Page 10 - Rumbo al Bicentenario Nº 4

Como afirmó el historiador Jaime Rodríguez, el 19 de marzo de 1812, las Cortes promulgaron una de las
constituciones más avanzadas del mundo occidental en materia de derechos políticos al transformar a los
súbditos en ciudadanos, al introducir el sufragio universal masculino indirecto y, por último, permitir la
elección popular tanto de los gobiernos locales (ayuntamientos) y regionales (diputaciones provinciales)
como de los representantes provinciales a Cortes ordinarias en España. La condición de ciudadanos
equiparó en derechos políticos a peninsulares, criollos e indígenas. No fue ese el caso de la población
esclava y de las castas de origen africano libres, ambas fueron excluidas de la ciudadanía bajo los
pretextos de no ser verdaderos americanos, arrastrar un pasado servil y no tener limpieza de sangre. Esta
decisión fue un craso error de los legisladores de Cádiz. La constitución gaditana después de ser
juramentada en todas las capitales del virreinato adquirió un protagonismo central en el avance de la
cultura política peruana hacia un genuino derrotero de experimentos liberales inéditos en otras áreas de
hispanoamericana.

Los ciudadanos, en todas las intendencias del Perú, eligieron los primeros ayuntamientos
constitucionales, incluso en los pueblos que nunca lo hubieran tenido que superaran “las mil almas”,
entre diciembre de 1812 y marzo de 1813. El sistema de elección en dos grados (elector y compromisario
parroquial) para los ayuntamientos hizo que la elección en este ámbito fuese difícilmente controlada. Las
campañas electorales irrumpieron y promovieron algunas candidaturas individuales ajenas al deseo del
virrey y de los oidores. En los ayuntamientos de Lima y Cusco juramentaron alcaldes y regidores, todos
criollos, que se declararon defensores de la constitución y sin dudarlo denunciaron la actuación arbitraria,
respectivamente, del virrey y de la Audiencia. En el caso limeño, los capitulares difundieron el ideario
liberal a través del periódico El Peruano Liberal (1813). En el caso cusqueño, el crónico enfrentamiento
entre el cabildo y la Audiencia fue interrumpido por el estallido de la revolución de agosto de 1814 liderada
por los hermanos Angulo y el cacique Pumacahua. Mientras los oidores peninsulares fueron
El liber alismo de las C ortes de Cádiz y la cult ur a política peruana
encarcelados, algunos alcaldes y regidores colaboraron con relativo entusiasmo con los objetivos políticos
de los revolucionarios. A principios de 1815, el constitucionalismo estaba distanciado del autonomismo
cusqueño cuando ambas opciones fueron derrotadas militarmente por las tropas realistas.

A principios de 1813, nuevos compromisarios parroquiales electos por los ciudadanos debieron reunirse
poco después en las capitales de provincia para celebrar una nueva votación, esta vez para elegir a
compromisarios provinciales. A estos representantes les correspondió, a su vez, elegir a los miembros de
las flamantes dos diputaciones provinciales, Lima (que abarcó además a Trujillo, Tarma, Arequipa y
Huamanga) y Cuzco (que incluyó a Puno). La elección en cuatro grados de los diputados provinciales
posibilitó que las autoridades pudiesen controlar a quiénes se elegía. Hubo un caso en que un
compromisario parroquial, el fiscal de Lima Miguel de Eyzaguirre, fue impedido de postular a
compromisario provincial por órdenes directas del virrey. La diputación provincial limeña se estableció en
abril de 1813, mientras que la diputación provincial cuzqueña lo hizo en septiembre del mismo año.
Ambas instancias se convirtieron en los máximos órganos de poder regional aunque tuvieron escaso
protagonismo político y poco tiempo de actividad. El virrey quedó reconvertido en jefe político y se puso a
la cabeza de la diputación provincial limeña según la constitución. La diputación de Lima fue suprimida
por el virrey una vez se supo de la abolición de la constitución en España. Entretanto, la diputación del
Cuzco se disolvió al estallar la revolución de agosto de 1814.

El experimento político generado en el Perú por las Cortes de Cádiz transformó la cultura política al
conformarse un lenguaje político contra la arbitrariedad, al introducirse la ciudadanía como un derecho
individual que rompía la lógica corporativa y al prescindir de la Inquisición como símbolo del fanatismo
religioso católico. Pero la supresión de las Cortes, a fines 1814, por el restaurado rey Fernando VII, impidió
que el experimento liberal terminara de cuajar. El retorno de España a un anacrónico antiguo régimen
absolutista, tal como existía hasta antes de la crisis de 1808, explica que el temprano ingreso a la
contemporaneidad política del virreinato peruano se truncara.

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