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equivale a 72 millones menos, pero esto tiene que ver sobre todo en lo que es gastos de
               capital, no gasto corriente.


               Esta  merma  en  l  que  respecta  a  gasto  corriente  está  relacionado  específicamente  al
               Ministerio de Justicia.

               Porque en el caso concreto del Inpe sufre un incremento de 758 millones a 820.

               En el caso de Sunarp, Registros Públicos, tenía un presupuesto este año de 637 millones y
               pasa a tener 616. O sea, está en un ponderado.

               El tema crítico se presenta en el Ministerio de Justicia, que de tener este año 543 millones
               tendría el 2019 420 millones. Y esto tiene su respuesta.

               En  principio,  está  relacionado  cuando  se  indicaba  al  programa  de  inversiones,  y
               específicamente  al  tema  de  la  construcción  de  los  llamados  megapenales,  que  fue
               autorizado por ley de este Parlamento.

               En el caso concreto del penal de Ica, cuya inversión demanda 480 millones, este año se
               le asignaron 250 millones y de los cuales se han gastado 121 millones. Es decir, hay un
               saldo  por  ejecutar  de  129  millones.  Esto  cae  en  la  figura  técnica  económica  de
               continuidad.

               Es  decir,  estos  presupuestos  de  121  millones  el  próximo  año  van  a  modificar  el
               presupuesto inicial de apertura para ser parte del presupuesto institucional modificado. O
               sea,  es  un  incremento  adicional  de  129  millones  más  para  lo  que  es  el  Ministerio  de
               Justicia.


               ¿Por qué no se gastó? No se gastó porque el proceso se adjudicó en el mes de junio. El
               proceso  de  licitación  es  bastante  complejo,  tiene  sus  espacios  burocráticos
               administrativos.


               Y en una primera etapa lo que se le da al consorcio ganador es el 10% y posteriormente
               vienen  los  avances  de  obra.  En  un  tercer  momento  se  le  pueden  dar  lo  que  son  los
               adelantos por materiales.

               Entonces, estamos inmersos en esas etapas.


               Ejecución presupuestal del sector.

               En el año 2016, hemos gastado el 85% del presupuesto asignado al Ministerio de Justicia
               y Derechos Humanos.

               En el año 2017, hemos gastado el 87%.

               En el año 2018, en proyección al 31 de diciembre, vamos a gastar el 83%.


               Obviamente,  esto  podría  fácilmente  llegar  a  una  conclusión:  no  tienen  capacidad  de
               gasto.  Ya  les  anotaba  antes,  el  problema  viene  por  un  desfase  en  los  proyectos  de
               inversión.


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