FUJIMORI Y SU AMBICIÓN DE PODER.

Desde el 28 de Julio de 1990, el país se vio envuelto en una vorágine de cambios, que implicaron no solamente la variación de actitudes de la población y de los políticos, sino y sobre todo, de un aparente cambio de moral, cuyo telón de fondo cayó tras la declaratoria de vacancia por incapacidad moral de Alberto Fujimori a la Presidencia de la República.

Los cambios surgidos en el campo económico vinieron acompañados de una serie de medidas sociales, que fueron tocando piso paulatinamente viéndose reflejadas en protestas universitarias y de los sectores laborales agitados por las medidas.

A partir del Autogolpe del 5 de abril de 1992 y la disolución del Congreso de la República, se edificó una superestructura destinada al copamiento del poder y usufructuar permanentemente de él sin control de ningún tipo. Esta superestructura benefició a la cúpula existente alrededor del poder y en las principales instituciones estatales y públicas, generalizándose sin sanción alguna.

Para asegurar las operaciones de la mafia, se dio al país de una nueva Constitución (la de 1993), plasmándose un esquema que le permitió violar las leyes con total impunidad, especialmente en casos de la comisión de delitos contra el Estado, por ello se determinó en la práctica abolir las posibilidades de fiscalización y se manejo absolutamente los organismos llamados a investigar, denunciar y sancionar las diversas inconductas funcionales de los autores y de quienes les permitieron esas operaciones.

Bajo la dirección de Alberto Fujimori, cientos de funcionarios públicos participaron en la comisión de estos delitos, colaboraron en su ejecución u ocultaron estos hechos con la finalidad de dejar en la impunidad estos actos, aspecto que finalmente fue logrado al dictarse normas de todo rango para cubrir con un manto de legalidad, el ejercicio corrupto del poder.

El 5 de abril de 1992, todos los medios de comunicación fueron ocupados por efectivos militares que tenían la misión de controlar los contenidos que se difundirían al día siguiente. Desde entonces fue visible la política de controlar los medios de comunicación, hecho que se confirmó después en los casos de los canales de TV, con videos que muestran la forma y el monto por el que fueron captados.

El Canal 2, fue primero usurpado por el poder, despojando a su propietario para entregarlo a los accionistas minoritarios.

Son por demás reveladores los videos en los que Winter, Crousillat, padre e hijo, Shutz, Vera Abad, Silva Checa y Calmell del Solar, recibieron grandes sumas de dinero en efectivo, provenientes de los fondos del Estado.

Parte de la denominada “prensa grande” jugó todos estos años un papel repugnante, no siendo suficientes la llamada " prensa chicha" destinada a ejecutar el trabajo sucio, agraviando e injuriando a cuanto opositor o denunciante apareciera. Ya no es un secreto que estos medios vivían de favores del poder y de los pagos en efectivo que recibían por sus portadas.

En este contexto, no quedan dudas que Alberto Fujimori tuvo conocimiento, dispuso o consintió que se atentara contra la vida de periodistas, se agraviara su buen nombre, se violara su libertad personal, su domicilio, se interceptaran sus comunicaciones y por último se les restringiera su libertad de expresión.

Tampoco quedan dudas que Alberto Fujimori conocía perfectamente sobre las entregas de dinero a los propietarios de diversos medios de comunicación, en acciones destinadas a evitar toda posibilidad de crítica, desinformando a la opinión pública para lograr su reelección.

LAS MANIOBRAS DE FUJIMORI PARA PERPETUARSE EN EL PODER.

En un gobierno surgido de un Autogolpe, que mediante diversos dispositivos constitucionales, legales y de hecho manifestó su voluntad de permanente reelección, los casos de manipulación de la voluntad popular han sido constantes, como por ejemplo:

• Manipulación del resultado electoral del Referéndum de 1993, cuyo cómputo fue detenido cuando el "No" se acercaba al "Sí". El JNE jamás proclamó los resultados, y Fujimori promulgó la Constitución, a finales de diciembre de 1993, sin resultado electoral.
• La falsificación de firmas para inscribir a los movimientos Vamos Vecino y Perú 2000, con complicidad de funcionarios del órgano electoral.
• El uso de dineros del Estado para compras de material electoral y el uso de los municipios de “Vamos Vecino” para hacer pintas, manifestaciones, contramanifestaciones y otros actos, entre ellos la destrucción de la propaganda opositora.
• Manipulación de actas electorales para perpetrar el fraude del 2000, "volteando" el resultado real dado a conocer por las empresas encuestadoras, que asignaron un 40% a Alberto Fujimori y un 48% a Alejandro Toledo, para terminar estableciendo que Fujimori tenía casi 50% y Toledo 41%.

JORGE MUFARECH, SU TRAYECTORIA.

Desde hace más de 20 años, Jorge Mufarech Nemy viene estudiando el fenómeno del contrabando y el daño que este, en sus diversas modalidades, viene ocasionándole al país. En su calidad de industrial y empresario, con más de 40 años de experiencia venía criticando severa, pero constructivamente, el modelo de lucha contra el contrabando, subvaluacion, subconteo y dumping que ejecutaba el gobierno de Alberto Fujimori.

En enero de 1999 fue convocado para integrar el gabinete de Fujimori y desde ahí plasmar su apoyo al país en el campo de la lucha contra el contrabando y la defraudación de rentas de aduana, una de sus mayores pasiones. Sus primeras acciones fueron denunciar la permanencia de funcionarios de segundo nivel de Aduanas, involucrados directa e indirectamente en actos vinculados al contrabando, hecho que fomentaba la pérdida masiva de fuentes de trabajo, agravaba la aguda crisis de la industria nacional y con ella evidentemente la crisis económica, incidiéndose además en lo nocivo que eran las Empresas Supervisoras de Importaciones para el comercio exterior y economía nacionales. Estas empresas de permanencia ininterrumpida en el país desde 1992, año en que ingresaron “temporalmente” pero que evidentemente, ya habían cumplido su ciclo.

Al aceptarse su renuncia al cargo de Ministro, tras las denuncias de corrupción formuladas contra la mafia enquistada en Aduanas y las Empresas Supervisoras, se hizo evidente que se le nombró como Ministro para limitar su acción en medio de marañas burocráticas. Los límites eran de tal naturaleza, que a la Comisión de Lucha contra el Contrabando, que presidió, no le fue asignado presupuesto alguno aun cuando el Primer Ministro Joy Way le indicó que “dispusiera de los recursos del Ministerio de Trabajo”. No lo hizo; de haberlo hecho, seguro estaría denunciado y procesado por malversación de fondos.

Durante las dos últimas décadas de su trayectoria empresarial ha venido denunciando irregularidades de índole aduanero. Luchar contra el contrabando es difícil. Hay grandes intereses políticos y económicos. Antes de aceptar ser Ministro, era ya considerado una piedra en el zapato para la Superintendente de Aduanas, Carmen Higaonna, quien había iniciado una campaña de desprestigio, denunciándolo por contrabando en la importación de un automóvil Jaguar usado, el mes de marzo de 1998. Estas críticas al aparato aduanero tampoco eran del agrado del Sistema de Supervisión de Importaciones, que veían afectados sus intereses, al igual que los defensores del sistema dentro y fuera del gobierno.

EL AUTOMOVIL “JAGUAR”... LA PRIMERA DENUNCIA.

La Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios Aduaneros, arma política creada a la medida y conveniencia del gobierno de Fujimori y Montesinos, al mando de Hilda Valladares, lo acusó ante el Juez Nicolás Trujillo por la supuesta comisión del delito de contrabando de un automóvil usado Jaguar año 1992, sin mayores elementos probatorios contando, para esta acusación, con la complicidad del general PNP José León Arredondo, entonces al mando de la Unidad Policial adscrita a Aduanas que dependía de Carmen Higaonna. Esta Unidad Policial ocultó y no remitió al Poder Judicial un fax de la Interpol de Chile que confirmaba la operación de exportación del automóvil con la factura Nº 0004 por US$ 18,000 (ANEXO 1). Poco después, al evidenciarse este hecho y verificarse el pago de los impuestos correspondientes, se vieron obligados a archivar la denuncia (ANEXO 2).

LA SEGUNDA DENUNCIA SOBRE EL “JAGUAR”... LOS PREPARATIVOS.

El 15 de febrero de 1999, cuando Jorge Mufarech tenía apenas 40 días de gestión a cargo del Ministerio de Trabajo, Carmen Higaonna empezó con su persecución al iniciar las coordinaciones internas con los funcionarios de Aduanas bajo sus ordenes. Le dirige una carta a Noemí Capuñay, Intendente de la Aduana de Tacna, solicitándole que coordine acciones con la Aduana de Chile, sobre los documentos de exportación del auto usado Jaguar propiedad del ex Ministro. (ANEXO 3)

El 19 de febrero de ese mismo año, el General PNP José León Arredondo, Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de Policía Nacional del Perú adscrita a Aduanas, le requiere a la Intendente de la Aduana de Tacna “información reservada” sobre documentos de importación que hubieran efectuado todas las empresas de Jorge Mufarech, entonces Ministro de Trabajo y Presidente de la Comisión de Lucha Contra el Contrabando; asimismo le ordena que realice coordinaciones con la Aduana de Chile para que dicha entidad obtenga los documentos de exportación de la empresa “M Group Tecnología Textil S.A.”, también de propiedad de la familia Mufarech.

Posteriormente la Superintendente de Aduanas, Carmen Higaonna, ordena a la Intendente de Tacna coordinar acciones con la Aduana de Chile para que personal de la Intendencia Nacional de Fiscalización obtenga la “mayor información posible” para contribuir con la investigación privada que sostenían contra el Ministro Mufarech, la misma solicitud fue realizada por Nora Flores, Intendenta Nacional de Fiscalización de la Aduana de Perú, mediante el Oficio Nº 1123.

LA DENUNCIA DE MUFARECH Y LA CAMPAÑA DE FUJIMORI.

Siendo Ministro y al ver que las irregularidades continuaban y eran toleradas por el régimen, denunció públicamente en el programa de investigación periodística más importante del país (“PANORAMA”) la mafia que permitía actos de evasión, contrabando y defraudación de rentas de aduanas. Antes estos hechos los había denunciado ante el Presidente Fujimori, quien le dijo: “ PROFUNDICE MINISTRO, SEA IMPLACABLE CON LOS ACTOS DE CORRUPCION”, todo esto cuando Jorge Mufarech ejercía el cargo de Ministro de Trabajo y Promoción Social y en pleno auge del fujimorismo, que tras esta denuncia inició su ocaso que culminaría 20 meses después.

El Primer Ministro Joy Way también fue informado al detalle de las irregularidades existentes en Aduanas. Sin embargo su preocupación principal la constituían las Empresas Supervisoras, a las que pidió no se les tocara, ¿ Por qué? Ahora se sabe que uno de sus asesores era el promotor de una de estas empresas, como queda acreditado en la Ficha de Registros Públicos Nº 89874, donde Drago Kisic Wagner, entonces Asesor de Joy Way aparece como accionista de Cotecna Inspection (ANEXO 4)

Adicionalmente, en una investigación no muy clara, la Policía Fiscal había determinado que entre 1992 y 1999 las multas impuestas por Aduanas a las Empresas Supervisoras por irregularidades diversas, que se encontraban en proceso de reclamo administrativo, ascendían a US$ 3´225,296 dólares de los cuales ADUANAS solamente había resuelto reclamos por US$ 579,377 dólares; es decir no habían solucionado multas por US$ 2´645,959 dólares durante siete años. ¿Constituían estos millones de dólares la preocupación de don Víctor Joy Way?.

Joy Way en lugar de esclarecer las irregularidades aduaneras denunciadas públicamente y aún cuando apenas había suspendido a algunos de los funcionarios de Aduanas, declaró a través de emisoras radiales asegurando que Mufarech no había remitido los elementos probatorios de sus denuncias, hecho que no era sino parte de una campaña de desinformación montada para desacreditar las denuncias y que fueron desmentidas de inmediato. La denuncia de corrupción en el gobierno de Fujimori se había convertido en una guerra, Mufarech en enemigo Público y el campo de batalla se había trasladado a los medios de comunicación.

En la noche, la noticia del día era que Mufarech se había negado a recibir al Fiscal Ad Hoc Cesar Alegre Landaveri quien meses después, en setiembre de 1999, resolvió archivar las denuncias. Sin embargo, en aquellas denuncias o hechos en los que advertía probables ilícitos de contenido penal, derivó a una de las Fiscales favoritas de Montesinos, Hilda Valladares, para que ella se encargue del archivamiento o dilate hasta el olvido los procesos investigatorios (ANEXO 5).

Año y medio antes, en febrero de 1998, la misma Hilda Valladares, Fiscal especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros, había recibido una Resolución del 9 de febrero de 1998, emitida por el Fiscal de la Nación, para que investigara las importaciones de productos textiles subvaluados, según lo informado por la Sociedad Nacional de Industrias, tampoco se conoce resultado alguno sobre dicha investigación que significó que el Estado perdiera más de 61 millones de dólares solo en subvaluacion de productos textiles. (ANEXO 6).

En un acto inaudito, respecto a 22 denuncias existentes contra funcionarios de Aduanas, formuladas ante la Contraloría General de la República, el Fiscal Ad Hoc para el caso Aduanas, César Alegre Landaveri irrogándose facultades inexistentes, adelantando opinión previa a la evaluación e investigación que debía desarrollar la Contraloría en los ámbitos de su competencia, cuyos resultados constituyen prueba preconstituida, resolvió que no había indicio de la comisión u omisión de actos de contenido penal. (ANEXO 7).

Mientras los órganos de administrar justicia no cumplían con su deber por estar sometidos, como sabemos al Poder Ejecutivo, la campaña sistemática contra Jorge Mufarech no se detenía. Aparecieron titulares y declaraciones en los medios de comunicación controlados por la mafia de Fujimori, pretendiendo desacreditar e injuriar a Mufarech. Simultáneamente, otros artículos, publicados principalmente en la Prensa Chicha, señalaban que Jorge Mufarech subvaluaba importaciones siendo además motivo de caricaturizaciones agraviantes que aparecieron publicadas en diversos medios de prensa. Recordemos que tras la caída de Fujimori, se confirmó que las portadas y titulares publicados en la denominada “Prensa Chicha” se diseñaban en el SIN por la mafia de Fujimori.

En esos días, también se dio cuenta de la existencia de un fax emitido por la Intendente Nacional de Fiscalización Aduanera, Nora Flores, ordenando investigar las importaciones efectuadas por las que en ese entonces constituían empresas de Jorge Mufarech. La intención era evidente, encontrar una irregularidad, por pequeña que fuera, magnificarla y desprestigiarlo con ella. NO ENCONTRARON NADA (ANEXO 8)

EL CONGRESO DE FUJIMORI, EL PAPEL DE MIGUEL VELIT Y GILBERTO SIURA.

Es de público conocimiento lo que dispuso la mayoría oficialista en la Comisión de Fiscalización presidida por Miguel Velit, la directiva era desestimar las denuncias, es así que en su presentación al Congreso, el día 6 de abril de 1999, brindo su testimonio y se ratificó en sus denuncias, siendo que solo algunos pasajes de este hecho fueron transmitidos por el canal del Estado, no se le permitió proyectar vídeos ni ayudas audiovisuales, alegándose que los equipos “estaban malogrados”.

Al conocerse, al día siguiente, 07 de abril, que el congresista Miguel Velit, Presidente de la Comisión de Fiscalización, tenia un familiar laborando en una empresa supervisora, entidad que estaba incursa en las denuncias e investigación, recién éste se acordó que su hija laboraba en una de las empresas a investigar, por lo que expresó que se abstendría de participar en el proceso, sin embargo dio el voto dirimente que aprobó el informe exculpatorio por la mayoría oficialista. Poco después, sospechosamente, su hermano ingresaría a trabajar en la Superintendencia de Aduanas. (ANEXO 9)

Horas más tarde, la Superintendente de Aduanas, Carmen Higaonna se presentaría ante la Comisión de Fiscalización. Contrariamente, su intervención fue difundida íntegramente y por cadena nacional, por la televisora del Estado.

SOBRE LAS DENUNCIAS DE NEPOTISMO.

La mayoría oficialista de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Fujimori, al mando de Miguel Velit y Gilberto Siura, cumplió con su cometido, desestimó también las acusaciones de Nepotismo, pese a que en esa entidad laboraban a 1999, más de 110 personas con vinculaciones familiares contempladas entre el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, hecho que transgredía la normativa vigente. Nora Flores Arce, Intendente Nacional de Fiscalización Aduanera tenía en Aduanas a su esposo, Hipólito; su hermana Anita y su primo hermano, Manuel Calderón Arce, Carmen Higaonna tenía en la planilla de ADUANAS a su hermano Julio Higashionna, cuyo contrato y nombramiento lo había firmado ella misma en octubre de 1992 (ANEXO 10)

Congresistas independientes como Anel Townsend y Arturo Castillo Chirinos, emitieron informes en minoría respaldando las denuncias de Mufarech (ANEXO 11). Fujimori se pronunció afirmando que tales imputaciones carecían de sustento y en acto efectista, conminó a Mufarech a presentar ante los medios de comunicación su auto Jaguar usado, que a esa fecha se encontraba a disposición del Ministerio Público.

El ex ministro se defendió enviando a los medios de comunicación el acta de inmovilización que levantó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros, demostrando así que 50 días antes ya había puesto a disposición de la Fiscalía el automóvil en cuestión.

El 3 de julio de 1999, el Juzgado Penal de Especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros, a cargo de Nicolás Trujillo López abrió instrucción penal a Mufarech, acusándolo de delito de Defraudación de Rentas de Aduana en agravio del Estado, iniciándose así, a lo largo del año interminables comparecencias ante el Poder Judicial.

LOS VIAJES PAGADOS POR LAS EMPRESAS SUPERVISORAS.

Recordemos que entre las denuncias formuladas, también se señalaba que las Empresas Supervisoras pagaban favores a funcionarios de Aduanas con el consentimiento de las autoridades de esa entidad, distorsionando caprichosa y maliciosamente dispositivos legales vigentes para solventarles viajes al exterior, acto que de acuerdo a Ley solo era permitido para los funcionarios del área de valoración aduanera. Sin embargo otros funcionarios como choferes, conserjes y miembros de seguridad, disfrutaron de la belleza y exotismo de París. Hong Kong, Londres, Malasia y EE.UU, lugares donde permanecieron hasta quince días con todos los gastos cubiertos y hasta viáticos, recibiendo inexistentes cursos de capacitación en Valoración Aduanera, contraviniendo lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 038-92-EF (ANEXO 12)

LAS ADJUDICACIONES ILEGALES.

Otro hecho denunciado en 1999, es el relacionado a las irregulares adjudicaciones de mercadería decomisada por Aduanas. La Comisión de Fiscalización del Congreso de Miguel Velit y Gilberto Siura, consignó que recién en mayo de 1999, dos meses después que Jorge Mufarech denunció las irregularidades aduaneras, que algunas de estas adjudicaciones de los años 94 al 98 habían sido “regularizadas” mediante Resoluciones publicadas en el Diario Oficial el Peruano recién después de mayo de 1999. Los firmantes de esas Resoluciones eran Fujimori y Joy Way, su publicación continuó durante un año más (ANEXO 13)

Hoy, podemos afirmar con total seguridad que se hizo uso político de las mercancías incautadas por Aduanas, empleando desde ropa interior femenina, inodoros, licor, calzado, bicicletas, automóviles y miles de otros productos con fines de asegurar la perpetuación de Fujimori en el gobierno. Se conoce que diversos productos valorizados en por lo menos diez millones de dólares fueron licuados en una delictiva campaña política realizada permanentemente por Carmen Higaonna a favor de Fujimori. Recordemos que se ha acreditado también que Higaonna tenía en la Casa Militar de Palacio de Gobierno y la ONG Perú Shien No Kai - “Apenkay” a su hermano Julio Higashionna Oshiro, el perfecto candado y cerrojo para concretar estas operaciones. Estos Hechos han quedado perfectamente acreditados en las Comisiones Investigadoras conformadas en el Congreso de la República- Comisión de Fiscalización presididas por los congresistas Javier Velásquez Quesquén y Mauricio Mulder Bedoya durante las legislaturas 2001-2002 y 2002-2003. En estas investigaciones, quedó acreditado que el denominado “COMITÉ DE APOYO A PALACIO DE GOBIERNO” membrete con el que Juana Fujimori requería voluminosas adjudicaciones a ADUANAS, jamás existió en la estructura de la Casa Militar de la Presidencia de la República. (ANEXO 14)

Si el Fiscal Ad Hoc designado por Blanca Nèlida Colán, Cesar Alegre Landaveri, hubiera investigado en 1999 las adjudicaciones, se hubiera percatado que Aduanas, transgrediendo las normas legales y disponiendo alegremente del patrimonio del Estado Peruano, había adjudicado a la Casa Militar de Palacio de Gobierno, ropa interior femenina, ropa masculina, relojes de pulsera, equipos de televisión y sonido, medias panthies, artículos de tocador, cosméticos, desodorantes, artículos de perfumería, pañales, refrigeradoras, entre otros productos.

Cabe señalar que al igual que la Casa Militar de Palacio de Gobierno, otras entidades del Poder Judicial, Asociaciones y Comités de Damas del Ministerio Público, Fondo de Empleados de Aduanas y de la Superintendencia Nacional de Aduanas, entre otras, recibieron adjudicaciones irregularmente, transgrediendo los dispositivos legales, ya que Aduanas solamente podría adjudicar mercancías a: Entidades del Estado, Instituciones Asistenciales, Educacionales o Religiosas, sin fines de lucro, oficialmente reconocidas, que las requieran para destinarlas al cumplimiento de sus propios fines, sin embargo la mercancía adjudicada era distribuida para uso particular, fines proselitistas y otros caprichos de gobierno.

Como ejemplos tenemos que mediante Oficio Nº 2308, el Dr. Luis Serpa Segura, Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, solicitó a la señora Higaonna, le donara artefactos eléctricos para sus trabajadores, lo cual, constituía una práctica común entre los Organismos de Estado y la señora Higaonna, quien le adjudicó un lote de fina perfumería. (ANEXO 15)

De la misma forma, el entonces Presidente de la Corte Superior de Lima y ex Presidente de la Sala Antidrogas de la Corte Superior de Justicia de Lima Alejandro Rodríguez Medrano, solicitó ante Carmen Higaonna, en reiteradas oportunidades, la adjudicación de artefactos eléctricos, vestidos, artículos de tocador y automóviles para que fueran “sorteados” entre el personal a su cargo o fueran empleados específicamente por el personal de la mencionada sala judicial. Sorprendentemente, Higaonna nunca fue capaz de rechazar estos pedidos, menos durante los períodos en que en esta sala Antidrogas fueron procesados algunos funcionarios de la entidad que en esos momentos ella tenía a su cargo (Aduanas) (ANEXO 16).

LOS IMPUESTOS DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS.

El domingo 21 de marzo de 1999, en “PANORAMA”, reconocido programa de televisión, Mufarech señaló que las Empresas Supervisoras durante los años que vienen trabajando en el país, percibieron como honorarios cientos de millones de dólares y no pagaron impuesto a la renta ni IGV, amparados por un dispositivo que permite la corrupción; perjudicando al Estado, en complicidad con malos funcionarios de Aduanas, posiblemente con más de 10 mil millones de dólares en dicho período.

Esta afirmación coincidió con los reclamos formulados por la Sociedad Nacional de Industrias, que ha manifestado reiteradamente que solo entre los años 1992 y el 2000 se generó un perjuicio al fisco de varios miles de millones de dólares por efecto de la subvaluacion y el subconteo en las importaciones.

Sobre este particular, recordemos que el 9 de enero de 1999, Fujimori reconoció que el contrabando, la subvaluacion y el subconteo originan pérdidas al Fisco de 500 a mil millones de soles, por la omisión del pago de aranceles e impuesto general a las ventas (IGV), asimismo afirmó que el valor de la mercancía que ingresa ilegalmente se calcula entre 500 y mil millones de dólares y el fisco deja de percibir un tercio de ese monto, sin embargo días luego Fujimori en una aparatosa conferencia de Prensa, tras la denuncia pública de Mufarech, pretendió desvirtuar la misma exigiendo que se acredite delitos de contrabando de al menos 100 millones de dólares.

LA PERSECUCIÓN CONTRA MUFARECH SE EVIDENCIA.

¿Qué había sucedido? ¿Por qué razón Fujimori le pidió a Mufarech que pruebe un contrabando de 100 millones de dólares cuando él mismo, públicamente, ha reconocido el ingreso ilegal de mercadería al país, por un valor entre 500 y 1,000 millones de soles anuales. Mas aún, si la propia Aduana del Perú en su Plan Operativo Institucional (POI) reconocía que el Estado dejaba de percibir anualmente 300 millones de dólares. Había una sola respuesta posible, Mufarech se había enfrentado al poder que hoy todos conocemos y usaron contra él sus armas predilectas, la prensa sicaria de entonces y el Poder Judicial (ANEXO 17).

EL YATE Y EL EVASOR INTOCABLE.

En abril de 1999, intentaron acusarlo de traer un Yate de contrabando y en ese afán movilizaron embarcaciones de la Marina de Guerra del Perú, gastando miles de dólares, para inspeccionar casi 600 embarcaciones particulares, sus esfuerzos por inculparlo fueron infructuosos, porque simplemente toda la documentación estaba en regla. Aquí, sucedió algo curioso, durante el operativo “MAR I” el ingeniero Víctor Joy Way fue descubierto como un “evasor intocable”, como informó un diario el 03 de abril del 2000 año que publicó el Certificado Nº 191 de la Capitanía de Puerto del Callao de la Marina de Guerra del Perú, de fecha 25 de noviembre de 1999, consignando la embarcación SEADOO con Nº de serie 4572688, de su propiedad, embarcación que no estaba registrada ante la Dirección de Capitanía y Puertos de la Marina de Guerra del Perú, por lo que obviamente había evadido el pago de impuestos, sin embargo, Aduanas, que dependía de Joy Way, mediante la Carta Nº 1217-99-ADUANAS-INFA.12.03 de fecha 13 de mayo de 1999, le expresa su agradecimiento por la entrega de la documentación requerida y su muestra de civismo en el cumplimiento de su deber tributario. (ANEXO 18). Como el tema del Yate no les sirvió, decidieron denunciarlo nuevamente por supuestas irregularidades en la importación del mismo automóvil JAGUAR, de segunda mano que la que entonces era su empresa Importó de Chile, reabriendo un caso que estaba archivado desde 1998.

LOS DOCUMENTOS FALSOS Y EL PODER JUDICIAL.

En esta oportunidad, Carmen Higaonna usó facturas falsificadas y adulteradas, como quedó comprobado judicialmente, ignorando que una empresa Supervisora de Importaciones había reajustado el valor del auto Jaguar de 1992, con cinco años de uso desde US$ 18,000 a US$ 26,775, monto sobre el que pagó los impuestos de Ley.

Cotizaciones Internacionales de publicaciones altamente especializadas como el “Blue Book” y el Banco de Datos de Aduanas, acreditaban que otro auto Jaguar más nuevo, fabricado en 1993 y con solo un año de antigüedad, estaba valorizado en US$ 17,168 dólares, ingresando al país a este valor. (ANEXO 19)

Festinando trámites con la denuncia que presentaron, formularon una acusación fiscal con la que le impidieron llegar al Congreso, dándole valor a una tacha presentada por Nora Flores Arce, una de las funcionarias denunciadas por actos de corrupción en Aduanas, cuya cronología se detalla:

En febrero del 2000, el Perú vivía un ambiente pre-electoral, se iniciaban las presentaciones de los candidatos al Congreso de la República por los distintos partidos políticos, aún cuando el temperamento general preveía que se avecinaba un fraude electoral que asegurara la perpetuación del gobierno de Fujimori.

Jorge Mufarech se integra al partido “Somos Perú” para postular al Congreso de la República, siendo su candidatura presentada públicamente el 02 de febrero.

Rápidamente el Poder Judicial a través de los magistrados Daniel Raúl Lorenzzi Goycochea y Manuel Ruiz Cueto, Vocales de la Sala Superior Especializada Penal de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima; Nicolás Trujillo López, Juez del Primer Juzgado Especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros, le dan un trámite inusual al proceso judicial por la supuesta subvaluación del auto Jaguar permitiendo que Nora Flores, ex Jefa de Fiscalización de Aduanas y denunciada por Jorge Mufarech como integrante de la red de corrupción en Aduanas, le interponga una tacha ante el Jurado Nacional de Elecciones. En la actualidad, la totalidad de los magistrados mencionados fueron denunciados por Jorge Mufarech y están siendo procesados judicialmente. (ANEXO 20)

El Juez Nicolás Trujillo notifica a Jorge Mufarech el jueves 3 de febrero del 2000 para que tome conocimiento de los informes finales por el termino de tres días, tal como lo prescribe el Código de Procedimientos Penales peruano, es decir Jorge Mufarech tenía los días viernes 4, lunes 7 y martes 8 para tomar conocimiento. Sin embargo Nicolás Trujillo, violando el debido proceso y atentando contra su derecho de defensa, elevó el proceso a la Sala Superior de Delitos Tributario y Aduaneros el día viernes 4.

Esta Sala, representada por los Vocales Lorenzzi Goycochea, Salinas Ordoñez y Ruiz Cueto tramitaron con inusual celeridad el proceso seguido contra Mufarech al haber ingresado el expediente el 4 de febrero del año 2000, ese mismo día el expediente fue derivado a relatoría, la Sala expide Resolución, es remitido nuevamente a Secretaría de Sala para su refrendación e ingresa a Mesa de Partes del Ministerio Público. Este curso, en condiciones normales del Poder Judicial peruano demora no menos de tres semanas, la inusual celeridad tenía su justificación política: cerrar el paso a la candidatura de Mufarech al Congreso de la República.

El lunes 7 de febrero el Ministerio Público formula acusación, ingresando ese mismo día a Mesa de Partes de la Sala, a Relatoría y expidiéndose al día siguiente la resolución con la que se da inicio al proceso judicial, sin observar que el Juez Trujillo había infringido lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales Peruano.

NORA FLORES, INSTRUMENTO PARA LA TACHA.

Finalmente, Nora Flores, la ex Intendente de Fiscalización de Aduanas denunciada en 1999 por Mufarech, interpone extemporáneamente un pedido de tacha a su candidatura al Congreso suscrito por un abogado inhabilitado por el Colegio Profesional respectivo, los que junto a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (hoy presos o procesados por actos de corrupción) que declararon procedente dicha tacha, logran culminar la decisión de ese gobierno: impedir la postulación de Mufarech al Congreso. Debe señalarse que estos Magistrados miembros del Jurado Nacional de Elecciones de Fujimori se encuentran grabados en videos hallados en el Servicio de Inteligencia del Perú, recibiendo dinero de manos de Vladimiro Montesinos Torres. (ANEXO 21)

Mufarech interpuso una denuncia ante la Oficina de Control de la Magistratura y la Fiscalía de Control Interno contra el juez Nicolás Trujillo y la fiscal Hilda Valladares por acusarlo con pruebas falsas. Asimismo, presenta una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para que le garanticen su libertad personal y el ejercicio de sus derechos políticos, la cual es admitida y numerada con el N° 58 Esta persecución también fue confirmada en el Congreso, donde las Comisiones de Fiscalización y la Comisión Investigadora sobre la influencia de Fujimori y Montesinos en los Organos Administradores de Justicia, consideraron el caso como emblemático. (ANEXO 22).

Como muestra del permanente hostigamiento del Poder Judicial, en abril del 2000, Jorge Mufarech recibe una notificación de una falsa denuncia penal por el supuesto delito contra la Fe Pública en agravio del Estado, delito sancionado con pena privativa de libertad de hasta 8 años. Esto sucedió en su domicilio y con el fin de amedrentar a Jorge Mufarech y su familia, luego que Mufarech revelara en horas de la mañana a un medio de comunicación, sobre la existencia de una “mano negra” en el proceso irregular que se ventilaba en el Poder Judicial.

En setiembre del año 2000 se hace público el vídeo Montesinos – Kouri, donde se observa a este último recibiendo dinero para integrarse al partido oficialista, es aquí donde comienza a desmoronarse la mafia enquistada en el Poder Judicial. Medios Comunicación publicaron sendas investigaciones sobre los magistrados que trabajaron concertadamente con el Gobierno para perseguir a quien se oponía al régimen. Poco antes Fujimori, aún en el poder, nombró en junio de ese año a Carmen Higaonna como Contralora General de la República, es decir, le encargó fiscalizar las 4097 entidades estatales y públicas.

A inicios del año 2001 se convocan a elecciones generales, es cuando Alejandro Toledo líder del partido “Perú Posible” invita a incorporarse a Jorge Mufarech para que postule al Congreso de la República. Mufarech consigue una arrolladora votación convirtiéndose en uno de los candidatos a Congresista –que postulaba por primera vez al parlamento- más votados y el tercero con la más alta votación del partido “Perú Posible”.

En octubre del año 2001, el Fiscal Superior Arquímedes Pezantes Kredert ante una comisión investigadora del Congreso de la República admitió que la acusación contra Jorge Mufarech por el caso de la importación del auto Jaguar usado fue un “error” que impidió su candidatura al Congreso, según publicó el diario La República. Pezantes Kredert admitió que “fue presionado por terceras personas para actuar de esa manera, ya que el plazo para presentar tachas se vencía” (ANEXO 23).

En diciembre del mismo año se comprobó una vez más la concertada persecución contra Mufarech, al revelarse que la empresaria Matilde Pinchi (testaferra de Vladimiro Montesinos) vio a Carmen Higaonna y Nora Flores despachando con el ex asesor (ANEXO 24).

EL TRIBUNAL FISCAL Y EL JAGUAR.-

En mayo de 1999, simultáneamente a las acciones judiciales, ADUANAS había iniciado acciones administrativas contra Jorge Mufarech, pretendiendo efectuar ajustes de valor (liquidaciones de cobranza) sobre la importación del automóvil usado Jaguar, siendo impugnados estos actos que llegaron hasta la máxima instancia administrativa en materia tributaria, la que finalmente el 20 de diciembre del 2000, cuando Fujimori aún permanecía en el poder el Tribunal Fiscal resolvió dejar sin efecto las liquidaciones de cobranza que ADUANAS pretendía injustificadamente imponer y ejecutar por la importación del mencionado vehículo.

EL “JAGUAR” EN CHILE.-

Viendo el accionar irregular de la Fiscal Valladares, su Policía Adscrita, Comandante Basilio Meza Motta y el Juez Trujillo, en junio de 1999 viajó a Chile y presentó una Querella Criminal ante el Sexto Juzgado del Crimen del Poder Judicial de Chile. Como consecuencia de esta acción judicial se dieron una serie de acciones y diligencias, entre ellas las requeridas al Servicio de Impuestos Internos de Chile, equivalente a la SUNAT peruana y la pericia del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile (ANEXO 25) que han demostrado:

• Que la FACTURA DE EXPORTACION Nº 004 (0916) por US$ 18,000 con la que su empresa internó al Perú el automóvil Jaguar usado del año 1992, de fecha 07 de febrero de 1997, es auténtica y se encuentra registrada en la contabilidad de la empresa exportadora chilena M GROUP TECNOLOGIA TEXTIL S.A. (ANEXO 26).
• Que la factura de exportación, Commercial Invoice Nº 002 por un valor de US$ 40,000, documento utilizado por la señora Higaonna, para denunciar a Mufarech, es un documento reproducido indirectamente por medio de un Fax y no es un documento auténtico, ni válido para efectos tributarios, este documento lo trajo de Chile el General León Arredondo (entonces Jefe de la Policía Adscrita de Aduanas) quien declaró que se lo dejaron en forma anónima en un Hotel en Santiago de Chile (ANEXO 27).
• Que la Factura (en quintuplicado) Nº 002 constituye un documento adulterado y no es un documento válido para efectos tributarios. Con este documento fue denunciado por la Fiscal Provincial Hilda Valladares (ANEXO 28).
• Que el informe del Servicio Nacional de Aduanas de Chile Nº 5716, del 04 de junio de 1999, dirigido al Superintendente Nacional de Aduanas de Perú que no ha sido presentado por esta dependencia peruana al Ministerio Público ni al Poder Judicial, confirmaba que el valor de exportación del automóvil Jaguar era de US$ 18,000, tal como lo registra en la contabilidad de la empresa M Group Tecnología Textil S.A. y en las copias válidas de las facturas que se han tenido a la vista. (ANEXO 29).

Con estas pruebas, tanto la Fiscalía Superior y la Sala Penal Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros a Nivel Nacional, han establecido que la importación del vehículo Jaguar se hizo al amparo de la factura auténtica Nº 004 por un valor FOB de US$ 18,000 y que Jorge Mufarech fue denunciado con una factura adulterada por US$ 40,000, por lo que declararon fundada la excepción de Naturaleza de Acción al no haberse producido delito de Defraudación Tributaria en agravio del Estado Peruano, hecho que ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la República el 5 de diciembre del 2000. (ANEXO 30).

Las razones para esta larga persecución tiene responsables políticos, con nombre propio, estos son Alberto Fujimori, Víctor Joy Way, Blanca Nélida Colán, Miguel Velit Nuñez y Carmen Higaonna de Guerra, además de otros responsables como Hilda Valladares, Cesar Alegre Landaveri, Nicolás Trujillo López, Arquímedes Pesantes Kredert, Raúl Lorenzi Goycochea, Manuel Ruiz Cueto, Eliana Salinas Ordoñez y el General ® de la Policía Nacional, José León Arredondo, entre otros.

LAS DENUNCIAS DEL DIARIO “EL COMERCIO”.-

A finales del mes de julio del año2002, el periodista del diario “El Comercio”, Alí Alava Merino tomo contacto con el Despacho del Congresista Mufarech para indicarle que se encontraba investigando el proceso de importación del auto Jaguar usado, se le informó que el caso había sido archivado en dos oportunidades y con el consentimiento del Congresista se le facilitó el número del expediente judicial, para que pudiera investigar a profundidad el tema.

El 11 de agosto del pasado año, sorpresivamente el diario El Comercio publicó en 2 páginas una nota periodística con el título “El Jaguar habría sido subvaluado” y como subtítulo “Facturas, informe de exportación, orden de embarque y otros testimonios remitidos desde Chile dan nuevo giro al caso sobre la importación del vehículo de Jorge Mufarech”. El diario presentó al Congresista Jorge Mufarech como si estuviera involucrado en actos ilícitos de subvaluación y contrabando, delitos que durante toda su vida combatió.(ANEXO 31)

Alí Alaba Merino, autor de la nota afirmó en el primer párrafo de la misma, que existían nuevos documentos que ameritarían la publicación, sin embargo a lo largo de las publicaciones que “El Comercio” ha realizado sobre el tema jamás mostró un solo documento nuevo.

Alaba menciona que el punto de partida de su investigación fue la remisión de nuevos documentos autenticados a la Aduana del Perú, por parte del Jefe de la Aduana de Chile Cristian Palma Arancibia, en agosto del año 2001. En ese tiempo el Jefe de la Aduana Peruana era nada menos que Arturo Ramírez Salomón, nombrado en el cargo por Fujimori y también denunciado por Mufarech por actos de corrupción que determinaron su salida de esa institución.

DESMIENTEN A “EL COMERCIO”.

Ante la repercusión de la publicación del diario, programas periodísticos de gran credibilidad en el país, se interesaron por el tema y realizaron exhaustivos reportajes en el que desbaratan la hipótesis del diario y revelan las intensiones de desacreditar a Jorge Mufarech.

Jorge Mufarech tomó contacto con Domingo Herrera Meza, Jefe de Fiscalización de la Aduana Chilena, quien reveló que fue Juan Reyes Valenzuela la persona acreditada ante su institución para recoger los documentos solicitados por la Aduana Peruana.

Se ha comprobado que Juan Reyes Valenzuela pertenece al entorno de Carmen Higaonna, trabajo en la Aduana durante su administración y continuó junto a ella en la Contraloría General de la República. Reyes desde la Contraloría, usurpando funciones, viajó a Chile enviado por Arturo Ramírez Salomón, Superintendente de Aduanas, para recoger los documentos que finalmente llegaron a manos de periodistas de “El Comercio”, en su intento de involucrar a Jorge Mufarech en presuntos delitos de subvaluación y contrabando. (ANEXO 32)

En este reportaje Jorge Mufarech anunció que ha entablado una querella por difamación contra ese diario por 50 millones de dólares, demanda admitida en el Poder Judicial Peruano el 16 de setiembre pasado. El Comercio en su defensa, le ha dedicado al Congresista Mufarech y al auto Jaguar usado, varias portadas y páginas enteras con el objetivo de convencer a la opinión pública que el hoy congresista habría subvaluado el auto usado, pretendiendo ignorar que ha sido absuelto en todas las instancias del Poder Judicial del país, habiendo sumado en esta campaña a los otros medios de comunicación de propiedad del poderoso grupo “El Comercio”, esto es los diarios “Perú 21” y el Canal N.

LAS OMISIONES DE “EL COMERCIO”.

El Comercio también esgrime que el Congresista Mufarech fue ayudado por jueces y fiscales coludidos con el prófugo ex presidente Alberto Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos, lo que no menciona estratégicamente “El Comercio”, es que Mufarech denunció a Hilda Valladares, Fiscal Provincial de Delitos Tributarios y Aduaneros; Nicolás Trujillo, Juez Penal de Delitos Tributarios Aduaneros; Arquímedes Pezantes Kredert, Fiscal Superior de Delitos Tributarios y Aduaneros y a los Vocales de la Sala Superior Penal de Delitos Tributario y Aduaneros: Eliana Salinas Ordoñez, Raúl Lorenzzi Goycochea y Manuel Ruiz Cueto.

Lo que convenientemente tampoco menciona “El Comercio” es que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República emitió el 5 de diciembre del 2000 la resolución de archivamiento definitivo del juicio seguido contra Jorge Mufarech, cuando Montesinos había dejado el poder y se encontraba prófugo en Panamá. El Poder Judicial finalmente pudo emitir un fallo libre de presiones que confirmo la inocencia del Congresista.

El 15 de octubre del 2002, para hacer más evidente el malintencionado argumento de El Comercio, el diario El Peruano publicó en su separata de Normas Legales la Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se oficializa la destitución a los magistrados denunciados por el Congresista Jorge Mufarech, por sus actuaciones como Vocales de la Sala Especializada Penal en Delitos Tributarios y Aduaneros. De esta manera se confirma que no fue beneficiado por dichos magistrados, desbaratando así, la hipótesis sostenida por este diario. (ANEXO 33)

Los destituidos son los doctores Daniel Lorenzzi Goycochea y Manuel Ruiz Cueto, por sus actuaciones como Vocales de la Sala Superior Especializada Penal de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como contra el doctor Nicolás Trujillo López, por su actuación como Juez del Primer Juzgado Especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros.

Finalmente, el 4 de noviembre del 2002, el diario “Correo” informó sobre las declaraciones que Vladimiro Montesinos testimonió ante la Tercera Fiscalía Anticorrupción, donde acusó a Carmen Higaonna, Alberto Fujimori y Víctor Joy Way de tramar una denuncia penal contra Jorge Mufarech, por la importación de un auto Jaguar usado. Añadió que fue Fujimori quien ordenó la operación desarrollada en abril de 1999, denominada “Mar I” en la que se inmovilizaran 800 embarcaciones de recreo en el litoral limeño, cuyo objetivo fue encontrar alguna irregularidad en la embarcación de recreo, propiedad del Congresista. De esta forma se demuestra que Jorge Mufarech jamás se coludió con la mafia, por el contrario, al combatirla fue objeto de una persecución implacable. (ANEXO 34).

OTROS ATAQUES.

El ímpetu de Jorge Mufarech en sus denuncias de acciones vinculadas al contrabando y la defraudación de rentas de aduanas, evasión tributaria y otros campos afines, lo llevaron a cuestionar documentadamente a una serie de autoridades, incluso durante el presente gobierno.

Entre sus principales cuestionamientos se encuentran aquellos vinculados a funcionarios de la ex Superintendencia Nacional de Aduanas que fueron nombrados por el régimen de Fujimori, siendo inexplicablemente tolerados por el gobierno de transición. Las denuncias de Mufarech cuestionaban la sospechosa inacción de las autoridades aduaneras en relación a las probadas irregularidades en la administración de las mercancías de los almacenes de aduanas, el desempeño nocivo de las transnacionales Empresas Supervisoras de Importaciones, la infructuosa política de combate al contrabando y la defraudación de rentas de Aduana, las exoneraciones tributarias, la creciente evasión tributaria en los casinos y tragamonedas, entre otros puntos que lo enfrentaron en determinado momento con los que en esos instantes se encontraban al frente del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República.

Fue en esos momentos que el domingo 23 de diciembre del 2001, el periodista Gustavo Gorriti, en su programa “PERIODISTAS” de Canal 2 TV, reprodujo el audio de una conversación sostenida entre el empresario de televisión, JOSE ENRIQUE CROUSILLATT y JORGE MUFARECH, ex Ministro de Trabajo, en el que supuestamente se pactaban irregularidades en contra de los trabajadores de América Televisión.

Jorge Mufarech, enterado del audio, estando de viaje en Chile, donde impulsaba en esos momentos las acciones legales emprendidas contra los que falsificaron la documentación del famoso automóvil Jaguar, se pone a derecho y retorna a Lima de inmediato para el inicio de las investigaciones por parte del Ministerio Público.

Esta conversación, se dio en el marco de la lucha frontal contra al contrabando y la defraudación de rentas de Aduana que tenía a su cargo Jorge Mufarech, toda vez que este presidió la Comisión de Alto Nivel de Lucha Contra el Contrabando, por lo que en la llamada telefónica le solicitaba apoyo de América TV en esta lucha y en las actividades periodísticas relativas a la misma.

El Ministerio Público, efectuó una investigación reservada sobre el particular, llegando a la conclusión que NO HA LUGAR a formalizar denuncia penal contra JMN por los presuntos Delitos contra la Libertad - Violación de la intimidad, Delitos contra la Administración Pública - Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. (Incumplimiento de deberes funcionales, patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias).

En la investigación del Ministerio Público se comprobó que no se produjo irregularidad en el tratamiento de los expedientes o quejas contra América TV, que no hubo favoritismo alguno y que tampoco existió ninguna interferencia de la máxima autoridad de trabajo para alterar el normal tratamiento de los expedientes laborales de América TV, por el contrario América TV fue multada por no cumplir con las medidas laborales vigentes en ese entonces, que se enmarcaban dentro de los lineamientos internacionales previstos por la OIT. Esta investigación y el archivamiento correspondiente fueron puestos en conocimiento del Congreso de la República en su oportunidad. (ANEXO 43 y 44). Mamr.

RELACION DE ANEXOS.

1. Fax Interpol-Chile.
2. No ha lugar Jaguar.
3. Carta de Higaonna a Noemí Capuñay.
4. Ficha Cotecna Nº 89874.
5. Fragmentos Resolución Alegre Landaveri sobre denuncias textiles desde 1998.
6. Resolución Aljovín sobre denuncias textiles y documento SNI.
7. Fragmento Resolución Alegre- 22 denuncias de ADUANAS.
8. Fax Nora Flores- RUC
9. Recorte Miguel Velit “Me inhibo de investigar”.
10. Recortes sobre Higashionna – Contrato de octubre 1992.
11. Dictamen en minoría de Anel Townsend.
12. Cuadro de viajes irregulares funcionarios ADUANAS.
13. Resoluciones Joy Way –Fujimori regularizando adjudicaciones.
14. Resoluciones de adjudicación Casa Militar- Pedidos de Juana Fujimori.
15. Solicitud de Serpa - Adjudicaciones y listado adjudicado.
16. Solicitud de Rodríguez Medrano y Resolución con listado.
17. Recortes Fujimori “ 500 millones de contrabando”.
18. Certificado Capitanía y recorte del Evasor Intocable.
19. Cotizaciones Jaguar.
20. Denuncias JMN contra Magistrados, MP y JNE.
21. Tacha de Nora Flores.
22. OEA- Admiten caso / Informe Fausto/ Informe Fiscalización.
23. Recorte La República, Pesantes “acusación a JMN fue un error”.
24. Matilde Pinchi, “Vi en SIN a Higaonna y Nora Flores”.
25. Pericia criminalistica Chile.
26. Factura Export. 004-Jaguar.
27. Commercial Invoice 002.
28. Quintuplicado 002
29. Oficio Chile-Peru, ADUANAS, sin mutilar.
30. Fallo fundada excepción- Corte Suprema.
31. El Comercio, “Jaguar”, 11 de agosto 2002.
32. Transcripción informe “Panorama”.
33. Normas Legales 15-10-02 Magistrados destituidos por denuncia JMN.
34. Diario “Correo” 4-11-02 Montesinos sobre Higaonna, Joy Way y Fuji (JMN).
35. La Resolución del Ministerio Público sobre investigación del audio CROUSILLATT-
36. La Multa del MTPS a AMERICA TV, por incumplimientos de la normativa laboral.