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recursos a la atención de primer nivel; aumento en más de 60% del SIS, para asegurar
provisión de medicamentos y atenciones. Asimismo, se han asignado mayores recursos
para combatir la anemia y la desnutrición.

Asimismo, y esta es una pregunta de varios congresistas, se ha incluido una asignación de
250 millones para sentencias judiciales.

También me preguntaron sobre la comparación de los recursos destinados a vivienda, en
la reconstrucción de Perú versus la de Chile. La comparación con Chile, sobre la
asignación de recursos a reconstrucción de vivienda, no es necesariamente la más
adecuada. En el caso de Chile, por el tipo de fenómeno ocurrido, se dañaron una mayor
proporción de viviendas en comparación con las consecuencias de El Niño Costero. Son
dos catástrofes diferentes. La asignación en el plan de reconstrucción, responde a una
evaluación muy diligente de los daños: las 48 mil viviendas que he mencionado. En
nuestro caso, los mayores casos han ocurrido en infraestructura de transporte, siguiéndole
en importancia daños en infraestructura educativa y de saneamiento.

También me preguntan dónde están los resultados de Inverte.pe versus el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP). La reforma del sistema de inversiones ha permitido
que se reduzcan los plazos de formulación y evaluación, sin perder la calidad técnica de
los estudios de preinversión. De lo evaluado a la fecha, en el caso de edificaciones, por
ejemplo comisarías, el plazo se ha reducido de ocho meses a un mes. Adicionalmente, se
está implementando la programación multianual de inversiones, que permitirá el análisis
de la cartera de inversiones de cada sector, permitiendo así la planificación en función a
brechas no cubiertas, pero no a necesidades políticas.

La congresista Beteta, a través de la Presidencia, me pregunta por qué hay recursos por
más de 15 mil millones de soles no asignados. Los fondos sí están asignados, de los
cuales la mayor parte se van a transferir a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios.
De esos 15 mil 138 millones, 7 mil 078 van a reconstrucción; 800 a plan de incentivos;
100 millones a Foniprel; 150 millones a seguridad ciudadana; 170 millones al Fondo de
Estímulo y Desarrollo; 300 millones al programa Sierra Azul; 2 mil 100 millones a
transferencia del SIS; 940 millones al Bono Familiar Habitacional; 3 mil 500 millones a
transferencias a gobiernos regionales y gobiernos locales, para proyectos.

También me preguntan por qué pedimos ampliar el déficit fiscal. La actual regla del
déficit fiscal establece una cláusula de excepción que permite modificar temporalmente
las reglas fiscales ante situaciones de desastre natural, como el fenómeno de El Niño
Costero, que hemos experimentado a inicio de año. Por eso el Congreso aprobó la Ley
30637 que amplió el déficit fiscal a 3,5% del déficit de 2018, es decir para financiar e
incorporar los gastos de reconstrucción del norte.

Me preguntan también sobre el Fondo de Contingencia. La reserva de contingencia
asciende a 4 mil 483 millones, que por su naturaleza no puede ser asignado a las
entidades. En este rubro se incluyen partidas, como elecciones para autoridades
regionales y locales, transferencias a la Caja de Pensión Militar Policial, deudas por

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