Page 56 - Congreso de la República Nº 8

Unidades administrativas
dentro del Servicio Parlamentario:
La O cialía Mayor, que es el máximo órgano del Servicio Parlamentario. Le
corresponde con este n la dirección, supervisión y control, directos o por delegación,
de todas las actividades del servicio parlamentario dedicadas a preparar, asistir, apoyar
y facilitar las tareas orgánicas y funcionales de los Congresistas. El O cial Mayor tiene la
representación legal de la administración, es jefe de todo el personal y cuenta con
competencia disciplinaria. Por delegación del Presidente y con cargo a dar cuenta
puede celebrar los contratos necesarios para garantizar el normal funcionamiento del
Congreso y del servicio parlamentario. Es nombrado y su nombramiento revocado por
acuerdo del Consejo Directivo (artículo 40, Reglamento del Congreso).
La Dirección General Parlamentaria, a cargo de un funcionario denominado Director
General Parlamentario, quien reemplaza al O cial Mayor en caso de ausencia o
impedimento temporal (artículo 40, Reglamento del Congreso) y que tiene a su cargo,
en términos generales, la supervisión de los procesos operativos de los procedimientos
parlamentarios (artículo 12, Reglamento de Organización y Funciones del Servicio
Parlamentario).
La Dirección General de Administración, que tiene por nalidad la administración de
los recursos humanos, materiales, económicos, nancieros, tecnológicos y la
supervisión de la ejecución o aplicación de los sistemas administrativos a cargo de los
órganos y unidades orgánicas del Congreso de la República (artículo 10, Reglamento de
Organización y Funciones del Servicio Parlamentario); y
La O cina de Auditoría Interna, a cargo de un Auditor General. Es el órgano
especializado que, aplicando técnicas y normas de auditoría, realiza el control sobre la
contabilidad del Congreso, la aplicación de los recursos presupuestales y la gestión de
las dependencias que conforman el Servicio Parlamentario (artículo 39, Reglamento del
Congreso).
Finalmente, no podemos dejar de mencionar que el personal de con anza de la
Organización Parlamentaria se sujeta a la normatividad del Reglamento Interno de
Trabajo, aunque no forma parte del Servicio Parlamentario (artículos 15 y 17,
Reglamento Interno de Trabajo).
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RETOS ESTATALES PARA IMPULSAR
LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES
La participación ciudadana es uno de los ejes centrales del sistema democrático. Lejos de
vincularse únicamente al ejercicio del sufragio, implica el involucramiento de las personas en
los asuntos públicos en todos los niveles. La población joven impulsa innovación, cambios y
transformaciones sociales por excelencia. Sin embargo, la mirada adultocéntrica, la
discriminación y las desigualdades persistentes, restringen la valoración adecuada de sus
continuos aportes al desarrollo del país; de ahí que se requiera promover mayores espacios para
su participación.
Por eso, es necesario trabajar en dos niveles complementarios. Por un lado, implementar la
Política Nacional de la Juventud que busca propiciar el desarrollo integral de las juventudes
como condición necesaria para su participación plena. Pero, al mismo tiempo, necesitamos
promover que las y los jóvenes se expresen, se asocien libremente y se involucren en los asuntos
públicos que les interesan o afectan. Esto implica impulsar sus capacidades para organizarse
autónomamente y garantizar su presencia e incidencia en espacios de deliberación y toma de
decisiones; el sexto objetivo de la política.
A partir de diálogos con jóvenes, la SENAJU ha identi cado retos que necesitamos abordar
desde el Estado para mejorar la participación de jóvenes:
1. Recuperar la relevancia de los espacios de participación y representación de jóvenes a
nivel nacional y subnacional, que perdieron luego de la desactivación del Consejo
Nacional de la Juventud en el año 2007.
2. Generar canales estatales que se adecúen a la heterogeneidad y diversidad de los
proyectos de vida e intereses de la población joven, para procesar sus voces y
demandas.
3. Mejorar los instrumentos de recojo de información sobre la participación y
organización de jóvenes, así como el Registro Nacional de Organizaciones Juveniles,
para generar políticas públicas basadas en evidencia.
4. Transversalizar el enfoque de juventudes e intergeneracional en la gestión pública,
buscando que el Estado siempre tome en cuenta las características, problemas,
necesidades e iniciativas de las juventudes.
5. Garantizar el derecho a de las y los jóvenes a la participación, movilización y
organización, de acuerdo con nuestro marco legal y compromisos internacionales.
Todo ello será posible si las juventudes retornan al centro de la agenda pública, mejoramos
nuestra institucionalidad en la materia, e invertimos lo necesario para que su desarrollo y
aportes coadyuven a la construcción de un país sostenible.
Noelia Chávez Ángeles
Secretaria Nacional de la Juventud
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