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Igualmente, solicito que se agregue, en materia de financiamiento y pago del servicio de
alimentación, una disposición complementaria final mediante el cual se disponga que
durante el año fiscal 2015 las acciones de provisión de alimentos, vestimenta y
condiciones de trabajo, a que se refiere la décima disposición complementaria final del
Decreto Legislativo 1132, se encuentran a cargo también del pliego Despacho
Presidencial.

Además, propongo que en una disposición complementaria final Presidenta se declare de
necesidad pública y de preferente interés nacional la ejecución del proyecto de inversión
pública sobre la construcción del túnel La Verónica, con el objetivo de unir la provincia de
Cusco con la ciudad de Quillabamba y optimizar el tiempo en dos horas y media.

Al mismo tiempo, solicito que se declare de necesidad pública y de preferente interés
nacional el proyecto de inversión pública “Ampliación y mejoramiento del servicio de
protección y gestión de riesgos contra inundaciones en 38 kilómetros del cauce del río
Huatanay”, con código SNIP 250521. Y que se declare de necesidad pública y de
preferente interés nacional el mejoramiento de las instituciones educativas de provincias
altas: Coronel Ladislao Espinar del distrito de Espinar, provincia de Canas, el colegio más
importante de esta provincia, y lo propio el colegio Santo Tomás de la provincia de
Chumbivilcas.

Muchas gracias, Presidenta; muchas gracias, colega.

La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede iniciar su intervención,
congresista Delgado.

El señor DELGADO ZEGARRA.— Presidenta, tengo un comentario con relación a la
quincuagésima sexta disposición complementaria final respecto de un tema que
recurrentemente se viene haciendo en la administración pública. El personal que trabaja
en las oficinas de control interno, que jerárquica y funcionalmente depende de la
Contraloría General de la República para hacer control interno de las instituciones,
termina siendo financiado con recursos de las propias instituciones. Esto genera un efecto
y un mensaje no muy positivo en la medida que estos trabajadores pueden sentirse,
digamos, que sus puestos son financiados por la propia institución a la que tienen que
controlar y no por la Contraloría General de la República.

El hecho de que las instituciones puedan solicitar la contratación de personal para estas
oficinas de control interno y transferir esos recursos a la Contraloría no me parece que
sea el mejor mecanismo. Creo que habría que pensar en sincerar esta situación, dotando
a la Contraloría de los recursos que le corresponde para ejercer una labor de control y
fiscalización de todas las entidades del sector público: el Gobierno Central, los gobiernos
regionales y los gobiernos locales. De esa forma se puede tener una labor mucho más
independiente por parte del personal que debe desarrollar esta labor, que no va a sentir
que, si ejerce un mayor control o aprieta sobre las propias instituciones, son estas las que
pueden en algún momento determinar que ya no hay presupuesto o ya no se transfieren
los recursos a la Contraloría para que este personal desarrolle esa función.

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