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Por último, sobre obras de infraestructura, pido que se incluyan la instalación del sistema
               de  alcantarillado  en  los  anexos  de  Untuco,  Colloni  y  Quishuarani,  en  el  distrito  de
               Puyusca,  provincia  de  Parinacochas,  Ayacucho,  con  código  SNIP  2281096;  y  la
               instalación del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de
               los anexos de Lacaya y Collahuacho, en el distrito de Puyusca, provincia de Parinacochas,
               Ayacucho, con código SNIP 2270891.

               Quisiera que todo eso se tomara en consideración, Presidenta.

               La señora PRESIDENTA (Natalie Condori Jahuira).— Puede dar inicio a su intervención,
               congresista Carmen Omonte.

               La señora OMONTE DURAND (PP).— Presidenta, hace pocos días el Congreso aplaudió
               la firma del presidente Ollanta Humala con respecto a la Ley 30364, Ley para prevenir,
               sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

               Esta ley ha entrado en vigencia y obliga al Poder Judicial, específicamente a los juzgados
               de familia, a otorgar, en plazos brevísimos, la tutela jurídica de mujeres e integrantes del
               grupo familiar víctimas de violencia.

               Los  juzgados  tienen  ahora  el  plazo  de  setenta  y  dos  horas,  a  partir  de  recibida  la
               denuncia, para emitir medidas de protección que tengan por objeto el cese de los actos
               de violencia.

               Pero para que el juez de familia adopte una decisión debe contar con informes técnicos
               indispensables, como el examen médico legal, la pericia psicológica, la evaluación de los
               asistentes  sociales,  la  evaluación  psiquiátrica,  la  cámara  Gesell,  etcétera,  etcétera.  Y
               dentro del trabajo que se ha realizado, en el que también hemos contado con el apoyo
               de la sociedad civil, vemos que la ley sería letra muerta, porque en el Presupuesto no se
               está otorgando ni un sol para su implementación.

               Se requeriría de personal jurisdiccional, médicos legistas, psiquiatras, psicólogos, y contar
               con todos esos especialistas implica un presupuesto adicional tanto para el Poder Judicial
               como para el Ministerio Público.

               En las disposiciones transitorias se debe incluir un articulado que permita que el Ministerio
               de Economía y Finanzas, dentro de sus reservas de contingencia, otorgue un fondo para
               la implementación de esta ley.

               Todos los congresistas, en particular las congresistas mujeres, que hemos batallado por
               esta  ley,  no  podemos  dar  paso  a  este  presupuesto  si  no  se  incluye  un  artículo  de  esa
               naturaleza.

               De  igual  modo,  se  debe  de  asignar  un  recurso  particular  para  que  la  dirección  de
               empoderamiento y desarrollo económico que durante mi gestión se creó en el Ministerio
               de la Mujer pueda generar programas y servicios y articular fortalezas con otros sectores
               para empoderar económicamente a las mujeres.






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