La Comisión de Constitución aprobó la modificación del artículo 35 de la Carta Política y se estableció que el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado no corporativo. Su regulación, control, verificación, fiscalización y sanción se realizará de acuerdo a ley, según uno de los acápites aprobados esta tarde, con 14 votos a favor (algunos congresistas con reserva), uno en contra y una abstención.

Durante el debate de aproximadamente cuatro horas, los congresistas se dedicaron a debatir la reforma del artículo 35. El texto vigente dice en su segundo párrafo que “la ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito de los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado general”.

La modificación señala que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas, como partidos, movimientos o alianzas. Estas organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular.

Asimismo, dice que la ley establece las normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos.

Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto, en la forma prescrita por ley. Se elimina la parte del acceso gratuito a los medios de comunicación del Estado.

Durante el debate, la parlamentaria Marisa Glave (NP) sostuvo que es imprescindible poner "candados constitucionales" al tema del financiamiento de partidos políticos. Reconoció que durante la campaña por la revocatoria de Susana Villarán hubo "financiamiento a espaldas y necesitamos poner candados para que esto nunca más pase".

Por su parte, el congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra) dijo que “hemos llegado a tal punto que ser militante es un delito; tan es así que a ese militante no lo puedes llevar a la administración pública porque dicen que es aprista. Estamos descapitalizando socialmente a los partidos políticos", afirmó.
Gino Costa (NoA) remarcó que del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y el texto modificado y discutido el viernes no guarda relación alguna con el texto entregado hoy por la Comisión de Constitución, por lo tanto se ha desnaturalizado. “El nuevo texto de hoy es inocuo”, dijo.

A su vez, el congresista Luis Galarreta opinó que “hay que vigilar sin miedo, pensando”. Ahora dicen: ‘para nadie financiamiento privado porque ya no está Odebrecht, ya no está Lula, ya no está el socialismo del siglo 21 que daba plata. Por eso ahora dicen 'franja electoral.

SE OPONEN A MACRORREGIONES

Al inicio de la sesión, la presidenta Rosa María Bartra informó de la ausencia de los titulares de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones. En sendos oficios, ambos informaron que se “necesita mayores elementos” para fijar una posición institucional.

El titular del JNE, Víctor Ticona, dio a conocer que los contenidos y alcances no han sido examinados ni discutidos por el pleno de este organismo para fijar su posición.

Al respecto, la congresista Úrsula Letona comentó que se debe exigir que ambos organismos, que son parte del sistema electoral, informen por escrito además de acudir a una próxima sesión. Son reformas que las implementarán luego de su aprobación en la comisión, afirmó.

Jorge Castro pidió que las consultas sobre la conformación del próximo Congreso debe ser consultado a las organizaciones de base, “no con los amigotes”, porque va a haber un contrabando a través de las normas de desarrollo constitucional. Agregó que estas decisiones no pueden ser manejadas desde Lima “por personajes siniestros”.

Alberto de Belaunde dijo que no conocía de ninguna ley de desarrollo constitucional sobre ese tema, mientras que Mario Mantilla precisó que los detalles sobre la representación deben ir en el texto de la Constitución, no en el desarrollo, y que la representación en torno a las macrorregiones implicará que departamentos con baja población no tengan un representante, más aún si son listas cerradas.

Por su parte, la congresista Karina Beteta se expresó opuesta a constituir las macrorregiones porque cada departamento tiene sus propias costumbres, afirmó, y que ella sigue pensando que la unicameralidad es lo mejor para el Congreso.
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PRENSA-CONGRESO
25-09-2018