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La coyuntura actual, que muestra evidentes casos de corrupción en algunos gobiernos
regionales, no valida la tremenda diferencia de magnitud entre el presupuesto asignado
al Gobierno Central y el destinado a los gobiernos regionales y locales.

Por otro lado, el Presupuesto está orientado al auspicio de las entidades privadas para
realizar obra pública. Si bien no somos contrarios a esa orientación, sí somos contrarios a
no financiar los servicios públicos que requieren ser proyectados y financiados y a otorgar
capitales frescos sin riesgo a la inversión privada, que, además, no nos garantiza la
optimización y la eficiencia de la que tanto se hace gala.

Pero más allá de estas orientaciones, que son estratégicas, del programa económico, voy
a hablar principalmente de dos temas: el empleo y la discapacidad.

De acuerdo con el Programa Presupuestal 2015 que el Ministerio de Trabajo nos ha
presentado, los programas centrales son: Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción
Laboral (Proempleo), cuya meta es dar trabajo a 11 mil 764 personas; las personas
intermediarias para su inserción laboral, 8 mil 819; y los programas de empleo temporal
(de tres a cuatro meses) a través del financiamiento de proyectos de inversión pública
básica, económica y social, intensivos en el uso de mano de obra no calificada, por los
que se articularían laboralmente 15 mil 206 empleos temporales. Si sumamos toda esa
oferta programada de empleo del Ministerio de Trabajo, vemos que llega a alrededor de
35 mil 789 puestos de trabajo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje global de la PEA
desocupada en el país es del orden de 645 mil 228. Pongamos esa cifra frente a 35 mil
789. Es decir, aquí no encontramos —los números hablan— una política real de
inserción laboral de la gente que está evidentemente desocupada. La PEA desocupada va
a quedar en el orden de 609 mil 439, sin posibilidad de obtener algo para llevar a sus
hogares.

Y esto que dicen los números, dicho en palabras de los trabajadores que sí tienen
relación laboral pero que en su mayoría están contratados a plazo fijo y sin derechos
laborales, significa, estimados colegas, lo siguiente.

En primer lugar, una normatividad que pretende restarles vacaciones a 15 y hasta a siete
días significa la institucionalización del trabajo golondrino; significa la posibilidad del
despido sin causa, la legalización de la práctica arbitraria del recorte de la relación
laboral; significa el aminoramiento de la pena, la no responsabilidad en casos, por
ejemplo, de quiebra ficta, en que la víctima tiene que demostrar, sobre todo en caso de
accidente de trabajo, que este no se produjo durante la relación laboral. En Shougang, la
semana antepasada un mutilado de una pierna no recibió el apoyo concreto del
empleador por esta relación laboral que, evidentemente, es antihumana e implica la
institucionalización del capitalismo salvaje.

En el año de la industrialización, no se va a dar, por lo menos, la posibilidad de agregar
pago de dividendos a los trabajadores. Los sueldos son miserables. El golpe a los nuevos
trabajadores es clarísimo, porque se está institucionalizando la tercerización que hace que

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