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Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le corresponde la presidencia del Consejo
               Nacional de Política Criminal, integrado por representantes de los tres poderes del Estado
               y  por  más  de  una  docena  de  instituciones.  En  ese  ámbito  se  abordan  políticas  de
               mediano y largo plazo en torno a la criminalidad.

               En la política, en este ámbito se tienen los siguientes logros:


               En la política nacional de prevención y tratamiento del adolescente en conflicto con la Ley
               Penal Puedo, cuyo objetivo busca reducir la comisión de infracciones penales por parte
               de los adolescentes, se han realizado las siguientes acciones:


               Se  ha  capacitado  a  704  operadores  en  las  ciudades  de  Lima,  Trujillo,  Chiclayo,
               Chimbote y Cusco.


               Se ha dictado charlas de sensibilización en las ciudades del Callao, Huancayo, Ayacucho,
               Iquitos y Arequipa, a 858 operadores, y si han conformado seis redes locales Puedo, en
               Cusco, en la ciudad del Cusco, en Santiago y San Sebastián; en Santa, en Chimbote; en
               el  Callao;  en  Huancayo,  Chilca;  en  Arequipa,  Paucarpata  y  Huamanga,  San  Juan
               Bautista.

               Se  han  conformado  redes  locales  Puedo,  que  están  integradas  por  más  de  30
               instituciones  involucradas  en  los  ejes  de  prevención,  administración  de  justicia  y
               resocialización.

               Se han elaborado así mismo ocho planes locales Puedo en José Leonardo Ortiz y Villa
               María del Triunfo, así como los planes de Chimbote, Santa, San Sebastián y Santiago,
               Cusco, Callao, Chilca en Huancayo, San Juan Bautista en Ayacucho, y Paucarpata en
               Arequipa.


               Los referidos planes  beneficiarán a ciento sesenta mil noventa y cuatro adolescentes.

               Más  de  ocho  mil  personas  han  sido  informadas  y  atendidas  en  las  ferias
               comunicacionales  Puedo,  en  Ayacucho,  Callao,  Chimbote,  Arequipa  y  próximamente
               Cusco.

               Otra  política en  materia  criminal  en  la  que  estamos  trabajando  es  la  política nacional
               frente  a  los  delitos  patrimoniales,  que  fuera  aprobada  por  Decreto  Supremo  N°
               006/2014, Justicia.


               En el marco de esta política, se han realizado las siguientes acciones:

               Se ha capacitado a 744 operadores claves del Sistema de la Administración de Justicia, y
               actores  estratégicos  de  los  gobiernos  regionales  y  locales  en  los  ejes  de  prevención,
               administración de Justicia y reinserción social en Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura.

               Así mismo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Municipalidad Metropolitana
               de Lima, firmaron el Acta de Compromiso Interinstitucional para la implementación del
               plan  local  de  Lima-Cercado  frente  a  los  delitos  patrimoniales  2016-2017,  el  que
               permitirá controlar y reducir los delitos patrimoniales a través de la  disminución de los



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