Parlamentarios de diversas bancadas expresaron su preocupación por el informe realizado por el Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada, ante la comisión investigadora sobre los procesos de concesión de la Línea 2 del Metro de Lima y el Gasoducto Sur Peruano.

 En la reunión de trabajo, realizada el viernes 2, el titular de la Contraloría dio a conocer  las diversas acciones de control realizadas por su institución sobre esos dos temas y señaló que vienen desarrollando diversos actos administrativos y de fiscalización, que les ha permitido realizar algunas observaciones, como la descalificación de un postor pese a que acreditaba los requisitos exigidos, y tenía una propuesta económica menor a la ganadora en aproximadamente 136 millones de dólares. Esto en el caso del Gasoducto del Sur.

También se habría detectado la modificación de algunas  cláusulas del contrato, que la evaluación económica – financiera no sustentaba los valores proyectados de las reservas de gas. Tampoco se consideró una garantía de reservas disponibles de gas, ni se gestionaron los compromisos de uso de servicio de transporte, entre otras observaciones de ese proyecto, valorizado en 7, 328 millones de dólares.

 “Hay un conjunto de acciones que se realizaron que fueron examinadas;  algunos hechos denotan presunta responsabilidad penal y más de diez funcionarios estarían involucrados en este proceso. Este caso se encuentra en manos de las autoridades judiciales y consideramos que nuestra labor viene aportando para los fines que corresponde”, manifestó el Contralor Alarcón Tejada.

Con respecto a la auditoría de cumplimiento del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Elmer Faucett- Av. Néstor Gambeta, de la red básica del Metro de Lima y Callao, reiteró que se detectó una serie de irregularidades en los sustentos técnicos del proyecto y en el incumplimiento de los términos contractuales.

 PROYECTO LÍNEA 2

En relación a este caso, el titular de la Contraloría informó que se utilizó un sistema inadecuado para  las evaluaciones técnicas que no permitió determinar las propuestas más convenientes.

También se validó irregularmente la propuesta de un postor y se consideró la terminación anticipada de la etapa 1, con un incremento de más de 63 millones de dólares, entre otras deficiencias detectadas por ese órgano de control.

También se detectaron atrasos en la entrega de las áreas de concesión que generan riesgos en su cumplimiento, así como sobrecostos, la demora en los estudios definitivos de ingeniería que generan riesgos, como en el caso anterior.

Asimismo, habría un retraso de 15 meses en el inicio de los trabajos que podrían prolongarse más de dos años, la aprobación de expedientes incompletos con opinión desfavorable, entre otros aspectos que han sido puesto de conocimiento al Ministerio de Transportes y a OSITRAN, para  las acciones respectivas, según información que dio durante su exposición ante la comisión.

Dijo Alarcón, que los resultados de la auditoría (de cumplimiento a la etapa de promoción del proyecto Línea 2) han sido comunicados a Proinversión, al MTC; y se han iniciado  las acciones legales por la presunta responsabilidad civil con la presentación de la demanda al 36º Juzgado civil de Lima y a Ositrán.

La ejecución del proyecto mejorará en tanto las autoridades competentes adopten las medidas pertinentes para mitigar los riesgos”, refirió el Contralor general.

INTERVENCIONES

Luego de la exposición del máximo funcionario de la Contraloría, los parlamentarios Gloria Montenegro Figueroa (APP), Sergio Dávila Vizcarra (PPK), Edmundo del Águila Herrera (AP), Nelly Cuadros Candia (FP), entre otros, dieron a conocer sus opiniones y puntos de vista sobre dicho informe y manifestaron  la necesidad de mejorar los actos de control de la Contraloría General.

 “Hay temas que preocupan, como la posible reducción de la calidad de la infraestructura de la obra de la Línea 2, lo que sería muy grave ante un posible sismo y con grave consecuencias.  Hay casos no muy claros, como el de los subcontratistas, las empresas que conforman el consorcio encargado de las obras, el incumplimiento de las bases entre otros aspectos que requieren más atención por parte de los funcionarios de la Contraloría”, consideró el legislador Jorge Del Castillo Gálvez (PAP).

 El congresista Edmundo Del Águila refirió que hay informaciones que requieren más precisión y consideró de necesidad pública saber de forma cierta la realidad de las actuales reservas de gas en el Perú.

 “La evaluación económica–financiera del proyecto no sustenta los valores proyectados de las reservas de gas que satisfagan la demanda para el suministro del gasoducto, lo que no garantiza la sostenibilidad del proyecto. No se garantiza el abastecimiento de 3,4 TCF (trillones de pies cúbicos), dijo por su parte el presidente de ese grupo, congresista Daniel Salaverry.

Notó que hay pagos adicionales de más de 150 millones de dólares y otras deficiencias “que deberían ser más procesadas para lograr nuestros objetivos como comisión y demandar a los responsables”, consideró  el parlamentario.

 En la segunda parte de la reunión, se presentó Duilio Ayaipoma, representante legal del Consorcio CSIL 2, quien informó sobre las acciones de supervisión realizadas respecto al proyecto de la Línea 2 y Ramal de la Av. Faucett- Av. Néstor Gambeta.

El funcionario dio cuenta del estado situacional de avance de la ejecución de los componentes de la obra,  el avance del equipamiento, entrega de áreas para la ejecución, entre otros aspectos vinculados al desarrollo de esa obra vial.

“Se está  en plena ejecución de la etapa 1ª, que debió estar concluida en junio de 2016. No se ha cumplido con las expectativas y el Estado debe cumplir con pagar  el subsidio de 39 millones de dólares, entre otros factores que preocupan. Vamos a seguir trabajando para conseguir nuestros objetivos como comisión”, refirió Salaverry. (FAA).

 PRENSA/CONGRESO

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