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El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Señor Presidente, la señora congresista Martha
Chávez me pide una interrupción.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede interrumpir la congresista Martha
Chávez.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Presidente, para expresar mi inquietud y pedir que
se explique por qué en la sexagésima cuarta disposición complementaria final se está
transfiriendo a la ONP, que es la que tiene que ver con las pensiones de los jubilados de
la 19990, la administración y el pago de las pensiones de la 20530 de Petroperú. ¿Qué
está pasando? Incluso las contingencias por los expedientes de reclamos.

Ya hemos visto la millonada de dinero que se gasta para negarles la pensión a los
jubilados de la 19990 y ahora van a asumir una tremenda carga que debiera asumir, de
su presupuesto, Petroperú. ¿Están limpiando la contabilidad de Petroperú a costa de las
pensiones de otros jubilados de la 19990?

Se requiere una clarísima explicación sobre el particular, porque no se dice que pasa con
los fondos que el presupuesto de Petroperú debe tener. Más bien se dice acá que la ONP
cada año debe prever las asignaciones presupuestales.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede iniciar su intervención el congresista
Octavio Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (GPFP).— Señor Presidente, debo, en primer término,
mostrar una preocupación con relación al centralismo de este presupuesto. Es un
presupuesto re-recentral: 75% para que las obras sean realizadas por el gobierno central;
14%, por los gobiernos regionales; y 11%, por los gobiernos locales.

Hoy, por ejemplo, hay una serie de llamadas de La Libertad para que se atiendan
proyectos de educación, postas médicas y caminos rurales que están quedando de lado
por este presupuesto centralista. Se da atención a otro tipo de obras y no precisamente a
aquellas que benefician directamente a los que más necesitan. Esa es una situación
delicada y hay que dejar fiel testimonio de ello.

En segundo término, los trabajadores administrativos de las universidades públicas son los
que menos perciben por concepto de incentivo laboral que se les paga a través del
Cafae. Por ello, la propuesta busca nivelarlos con una escala superior próxima de otro
sector. En este caso, se tomaría como referencia a lo que perciben por este concepto los
trabajadores administrativos del Ministerio de Trabajo.

Son alrededor de once mil trescientos trabajadores administrativos de las universidades,
señor Presidente, por lo que propongo la disposición complementaria final siguiente:
“Autorízase excepcionalmente al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar la
nivelación de la escala para el otorgamiento de incentivo laboral que se paga a través del
Cafae a los trabajadores de las universidades públicas del régimen laboral del Decreto
Legislativo 276 registrados en el aplicativo informático para el Registro Centralizado de
Planillas y de Datos de Recursos Humanos, a cargo del MEF, que ocupan una plaza

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