 mil 717.

En otro momento de su exposición se refirió a que el estado de ejecución presupuestaria asciende a 47 mil 622 millones de soles, que representa el 21.9 % del presupuesto de ingresos.

El contralor manifestó haber encontrado deficiencias significativas en la información financiera como saldos de activos fijos que presentan diferencias de conciliación no aclaradas; concesión de obras de infraestructura pública sin acceso a la documentación de valorización por estar judicializados; diversas cuentas del activo sin análisis y soporte documentario por carencia de sistemas de tecnologías de la información y otros.

El funcionario manifestó su preocupación por las obras culminadas en uso sin liquidación y saneamiento físico legal en los niveles de gobierno nacional, regional, local y empresas.

Finalmente, recomendó impulsar la aprobación de una norma que permita que las empresas no operativas, que no desarrollan actividad económica durante los últimos tres años sean incluidas y fusionadas en los pliegos presupuestarios de las entidades que las crearon.

Además, priorizar y asignar recursos para la implementación del sistema de control interno de las entidades de mayor riesgo de los sectores de educación, salud y gobiernos regionales; disponer la modernización del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF); y disponer la transferencia financiera a requerimientos de la Contraloría General de la República para que se contrate auditores de manera directa  mediante concurso público. (MED)

PRENSA-CONGRESO 22-8-17

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