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Se ha dicho que para este año se va a reducir su cobertura y, por supuesto, va a haber
menos presupuesto.
¿Es lógico en una situación como la nuestra, de recesión, de crisis? Y un impacto de una
migración que habría que ver más bien cómo la incorporamos esa dinámica de empleo
formal. Es obvio que va a haber un problema durante este año. No lo estamos viendo.
Parece que no importa mucho.
Es grave también, presidente, la necesidad de llegar a objetivos de mejorar la
productividad, de reactivar la economía. Pero es al mismo tiempo absurdo que la
prioridad que tiene el Ministerio de Trabajo en el presupuesto es el número 20. El número
20 de las carteras es el presupuesto que se está asignando al Ministerio de Trabajo.
La verdad, no le encuentro nuevamente lógica a esa decisión. Peor aun, no solamente
está en ese rango tan rezagado en la lista de ministerios, sino que se están disminuyendo
montos en relación al año anterior, como si la situación económica para los trabajadores
en nuestro país estuviera mejorando. No es así, presidente, evidentemente.
Sobre el tema de la fiscalización laboral se habla mucho también. Y creo que ya parece
que se han olvidado en este nuevo gabinete, sobre todo el ministro de Economía, que es
finalmente quien termina definiendo la política laboral de nuestro país, y eso es algo que
no es una novedad, no es el Ministerio de Trabajo quien termina definiendo, no ha hecho
otra caso que precarizar la Sunafil.
Tenemos inspectores laborales que trabajan en condiciones precarias. Tienen que
disponer de sus recursos para movilizarse, para hacer las inspecciones. Tenemos
intendencias que estaban programadas desde la gestión del ministro Grados, que no se
han concretado.
El día de hoy se ha suspendido la huelga de inspectores laborales, que lo que estaban
pidiendo en el caso más extremo es que no se les descontara los días de huelga.
Imagínense, tremendo lo de Sunafil.
Solamente existen alrededor de 624 inspectores a nivel nacional. 624 inspectores para el
conjunto de regiones de nuestro país. Para acabar no solamente con situaciones de
informalidad, sino situaciones hasta de explotación laboral en zonas donde las economías
informales lindan con lo delictivo. Y se aprovechan justamente de las poblaciones más
vulnerables.
¿Con 624 inspectores vamos a poder acabar la informalidad? Yo sinceramente no lo
creo, presidente.
Por eso nos parece clave que miremos este presupuesto, sobre todo que el Congreso
asuma también su responsabilidad en esta materia, creo que es fundamental mirar cuáles
son los sectores que esos días se han movilizado para decirle no a esta precariedad, no a
un presupuesto que puede tener, seguramente, algunos avances en otros sectores, pero
que en lo fundamental en garantizar derechos para los trabajadores que son los que
mueven la economía del país, lo que ha hecho es simplemente mantener lo mal que
estábamos.
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