Integrantes de la Comisión de la Mujer y Familia que preside la congresista María Cordero Jon Tay (FP)  coincidieron en pedir ‘disculpas públicas’ a las familias, mujeres y niños extranjeros que radican en nuestro país y que sufren maltratos por parte de funcionarios de Migraciones, según denunciaron representantes de la Asociación Civil de Defensa del Inmigrante(Aciden).

Ello a iniciativa de la congresista Marisol Pérez Tello (PPC - APP), quien además solicitó la presencia del Ministro del Interior para que explique cuáles son las políticas migratorias que rigen su trabajo.

Asimismo, lamentó la no asistencia de Boris Gonzalo PotozenBraco, titular de la Superintendencia Nacional de Migraciones, quien se excusó de asistir a la sesión debido a que dijo no conocer el tema, porque recientemente había asumido el cargo.

Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la  Defensoría del Pueblo, explicó casos concretos de problemas identificados por la Defensoría en torno al ingreso y expulsión de ciudadanos extranjeros los que contravienen la unidad familiar, que es un derecho universal, según explicó.

Vignolo expresó su preocupación por que además del maltrato y negligencia que tienen que soportar los ciudadanos extranjeros, cuando llevan sus casos al Poder Judicial, las sentencias a su favor tampoco se cumplen.

Asimismo, la defensora advirtió deficiencias de la actual regulación migratoria, inadecuada aplicación del marco normativo y  problemas de coordinación interinstitucional.

“Hay exclusión de unidad migratoria a hijos solteros y convivientes, sin justificación objetiva y razonable; hay limitaciones para la  regularización migratoria, no hay procedimientos que regularicen migraciones, entre otros”, expresó.

La Ley de Extranjería tiene 23 años sin reglamento, pese a que el Estado reconoce deficiencias y se dispuso la actualización de la norma, esto no se ha cumplido y no se ha instalado aún el Consejo Directivo que es el ente rector de la política migratoria interna, sostuvo la representante de la Defensoría.

Ines Agresot, (mujer colombiana) integrante de la  Asociación Civil de Defensa del Inmigrante sostuvo su malestar porque siente – según dijo – que las mujeres extranjeras casadas con peruanos, no son sujetos de derecho.

En el Poder Judicial les niegan la posibilidad de  defensa y no son atendidas ni por el Ministerio de la Mujer; sus problemas migratorios sólo fueron vistos por la Defensoría y el único ‘delito ‘dijo es haberse involucrado sentimentalmente con un ciudadano peruano. Indicó que ahora queda enteramente en las manos del cónyuge o pareja sentimental  la posibilidad de ampliar su estadía en el país y gozar de otros derechos, o no. (EPA)

<p>PRENSA-CONGRESO</p>

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