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sino las específicas; porque el riesgo que hay, evidentemente, es que en esas cuantías de
gasto el cemento tenga una prioridad a través de las asociaciones público privadas en
desmedro de la calidad de vida.

Yo solo quiero referirme a casos exagerados, muy rápidamente, porque después quiero
hablar del nuevo paradigma presupuestal que son las asociaciones público privadas.

En el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, que beneficia a tres
millones de alumnos a nivel nacional, se ha bajado el porcentaje del monto por alumno,
cuando se trata de cerrar la brecha calórica que muestran los niños matriculados en la
escuela pública inicial o primaria. Para el año 2015, se han asignado mil 428 millones
para atender a tres millones de niños.

Haciendo un cálculo simple, nos permite deducir que por cada niño se utilizará 476 al
año, y si asisten 180 días, el presupuesto diario será de 2,60 por cada niño que se
encuentra dentro de este programa: solo 2,60 por día para un niño que vive en
condiciones de pobreza o pobreza crítica, porque la capacidad de movilidad social en
nuestro país, por supuesto, no se ha incrementado. Se ha incrementado, más bien, la
economía informal.

Revisemos la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación
básica. El año 2014 era del orden de 148 millones y en este presupuesto es menor, pues
es del orden de 121 millones. Javier, cómo te recuerdo; contigo se comprometió este
ministro de Economía y Finanzas en asignar fondos específicos para la discapacidad. El
monto resulta menor en comparación, porque son 27 millones menos los que se asignan
para la educación de los niños con discapacidad básica. Y no hablemos de la
discapacidad severa.

En el caso de la discapacidad severa, se está incumpliendo la Ley General de la Persona
con Discapacidad, que establece taxativamente una pensión de gracia, con el derecho de
percibir un sueldo a manera de jubilación y el derecho de atención médica u hospitalaria
gratuita.

Para hablar, por ejemplo, de la inserción social positiva de la población penal, se dice
que se ha incrementado un fondo significativo de 805 millones; pero no se dice que,
dentro de ese fondo, se asignan dos ámbitos a la gestión penitenciaria: seguridad, con
todo lo que eso implica en gasto de infraestructura logística y capacitación de los grupos
de operaciones especiales para prevenir los motines y los enfrentamientos en las cárceles;
y tratamiento, que, por supuesto, va a ser siempre la cenicienta de la película.

Entonces, la inserción social positiva de la población penal va a significar, básica y
principalmente, infraestructura para seguridad penitenciaria.

No voy a hablar más, por ejemplo, del presupuesto asignado a Trabajo para enfrentar la
deserción escolar y la desocupación juvenil, porque la justicia para prevención y
tratamiento del consumo de drogas está presupuestada.

El señor PRESIDENTE (Norman David Lewis del Alcázar).— Tiene tiempo adicional,
congresista.

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