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El señor CURRO LÓPEZ (FA).— Presidente, si así pretendemos ser un país democrático y
               realidad la gran mayoría de peruanos viven al día con menos de cinco dólares.


               Para las personas con discapacidad, las leyes no se cumplen.

               Desde  aquí  le  decimos  a  la  señora  ministra  que  hay  que  impulsar  una  verdadera
               educación inclusiva, con la finalidad de adaptar al trabajo que tanto reclama esa parte
               vulnerable.

               Presidente, termino mi participación llamando la atención...

               El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Para que culmine, por favor, congresista
               Curro.

               El  señor  CURRO  LÓPEZ  (FA).—  A  los  parlamentarios.  No  podemos  permitir  las
               exoneraciones a las grandes empresas. Que paguen sus deudas.

               Hace dos días ha ingresado un proyecto de ley exonerando y dando prórroga hasta el 31
               de diciembre del 2021, que estos que paguen.

               Colegas parlamentarios, no podemos legislar para las grandes empresas, sino que hay
               que legislar para los peruanos.


               Muchas gracias, presidente.

               El  señor  PRESIDENTE  (Daniel  Salaverry  Villa).—  Tiene  la  palabra  el  congresista  Roy
               Ventura.

               El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Gracias, Presidente.

               La congresista Rosa Bartra me pide una interrupción.


               El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la interrupción, congresista Bartra.

               La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, Presidente.

               La Ley 30737 establece que las ventas de empresas corruptas, como Odebrecht, deben
               ser autorizadas por el Ministerio de Justicia.

               Odebrecht, como en otros proyectos, fue beneficiada ilegalmente por exfuncionarios del
               Ministerio  de  Energía  y  Minas,  y  Proinversión,  perjudicando  al  Estado  y  a  todos  los
               peruanos.

               Hasta el momento, este ilegal privilegio nos cuesta a los peruanos, durante el periodo
               2016-2018,  aproximadamente  trescientos  diecisiete  millones  de  dólares,  y  se  proyecta
               hasta  el  término  del  contrato,  en  el  año  2031,  que  dichas  pérdidas  alcancen  entre
               novecientos a mil setecientos millones.

               Esta ilegalidad,  presidente,  y me  estoy refiriendo  específicamente  a  la venta  autorizada
               por el Ministerio de Justicia de la Central Hidroeléctrica Chaglla, tiene que ser explicada.


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