JAVIER MAXIMILIANO ALFREDO VALLE RIESTRA GONZÁLEZ OLAECHEA

1. Inventario de muebles recibidos

• No tiene equipo de Fax
• No tiene fotocopiadora
• No tiene baño privado

2. Equipo portátil de cómputo (Notebook Toshiba) DEVUELTO.
   
   
3. Equipos celulares: Cuenta con UN SOLO EQUIPO (9560-6661)
   
   
4. Escolta policial: NO TIENE
   (Oficio Nº 109-2007/ División de Seguridad del Congreso, comunica acciones al prescindir de resguardo y protección personal).
   
   
5. Oficinas DEVUELTAS.
   Se entregó dos ambientes porque no eran necesarios.(véase acta de entrega de oficinas 406-408)
   
   
6. Personal:
   
   María Cecilia Espinoza Tió. Asesor 1 de Despacho Congresal.
   Abogada. Ex funcionaria del Ministerio Público.
   
   Luis Octavio Ganoza Alvarez. Asesor 2 de Despacho Congresal.
   Ex Director de Trámite y Estadística de Comisiones de la Cámara de Diputados. Trabajó en el Parlamento desde 1984 hasta el nefasto 5 de abril de 1992. Su formación universitaria en la rama de Ingeniería de Sistemas por la UNFV le permitió ser el pionero de la sistematización de proyectos y dictámenes en la Cámara de Diputados (1988-1992). También ha desarrollado el software para control de inventarios y Almacén del Congreso de la República (1993-96). Y cuenta con estudios de Derecho en la UIGV.
   
   Julio Gonzalez Fernández. Asistente de Despacho Congresal.
   Su experiencia en la Administración pública data desde sus labores en el INPE (1982-1995) y como Técnico parlamentario en el Congreso de la República (1995-2001)

DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD:

1. Demanda interpuesta por D. Javier Valle – Riestra y otros treinta y dos Congresistas de la República, ante el Tribunal Constitucional, contra los artículos 16º y 20º del Reglamento del Congreso, con el objeto que se declare su inconstitucionalidad. La defensa de la causa viene siendo sustentada por el parlamentario, quien informó oralmente en el Tribunal Constitucional acerca de la prerrogativa de la inmunidad que también la ostentan los miembros del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

PROYECTOS DE LEY

1. PROPONE MODIFICACIÓN AL SOAT REGIONAL

Ley que modifica el primer párrafo del artículo 30º de la ley Nº 27181, ley general de transporte y tránsito terrestre, modificado por la ley Nº 28839 y deja sin efecto decreto supremo Nº 040-2006-mtc.
Desde la creación del SOAT, las compañías privadas elevaron de manera injustificada los costos del seguro, de tal forma que en algunos tipos de vehículos el incremento fue de hasta 300%, en desmedro de la economía de cientos de miles de transportistas.
Si bien el Parlamento, luego de escuchar la protesta de los transportistas a nivel nacional, aprobó la Ley Nº 28839, publicada el 24 de julio del 2006, la misma que crea a las Asociaciones de Fondos Contra Accidentes de Tránsito - AFOCAT, para que otorguen el denominado SOAT REGIONAL de más bajo precio; poniendo fin al abuso del monopolio de las compañías aseguradoras.
En la actualidad vienen operando las AFOCAT en 21 regiones del país, de manera exitosa y cuyos asociados, hoy en día, bordean los 180,000 transportistas, beneficiándose con un SOAT REGIONAL justo y económico.

2. PROYECTO SOBRE ADOPCIONES

Propone regular la expedición de las partidas de nacimiento por parte de los funcionarios competentes del registro nacional de identificación y estado civil – Reniec y de la oficina del registro de identidad y estado civil de las municipalidades distritales y provinciales, en los casos de adopción iniciados, tramitados y concluidos antes de la vigencia de la ley Nº 27442.

3. PROYECTO DE LEY QUE DESPENALIZA LOS DELITOS CONTRA EL HONOR
   
   Debemos despenalizar constitucional y legislativamente las infracciones denominadas contra el honor. Y sustituirse por un procedimiento de naturaleza civil que comience con un acto reconciliatorio; y de no prosperar, ir a una audiencia sumarísima de pruebas. Si se demuestra una lesión moral, la sentencia debe censurar al responsable y disponer la publicación a su costa del fallo. Porque la tendencia doctrinaria moderna es la aceptación a la crítica, en particular a los funcionarios, por más cáustica que sea.
   Ley que despenaliza los delitos contra el honor:
   Artículo 1°.- Objeto de la ley.- Es objeto de la presente ley la reforma del párrafo segundo del inciso 4) del artículo 2º de la Constitución Política, así como la derogatoria de los artículos 130º al 138º del Código Penal, con el fin de despenalizar los delitos denominados contra el honor.
   (…)
   
   
4. PROYECTO DE LEY QUE PRECISA LOS ALCANCES Y VIGENCIA DE LA LEY N° 27770 SOBRE BENEFICIOS PENITENCIARIOS
   Las leyes no tienen aplicación retroactiva, sino, salvo en beneficio del reo (Art. 103 de la Constitución). Y la Ley Nº 27770, por conculcar derechos constitucionales, en los que intervienen también el Poder Judicial, Poder Ejecutivo (concretamente el Ministerio de Justicia y el INPE por los efectos de aplicación de esa norma), fue publicada dicha Ley el día viernes 28 de Junio del 2002. Dicha norma regula disminuidamente los beneficios penales y penitenciarios de quienes cometen los delitos mencionados en el artículo segundo de la referida Ley 27770. Por tanto no es de aplicación a los procesos penales iniciados antes de su vigencia, ni a los hechos acontecidos con anterioridad a dicha norma.
   
   
5. PROYECTO DE LEY QUE FACULTA AL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA A OTORGAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES CONFORME A LA LEY UNIVERSITARIA – LEY Nº 23733
   Busca que el Conservatorio Nacional Música, reconocido por la Ley Universitaria, pueda otorgar a su alumnos y egresados de todas las especialidades, grados académicos y títulos profesionales a nombre de la nación.
   
   
6. PROYECTO SOBRE RENUNCIABILIDAD DEL MANDATO PARLAMENTARIO
   Se propone la reforma el artículo 95° de la Constitución Política. La irrenunciabilidad del mandato parlamentario no es un elemento constitutivo ni complementario de las prerrogativas parlamentarias (inviolabilidad e inmunidad) porque, estrictamente hablando, ella no es una garantía funcional del Parlamento y no necesariamente contribuye a garantizar la independencia de los congresistas, por el contrario, puede llegar a convertirse en un lastre o en un factor negativo que perjudica y altera la relación jurídico-política entre representantes y representados.