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La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— … y ahí se pueda realmente organizar un verdadero
tratamiento desadictivo, que, además, se ha diagnosticado correctamente y que implica
un serio reto para la seguridad ciudadana?
Pero también quiero hablar algo de la discapacidad severa, que ya se ha planteado
como problema. Aquí hay una exigencia legal, aquí no hay ningún pedido de por favor.
La Ley General de la Persona con Discapacidad establece que las personas con
discapacidad severa tienen derecho a la pensión no contributiva. Del millón 575 mil 402
personas con algún tipo de discapacidad, alrededor de la mitad de esas personas tienen
discapacidad severa. El 88% de las personas con discapacidad no recibe ningún servicio
de rehabilitación, el 38,2% no tiene ni educación ni trabajo ni ningún tipo de seguro, el
23,6% no tiene ningún nivel educativo. Las personas con discapacidad severa —que,
como digo, están llegando casi al 50%— tienen mayores costos de salud, alimentación,
cuidados y transporte para sobrevivir.
Los programas sociales solo llegan en un 3% a las personas con discapacidad. El
Programa Juntos atiende a mil niños con discapacidad, lo que representa el 0,6% de su
población objetivo. Y el Sisfoh es un filtro para el acceso a los programas sociales, en los
que menos de 1% de personas con discapacidad está registrado.
Me decía ayer la ministra de Inclusión Social que está coordinando con la ministra de
Salud y con la ministra de la Mujer. Señora Ana Jara, hace dos años, cuando usted vino
acá como ministra de la Mujer, le planteamos este problema y usted nos dijo que estaba
coordinando con el ministro de Salud. Por lo visto, querida colega, sigue la coordinación.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Mavila.
La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— … la ministra de Inclusión Social nos dijo que lo que
hacía falta es un protocolo con el Ministerio de Salud para establecer quién es
discapacitado severo. Colega, es discapacitado severo el que tiene más de dos o tres
discapacidades. Se necesita un ámbito de experticia absoluta para hacer un registro de
personas con discapacidad.
Y el pedido que se hace no es que se otorgue la pensión no contributiva a toda la
población con discapacidad severa, sino que se inicie un primer programa piloto por lo
menos con el 15% de esas personas que requieren apoyos intensos y permanentes, que
son alrededor de 90 mil. Bastaría, ministra Jara, 46 millones para atender el 15% de la
población objetiva. Con una meta de cobertura del 15%, solo con esos 46 millones se
puede otorgar la Pensión 65, la pensión no contributiva.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Concluya, congresista Mavila.
La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— … de países de la región ya otorgan pensiones a las
personas con discapacidad.
Naciones Unidas ha cuestionado al Perú por falta de protección social. La presidenta del
Consejo de Ministros —no le hable tanto, señor ministro de Economía—, la ministra de la
Mujer, el viceministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya se han comprometido. La
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