Relaciones Exteriores

2.1.1 Sesión del Pleno del Congreso de la República,
de fecha miércoles 14 de octubre de 1998, en la que
el Congreso debatió el pedido de otorgar carácter
vinculante a la propuesta de los Países Garantes

El señor Presidente Víctor Joy Way Rojas.— Buenos días, señores congresistas. También vamos a computar la asistencia electrónicamente.

Les pido presionar cualquiera de los tres botones instalados en sus escaños, para registrar la asistencia.

—Además del pasado de lista, los señores congresistas registran su asistencia vía sistema electrónico.

El señor PRESIDENTE.— Vamos a cerrar la asistencia.

Han certificado su asistencia 102 señores congresistas. En consecuencia, con el quórum reglamentario, se abre la sesión.

Habiéndose repartido a los señores congresistas copia del Acta correspondiente a la sesión anterior, se va a poner ésta en observación.

Si ningún señor congresista formula observaciones, se dará por aprobada.

—Se aprueba, sin observaciones, el Acta correspondiente a la sesión anterior.

El señor PRESIDENTE.— Se va a dar cuenta del Despacho.

DESPACHO

El RELATOR da cuenta del siguiente documento:

Oficio

Del señor Presidente de la República, solicitando al Congreso de la República la aprobación de la Resolución Legislativa respecto del procedimiento planteado por los países garantes con el fin de permitir el concurso de los mismos en la solución de las discrepancias en el tema de la fijación en el terreno de la frontera terrestre con el Ecuador, conforme al Protocolo de Río de Janeiro, con el fallo del árbitro Braz Dias de Aguiar y demás instrumentos complementarios.

El señor PRESIDENTE.— Se va a consultar la dispensa del trámite de dictamen.

—Efectuada la consulta, se acuerda la dispensa solicitada.

El señor PRESIDENTE.— Con el quórum reglamentario, se ingresa a la Segunda Hora.

ORDEN DEL DÍA

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra el señor Henry Pease.

El señor PEASE GARCÍA (UPP).— Gracias, Presidente.

Solamente quiero pedir que se fijen claramente las reglas de juego.

En el Consejo Directivo hemos sostenido, y queremos reiterarlo acá, que hay que distinguir una primera parte en la sesión, en la cual los congresistas vamos a ser informados por el Canciller y posteriormente intervendremos para preguntar, para aclarar antes de fijar posición. Luego, reclamamos que haya un espacio suficiente —no la madrugada— para que las bancadas puedan reunirse, para que podamos consultar, pero también para que la opinión pública, para que la prensa pueda fijar posición.

Ésta es quizás la más importante decisión de este quinquenio parlamentario. En ese sentido, como representantes del pueblo, tenemos que saber algo de la opinión de nuestros representados. Y por esa razón nos parece que, terminada la jornada del día de hoy, mañana jueves debe dedicarse, prácticamente la mañana y parte de la tarde, a auscultar opiniones, a elaborar propuestas y planteamientos, a deliberar, de tal manera que recién en la noche se podrá comenzar en nuestra opinión el debate.

Y si no nos alcanzara el plazo, con toda sencillez queremos decirle que el Congreso no puede trabajar a presión. El Congreso de la República debe tener el tiempo suficiente para madurar la información. No olvide, señor Presidente, que la mayoría de los congresistas desconocemos los tratados involucrados, los términos de las llamadas opiniones o pareceres jurídico-técnicos, etcétera. Esperamos conocerlos ahora, pero el conocimiento no es una cuestión mecánica: uno tiene que entender el problema y debe asimilar y ver sus consecuencias.

Por respeto al país queremos reclamar, entonces, en primer lugar, que terminada la exposición del Canciller, dado que siguen intervenciones por bancada, haya un cuarto intermedio que permita que las bancadas se pongan de acuerdo; porque si tienen que hablar portavoces, tienen que portar las voces y ése no es un hecho mecánico.

En consecuencia, repito, tal como se ha acordado en el Consejo Directivo, después de la exposición del Canciller debe haber un cuarto intermedio, luego los
veinte minutos que corresponda por grupo parlamentario y, seguidamente, los diez minutos por participante.

Lo mismo tiene que repetirse en la segunda parte, pero tiene que haber un break al medio, intermedio que debe garantizar a los miembros del Congreso la posibilidad de llegar a una conclusión manejando toda la información que recibamos.

Quiero insistir en esto, señor, porque entiendo que es responsabilidad de los ciento veinte congresistas buscar que hayan condiciones para tomar la más seria decisión que se ha planteado a este Congreso.

Debo señalar que, al respecto, varias bancadas hemos presentado una propuesta por escrito, que esperamos se tenga en cuenta, señor.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor Henry Pease.

No vamos a abrir debate sobre este aspecto, porque éste es un tema que lo hemos conversado larga y ampliamente ayer, oportunidad en la que cada uno intervino en dos o tres veces, justamente tanto el señor Pease como usted, señor Zumaeta.

Si me permite continuar, señor Zumaeta, por favor, no hay nada en debate. Las mociones tienen un trámite, permítame continuar.

Justamente, este asunto lo hemos tratado ayer en reunión del Consejo Directivo y acordamos que esta sesión se realizara en el marco de la consideración del proyecto de resolución legislativa que viene del Ejecutivo. En ese sentido, la sesión de hoy va a estar centrada principalmente en la parte de información, no solamente para los señores de los grupos de oposición sino también para todos los parlamentarios —incluyo a los miembros de la mayoría— y la opinión pública. Entonces, todavía no nos adelantemos a dar conclusiones.

Debo recordar que hemos acordado que habrá una intervención inicial de parte del señor Canciller, oportunidad en la que vamos a tomar conocimiento detallado de lo avanzado en el contenido de los documentos, de los tratados. Al respecto, comunico que van a estar presentes en esta sesión el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa.

Luego intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios, cada uno por veinte minutos, que entiendo que fundamentalmente van a plantear sus preguntas. Seguidamente, hará uso de la palabra el señor Canciller. Posteriormente, cada congresista, si después de lo expresado por el señor Canciller quedan algunas dudas, tendrá la oportunidad de intervenir por cinco minutos. De tal manera que, mañana, cada parlamentario tendrá sus cinco minutos, más una tolerancia hasta por cinco minutos adicionales, para sustentar su posición.

Creo que el procedimiento no solamente permite el máximo de información sino también tiempo de reflexión, porque hay un proceso de ir razonando en el transcurso de hoy y al día siguiente sustentar su posición.

Considero que en eso hemos sido absolutamente claros, hemos informado el procedimiento a seguir, nada se está coactando, se está permitiendo todas las facilidades, pero debemos continuar con lo que hemos acordado.

Sólo vamos a permitir que intervenga el señor Zumaeta. No vamos a abrir debate porque los tres ministros de Estado están esperando en la Presidencia.

Puede hacer uso de la palabra el señor César Zumaeta.

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— Señor Presidente: Creo que los ministros pueden esperar unos minutos más, tratándose de un tema tan delicado como el que vamos a tratar.

Es verdad que hoy día el Canciller no solamente debe informar detallada y pormenorizadamente sobre todo el proceso de conversaciones, negociaciones y entrampamientos a los cuales se ha llegado hasta la carta de los garantes.

También es cierto, como fue el compromiso, que se va a hacer entrega de los textos que ya se han acordado, porque aquí no basta, por más que merezca respeto el señor Canciller, la palabra de él sino los textos correspondientes para que sea de conocimiento cabal, no solamente de los ciento veinte parlamentarios sino también del conjunto del país. En consecuencia, la opinión pública quiere tener conocimiento, pero también quiere opinar sobre este tema.

Por lo tanto, es lógico y hasta de sentido común que, después del amplio informe que va a hacer el Canciller, tiene que haber una pausa para que el país reflexione sobre la decisión que van a dar sus cien veinte parlamentarios posteriormente respecto al debate y el voto de la resolución legislativa materia del pedido del Poder Ejecutivo.

Es en este aspecto que nosotros pedimos una resolución del pleno del Congreso, es decir, que esta parte termine no sé si mañana en la madrugada o en la mañana y a partir de ahí tiene que haber una pausa de uno o dos días para que el país debata, para que haya opiniones y, recogiendo todas esas opiniones, recién el Congreso, sus ciento veinte parlamentarios, estén en condiciones de debatir y finalmente dar su veredicto a favor o en contra de ese procedimiento. Es en ese sentido que hemos planteado una moción de orden del día, señor Presidente, suscrito por todas las bancadas políticas de la oposición.

Por la seriedad del tema y si se quiere llegar y acercar las posiciones en esta materia, lo menos que le podemos pedir a la mayoría, y en este caso a usted, señor Presidente, es que acoja este pedido de la oposición.

Creo que el país merece un tratamiento de esta naturaleza, porque no se trata de encasillar el debate sólo en estas cuatro paredes. Considero que sobre este tema debe opinar el país, sus instituciones, y para eso estamos pidiendo una pausa después de la exposición detallada y el informe que hoy día va a hacer el señor Canciller.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— De acuerdo al Reglamento, la tramitación de la moción tiene su procedimiento, no es la forma como se está planteando. Sin embargo, tenga la plena seguridad que la preocupación que tiene usted, como todos, que es principalmente la información e incluso la evidencia de los documentos, será atendida y resuelta antes de que tomemos alguna decisión final.

Con la presencia del señor Presidente del Consejo de Ministros, del señor Ministro de Relaciones Exteriores y del señor Ministro de Defensa, se inicia la discusión en torno al proyecto de resolución legislativa que aprueba el procedimiento planteado por los países garantes para la fijación en el terreno de la frontera terrestre con el Ecuador, conforme al Protocolo de Río de Janeiro, el fallo de Braz Dias de Aguiar y demás ins- trumentos complementarios

El señor PRESIDENTE.— Encontrándose en los salones de la Presidencia el señor ingeniero Alberto Pandolfi Arbulú, Presidente del Consejo de Ministros, el doctor Fernando de Trazegnies Granda, Ministro de Relaciones Exteriores, y el General del Ejército Julio Rolando Salazar Monroe, Ministro de Defensa, quienes concurren invitados por el Consejo Directivo para que sustenten ante el Congreso el procedimiento planteado por los países garantes a fin de permitir el concurso de los mismos en la solución de las discrepancias en el tema de fijación en el terreno de la frontera terrestre común entre Perú y el Ecuador, van a ser invitados a pasar a la Sala de sesiones.

Aprovechamos para saludar a la plana directiva y alumnos del Colegio Nacional Leoncio Prado, de Huánuco.

(Aplausos.)

Se suspende la sesión por breves momentos.

—Se suspende la sesión.

—El señor Presidente del Consejo de Ministros, ingeniero Alberto Pandolfi Arbulú, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Fernando de Trazegnies Granda, y el señor Ministro de Defensa, General del Ejército Julio Rolando Salazar Monroe, ingresan a la Sala de sesiones acompañados por la Tercera Vicepresidenta del Congreso, señora Luz Salgado Rubianes de Paredes, y la señora Martha Hildebrandt Pérez Treviño.

—Se reinicia la sesión.

El señor PRESIDENTE.— La Presidencia se complace en expresar su más cordial saludo al señor Presidente del Consejo de Ministros, ingeniero Alberto Pandolfi Arbulú, al señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Fernando de Trazegnies Granda, y al señor Ministro de Defensa, General del Ejército Julio Rolando Salazar Monroe.

Se va a dar lectura a los oficios remitidos por el señor Presidente de la República, por los cuales se solicita
el concurso de los Jefes de Estado de los países garantes del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, como consecuencia del proceso de conversaciones entre Perú y Ecuador; así como del Informe Institucional emitido por las Fuerzas Armadas del Perú.

El RELATOR da lectura:

"Lima, 13 de octubre de 1998.

Oficio Nº 120-98-PR.

Señor ingeniero
Víctor Joy Way Rojas.
Presidente del Congreso de la República
Presente.

Me dirijo a usted a fin de informar, por su intermedio, al Congreso de la República, que ante el estancamiento del proceso de conversaciones que vienen sosteniendo los gobiernos del Perú y del Ecuador en la búsqueda de una solución global y definitiva a sus diferencias, los Presidentes de ambos países hemos solicitado el concurso de los Jefes de Estado de los Países Garantes del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro.

Dicha solicitud tiene sustento en el Artículo Séptimo del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro que establece que "cualquier duda o desacuerdo que surgiere sobre la ejecución de este Protocolo será resuelto por las Partes con el concurso de los Representantes de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, dentro del plazo más breve que sea posible", así como en el punto cuatro del Acuerdo de Santiago, que en su parte final dice: "Los Países Garantes, conforme con la responsabilidad que les impone su función de ayudar a las Partes, propondrán los procedimientos más adecuados para la solución definitiva de los puntos de desacuerdo que las Partes no hayan logrado dirimir en forma directa".

En respuesta a esta solicitud, los Jefes de Estado de los Países Garantes han expresado que el procedimiento que ellos sugieren consistiría en una propuesta dentro del marco del Protocolo de Río de Janeiro que, para superar las dificultades encontradas por el Perú y el Ecuador y alcanzar los propósitos de paz y amistad dentro del marco jurídico establecido, debería tener un carácter vinculante para las Partes. Señalan además, que antes de dar a conocer su propuesta, el procedimiento planteado deberá haber merecido la aprobación de los Congresos de ambos países.

El Consejo de Ministros, por su parte, ha considerado conveniente el procedimiento que proponen los Jefes de Estado de los Países Garantes para culminar la demarcación en los tramos pendientes de la frontera entre el Perú y el Ecuador, conforme al Protocolo de Río de Janeiro, al fallo del árbitro Braz Dias de Aguiar y demás instrumentos complementarios.

El Consejo de Ministros, a través del Ministro de Defensa, ha solicitado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que informe si el procedimiento propuesto significa un riesgo para la soberanía o la integridad territorial del Perú.

Por otra parte, es importante destacar que esta aprobación del procedimiento por el Congreso que solicitan los Países Garantes, no afecta en forma alguna la facultad que confiere al Congreso de la República el artículo 56º de la Constitución Política del Perú, por lo que aquellos Tratados que lleguen a suscribirse en el marco del acuerdo global y definitivo, deberán, cuando correspondan a la citada norma constitucional, ser sometidos para la aprobación legislativa antes de su ratificación.

En tal sentido, teniendo en cuenta la necesidad de culminar la demarcación de nuestra frontera con el Ecuador de conformidad con el Protocolo de Río de Janeiro, con el fallo del árbitro Braz Dias de Aguiar y demás instrumentos complementarios, atendiendo lo planteado por los Jefes de Estados de los Países Garantes, solicito por su intermedio, al Congreso de la República, la aprobación del procedimiento que permita lograr el concurso de los Países Garantes.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,

Alberto Fujimori Fujimori,
Presidente de la República del Perú.

Alberto Pandolfi Arbulú
Presidente del Consejo de Ministros."

"Proyecto de Resolución Legislativa

Atendiendo a que:

1. Es de importancia vital para la República que la frontera del territorio nacional con la República del Ecuador se encuentre no sólo delimitada sino completamente demarcada.

2. Con relación a dicha frontera, los dos países firmaron en 1942 el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, que fue ratificado por los Congresos de Ecuador y Perú.

3. El mencionado Protocolo establece que los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos de América, quedan constituidos como Garantes del mismo.

4. Cuando se produjo una discrepancia sobre la interpretación del Protocolo en el Sector de la Cordillera del Cóndor, las Partes decidieron someter la cuestión al arbitraje de Braz Dias de Aguiar, quien resolvió de manera definitiva la controversia estableciendo en su Laudo la línea por la que tenía que pasar la frontera.

5. Sobre la base del Protocolo y del mencionado Laudo se llevó a cabo la demarcación, colocándose los hitos correspondientes en aproximadamente el 90 por ciento de la extensión de la frontera. Sin embargo, la demarcación no pudo ser completada debido a que, antes de terminarla, la República del Ecuador objetó el Protocolo de Río de Janeiro.

6. Esta situación dio origen en las últimas décadas a lamentables conflictos armados entre ambas Naciones, en los que perdieron la vida jóvenes peruanos y ecuatorianos.

7. A partir del último conflicto de 1995, se vienen desarrollando conversaciones sustantivas dentro del marco del Protocolo de Río de Janeiro, el Laudo de Braz Dias de Aguiar y demás instrumentos complementarios, a fin de culminar con la colocación de hitos dentro de un acuerdo global y definitivo. El éxito de este proceso de conversaciones es la mejor forma de consolidar la paz entre el Perú y el Ecuador.

8. Después de haberse aproximado considerablemente las posiciones de uno y otro país en la superación de las diferencias, siempre dentro del marco del Protocolo de Río, en la etapa final de las conversaciones se llegó a una situación de estancamiento que hubiera podido conducir al congelamiento del proceso con el consiguiente riesgo de nuevos conflictos armados. Por ese motivo se consideró que era fundamental encontrar una salida jurídica a tal situación.

9. El artículo séptimo del Protocolo de Río de Janeiro prevé que, en caso de desacuerdos en la interpretación o ejecución de sus estipulaciones, los Garantes pueden ofrecer su concurso para que las Partes lleguen a un acuerdo. Además, el párrafo cuarto del Acuerdo de Santiago faculta a los Países Garantes "para proponer los procedimientos más adecuados para la solución definitiva de los puntos de desacuerdo que las Partes no hayan logrado dirimir en forma directa".

10. En aplicación de las normas citadas, los Gobiernos de los dos países han acudido a los Garantes para que presten su concurso para ayudar a superar la dificultad presente y lograr un acuerdo global y definitivo. Por otro lado, los Países Garantes han expresado su disposición para prestar su concurso a fin de que las Partes lleguen a un acuerdo, ofreciendo al Perú y al Ecuador hacer una propuesta sobre el problema surgido en la fijación en el terreno de la frontera terrestre común en aplicación del Protocolo de Río. La propuesta en este procedimiento debería tener carácter vinculante y, además, la voluntad de las Partes debiera contar con el respaldo de sus respectivos Congresos.

11. Esta propuesta es conveniente por cuanto el texto de la Carta de las Partes que solicita el concurso de los Garantes, como el texto de la carta de éstos de respuesta establecen con toda claridad que esa opinión deberá darse desde el punto de vista jurídico y no político. Esa perspectiva jurídica está determinada por el marco que vincula a ambos países constituido por el Protocolo de Río y por el Laudo de Braz Dias de Aguiar, así como por los desarrollos registrados en el curso del proceso iniciado con la Declaración de Paz de Itamaraty. Esta última mención incluye a los Pareceres u Opiniones de los grupos jurídico-técnicos nombrados por los propios Garantes, los que fueron emitidos en Mayo pasado.

12. Que a solicitud del Consejo de Ministros el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha informado que el procedimiento propuesto por los Países Garantes no pone en riesgo, de manera alguna, ni la soberanía ni la integridad territorial de nuestra Patria, por cuanto se ciñe al marco jurídico antes indicado.

13. Por todos estos sustentos, procede que el Congreso atienda la solicitud del Poder Ejecutivo, otorgándole su respaldo a este compromiso que asumirá en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 118º de la Constitución. Este respaldo no constituye exoneración de la necesidad de aprobación de los tratados internacionales antes de su ratificación que establece el artículo 56º de la Constitución ni de ninguna otra intervención del Poder Legislativo que sea exigida por la Constitución y las leyes de la República.

El Congreso de la República; resuelve:

Primero.— Aprobar el procedimiento planteado por los Países Garantes y presentado por el Poder Ejecutivo, a fin de permitir el concurso de los mismos en la solución de las discrepancias en el tema de la fijación en el terreno de la frontera terrestre común, conforme al Protocolo de Río de Janeiro, al Laudo del árbitro Braz Dias de Aguiar y demás instrumentos complementarios.

Segundo.— Los instrumentos que resulten de la propuesta de los Garantes que requieran aprobación del Congreso, deberán serle sometidos antes de su ratificación de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República."

"Lima, 13 de octubre de 1998.

Oficio Nº 121/98-PR.

Señor ingeniero
Víctor Joy Way Rojas,
Presidente del Congreso de la República
Presente.

Me dirijo a Ud., a fin de remitir, por su intermedio, al Congreso de la República, el Informe Institucional emitido por las Fuerzas Armadas del Perú, en cumplimiento de su misión constitucional de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, con relación al procedimiento propuesto por los Jefes de Estado de los Países Garantes del Protocolo de Río de Janeiro, para superar las diferencias encontradas en el proceso de conversaciones entre el Perú y Ecuador a fin de lograr un acuerdo global y definitivo.

Las Fuerzas Armadas del Perú otorgan su respaldo al procedimiento propuesto por los Garantes, pues no pone en riesgo, de manera alguna, ni la soberanía ni la integridad territorial de nuestra Patria.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi estima y consideración.

Atentamente,

Alberto Fujimori Fujimori,
Presidente Constitucional de la República.

Alberto Pandolfi Arbulú,
Presidente del Consejo de Ministros."

"Informe Institucional de las Fuerzas Armada del Perú

En la ciudad de Lima, a los trece días del mes de Octubre de mil novecientos noventiocho, en la sala de acuerdos de la Presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo la presidencia del Señor General de Ejército César Saucedo Sánchez, Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandante General del Ejército; del señor Almirante Antonio Ibárcena Amico, Comandante General de la Marina de Guerra; del señor General del Aire Elesvan Bello Vásquez, Comandante General de la Fuerza Aérea y los Oficiales Generales y Almirantes siguientes:

Por el Ejército del Perú

General de División Carlos Bergamino Cruz, Jefe de la Secretaría de Defensa Nacional y Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas - Frente Externo.

General de División Edgar Cano Cano, Comandante General de la Sexta Región Militar.

General de División Luis Díaz Araujo, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas-Frente Interno.

General de División Luis Delgado de la Paz, Comandante General de la Primera Región Militar.

General de División Tomas Marky Montero, Inspector General del Ejército.

General de División Eduardo Bornaz Savedra, Comandante General del Comando Logístico del Ejército.

General de División Raúl Suárez de Freitas La Torre,
Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

General de Brigada Ricardo Sotero Navarro, Comandante General de la Quinta Región Militar.

General de Brigada Carlos Indacochea Ballón, Comandante General de la Segunda Región Militar.

General de Brigada Leopoldo Uriarte Mora, Comandante General del Comando de Personal del Ejército.

General de Brigada Walter Jave Huancal, Comandante General del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército.

General de Brigada Elías Espinoza del Valle, Comandante General de la Cuarta Región Militar.

General de Brigada Abraham Cano Angulo, Comandante General de la Tercera Región Militar.

Por la Marina de Guerra del Perú

Vicealmirante Moises Woll Torres, Jefe del Estado Mayor General de la Marina.

Vicealmirante Renán Zúñiga Mossone, Director General del Personal de la Marina.

Vicealmirante Luis Jáuregui Sanguineti, Comandante General de Operaciones Navales.

Vicealmirante Luis Bianchi Muñoz, Director General de Capitanías y Guardacostas.

Vicealmirante Federico Espinosa Espinosa, Comandante General de Zonas Navales.

Vicealmirante Víctor Ramos Ormeño, Director General del Material de la Marina.

Vicealmirante Enrique Falcón Maldonado, Inspector General de la Marina.

Por la Fuerza Aérea del Perú

Teniente General Wilson Urteaga Cabrera, Secretario General del Ministerio de Defensa.

Teniente General Pablo Carbone Merino, Jefe de Estado Mayor General.

Teniente General Carlos Balarezo Quiroz, Comandante de Instrucción.

Teniente General Víctor Revilla Almanza, Comandante de Personal.

Teniente General Hernan de Souza Peixoto Zumaeta, Director del Centro de Altos Estudios Militares.

Teniente General Claudio Martínez Gandolfo, Director de Economía.

Teniente General Oscar Granthon Stagnaro, Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Mayor General Fernando Suito Hermosilla, Comandante de Material.

Mayor General Rolando Magni Flores, Comandante de Operaciones.

Se reunieron para dar cumplimiento a la disposición del señor Presidente Constitucional de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas trasmitida por el señor General del Ejército Julio Salazar Monroe, Ministro de Defensa, para que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emita un informe institucional referida a la carta dirigida a los señores Presidentes del Perú y del Ecuador por el señor Presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, en respuesta al pedido que hicieron a los países garantes del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de 1942, los Jefes de Estado de ambos países, para que, dentro del marco jurídico que los vincula, cual es el Protocolo de Río de Janeiro, el Fallo de Braz Dias de Aguiar y demás instrumentos complementarios y tomando en consideración los desarrollos registrados en el proceso, contribuya a dar término en forma global y definitiva a las diferencias que aún subsisten, acordando unánimemente formular el informe institucional del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea, por intermedio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el sentido siguiente:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 165º de la Constitución Política del Perú, las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra, y la Fuerza Aérea, tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República.

Es dentro de este marco constitucional que las Fuerzas Armadas del Perú para el caso específico del vecino
país del Ecuador, en acatamiento al mandato de la Ley de leyes, al Protocolo de Río de Janeiro, al Fallo de Braz Dias de Aguiar y demás instrumentos complementarios de orden técnico y procesal, deben garantizar y coadyuvar para que la frontera quede totalmente demarcada preservando la soberanía y la integridad territorial de la República.

Esta demarcación aún no ha podido ser completada, en una determinada área geográfica, debido a que el Ecuador objetó el Protocolo de Río de Janeiro, que es el instrumento jurídico fundamental y por lo tanto de obligatorio e ineludible cumplimiento por las Partes, para llevar adelante la fijación en el terreno de la frontera común, dando origen a conflictos a los cuales el Perú se vio obligado a enfrentar en las últimas décadas, en resguardo y defensa de su integridad territorial por así disponerlo la Carta Magna.

Ahora bien, como quiera que se vienen llevando a cabo conversaciones a fin de llegar a un acuerdo global y definitivo dentro del irrestricto cumplimiento del marco del Protocolo de Río de Janeiro, el Fallo de Braz Dias de Aguiar y sus instrumentos complementarios, éstas deben realizarse con el objetivo de culminar finalmente la tarea de colocación de hitos.

De culminarse el proceso de conversaciones sería la mejor forma de cautelar y garantizar por la vía pacífica el respeto a nuestra soberanía e integridad nacional.

En las sesiones del Consejo de Defensa Nacional, en las cuales los señores Comandantes Generales han participado, se ha recibido información directa sobre las conversaciones que a nivel presidencial han venido llevando a cabo los Jefes de Estado de ambos países, información que a su vez fue trasmitida por los Comandos a sus respectivos Institutos para su debido conocimiento.

Frente a tal situación, los Gobiernos de los dos países han acudido a los garantes del Protocolo de Río de Janeiro para que, al amparo de lo preceptuado en el artículo séptimo de dicho Protocolo, presten su concurso a fin de poder ayudar a la superación de la dificultad presentada y lograr de este modo un acuerdo global y definitivo. Por su parte, los Países Garantes en virtud de lo dispuesto en el punto cuatro del Acuerdo de Santiago, han ofrecido al Perú y al Ecuador un procedimiento, el cual aprobado previamente por ambos Congresos, permitirá alcanzar una propuesta vinculante para las Partes sobre el problema demarcatorio de acuerdo con el Protocolo de Río de Janeiro.

Este planteamiento es perfectamente aceptable para las Fuerzas Armadas del Perú, en tanto que el texto de la Carta de las Partes que solicitan el concurso de los garantes, como el texto de la Carta de éstos como respuesta —documentos que señalan el marco específico e ineludible del concurso solicitado— establecen con meridiana claridad que esa opinión deberá darse desde el punto de vista jurídico y no político, y que esa perspectiva jurídica está clara y terminantemente determinada por el marco jurídico que vincula a ambos países constituido por el Protocolo de Río de Janeiro, el Fallo de Braz Dias de Aguiar y los desarrollos registrados en el curso del proceso iniciado con la Declaración de Paz de Itamaraty. Esta última mención incluye a los pareceres u opiniones de los Grupos Jurídico-Técnicos designados por los propios países garantes y que fueron emitidos en el mes de Mayo de 1998 y que respetan muy claramente la línea de frontera que el Perú siempre ha sostenido.

Por las consideraciones precedentemente expuestas las Fuerzas Armadas del Perú, institucionalmente representadas por sus respectivos Comandantes Generales que integran el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y con la presencia de sus Altos Mandos y Comandos que integran las Fuerzas Operativas y Órganos y Medios de Apoyo del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, en estricto cumplimiento de su obligación constitucional de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República, respaldan el procedimiento propuesto por los garantes en su comunicación del 10 de Octubre de 1998, dentro de los términos de la comunicación de los Presidentes del Perú y el Ecuador del 8 de los corrientes, pues no se pone en riesgo, de manera alguna, ni la soberanía ni la integridad territorial de nuestra Patria. En fe de lo cual se firma el presente documento denominado Informe Institucional de las Fuerzas Armadas del Perú, dando su conformidad con el mismo."

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra el ingeniero Alberto Pandolfi Arbulú, Presidente del Consejo de Ministros.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, ingeniero Alberto Pandolfi Arbulú.— Señor Presidente del Congreso de la República, ingeniero Víctor Joy Way Rojas, señoras y señores congresistas: Atendiendo a una gentil invitación del Presidente del Congreso de la República, asisto el día de hoy acompañado del señor Fernando de Trazegnies, Ministro de Relaciones Exteriores, y del General de Ejército Julio Salazar Monroe, Ministro de Defensa, para exponer a este honorable Congreso y, por su intermedio, a la opinión pública en general la situación de las conversaciones con nuestro vecino país del Ecuador, así como para explicar el procedimiento propuesto por los países garantes del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro y sustentar la solicitud del Poder Ejecutivo de una resolución legislativa que apruebe el concurso de los Jefes de Estado de los países garantes, ambas enmarcadas en el Protocolo de Río de Janeiro, el Laudo de Braz Dias de Aguiar y los instrumentos complementarios, a fin de lograr una solución definitiva a esta diferencia histórica.

Como es de conocimiento general, el Perú y el Ecuador vienen realizando un esfuerzo sin precedentes para terminar la demarcación pendiente en la línea de frontera, dentro del irremplazable marco del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, el fallo de Braz Dias de Aguiar y sus instrumentos complementarios; y, al mismo tiempo, establecer las bases de un futuro compartido de paz, amistad y desarrollo, bases con relaciones a las cuales el Perú viene demostrando una auténtica voluntad de paz y entendimiento a través del diálogo.

En este sentido, la solicitud del Poder Ejecutivo, que tiene como objetivo hacer realidad estos propósitos antes señalados, tiene como sustento los argumentos mencionados en el Oficio Nº 120-98-PR, de fecha 13 de octubre de 1998, remitido al Poder Legislativo también en la misma fecha y al cual se acaba de dar lectura, cuyos términos fueron aprobados en sesión de Consejo de Ministros de fecha 12 de octubre de 1998.

Señor Presidente, señoras y señores congresistas: Consideramos que el objetivo de alcanzar la paz definitiva con nuestro vecino pueblo del Ecuador es una necesidad ineludible, y por ello, en la medida en que ambos países hagamos realidad estos propósitos, los grandes beneficiarios habrán de ser nuestros pueblos, a quienes podremos dedicar los recursos que disponemos para atender las necesidades fundamentales que hoy nos exigen, como son la de vencer la pobreza extrema, crear más empleo y permitir el acceso más amplio a salud, educación y desarrollo en general, al ahorrar gastos innecesarios en compras de armamentos pues ello afecta el desarrollo.

Con su venia, señor Presidente, quisiera ceder el uso de la palabra al Canciller de la República para que sustente técnicamente la solicitud que hemos presentado a este honorable Congreso.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, señor Presidente del Consejo de Ministros.

Tiene la palabra el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Fernando de Trazegnies Granda.

El señor MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, doctor Fernando de Trazegnies Granda.— Señor Presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, señoras y señores: Mi presencia hoy ante el pleno del honorable Congreso de la República tiene por finalidad presentar, explicar y sustentar la solicitud del Gobierno para que la Representación Nacional tenga a bien aprobar el procedimiento sugerido por los Jefes de Estado de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, a fin de superar el estancamiento de las conversaciones para culminar la demarcación de la frontera peruano-ecuatoriana.

La decisión que adopte el honorable Congreso Nacional sobre este asunto de la más alta importancia e interés para el país, será decisiva y definitoria para concluir un proceso que se ha desarrollado durante más de tres años, con resultados claramente positivos para el pueblo peruano. Por ello, deseo ante todo agradecer la asistencia y participación de los señores congresistas presentes.

Señor Presidente, señores congresistas, sin más preámbulos entraré a tratar la materia específica de la sesión, no sin antes referirme en forma apretada a los antecedentes de la propuesta de los garantes para ubicar a ésta en su contexto.

Como consecuencia del conflicto que tuvo lugar en el Alto Cenepa a fines de enero de 1995, se inició en Río de Janeiro una negociación diplomática, que concluyó con la suscripción de la "Declaración de Paz de Itamaraty", del 17 de febrero del citado año. Esta Declaración estableció las condiciones para poner fin al conflicto militar y comprometió al Perú y al Ecuador a iniciar un proceso de conversaciones para encontrar una solución dentro del marco del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, a lo que se denominó "los impasses subsistentes". Ello fue posible debido a que, en enero de ese mismo año de 1995, el presidente del Ecuador, Sixto Durán Ballén, había reconocido la vigencia de dicho Protocolo.

El proceso peruano-ecuatoriano se inicia con una negociación para definir los procedimientos que presidirían las conversaciones para superar "los impasses subsistentes". Esta etapa procesal se prolonga hasta octubre de 1996. En ella se lograron entendimientos y compromisos que se plasmaron en los acuerdos de Lima, Quito, Buenos Aires y Santiago. En esta etapa procesal, el Perú logró reafirmar el marco jurídico de las conversaciones, acordando las partes que se llevarían a cabo "conforme al Protocolo de Río de Janeiro". Asimismo, se precisó y acotó la materia de las conversaciones, definiendo cada parte sus llamados "impasses". Y, adicionalmente, se circunscribió el papel de los garantes a lo dispuesto en el Protocolo de Río.

Fijados los procedimientos y ratificado el marco jurídico, se inició lo que se ha llamado la primera etapa de las rondas de conversaciones de Brasilia. Esta primera etapa constó de cinco reuniones, entre abril y setiembre de 1997. En ellas, las partes expusieron sus posiciones sobre cada uno de los impasses que habían presentado, con el propósito de dejar registrado en Actas los desacuerdos y las coincidencias, si las hubiere. Básicamente se registraron desacuerdos y no hubo negociación alguna.

Al terminar esta primera etapa y dado que existían diferencias sustantivas, se convino, a iniciativa del Perú, en pasar a una segunda etapa de conversaciones con la finalidad de efectuar una evaluación global de los impasses. La etapa siguiente, después de ésta, debía consistir en que los garantes, de conformidad con los procedimientos acordados, formularan propuestas de procedimiento para resolver los desacuerdos.

La segunda etapa de las rondas de conversaciones de Brasilia se realizó entre noviembre de 1997 y enero del presente año. Esta segunda etapa arrojó también un balance con resultados muy positivos para el Perú. El 26 de noviembre se suscribió la llamada "Declaración de Brasilia", que estableció una nueva agenda para la continuación de las conversaciones sustantivas. Esta agenda contenía exclusivamente cuatro temas: comercio y navegación, integración fronteriza —lo que se llamó la "fijación en el terreno de la frontera terrestre común"— y medidas de confianza mutua y seguridad.

Los aspectos positivos para el Perú fueron notables. Por una parte, de esta manera quedaba superado para el Perú el tratamiento del impasse ecuatoriano de acceso soberano al Amazonas, ya que no quedó comprendido en ninguno de estos cuatro temas. Por otra parte, la Declaración de Brasilia estableció expresamente que para la fijación en el terreno de la frontera, además del Protocolo de Río de Janeiro, debía también tenerse en cuenta los instrumentos complementarios del mismo. Primera vez que se decía esto en un documento internacional firmado por Perú y Ecuador.

Como producto de la segunda etapa se suscribe también el Cronograma de Aplicación de la Declaración de Brasilia, firmado por las partes y por los representantes de los garantes en Buenos Aires el 19 de enero de 1998. Este acuerdo establece cuatro comisiones y un grupo de trabajo peruano-ecuatorianos, así como la metodología para el tratamiento de las cuatro materias acordadas en la Declaración. El Cronograma, asimismo, ratifica, una vez más, que el Protocolo de Río de Janeiro y sus instrumentos complementarios constituyen el marco jurídico dentro del cual se desarrollarán los trabajos, tanto para culminar la demarcación como para preparar un Tratado sobre Comercio y Navegación.

Las Comisiones sobre integración fronteriza, medidas de confianza y la de comercio y navegación, así como el Grupo de Trabajo sobre el Canal de Zarumilla, han cumplido a la fecha el encargo que les fuera encomendado de manera plenamente satisfactoria, concluyendo sendos proyectos de acuerdos.

El llamado "Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza" contiene las bases de un vigoroso desarrollo de la zona de frontera de ambos países a través de
proyectos de interconexión de ejes viales, obras de infraestructura, promoción de las economías regionales y otras medidas similares. Para estos efectos, la Comisión respectiva ha efectuado estudios para reunir fondos destinados a impulsar el desarrollo económico y social de las regiones de la frontera hasta por 3 mil millones de dólares.

El Tratado de Comercio y Navegación constituye una exigencia del artículo sexto del Protocolo de Río de Janeiro, en el que se establece que Ecuador gozará del derecho de libre navegación por los ríos que conforman la cuenca septentrional del Amazonas en las mismas condiciones que las que gozan Brasil y Colombia, más las que fueran especialmente convenidas con Ecuador en un Tratado de Comercio y Navegación. Este Tratado nunca fue suscrito, aun cuando fue convenido en el año 1942, por el Perú debido a que, por su parte, Ecuador se negaba a culminar la demarcación.

El análisis de los textos del Tratado de Comercio y Navegación y del Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza no es materia de la sesión de hoy, pero estos textos serán objeto de un examen exhaustivo por el Congreso en el momento en que el Poder Ejecutivo los suscriba y luego los presente al Poder Legislativo, previamente a su ratificación, para los efectos de la aprobación a que se refiere el artículo 56º de la Constitución.

Sin embargo, recogiendo el sentir que he percibido en la Representación Nacional, el Presidente del Congreso ha dispuesto que el texto total del Tratado de Comercio y Navegación, aun cuando está incluido en la moratoria, se exhiba en la Sala de Constituciones. De tal manera que los congresistas interesados pueden concurrir a leerlo íntegramente.

Quiero de todas maneras adelantar en esta oportunidad que el texto elaborado por la Comisión correspondiente es, como su nombre lo indica, un tratado que regula exclusivamente la navegación y el comercio. Nada en este Tratado implica cesión de soberanía bajo ninguna forma. Y, para que no quede duda alguna, el artículo 34º del Proyecto establece de manera expresa y literal que "por vía de interpretación no se podrá afectar la soberanía de las partes". El texto de ese Proyecto dispone que el Ecuador gozará con fines pacíficos y comerciales y sobre bases no discriminatorias, del derecho de navegación fluvial libre, gratuita, continua y perpetua.

Como es sabido, los ríos son las carreteras de la Amazonía. En consecuencia, la libre navegación que se concede no solamente es un mandato del artículo sexto del Protocolo sino que, además, corresponde perfectamente a su naturaleza vial porque, así como a nadie se le ocurriría establecer que los nacionales de ciertos países no pueden transitar por la Carretera Panamericana, tampoco es lógico prohibir a los nacionales de un determinado país el tránsito por los ríos de la cuenca amazónica.

Adicionalmente, se crea dos llamados "Centros de Comercio y Navegación", cuya ubicación se precisará más adelante, en los que pueden realizarse actividades de almacenaje y primera transformación de mercaderías en tránsito. Las empresas que se instalen en dichos Centros gozarán de exoneraciones tributarias siempre que sus mercaderías no se comercialicen en el mercado peruano. Es muy importante destacar que estos Centros no estarán administrados ni serán utilizados por el Gobierno del Ecuador sino por empresas privadas registradas en el Perú. Quiero hacer hincapié en estos dos aspectos que son de la mayor importancia: tienen que ser empresas privadas y tienen que ser registradas en el Perú.

Por otra parte, la propiedad del terreno de estos Centros pertenece siempre al Estado peruano, quien la entrega solamente en uso a la empresa privada correspondiente. También es importante señalar que no habrán puertos ecuatorianos en la Amazonía por cuanto esos Centros utilizarán las facilidades portuarias peruanas más cercanas. Y, finalmente, para completar el cuadro, debo destacar que en dichos Centros regirá la legislación y la jurisdicción peruanas.

En lo que se refiere a la fijación en el terreno de la frontera terrestre común, como consecuencia de la metodología establecida en el Cronograma y dentro de las actividades de la Comisión respectiva, se constituyeron dos grupos jurídico-técnicos, uno sobre el sector de la Cordillera del Cóndor y el otro sobre el sector de Lagartococha, integrados cada grupo por tres expertos nombrados por los países garantes y uno por cada uno de las partes. Estos grupos, atendiendo a las cuestiones técnicas y conforme a derecho, emitieron sus respectivos pareceres u opiniones sobre la fijación en el terreno de la frontera común conforme al Protocolo de Río y al Laudo de Braz Dias de Aguiar. Tales
pareceres u opiniones fueron aceptados sin dilación por el Perú, mientras que Ecuador los objetó aduciendo siempre la pretendida inejecutabilidad del Protocolo sobre el Sector Cordillera del Cóndor que los pareceres habían descartado.

Se ha dispuesto también la distribución de una carpeta a los señores congresistas, en la cual, además de las cartas dirigidas por los dos Presidentes al presidente Cardoso y la carta respuesta del presidente Cardoso, se está incluyendo las conclusiones de los dos pareceres. Los pareceres son unos libros llenos de aspectos técnicos, pero se está incluyendo la parte fundamental, que son las conclusiones donde está exactamente la definición de frontera que establecen dichos pareceres. Y, asimismo, se ha incluido una reseña, para ilustración de los señores congresistas, de quiénes son los expertos que participan. Como ustedes verán, son todos expertos de los países garantes, gente de primer nivel en el campo profesional y en el campo académico.

Pues bien, producido ya los pareceres, producida la objeción por parte de Ecuador, en estas condiciones se llevaron a cabo intensas negociaciones para lograr que Ecuador aceptara los pareceres de los expertos, sin que ello fuera posible. Como es obvio, dado que precisamente el Perú era quien había insistido en que los pareceres no tuvieran carácter vinculante, los garantes no encontraban la manera de convertir esos pareceres en opiniones obligatorias.

Como puede apreciarse, a pesar de los importantes logros obtenidos en el proceso, las partes se encontraron de pronto que no podían seguir avanzando por sí solas. Cuando ya estaban muy cercanas las posiciones, el movimiento convergente que se había iniciado en noviembre del año pasado tuvo un cambio de dirección y las partes se pusieron a razonar en forma paralela, sin encontrarse nunca, de manera que aun cuando se negociara mucho parecía que nunca llegarían a un acuerdo. Al iniciarse el proceso de convergencia, las partes estaban separadas por un abismo muy ancho y muy profundo. Poco a poco las distancias se habían acortado y ahora el abismo era sólo un callejón; pero seguía siendo muy profundo. Quizá a esa distancia era ya posible tender un puente para pasar a uno y otro lado de estos farallones argumentativos; sin embargo, ese puente las partes no podían construirlo.

Hagamos un breve análisis de la situación. El Perú había logrado que el Ecuador deje de lado la pretensión de acceso soberano al Amazonas gracias a la Declaración de Brasilia y al texto del Tratado de Comercio y Navegación, en que ya no hay acceso soberano. A su vez, aunque los pareceres no fueran obligatorios, cuando menos conceptualmente había quedado desacreditada la tesis de la inejecutabilidad. Sin embargo, dado que no era posible avanzar, no quedaba más remedio que paralizar el proceso, dejarlo en suspenso. Ahora bien, todos sabemos que un proceso de esta naturaleza que se para, es un proceso que se muere, es un proceso que se anquilosa, es un proceso que se deteriora y que cada vez resulta más difícil retomarlo. Posiblemente tendrían que pasar años antes de que volviera ser factible continuar con las conversaciones. Y, mientras tanto, perderíamos lo ganado, dejaríamos que se marchiten los logros que eran parte del proceso mismo y que quedarían sin efecto debido a que el proceso mismo perdería continuidad.

En estas circunstancias críticas y antes de tomar una decisión que parecía inevitable, las partes comunicaron este hecho a los garantes. Inmediatamente los garantes sugirieron una reunión en Brasilia para discutir el asunto y en ella surgió la idea de solicitar el concurso de los garantes a fin de que propusieran procedimientos para salir del estancamiento.

Quiero hacer notar que este pedido tenía una sólida base legal fundada en el Protocolo de Río y los instrumentos del proceso de Itamaraty. El artículo sétimo del Protocolo a la letra dice que "Cualquier duda o desacuerdo que surgiera sobre la ejecución de este Protocolo será resuelto por las Partes con el concurso de" los garantes.

Por otra parte, el Comunicado suscrito conjuntamente por el Perú y el Ecuador en Buenos Aires el 19 de junio de 1996 establece expresamente que "en caso de que surjan desacuerdos en el curso de las conversaciones, los Países Garantes formularán evaluaciones, recomendaciones, sugerencias, exhortaciones y declaraciones de acuerdo con el espíritu del Protocolo de 1942".

Por su parte, el Acuerdo de Santiago del 29 de octubre de 1996 dispone en su punto cuarto que "Los Países Garantes, conforme a la responsabilidad que les
impone la función de ayudar a las Partes, propondrán los procedimientos más adecuados para la solución definitiva de los puntos en desacuerdo que las Partes no hayan logrado dirimir en forma directa". Justo en el caso en el que estábamos.

Es sobre estas bases que los Presidentes del Perú y del Ecuador envían con fecha 8 de octubre pasado una carta al Presidente del Brasil señalando la situación de estancamiento y solicitando la elaboración de una propuesta dentro del marco jurídico que los vincula, esto es, el Protocolo de Río de Janeiro y el Laudo de Braz Dias de Aguiar, teniendo en cuenta, además, los desarrollos registrados en el proceso de Itamaraty, vale decir, los pareceres u opiniones que los expertos jurídico-técnicos habían emitido.

Dos días más tarde, el Presidente del Brasil, en representación de los países garantes, contesta expresando la buena disposición de los garantes para asistir a las partes a través de un procedimiento que permita alcanzar la solución de los desacuerdos. Este procedimiento consiste en que los propios garantes formularán un planteamiento de solución, pero piden que previamente las partes acuerden que el punto de vista de los garantes tenga carácter vinculatorio y que los Congresos de ambos países hayan respaldado esta solicitud.

Mucha se ha especulado en días pasados sobre la naturaleza de este concurso de los garantes. Algunos se han pronunciado en el sentido de que si el punto de vista de los garantes es obligatorio, estamos ante una mediación o ante un arbitraje. Personalmente, considero que esa opinión adolece de error —con todo respeto por la opinión, yo estoy en desacuerdo con ella—, por las razones que voy a pasar a explicar.

En primer lugar, mediación no es lo mismo que arbitraje. No se puede hablar de mediación o arbitraje, es o mediación o arbitraje. En la mediación el tercero intenta simplemente conciliar a las partes, mientras que en el caso del arbitraje el tercero escucha a las partes, oye los planteamientos de cada una de las partes, recibe las pruebas si es necesario y luego resuelve una controversia de fondo.

En el presente caso, no estamos ante ni una ni otra figura. No es una mediación porque los garantes no se limitan a mediar sino que dan una opinión vinculante. Pero tampoco es arbitraje porque no se somete a los garantes una cuestión de fondo en tanto que jueces sino que, en materia que ya ha sido resuelta por el arbitraje de Braz Dias de Aguiar, se les pide simplemente su opinión sobre la forma de ejecutar el Laudo y de ejecutar el Protocolo. No estamos, pues, ante la solución de una controversia mediante un laudo sino únicamente ante una forma de ejecución de un laudo que resulta ya de un arbitraje anterior. Notemos que en ningún momento se utiliza la palabra "arbitraje" ni se les denomina "árbitros" a los garantes sino directamente garantes. Se les pide que hagan efectiva su garantía pero con carácter obligatorio. Eso es lo que están planteando los garantes.

¿Cuál es, entonces, la naturaleza de este concurso? Pues simple y sencillamente el cumplimiento de su papel de garantes. Se les está pidiendo que, en tanto que garantes y no que árbitros, digan cómo queda garantizada la ejecución del Protocolo de Río y del Laudo de Braz Dias de Aguiar. El carácter obligatorio de su punto de vista no los convierte en árbitros sino que se trata de la expresión de su garantía.

Quiero hacer notar también que ésta no es una innovación de último momento: los garantes se han apoyado a su vez también en bases legales, la Declaración de Buenos Aires del 19 de junio de 1996, que a la letra dice: "Las Partes, si así lo convinieran, otorgarán obligatoriedad a su recurso a los Garantes cuando no se haya llegado a un acuerdo entre ellos acerca de un punto determinado, todo esto dentro de los términos del artículo séptimo del Protocolo de Río de Janeiro de 1942". Esto se señala en la Declaración de Buenos Aires, firmada por ambos países dentro del proceso de Itamaraty.

Como puede apreciarse, más claro no se podía haber dicho. La normatividad que regula todo este proceso contempla la posibilidad de que, por acuerdo de las partes, el recurso a los garantes asuma el carácter de obligatorio, sin que esto los haga perder su naturaleza de garantes.

¿Cuál es, entonces, el arbitraje, señores congresistas? ¿Por qué rasgarse las vestiduras como si se tratara de una herejía cuando estamos ante un procedimiento expresamente convenido por las partes dentro del marco del Protocolo de Río y que el Perú mismo ha declarado que es perfectamente compatible con el carácter de los garantes?

Por otra parte, debo decir también que esta posibilidad de que los garantes den opiniones obligatorias tiene una antigua data dentro del proceso de ejecución del Protocolo de Río. No surge en los últimos años sino que cuando recién se iniciaba la ejecución del Protocolo, allá en los años cuarenta, surgieron discrepancias entre las partes sobre la forma de demarcar la zona occidental de la frontera con el Ecuador. Y entonces se recurrió a ese mismo procedimiento: las partes facultaron al canciller Oswaldo Aranha del Brasil para que emitiera una opinión vinculante sobre la forma cómo debía ejecutarse el Protocolo. Y es gracias a la llamada "fórmula Aranha", que dio lugar después a un nuevo acuerdo de desarrollo de las partes, que se produce el Laudo de Braz Dias de Aguiar. ¿Diremos ahora que fue una barbaridad otorgarle al punto de vista de Aranha un carácter obligatorio? ¿Se menoscabó acaso en alguna forma el Protocolo y el carácter de los garantes por esta opinión obligatoria? Creo, señores congresistas, que la respuesta es obvia.

Quiero hacer notar también que tanto el pedido de los garantes, de que su punto de vista sea considerado obligatorio, como el de la necesidad de que los Congresos respalden su pedido no son ninguna exigencia ni imposición. Los garantes no imponen a las partes nada sino que sugieren un procedimiento con ciertas características. Proponen, como dice la Declaración de Buenos Aires; propondrán, proponen. Corresponde a las partes decidir si quieren tomar o dejarlo. Entrar o no entrar en ese procedimiento pertenece a la libertad de las partes, y es lo que se está decidiendo el día de hoy libremente y sin ninguna coacción y ninguna presión a las partes.

Una objeción que he escuchado en estos días es que se estaría entregando un cheque en blanco a los garantes para que decidan lo que más les guste, lo que a su leal saber y entender consideren conveniente. Sin embargo, creo que éste es un error de lectura.

Como todos los documentos jurídicos, la carta de respuesta de los garantes no puede leerse sin tomar en cuenta la carta de pedido de las partes: es preciso concordar una y otra para conocer el cabal contenido de ambas. La carta de pedido fija los parámetros dentro de los que debe emitirse el punto de vista de los garantes, determina el ámbito dentro del cual deben pronunciarse los garantes. La carta de respuesta se refiere a ese ámbito y no a otro.

Ahora bien, en la carta de pedido se dice claramente que la propuesta de los garantes tiene que estar encuadrada dentro del marco jurídico que vincula a ambos países y debe tomar en cuenta los desarrollos del proceso de Itamaraty. Esto significa varias cosas.

En primer lugar, que el punto de vista de los garantes tiene que ser jurídico: no puede basarse en consideraciones políticas o de equidad sino que tiene que ser un pronunciamiento de derecho. Y, de otro lado, esa frase significa también que la propuesta referente a la fijación de la frontera debe estar enmarcada en el Protocolo de Río, el Laudo de Braz Dias de Aguiar e incluso de los pareceres jurídico-técnicos.

¿Estamos, entonces, ante un cheque en blanco? ¿Pueden acaso los garantes actuar de cualquier forma, contradiciendo incluso el Protocolo y el Laudo? No pueden. No pueden porque tienen que actuar conforme a derecho y porque las normas jurídicas que vinculan a los dos países son el Protocolo, el Laudo y los instrumentos complementarios. Por consiguiente, el punto de vista está sujeto a ese marco que le han impuesto las partes. Actuar en contra de ese marco, modificar la línea de frontera, desviarla de las altas cumbres de la Cordillera del Cóndor —que representa el divortium aquarum al que se refieren los pareceres— aunque sólo fuera un centímetro, sería actuar ultra vires, es decir, más allá del mandato que les fue otorgado por las partes; y, en consecuencia, ese punto de vista contradictorio del marco jurídico no resultaría obligatorio.

Esto descarta también todo canje de territorios, porque una propuesta de esa naturaleza no se ajustaría a la normatividad del Protocolo de Río ni al Laudo de Dias de Aguiar. Alguien puede preguntar: ¿pero acaso el artículo noveno no habla de concesiones recíprocas? Sí, habla de concesiones reciprocas, pero dentro de un contexto completamente diferente. Ahí se señala, y lo dice expresamente y basta con leer la letra del artículo, que durante el trazado sobre el terreno de la línea puede ser necesario hacer estas concesiones para ajustarla a la realidad geográfica. Notemos, pues, que esto sólo se aplica durante el trabajo de campo, cuando se está caminando en el sitio,
cuando se está en el terreno trazando la línea y no cuando surge un desacuerdo de gabinete.

Por otra parte, la naturaleza de esas concesiones es sortear los obstáculos naturales, tales como una masa rocosa o una grieta profunda, si hay que colocar el hito en ese sitio; pero acá hay una gran roca, bueno, lo colocamos unos metros más allá y el siguiente unos metros más acá y vamos adaptándonos a la naturaleza geográfica del terreno. Pero estamos hablando de la presencia de una dificultad física, no jurídica ni sentimental; y esa dificultad da origen a una variación de la línea en unos metros, pero nunca en kilómetros. Por consiguiente, los garantes, al emitir su punto de vista obligatorio, no pueden hacer uso de las concesiones recíprocas del artículo noveno del Protocolo.

Sentadas estas premisas, ¿podemos imaginar acaso que los garantes puedan contradecirse a sí mismos y proponer una línea de frontera diferente a la que consta en los pareceres emitidos por los expertos nombrados por ellos mismos, todos nacionales de sus países y verdaderas autoridades en la materia? En realidad, un punto de vista obligatorio sobre la frontera en estas circunstancias implica, en buena cuenta, hacer obligatorio los pareceres. Y esto nos permitiría concluir la demarcación de la frontera de acuerdo al trazo correcto y terminar para siempre con las discrepancias, las desconfianzas, los resentimientos e incluso los conflictos a que da origen la actual situación.

Y, de otro lado, ¿no es acaso el anhelo de todos los peruanos que se hagan obligatorios los pareceres? ¿No hemos pedido acaso que los garantes conviertan las que ahora son sólo opiniones de sus expertos en normas vinculantes que obliguen a culminar la demarcación por las altas cumbres de la Cordillera del Cóndor? Ésta es quizá la forma de lograrlo y no nos conviene dejar pasar la ocasión.

Ahora bien, quiero reiterar que esta aprobación por el Congreso del pedido de concurso a los garantes no significa en manera alguna que se esté soslayando la aprobación que corresponde al Poder Legislativo dar con relación a los tratados que se suscriban como parte del acuerdo global. Conforme al artículo 56º de la Constitución, los tratados con las condiciones que se señalan en esa norma tienen que ser necesariamente aprobados por el Congreso previamente a su ratificación, después de haber sido suscritos y antes de ser ratificados. Y éste es un trámite que se cumplirá conforme a la norma constitucional en su momento oportuno. Es por ello que el punto segundo del proyecto de resolución legislativa presentado por el Poder Ejecutivo, que ustedes conocen, establece que esta aprobación es sin perjuicio de la aprobación a que se refiere el artículo 56º de la Constitución del Estado.

Sin embargo, de acuerdo a lo que he escuchado en estos dos días pasados y para evitar toda duda, para garantizar toda transparencia, para que no se pueda pensar que porque hemos puesto una frase genérica que dice "todo aquello que deba ser aprobado conforme al artículo 56º debe ser aprobado", pero que de repente no pase el Tratado de Comercio y Navegación, en este momento estoy presentando, señor Presidente, un proyecto sustitutorio de ese artículo segundo, en el que se establece específicamente que los dos tratados serán necesariamente presentados al Congreso para su aprobación en forma expresa, esto, es el Tratado de Comercio y Navegación y el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza.

Leo la propuesta del artículo 2º sustitutorio: "El Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza y el Tratado de Comercio y Navegación a ser suscritos serán sometidos al Congreso para su aprobación antes de su ratificación, de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República".

Quedan todavía algunas preguntas posibles por contestar.

¿Por qué se solicita la aprobación del Congreso? En realidad, la historia de las relaciones entre Perú y Ecuador demuestra que muchos acuerdos que hubieran podido poner fin hace tiempo a nuestras diferencias fueron posteriormente invalidados porque se alegaba que no contaban con suficiente consenso nacional. Pienso que por esta razón, para no perpetuar estas discrepancias con avances y retrocesos, los garantes han considerado que el pedido se les haga a través de una institución que, por su naturaleza propia, tenga una representación nacional y en la que intervengan los diferentes grupos políticos, es justamente un reconocimiento de la importancia de los Congresos como portadores de la opinión nacional. De esta manera, los garantes pueden tener la seguridad de que van a ser tomados en serio y de que sus
propuestas no serán posteriormente descartadas alegando que carecen de respaldo popular.

Y todavía otra duda más: ¿No será que en esta forma el Ejecutivo está pasando la responsabilidad al Congreso y evadiendo la suya propia? De ninguna manera. En realidad, este procedimiento implica una responsabilidad plena del Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que formula el pedido, y es el Ejecutivo quien recomienda bajo su firma que tal pedido sea aceptado por el Congreso, con su responsabilidad.

Por consiguiente, no hay solamente una aprobación del Poder Legislativo, sino también hay una aprobación —por así decirlo— del Poder Ejecutivo, un compromiso del Poder Ejecutivo que consta en la solicitud correspondiente.

Por último, ¿qué gana Ecuador al aceptar que los garantes emitan un punto de vista obligatorio? ¿Por qué tendría que firmar Ecuador tal tipo de compromiso, como éste, si estamos tan seguros de que la línea de frontera que los garantes harían obligatoria es la que establecen los pareceres y que corresponde y coincide con la tesis peruana?

En realidad, para Ecuador la solución de este problema también es importante en estos momentos. Este problema está distorsionando gravemente la percepción de la realidad y está afectando tanto su moral como su economía. Vivir en permanente estado de conflicto, en permanente estado de resentimiento, es algo que desgasta psíquica y económicamente. Y creo que el Ecuador ha comprendido esto y quiere terminar con el pasado y encarar un futuro promisorio que sólo puede ser logrado si se detiene ese desangre espiritual y económico que significa la preocupación permanente por una frontera utópica que nunca tuvo y que nunca tendrá. Ecuador está apostando al siglo XXI y para eso tiene que liberarse de las cargas que se impuso a sí mismo en el siglo XIX.

Por otra parte, Ecuador busca llegar a esa situación de reconocimiento de la frontera real, es decir, de la frontera tal como la definen los pareceres jurídico-técnicos, de manera que no se hieran, obviamente, los sentimientos y los símbolos que afectan al pueblo ecuatoriano. Es por ello que Ecuador estaría dispuesto a reconocer esa frontera que los garantes le dicen que es la realidad jurídica, pero no pueden aceptar que ese planteamiento parta directamente del Perú. Es por ello también que Ecuador busca un manejo de las situaciones que no resulte demasiado traumático para la conciencia histórica —errónea desde nuestro punto de vista, pero no por ello menos vívida— de su pueblo. Ecuador quiere gestos que impliquen un respeto por sus sentimientos aunque hayan sido producto de una causa equivocada.

Todo ello —a lo que el Presidente del Ecuador aludió alguna vez como aspectos emocionales— es comprensible y respetable.

Fíjense qué importante es que en una declaración pública el Presidente de Ecuador nos hable ya no de problemas jurídicos sino que haya mencionado aspectos emocionales. Pues bien, todo eso creo que es comprensible y respetable. Sin embargo, las emociones no tienen cabida en el razonamiento jurídico y, por tanto, las razones emocionales no pueden modificar ni aún en lo más mínimo la línea correcta de frontera que pasa por las altas cumbres. Las emociones, por muy respetables que sean, no pueden afectar el territorio peruano cuya extensión y límites se rige exclusivamente por los principios del Derecho que nos amparan y que el Perú siempre ha defendido. En eso no pueden haber concesiones. Sin embargo, es posible establecer ciertas formas de respeto de los símbolos y sentimientos, tales como, por ejemplo, establecer un monumento a la paz ahí donde alguna vez hubo guerra, o convertir en un parque ecológico lo que antes fue un campo de batalla. Sin embargo, repito que estos gestos no pueden afectar ni nuestro territorio ni nuestra soberanía. Muchas cosas se pueden hacer en este sentido con un poco de imaginación, pero nada de ello puede alterar la línea de frontera que nos corresponde jurídicamente. Esto es algo que debe quedar muy en claro: el territorio peruano es intangible y ninguna de sus partes, cualquiera que sea su extensión, puede ser convertida por ningún motivo en territorio extranjero.

Pienso, señores congresistas, que estamos ante una decisión histórica. Corresponde escoger entre dejar estancado el proceso o concluirlo.

Dejar estancado el proceso significa —y esto hay que verlo sin tapujos— que no será posible retomarlo en el corto plazo. No hay término medio, o lo dejamos estancado o lo concluimos. Las circunstancias políticas y económicas de ambos países pueden cambiar
sustancialmente y con la suspensión el proceso va a aparecer como fracasado. Por consiguiente, habrá que asumir una actitud de paz armada. Si optamos por el estancamiento tenemos que optar, y hay que verlo así, por una paz armada, con todo lo que esto significa: de un lado, los gastos enormes en defensa utilizando recursos que podrían ser dedicados a fines de desarrollo y de mejora social en ambos países; de otro lado, el riesgo permanente de un conflicto —casi diría, la seguridad de un conflicto—, porque —como alguna vez he dicho— cuando simplemente pensemos en dos propietarios de fundos que discuten un lindero, si cada mañana salen a pasearse por el lindero con su escopeta en la mano, alguna vez se dispara un tiro. Un conflicto que producirá nuevas muertes, nuevos odios que reabrirán las viejas heridas de ambos países y harán imposible un nuevo proceso de acercamiento probablemente por varias décadas.

Por el contrario, optar por cerrar el problema y concluir la demarcación de la frontera terrestre común con Ecuador significa para ambos países un relajamiento de la tensión, un aprovechamiento más conveniente de sus recursos económicos, inmensas posibilidades de cooperación comercial de mutuo beneficio y una nueva imagen de América Latina, libre ya de las viejas rencillas heredadas del siglo pasado y con la posibilidad de jugar un papel cada vez más importante en el mundo del mañana.

Estoy seguro que cada congresista votará esta cuestión al margen de toda consideración de mayorías o minorías, gobierno u oposición, basándose únicamente en su sentimiento de peruanidad y en su amor patrio. He conversado con congresistas de todos los grupos y en todos he sentido este mismo ánimo, este mismo interés de votar de acuerdo a un sentimiento de peruanidad.

A mí, obviamente, no me corresponde votar en esta decisión. Pero quiero que se sepa, quiero asumir mi responsabilidad, que si tuviera que hacerlo no vacilaría en optar por llevar el proceso adelante hasta la demarcación final de la frontera conforme al Protocolo de Río, para lo cual aceptaría la propuesta de procedimiento formulada por los garantes como única alternativa al estancamiento y a todas sus nefasta consecuencias.

Muchas gracias, señores.

(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Fernando de Trazegnies, por su detallado y pormenorizado informe sobre el proceso y también sobre los resultados logrados y el contenido de los principales textos de los proyectos de acuerdo.

Debo comunicar que, exclusivamente para conocimiento de los señores congresistas y con carácter de secreto, bajo juramento, en la Sala de Constituciones está toda la documentación concerniente a este tema, para la lectura del caso.

Asimismo, en breves momentos será distribuido personalmente a cada congresista el texto correspondiente a las conclusiones de los diversos pareceres técnico-jurídicos. Al respecto, debo decirles que dichos documentos están codificados para cada uno.

Tiene la palabra el señor Henry Pease.

El señor PEASE GARCÍA (UPP).— Señor Presidente: Solicito que haya un breve cuarto intermedio, porque a continuación cada bancada interviene a través de sus portavoces, y obviamente las bancadas tenemos que reunirnos para que podamos, uno o dos, portar la voz de la bancada. Esto no es un acto mecánico, es un acto que requiere de un tiempo breve, de unos veinte minutos o una media hora, no es más; pero es elemental para que puedan hablar los portavoces haciendo las preguntas y manifestando las inquietudes de cada bancada.

El señor PRESIDENTE.— Correcto, señor. Vamos a tener un receso de veinte minutos para tener ya la indicación de los voceros que van a intervenir.

Se suspende la sesión por veinte minutos.

—Se suspende la sesión, a las 11 horas y 43 minutos.

—Se reinicia la sesión, a las 12 horas y 31 minutos.

El señor PRESIDENTE.— Se reanuda la sesión.

Antes de que intervenga el primer grupo parlamentario, quisiera decir algunas palabras.

Hoy día iniciamos el que quizás sea el más importante debate en los últimos cincuenta y ocho años de
historia legislativa. El Congreso tiene una responsabilidad histórica con vistas a la conclusión definitiva del tema de la demarcación pendiente con el Ecuador.

El proceso de conversaciones ha avanzado en distintas instancias, desde enviados especiales, vicecancilleres, comisiones especiales, cancilleres y Presidentes de ambos países, y en cada etapa se han logrado importantes avances.

Como nunca, en este medio siglo estamos tan cerca de culminar con este tema pendiente y, como todos nuestros conciudadanos, tenemos la esperanza de que esto se logre. A la fecha, se ha llegado a un estancamiento que exige la intervención de los Congresos, con el informe público que acaba de hacer el Canciller.

Asegurando el pleno cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro, el fallo de Braz Dias de Aguiar y los instrumentos complementarios, la integridad territorial y la soberanía, así como cautelando las facultades del Congreso y su irrenunciable obligación de aprobar los tratados de su competencia, el rol que nos compete es el de contribuir a superar el escollo, atendiendo el pedido de los Presidentes de ambos países y de los garantes para lograr una fórmula de procedimiento que, a su vez, abra nuevamente un camino para la paz.

Éste es un asunto de Estado, un tema que nos exige una posición de estadistas, que trasciende coyunturales diferencias políticas e ideológicas. La paz es una demanda de la nación que requiere la total responsabilidad en nuestra función de congresistas.

Que sea pues la convicción a la que arribemos después del informe del señor Canciller y el debate amplio la que guíe nuestra decisión final con un voto razonado, expreso, público, libre y firme.

En esta fecha, apelo más que nunca a vuestra inteligencia, patriotismo y desprendimiento para pensar en el futuro del país y las generaciones por venir. Nos observa la nación y el mundo entero. Demostremos estar a la altura que la tarea nos exige.

Tiene la palabra el primer grupo político, Unión por el Perú, por veinte minutos, iniciándose con el señor Henry Pease por diez minutos, luego la señora Ana Elena Townsend por cinco minutos y, finalmente, el señor Carlos Chipoco por cinco minutos.

Señores congresistas, les pido que se fijen constantemente en el tablero electrónico, de tal manera que así puedan ver el tiempo que vienen empleando en sus intervenciones.

Gracias.

El señor PEASE GARCÍA (UPP).— Gracias, señor Presidente.

Saludo, en primer lugar, al Presidente del Consejo de Ministros, al nuevo Canciller y al Ministro de Defensa.

Estamos convocados para una de las decisiones más difíciles del Congreso de la República, y sobre esto no venimos a hacer calificativos sino fundamentalmente a plantear nuestras interrogantes iniciales, antes de conocer los documentos que estamos solicitando analizar.

Con los elementos que hasta ahora teníamos, nuestro Comité Directivo de la UPP ha publicado un comunicado el día de hoy, en el cual sostenemos que la propuesta, la carta de los garantes, contiene varios elementos que van más allá de la letra y el espíritu del Protocolo de Río y sus instrumentos complementarios. Sostiene que esta propuesta significa que va a haber acatamiento obligatorio y que no vemos el apuro para que nos hagan correr.

Sobre esta base, voy a hacer algunas preguntas; y luego, después del receso que esperamos, nuestra bancada fijará su posición, respetando obviamente la decisión personal de cada congresista, porque estaremos situados frente a la historia y frente a nuestras conciencias.

Señor Presidente, siento que esta intervención del Congreso es algo así como el mundo al revés. Creo que es una garantía que el Congreso intervenga después, ratificando los tratados o antes de la última firma después que sean firmados por el Ejecutivo. Los que negocian se pueden involucrar mucho en la negociación, y es la Representación Nacional la que, escuchando lo que piensa la ciudadanía, emite un voto ratificatorio. Eso, teóricamente, va a ocurrir en el caso de los tratados, pero ya antes vamos a estar involucrados en ellos. Si leen bien las cartas, esto es un paquete, de tal suerte que el trazado de la frontera está amarrado con los tratados.

Por tanto, cuando ustedes mismos nos traigan acá los tratados a ratificar, como ha propuesto el Canciller, nos dirán: "No pueden mover una coma
porque si la mueven salta el paquete al aire, y otra vez la guerra mundial, señores". El mundo no es así, el mundo hay que verlo con más equidad y con más paciencia, y creo que estaremos incumpliendo esta garantía de la intervención a posteriori del Congreso.

Pero acá hemos tenido una explicación del señor Canciller que nos deja una serie de preguntas que nos hemos hecho en común en estos minutos de receso.

El Canciller dice que esto no es un arbitraje porque no es una cuestión de fondo. Yo pregunto: ¿la línea demarcatoria no es la cuestión de fondo de todas estas conversaciones? Es un arbitraje porque no decidimos por acuerdo mutuo de dos países, sino que le damos a otros la decisión, cuya determinación es obligatoria para nosotros; por eso se dice que es vinculante. Y no olvidemos que todo arbitraje tiene siempre un margen de discrecionalidad.

Yo sólo quiero recordar, porque sobre esto debatirán los juristas, que el Perú hace poco se opuso a que hubiera carácter vinculante en los pareceres jurídico-técnicos, y antes se opuso también al arbitraje del Vaticano o del Papa. Más bien, ha sido la posición tradicional de la cancillería ecuatoriana el defender el arbitraje y el sacar los pies del plato de lo que es el Protocolo de Río de Janeiro. Ésta es la médula del problema y nos preocupa a todos porque queremos saber qué hay detrás.

El debate es jurídico, pero es político. Tenemos la obligación de compulsar lo que dice la ciudadanía. Por eso, la primera pregunta que formulo es: ¿por qué tanto apuro? ¿Por qué este Congreso va a decidir sin saber la opinión ciudadana? ¿Por qué este Congreso va a decidir sin saber lo que dicen las instituciones, las personalidades, la prensa, los medios de comunicación; pero, sobre todo, los ciudadanos, expresión que puede darse de mil maneras, si para eso es el Congreso? Nosotros no somos dueños de la Representación Nacional, somos portadores de una voluntad popular que hay que auscultarla para poder ejercerla.

Y me pregunto: ¿por qué los hasta ayer desinformados tenemos ahora que decidir?

Tengo acá la Carta por la Paz que acaban de firmar ilustres personalidades ecuatorianas, incluidos dos ex presidentes. Dice:

"Han transcurrido cuarenta y cuatro meses desde la gesta histórica del Cenepa que permitió iniciar formalmente el proceso de paz con el Perú.

El pueblo ecuatoriano ha venido conociendo día a día las negociaciones conducidas por nuestra Cancillería. Los avances y acuerdos logrados son trascendentales.

El Tratado de Comercio y Navegación le permitiría al Ecuador tener una presencia real, práctica y tangible en el río Amazonas y todos sus afluentes septentrionales, presencia que actualmente no la tiene.

Para ejercer el derecho de navegar gozará el Ecuador de accesos terrestres, aéreos, fluviales y de facilidades portuarias. Tendrá, asimismo, centros de comercio y navegación donde podrá efectuar actos de comercialización, distribución, almacenaje y transformación de mercaderías. Derechos todos que los ejercerá de una manera libre, gratuita, continua y perpetua".

Obviamente, esto tiene que ser analizado letra a letra desde el punto de vista jurídico, pero tiene también un contenido político. Los peruanos no podemos decir eso, no podemos decir que nuestro Gobierno nos ha tenido informado, ni siquiera a los congresistas de la República, a quienes vienen ahora a reclamarnos una decisión.

Tengo la impresión, cuando leo el informe de las Fuerzas Armadas, que ellos sí están informados, que ellos pueden decir, sobre el Tratado de Comercio y Navegación o sobre la línea de frontera, afirmaciones terminantes que nosotros no podemos manifestar. Ojalá, terminada esta sesión, podamos hacer fila india para, de uno en uno, leer el Tratado en la Sala de Constituciones o recibir los otros documentos, analizarlos, consultarlos y evaluarlos. Pero esto hasta ahora no ha ocurrido.

Hay otros temas sobre los cuales el país tiene que ser informado: ¿por qué renunció el canciller Ferrero? ¿Por qué el Presidente de la República actuó sin Canciller en asuntos y en momentos trascendentales?

En sus declaraciones, ustedes siempre han manifestado que el Presidente de la República conduce la política exterior, y no tengo ninguna duda, es parte de un artículo constitucional. Pero hay otro artículo, el 120º,
que dice meridianamente que son nulos los actos del Presidente que carecen de refrendación ministerial. Con toda razón, podríamos decir que la carta que mandó el presidente Fujimori al presidente Cardoso es un acto nulo, ¿por qué? Porque no ha estado presente el Canciller, salvo que ustedes crean que el acto de refrendar es un mero acto burocrático que se puede hacer a la distancia y habiendo renunciado.

Estas situaciones son cosas concretas que tienen que ver con lo que estamos discutiendo.

¿Es posible votar sin conocer la línea de frontera y sin conocer precisamente la posición ecuatoriana sobre ésta para saber exactamente qué cosa va a ser el margen de discrecionalidad del arbitraje? Y ¿es posible entregar la decisión a arbitraje sin alterar lo que ha sido nuestro parámetro para defender la posición peruana, que ha sido el Protocolo de Río?

Es cierto, hay otras veces en que se ha recurrido al arbitraje, pero los Congresos no han sido consultados. Y ahora le consultan a los Congresos. Quiere decir que cualquier acto posterior de esos Congresos es un acto de los mismos responsables del origen de la decisión anterior.

Yo creo, señor Presidente, que estas preguntas, entre otras, deben ser respondidas. Espero que el Canciller de la República nos responda estas inquietudes.

Quiero terminar leyendo el último párrafo del comunicado de Unión por el Perú: "(...) En estas circunstancias es imperativo que el Gobierno informe al Congreso sobre todos y cada uno de los acuerdos alcanzados con el Ecuador, incluyendo el texto del Tratado de Comercio y Navegación y el parecer jurídico-técnico antes mencionado.

Sólo a la luz de tal informe la representación de la UPP se pronunciará, con miras siempre a la preservación de la integridad nacional, la soberanía en nuestra región amazónica y el absoluto respeto al Protocolo de Río de Janeiro y sus documentos complementarios, así como nuestro invariable compromiso con la defensa de las atribuciones constitucionales del Congreso".

Ésta es nuestra posición inicial, nuestro punto de partida. Deseamos que haya un debate de verdad, por eso queremos que ustedes garanticen el tiempo posible para digerir esos documentos, analizar las situaciones y ver cuál es la decisión que corresponde a nuestros sentimientos y a nuestra adhesión al Perú, que es el único criterio que hoy día debe primar.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra la señora Ana Elena Townsend.

La señora TOWNSEND DIEZ CANSECO (UPP).— Gracias, Presidente.

Efectivamente, vamos a compartir esta parte de nuestra intervención con el congresista Chipoco.

Los parlamentarios de UPP, evidentemente, vamos a participar con el máximo ánimo por la paz, pero también por la estabilidad y el respeto al Protocolo de Río de Janeiro, como lo ha dicho Henry Pease.

Hoy día, en un comunicado de UPP, estamos planteando justamente que el Congreso del Perú representa —y quiero remarcar esto— al pueblo y tenemos que ser portavoces de un pueblo que quiere ser informado.

Yo estoy convencida de la integración latinoamericana, del sueño de Bolívar, de Haya de la Torre y —me doy la licencia— de mi propio padre en pro de esa integración. Pero estoy también convencida de que este tema tan delicado y tan importante no puede tener plazos perentorios.

Entonces, yo pregunto, a través de la Presidencia, si el señor Canciller considera que dos días son suficientes para que un Congreso tome una posición respecto a algo tan grave.

Dos. Es un Congreso que finalmente no conoce exactamente los términos en que el planteamiento de los garantes está dado. El Canciller señala que no es un arbitraje, pero hay muchas voces en contrario respecto a que sí lo es, y que al serlo es inapelable. Si nosotros vamos a avalar una decisión inapelable y la vamos a conocer después, ¿esto no es más bien un peligro, más que una aproximación a una paz duradera?

¿Cuánto significa la palabra "monumento" cuando se habla de lo que el Ecuador espera frente a este procedimiento?

Se dice que el Ecuador necesita estar preparado para una decisión que probablemente los perjudique en lo que ha sido su memoria equivocada, su memoria histórica distorsionada en contra del Perú. ¿Qué es eso que los ecuatorianos esperan de este procedimiento que "tranquilice" —entre comillas— esas expectativas? Pregunto directamente. ¿Es algún monumento referido al área de Tiwinza? ¿Cuál va a ser la condición? Si bien se dice que no se cede soberanía, ¿qué status tendría esa denominación que se ha dado?

Luego, preguntar también ¿por qué, si no se trata de un nuevo tratado, tiene que pasar por el Congreso? Entonces, ¿es una consideración política respecto al tema?

¿Cuánto de importante tiene para nosotros —y creo que es de la máxima importancia— la renuncia de un Canciller que ha estado comprometido con el proceso durante tanto tiempo? Creo que es de máxima importancia que el ex ministro pudiera informarnos los motivos de su renuncia. Por supuesto, no lo podemos decidir en este momento, pero sí planteo la necesidad de conocer las razones de esta renuncia, que ayer ha señalado él no son personales sino por discrepancias.

Por último, si los Presidentes de cada país, con el apoyo de sus respectivas cancillerías, son los que dirigen su política internacional, ¿por qué el Congreso tiene que asumir lo que hemos denominado una carta a favor de una tarea eminentemente perteneciente al área del Ejecutivo? ¿Esto no estaría buscando que nosotros compartamos algo sin conocerlo?

Estas interrogantes no obedecen a que tengamos un afán belicista, sino todo lo contrario, a que no queremos que una decisión que no conocemos nos lleve a alguna debilidad respecto a nuestra tarea tan importante. Es decir, queremos la integración, la paz, pero sobre una base duradera y no sobre dudas.

Yo creo que hay incertidumbre, hay temor respecto a la decisión que pueda tomarse, sobre todo en poblaciones que se sienten apartadas de las decisiones del Gobierno.

¿Por qué, si en otros países existe la posibilidad de un referéndum o una consulta popular, aquí no lleguemos a eso? ¿Por qué no abrimos la información, la publicamos y la sometemos al pueblo, a quienes nosotros nos debemos, a los ciudadanos que nos eligieron?

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Corresponde el uso de la palabra al señor Carlos Chipoco.

El señor CHIPOCO CÁCEDA (UPP).— Señor Presidente: Efectivamente, como usted lo ha dicho, éste es un acto histórico. Por eso, hay que actuar con absoluta reflexión, con calma y cuidadosamente.

No sólo se trata de las fronteras de nuestro país, se trata de las fronteras de nuestro país en las que han muerto miles de soldados peruanos defendiendo lo que nuestros antepasados han dicho en reiteradas oportunidades: "El Protocolo de Río de Janeiro es intocable. Nuestra integridad territorial es intocable. Las fronteras en la zona de la Cordillera del Cóndor pasa por las cumbres de la Cordillera del Cóndor y no vamos a aceptar la penetración de un país extranjero en nuestro territorio". Pero, justamente por eso, Presidente, porque hay tanto de historia, de sangre, de reflexión y de pensamiento, es indispensable actuar serenamente en este tema.

Debo manifestar que el manejo de este tema ha sido equivocado frente al Congreso, porque recién hoy tenemos la oportunidad de acudir a una de las salas del Congreso para revisar un tratado que se ha firmado hace semanas o meses. Igualmente, recién hoy acudimos a la posibilidad de debatir con el Canciller sobre los términos en los cuales se estarían decidiendo los destinos de nuestro país en esta frontera, y no ha sido producto de un proceso de diálogo, de conversación, de estudio mutuo; porque, si bien el Ejecutivo dirige la política exterior, este Congreso tiene la grave responsabilidad de aprobar los tratados, no porque se ponga o no se ponga en una propuesta del Ejecutivo, sino porque la Constitución así lo señala, y ese derecho no vamos a perderlo, señor Presidente.

Yo quisiera, en esta parte, hacer algunas preguntas que nos permitieran ilustrarnos mejor sobre cómo decidir sobre este tema tan delicado para la historia del Perú.

En primer lugar, se ha señalado que en la carta al señor Cardoso se indica no ha sido posible culminar la fijación en el terreno de la frontera terrestre común.
¿Cuál ha sido, Presidente, la posición del Ecuador sobre la frontera común? Nos gustaría saber, en la posición del Ecuador, dónde se deben colocar los hitos. ¿Por qué no se nos dice la posición concreta del Ecuador?, no la generalidad "Presidente: que estamos en desacuerdo".

¿Cuál ha sido la posición del Perú sobre la fijación de los hitos, sobre esas divergencias respecto del terreno? No las conocemos, Presidente. Cómo podemos darle a alguien para que tome una decisión de carácter arbitral cuando ni siquiera sabemos cuál es la posición en específico que la Cancillería ha defendido sobre ese tema.

En segundo lugar, Presidente, yo me pregunto, y le quisiera preguntar al Canciller, ¿por qué no llamar arbitraje a esto si tiene todas las características de un arbitraje?

Presidente, esto no es una mediación. Mediación, en el Diccionario de la Real Academia, es concurso. Esto no es concurso de las partes. Concurso, en el Diccionario de la Real Academia, significa competencia entre los que aspiran a ejecutarse... Asistencia, participación, colaboración.

Acá no hay asistencia, ni participación ni colaboración, Presidente. Acá hay decisión. ¿Y quién decide? Los garantes. Y cuando alguien decide algo que está en litigio, en términos internacionales —y lo sabe muy bien el doctor De Trazegnies, que es un brillante abogado— eso es un arbitraje, es una decisión arbitral, lo dice el Diccionario Omeba, que señala: "Decisión dictada por uno o varios jueces elegidos por las partes con arreglo a derecho y al debido procedimiento sobre una cuestión o cuestión determinada".

El señor PRESIDENTE.— Tiene un minuto para que concluya su intervención, señor Chipoco.

El señor CHIPOCO CÁCEDA (UPP).— Presidente, si es necesario, voy a hacer uso de los cinco minutos que me corresponde como congresista.

El señor PRESIDENTE.— No podemos romper la regla porque se puede distorsionar todo el procedimiento acordado.

Le pido más bien concluir, formular su pregunta.

El señor CHIPOCO CÁCEDA (UPP).— Qué pena, Presidente, que tengamos estos límites de tiempo cuando estamos decidiendo algo que nuestros antepasados han discutido durante cincuenta años.

Yo quiero, Presidente, por lo tanto, señalar por qué no se le confiere esta condición de arbitraje, por qué no se acepta.

Yo quiero preguntarme si no es porque el Perú debe saber que los fallos arbitrales —y es lo que le estamos dando a los mediadores, a los países garantes— son inapelables, no se pueden apelar; y porque, además, van a decidir sobre lo que es la aplicación del Protocolo de Río de Janeiro.

Hay una famosa frase que conoce el Canciller, que es una frase de un magistrado de la Corte Suprema norteamericana, que decía: "Estados Unidos se rige por la Constitución, pero quien interpreta qué es la Constitución son los jueces, es la Corte Suprema".

Este fallo se va a regir por el Protocolo, pero quien va a interpretar el Protocolo son los garantes. Ésta es una condición eminentemente arbitral, sin ninguna duda.

Por último, quiero que nos explique qué significa esto de "un monumento", Presidente, porque hay ciudades que son monumentos. ¿Qué es esto de monumento? ¿Va a haber un monumento ecuatoriano en el territorio peruano? ¿Tiwinza será acaso el monumento? ¿A quién? Al Ecuador, al Perú. ¿Será Tiwinza acaso el monumento que señala el Canciller se le otorgaría al Ecuador? ¿Qué características tendrá? Porque, efectivamente, podemos no perder nuestra soberanía, pero evidentemente una parte de nuestro territorio adquiriría una soberanía sui genéris. Eso ocurrió —y lo sabemos todos— al final de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania tenía territorios con esta condición especial en el sudeste de Polonia, y esto no resolvió el problema de la guerra, sino que agudizó y promovió justamente la Segunda Guerra Mundial.

Éstas son las cuestiones que tienen que quedar claras, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Debo recordar a los señores congresistas que en realidad hay tres instancias de intervención.

Estamos en la primera oportunidad, que es la parte de los grupos parlamentarios; luego, cada congresista
tendrá cinco minutos, fundamentalmente para hacer sus preguntas, porque ésta es la fase para tratar de resolver las dudas e inquietudes que tengamos, o sea, se va a dar la información respectiva; y, finalmente, el día de mañana será para sustentar las posiciones.

Es decir, tenemos tres instancias de intervención suficientes para poder plantear todo lo que uno requiere.

Tiene la palabra el señor César Zumaeta, en representación del Partido Aprista, por veinte minutos.

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— Señor Presidente: En primer lugar, en nombre de la Célula Parlamentaria Aprista, saludamos la presencia del nuevo Canciller en el Parlamento Nacional; pero más oportuno y necesario en esta tribuna hubiese sido la presencia del propio Presidente de la República, que en las últimas semanas ha venido manejando personalmente este tema y, en consecuencia, desde esa tribuna el Presidente debería darle explicaciones no solamente a la Representación Nacional sino también al país en su conjunto.

Éste el caso del presidente Mahuad, que ayer estuvo personalmente en su Congreso informando detallada y pormenorizadamente sobre todo el proceso de conversaciones desarrolladas en los últimos tiempos.

El protagonista de este tema, el que posteriormente pretenderá sacar réditos políticos de este tema, hoy día no viene a asumir su responsabilidad ante el país y el Parlamento.

Eso hubiese querido el país entero, que nuestro propio gobernante, que ha caminado por el mundo cruzando los océanos, venga a dar explicaciones al país sobre este tema tan delicado que puede definir en el futuro la suerte de nuestras relaciones con el Ecuador.

Asimismo, con el respeto que se merece el Canciller, yo rechazo las expresiones que tuvo en la parte final de su intervención de hoy, cuando traslujo la idea de que si no caminamos por esta salida que nos plantean los garantes está el fantasma de la guerra.

Yo, hace algunos días, leí en un texto que el señor Einaudi, el representante de los Estados Unidos en los garantes, decía: "Paremos la guerra y arreglemos". ¿Qué es esto? Nadie en este país, ninguno de los veinticuatro millones y medio de peruanos —y no creo que ninguno de los ciento veinte colegas—, quiere una guerra con el Ecuador.

Lo que queremos es que, en el tramo que culmina este siglo, donde las democracias y sus mecanismos no pueden funcionar en la oscuridad ni en secreto, se abra la posibilidad de un debate serio sobre el tema de nuestros acuerdos con el Ecuador. ¿Por qué no? Porque, más allá de estas cuatro paredes, el país y sus instituciones no solamente quiere escuchar a sus congresistas, si votan a favor o en contra, sino también deben opinar sobre este tema.

Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con el congresista Ferrero cuando plantea uno o dos meses, después de la información pormenorizada del Canciller, para generar un debate sobre este tema, porque creo que es poco serio que el Canciller nos diga: miren, el Tratado de Comercio y Navegación está en la Sala de Constituciones y vayan a darle una lectura.

Creo que ese tratado, como dijo Henry Pease, necesita un estudio pormenorizado sobre las condiciones y las consecuencias posteriores de la presencia ecuatoriana en el mismísimo río Amazonas. Ése no es un tema de hoy día, sino que tenemos que prever las consecuencias de aquí a diez, quince o veinte años, porque sabemos que la estrategia ecuatoriana de los últimos sesenta años es una estrategia de tajada por tajada y, para mí, al momento han ido caminando en ese objetivo.

Hoy, 14 de octubre de 1998, la pregunta es: en todo este proceso de negociaciones y conversaciones con el Ecuador, ¿el Perú siquiera le ha arrancado un kilómetro más al Ecuador demarcado en la frontera? No. Pero, muy por el contrario, el Ecuador ha ido consiguiendo cosas como Sucumbios en el Protocolo de Río de Janeiro, como el Puesto Teniente Ortiz en 1981, con Falso Paquisha; posteriormente, en julio pasado, las famosas Zonas de Vigilancia y Control, y ahora el Tratado de Comercio y Navegación, que ya ha sido oleado y sacramentado, al decir del Presidente de la República. Es decir, Ecuador ha ido avanzando en esta estrategia.

Y el Perú, ¿qué ha ganado hasta el día de hoy? Ni un solo kilómetro demarcado de los setenta y ocho kilómetros que falta demarcar en la Cordillera del Cóndor.

En consecuencia, hasta la fecha, esto no puede ser, pues, una victoria diplomática, porque creo que ese razonamiento no tiene lógica.

Y nada raro sería que posteriormente, así como el Ecuador ha venido planteando durante tanto tiempo la inejecutabilidad parcial del Protocolo de Río, estando en pleno proceso de ejecución el Tratado de Comercio y Navegación, haga cuestión de Estado, diciendo: "Ya estoy navegando en el Amazonas, miren, no puedo actuar correctamente, no puedo instalar bien mis industrias, no puedo hacer buen comercio, hay que replantear el tratado, vamos a ponernos de acuerdo, exigimos más cosas en el tratado".

Yo creo que por ahí va la estrategia ecuatoriana de ir avanzando tajada por tajada hasta no sé que objetivo. No soy pitoniso, no sé cómo estará el escenario geopolítico de aquí a veinte o treinta años; cuando tenemos a un país que en doscientos cincuenta mil kilómetros tiene doce millones de habitantes, y la zona por donde los ecuatorianos van a penetrar es la cuenca del Marañón, por donde van a venir las carreteras hasta el río Marañón. Esa zona está totalmente abandonada por el Estado peruano, no hay presencia del Estado y menos del sector privado. Éste es el temor de los pueblos de la Amazonía.

No es que, como alguien decía, hay un patriotismo barato o un regionalismo trasnochado. Es porque ahí se siente la patria, las viudas. Las personas que han participado en los últimos conflictos son de esa zona. Entonces, es absolutamente entendible por qué la sensibilidad sobre estos temas.

Por eso, señor Presidente, creo que hoy día debe ser el inicio no solamente de informar y entregar los textos, sino también de un debate nacional en esa búsqueda del consenso nacional, porque sería lamentable para el país que Cambio 90-Nueva Mayoría se quede absolutamente sola en esta decisión, si antes no buscamos un entendimiento mínimo que nos permita forjar acuerdos definitivos con el Ecuador; pero, como cuestión previa a eso, tiene que haber una información muy amplia.

¿Para qué es la Declaración de Brasilia? Es para darle un tratamiento global y definitivo a este tema. Yo quisiera —y seguro que también muchísimos peruanos—, por ejemplo, tener en mis manos el texto del Tratado de Comercio y Navegación, para saber si este tratado está en estricta concordancia con el artículo 6º del Protocolo de Río de Janeiro, que es un cuestionamiento que se viene haciendo en todos los sectores académicos y políticos.

En segundo lugar, es verdad que necesitamos estudiar profundamente el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, porque Benjamín Rosales, el asesor ecuatoriano para tratar el tema de comercio y navegación, tiene una idea muy clara de cuál es la geopolítica ecuatoriana para llegar al Amazonas y cómo en su momento generar un círculo, no solamente económico sino político y de presencia permanente en nuestras fronteras por parte del Ecuador.

Asimismo, queremos saber en qué consisten los Acuerdos sobre medidas de confianza mutua y de seguridad, así como todo lo actuado en el tema de la fijación sobre el terreno de la frontera terrestre común, sobre los que debe haber abundante información hasta llegar al entrampamiento de estos días. Queremos conocer todo eso, señor Presidente.

Yo creo que aquí nadie puede salir con discursos patrioteros: yo soy más patriota que tú, y si tú no estás de acuerdo estás a favor de la guerra. Ni el Ecuador ni el Perú quieren la guerra. Nadie quiere la guerra, todos aspiramos a la paz. Ese chantaje de la guerra debe salir del vocabulario estos días, por lo menos de la clase política dirigente, porque aquí no se trata de ser más peruanos o no para definir una controversia que ya tiene décadas.

¿Por qué, si hemos esperado cincuenta y seis años, los peruanos no podemos tomar una decisión consciente sobre este tema? Por ejemplo, en el tema del Tratado de Comercio y Navegación y en el tema del Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, ¿cómo es verdad que la respuesta de los garantes es sobre un arreglo global y definitivo, como dice el Acuerdo de Santiago? Entonces, si eso es así, el carácter vinculante de su decisión no solamente es sobre la demarcación de la frontera, sino también sobre el conjunto de los cuatro temas. Eso quiere decir que la decisión de los garantes, aparte de definir el tema de la frontera, tiene que venir con los otros textos sobre Comercio y Navegación, sobre Acuerdos de Integración Fronteriza; y la pregunta es: si esa decisión tiene carácter vinculante y obligatorio para ambas partes, ¿cómo es verdad que cuando llegue al Congreso peruano para debatir y acordar, nosotros vayamos a poder mover ese texto?

La decisión que se adopte mañana o pasado para mí es definitiva, no nos engañemos. En nuestro criterio, debe haber una pausa en este tema. Lo que el Canciller nos dice que es el último planteamiento sobre la parte resolutiva del acuerdo, referente al Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza y al Tratado de Comercio y Navegación, tiene que seguir el camino constitucional del artículo 56º, es decir, debe ser aprobado por el Congreso y luego ratificado por el Presidente de la República.

Pero ¿qué cosa vamos a acordar nosotros? ¿Un proyecto? ¿Un texto borrador? ¿Sobre esa base vamos a discutir? No, vamos a votar y vamos a discutir sobre la opinión de los garantes, porque de eso es de lo que se trata, para eso es lo que ellos quieren decisión.

Entonces, el Canciller tiene que dar una respuesta clara y contundente sobre este tema. Es más, una vez que los garantes exhiban los acuerdos a los cuales ellos han llegado, van a pedir la bendición del Papa. Entonces, se supone que eso es absolutamente automático.

Eso significa que una vez que los garantes anuncien al mundo: "Éstos son nuestros criterios, éste es nuestro pronunciamiento", automáticamente se pide la bendición papal; y después que el Papa haya bendecido los cuatro documentos, viene al Ejecutivo el Tratado de Comercio y Navegación y los Acuerdos de Integración Fronteriza para luego remitirlo al Parlamento. Y ¿qué va a hacer el Parlamento Nacional? Seguramente, de frente, va a decir: "No, ya no podemos mover porque entrampamos todos, acá ya no podemos tocar una coma, ya no podemos modificar. O ustedes rechazan o están de acuerdo, ése es el camino".

Por lo tanto, sería bueno que el Canciller nos señale el modus operandi en este tema, cómo camina el documento, de dónde vuela a dónde y por dónde llega al Parlamento Nacional, qué documentos van a venir al Congreso peruano. No a las cosas oleadas y sacramentadas, como las famosas delegaciones de facultades que tantas veces se ha votado sin haber tocado una coma. Si eso es así, hay que decirle al país de una vez que en esta sesión se define todo y que no vayamos a vender la sensación de que el Congreso peruano, en su momento, va a generar un debate político amplio sobre el Tratado de Comercio y Navegación. Eso no es así, porque si el carácter vinculante es para todo, la definición de los garantes es vinculante y obligatorio para ambas partes; es irreversible, irrevocable.

En consecuencia, creo que el país, más que la Representación Nacional, exige precisiones y claridad en la posición del Canciller de la República con respecto a este tema.

Y en el tema de comercio y navegación, Canciller, usted tiene que entregarnos los textos, porque hoy día —no sé a qué hora terminará esta sesión, quizá en la madrugada— vamos a leer los textos. O sea, ¿esto es serio? Yo creo que no es serio. El sentido común, ni siquiera vamos a una cosa procedimental, nos dice a nosotros, y seguro a gran parte del país, que esto merece un estudio, un análisis y, después, un pronunciamiento. En consecuencia, creo que la opinión del país es muy importante en este tema.

Creo que si nos entendemos para que exista una pausa de reflexión, de estudio, de análisis y de opinión sobre este tema, podemos acercar nuestras posiciones, porque en la representación de la Célula Parlamentaria Aprista no todo es claro, nada es claro mientras no se exhiban los documentos.

Yo respeto mucho su palabra el día de hoy, señor Canciller, pero para nosotros no es suficiente, por más respetuoso que pueda ser sus calidades profesionales. Queremos los textos. Sobre textos se tienen que tomar decisiones. No podemos cerrar los ojos y decir: "Bueno, hay que ver, pues; ahí están los garantes, van a actuar dentro del marco del Protocolo de Río, del fallo de Braz Dias de Aguiar y los instrumentos complementarios".

Ante esta desinformación, todo el mundo comienza a especular: ¿puede ser?, ¿quizás?, ¿tal vez?, ¿quién sabe?, ¿a lo mejor? Estas preguntas se hace el ciudadano común y corriente, por eso creo que en este tema se exige muchísima claridad. Esperamos que, una vez que el Canciller responda, nos pueda alcanzar esos documentos para poderlos estudiar debidamente, no solamente nosotros sino que supongo todas las bancadas, de tal manera que así tomemos una decisión consciente sobre el particular.

Por eso, señor Presidente, así como usted, al empezar este debate, dijo que ésta puede ser la sesión más importante de los últimos cincuenta o cincuenta y
seis años, ese mismo hecho exige que el Congreso trate con muchísima seriedad, calma, tranquilidad y reflexión este tema. No se trata de figurar en el cuadro con las firmas, quiénes votaron a favor o quiénes votaron en contra.

Aquí no se trata de decir quiénes están con el tren de la historia y quiénes están en contra. Tampoco se trata de decir quienes están por la integración continental. Quién más que nosotros que con Víctor Raúl Haya de La Torre hemos hecho prédica en los últimos setenta años de lo que debe ser la integración de los pueblos de la América Latina: "Unidad, unidad, América morena, de lo contrario el imperialismo te va a devorar".

La integración no está en contra de la soberanía. Integrarnos al mundo sin mover el territorio, con información, con transparencia, guardando la seguridad nacional y guardando los intereses superiores de los veinticuatro millones y medio de peruanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias.

En relación al texto del proyecto de Tratado de Comercio y Navegación que se encuentra en la Sala de Constituciones, para información, debo señalar que son seis páginas a doble espacio, que puede leerse en dos o tres minutos y se complementa perfectamente con lo que ya explicó el señor Canciller. Hay, más o menos, veinticinco congresistas que ya lo han leído. Les pido que colaboren con la Presidencia en ese caso porque soy depositario de un documento cuya confidencialidad tengo que mantener.

Le toca al turno al Frente Independiente Moralizador: empieza el señor Olivera por diez minutos, luego el señor Gamarra por cinco minutos y, seguidamente, la doctora Beatriz Merino por cinco minutos.

El señor OLIVERA VEGA (FIM).— Señor Presidente: Los representantes del pueblo aquí presentes venimos a cumplir un deber de peruanidad, que no es otro que defender el espíritu y la letra del Protocolo de Río de Janeiro, hoy amenazado por la inaceptable petición de los países garantes, que de garantes quieren convertirse en árbitros mediante el pedido de convertir en vinculante su propuesta para que sea de acatamiento obligatorio, prescindiendo del pronunciamiento constitucional, con transparencia, que los Congresos tienen que dar. Es decir, se quiere hacer esto a espaldas del pueblo peruano, que desconoce hasta el día de hoy los acuerdos y los pactos secretos que han venido sosteniéndose a puerta cerrada en los últimos meses.

Nosotros tenemos que decir que existe un sentimiento de alarma entre los peruanos porque se está apartando de la posición peruana de la intangibilidad de los tratados internacionales cuando se pretende convertir en árbitros a los garantes. Lo que se pide es un arbitraje, señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor jurista. Yo le pido un mínimo de honestidad intelectual y no venga a disfrazar aquí, ante la patria, lo que en los hechos es un arbitraje, que se aparta del Protocolo de Río de Janeiro.

Nosotros, señor, tenemos que ser lógicos y consecuentes, porque si no fuera un arbitraje, que en los hechos está modificando el Protocolo de Río de Janeiro, yo le pregunto, señor Canciller y señor jurista: ¿Para qué viene entonces este pedido de los garantes al Congreso?, ¿acaso la decisión de Braz Dias de Aguiar fue alguna vez consultada con los Congresos de Ecuador y Perú?, una decisión que partió, además, del Reglamento de la Comisión Demarcadora y que fue producida después de un intercambio de notas entre los cancilleres del Ecuador y del Perú.

¿Para qué se trae entonces esta decisión al Congreso si no es porque implica en los hechos una modificación de Protocolo de Río de Janeiro? Esto es muy grave, señor, es sentar un precedente, por más que a puertas cerrada y en los corrillos se nos quiera vender que ya todo está arreglado y que el fallo arbitral que darían los países garantes sería beneficioso para el Perú.

Señor, sentar el precedente de alterar los tratados internacionales es peligrosísimo, es grave y se aparta de la posición peruana. Hace muy poco, en mayo de este año, el Gobierno peruano rechazó el planteamiento para que los pareceres técnico-jurídicos sean vinculantes; y hoy, seis meses después, se vuelve la bandera de la paz.

Nosotros, claro que queremos la paz, señor, pero no queremos que sea una paz a costa del interés nacional puesto en riesgo hoy en día, porque se nos quiere hacer creer que los ecuatorianos, que en mayo de este
año pedían el carácter vinculante de los pareceres técnico-jurídicos, después que se sostiene sería un parecer técnico-jurídico contrario a sus intereses, ahora sí van a querer aceptar este planteamiento de los garantes. No sólo es el principio sino la lógica más elemental, y esa lógica más elemental nos obliga a tener que emplazar al Gobierno y al Canciller que nos diga qué está ocultando, qué le están ofreciendo a los ecuatorianos, qué cosa hay en Tiwinza, señor De Trazegnies, qué cosa están entregando.

No es casual que en Ecuador se celebre esta propuesta de los garantes. No es casual que las cuestiones emocionales proclamadas por el Presidente del Ecuador, y precisadas por sus voceros, sean centralizadas todo en el tema de Tiwinza, que lo consideran todo un símbolo, pero que de pronto ahora se ha dejado de lado. ¿Qué gesto es el que está haciendo el Perú con Ecuador? ¿Qué concesión, señor Presidente, está ya acordada y hoy día ocultada al país?

Los garantes no son árbitros, lo debe saber muy bien el Gobierno, pues eso quedó totalmente descartado. Y no cabe tampoco arbitraje sobre arbitraje, aunque digan ahora que se trata de un arbitraje sobre la ejecución del arbitraje. Esa tesis es iniciar un círculo vicioso del arbitraje sobre el arbitraje y el arbitraje del arbitraje; ¿y cuándo estaría la seguridad jurídica garantizada?

Cuando se presentó el proyecto de Protocolo en la segunda fase de las negociaciones de Itamaraty, allá en el año 1941, quedó claramente descartado que las dudas sobre la interpretación y ejecución del Protocolo sean resueltas por los cuatro países amigos en ese entonces; y el texto final, totalmente restrictivo, señala que es potestad de la partes contratantes resolver las dudas.

Lea bien, señor De Trazegnies, el artículo sétimo del Protocolo, por si acaso se lo vuelvo a leer: "Cualquier duda o desacuerdo que surgiere sobre la ejecución de este Protocolo será resuelto por las Partes —las Partes son Perú y Ecuador— con el concurso de los Representantes de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile (...)".

Nosotros somos peruanos y reclamamos el derecho a decidir cualquier duda con el concurso de los países garantes, pero nunca abdicando de nuestro derecho soberano a decidir en el Congreso con pleno conocimiento de causa.

Y ¿por qué confiar en los garantes?, como hoy día lo señala Ernesto Yepes en la página editorial de El Comercio, donde recuerda cómo es que se tuvo que entregar Sucumbios en el Protocolo de Río de Janeiro por presión de los garantes y en primer orden por presión de Estados Unidos, hoy representado por ese funcionario Einaudi, tan influyente en Montesinos a través de la Fundación Rand Corporation.

¿Por qué, señor, tenemos que confiar en los garantes, cuando Ecuador, a partir del '50, se valió de pretextos para objetar el cumplimiento cabal del Protocolo, como la doble divisoria de aguas descubierta a raíz de los levantamientos aerofotográficos? En ese entonces los garantes guardaron un silencio cómplice, roto excepcionalmente en el año de 1960, que es en el fondo el gran responsable del entrampamiento actual.

¿Por qué confiar en los garantes, que no han hecho cumplir el artículo cuarto del Protocolo, que sí obliga al Ecuador a colocar los hitos pendientes de demarcación y no ejercer jurisdicción militar sobre toda esa zona que el Perú tenía en su posesión y que se retiró luego de firmar el Acta de Talara en 1941?

¿Por qué confiar en esos garantes, señor, que presentaron unas Bases para Entendimiento en este proceso de Itamaraty, en donde otorgaban puertos libres al Ecuador en territorio peruano, más zonas francas inaceptables?

¿Por qué confiar en esos garantes, señor, cuando uno de ellos, Argentina, en el año 1995, en pleno conflicto del Cenepa, estaba proporcionando armas al Ecuador para que agreda y asesine a los peruanos, combatientes con valentía?

¿Por qué confiar en los garantes, cuando uno de ellos, Estados Unidos, autoriza que se vendan aviones K-fir a Ecuador y ahora se presenta como el abanderado de la paz?

¿Por qué confiar en los garantes cuando, como trascendió, en Itamaraty salió una propuesta de parque binacional que también es atentatoria contra el Protocolo de Río de Janeiro?

¿Por qué confiar en esos garantes, que en vez de calificar a Ecuador como país agresor ante cada
invasión permanente, hasta las últimas, lo premia con nuevas zonas desmilitarizadas que ponen en duda la soberanía del Perú en su territorio?

No, señor Presidente, nosotros estamos frente a un deber histórico: defender los derechos soberanos del Perú. Queremos la paz, pero que los acuerdos vengan al Congreso para que se discuta con transparencia.

No vengan a presentarnos como argumento definitivo la opinión de las Fuerzas Armadas, que no son deliberantes, señor, que sabemos bien en qué condiciones se encuentran hoy en día, totalmente politizadas a nivel de su cúpula por el dominio y la presencia perturbadora de Fujimori y del capitán Montesinos; Fuerzas Armadas que, por lo demás, hay que recordar que en el año 1995 no fueron precisamente victoriosas y en donde tuvo que actuar la diplomacia como un segundo ejército para resguardar el territorio nacional.

Hay mucho más que decir, señor, y hay preguntas concretas que formular. Nuestros representantes Beatriz Merino y Ernesto Gamarra continuarán haciendo las preguntas, pero la posición de principio está fijada en la defensa del Perú.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra el señor Ernesto Gamarra.

El señor GAMARRA OLIVARES (FIM).— Gracias, señor Presidente.

No sé si por ignorancia o por arrogancia el señor Pandolfi ha repetido que estas gestiones son un esfuerzo sin precedentes en la historia del Perú. Y digo esto, señor Presidente, porque a lo largo de la historia con respecto al Ecuador han habido gobiernos y peruanos que han sabido defender la integridad territorial, y lo han defendido con hechos concretos, no solamente en el caso del Protocolo de Río de Janeiro sino también en el caso del pronunciamiento obtenido por el Gobierno peruano en 1960 por parte de los países garantes.

Frente a las pretensiones del Ecuador en ese momento, el Canciller del Brasil, en nombre de los demás países garantes, se dirigió al Canciller del Ecuador y le dijo:

"Es un principio básico del derecho internacional que la voluntad unilateral de una de las Partes no basta para invalidar un tratado de límites ni para liberarla de las obligaciones que él le impone. Sólo la voluntad concordante de ambas Partes podrá modificar sus estipulaciones o dar competencia a un tribunal internacional para que conozca las cuestiones que el mismo pueda suscitar.

Por esas razones, mientras la voluntad soberana y concordante del Ecuador y Perú no disponga otra cosa, mi país considera que el Protocolo de Río de Janeiro, firmado y ratificado por Ecuador y Perú, y ya aplicado en su casi totalidad mediante actos prácticos de demarcación a los cuales las propias partes atribuyeron el carácter de definitivo, es un instrumento válido y debe ser cumplido".

Ése es el papel que le compete a los garantes y eso es lo que hacían las cancillerías cuando estaban conducidas y manejadas por gente de experiencia y que conocía del tema. De tal manera que esto no se trata de un esfuerzo sin precedentes, pues hay precedentes, y muy valiosos, de lo que se ha hecho en el pasado.

Quisiera saber, señor, y todo el Perú quiere saber, por qué se puso en igualdad de condiciones el Tratado de Comercio y Navegación con la demarcación que falta en la frontera. Por qué, si el Protocolo condiciona ese Tratado al cumplimiento de las otras estipulaciones del Tratado, se le ha dado el mismo valor y se discute simultáneamente; incluso se le ha dado, como ya ha quedado demostrado, preferencia y precedencia al Tratado de Comercio y Navegación.

Señor Presidente, sobre el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, debo señalar que es un pronunciamiento sobre la carta del presidente Cardoso, pero ni siquiera hacen las observaciones que se han hecho en la propuesta que llega del Ejecutivo, que ya modifica la carta del presidente Cardoso, y ni siquiera sobre la modificación introducida hoy día en el debate por el Ministro de Relaciones Exteriores. De tal manera que las Fuerzas Armadas aprobaron lo que ni siquiera el Ejecutivo ni el Canciller habían aprobado, es decir, han sido mucho más tolerantes.

Yo quisiera saber también cuál es la razón jurídica y constitucional por la cual se somete a consideración y aprobación del Congreso esta solicitud dirigida por los países garantes. Por qué razón aparece el tema de la bendición papal.

El Canciller nos dice que hay que leer la carta del presidente Cardoso junto con la carta de los presidentes Fujimori y Mahuad.

Yo he leído la carta de los Presidentes citados y no tienen nada sobre el tema de la bendición papal, que es un tema, como todos sabemos, que lo ha estado tratando de introducir la gente en el Ecuador. La bendición papal probablemente sea para otras cosas, pero no para un Protocolo.

Y, finalmente, señor Presidente, porque lamentablemente usted ha dispuesto que el tiempo para este tema tan importante sea corto, quiero, sobre el tema del Marañón, simplemente leer lo que estableció el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores del año 1942, a diferencia de la actual Comisión de Relaciones Exteriores. Dice: "El Protocolo de Río de Janeiro ni concede al Ecuador acceso al Marañón en punto alguno de su curso ni transfiere, en consecuencia, la soberanía peruana en los ríos Santiago y Morona."

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra la doctora Beatriz Merino.

La señorita MERINO LUCERO (FIM).— Señor Presidente: Quiero empezar por saludar al Canciller, doctor De Trazegnies, al Ministro de Defensa y al Presidente del Consejo de Ministros.

Debo señalar que, a mi entender, es una pena que este tema se haya planteado al Perú a través de su Congreso en esta forma, porque los peruanos hemos sido testigos que en todo este proceso ha habido sobresaltos, contramarchas, renuncias de personalidades, a quienes yo en lo personal respeto, como el doctor Eduardo Ferrero, Alfonso de los Heros y al vicecanciller Hugo de Palma; y también una personalización del proceso en la figura del Presidente de la República. En este clima, señor, se nos dice que todo es normal y que lo que falta es respaldo político al proceso.

Muy bien. Quiero decir que hoy estamos en una sesión de información y yo no voy a adelantar mi posición ni mi voto hasta que no termine de escuchar y analizar toda la información.

Mis preguntas al Canciller, señor Presidente, con respecto a los parques nacionales o a los parques de los que se han hablado, son las siguientes:

La terminología a usarse es "parques fronterizos". El uso del término "parque binacional" sería inaceptable y muy grave porque se trataría de una cesión de soberanía. Sin embargo, en su presentación de hoy día el Canciller ha hablado de "un parque", y yo no sé si ha sido un lapsus, si se ha equivocado, por lo que quisiera una aclaración al respecto. Un solo parque sería gravísimo y sería una cesión de soberanía.

Luego, señor, quisiera saber si se trata de una sola unidad de conservación, es decir, sería contraproducente que cada uno de los parques se dedicara a cosas diferentes; por ejemplo, uno a la investigación y otro a las actividades productivas controladas. ¿Se ha pensado en eso? ¿Cuál es la propuesta de la Cancillería respecto de lo que sería la categoría del parque fronterizo?

Finalmente, ¿cuál es la delimitación? ¿Se ha pensado en la delimitación del parque? ¿Podrían, por ejemplo, estar separados, uno a cincuenta kilómetros de la frontera y el otro empezar a cincuenta kilómetros de la frontera? Quisiera saber cuál es la opinión sobre esto y también si se ha pensado en qué tipo de administración se daría.

Señor Presidente, con relación a la exposición que ha hecho el Ministro de Relaciones Exteriores esta mañana, hay algo que me ha parecido muy grave.

El Ministro ha dicho que ha venido porque tenemos que escoger entre dejar estancado el proceso —que no se retomaría en muchos años— o en concluirlo, y ha dicho que quedaría suspendido para cada uno de los países.

Y yo le pregunto, señor Presidente: ¿Tan feble o tan volátil es la situación entre el Perú y el Ecuador que si no aprobamos esto habría, como usted ha dicho, un conflicto seguro? ¿Qué sabe el señor Canciller que nosotros no sabemos? ¿Qué sabe usted, señor Canciller, que el Perú no conoce? ¿Qué sabe usted que es tan grave, que si nos tomamos un tiempo para pensar, o que si nos tomamos un tiempo para decidir, nos vamos a un conflicto o no se volvería a hablar del tema en décadas? ¿Podría ser usted preciso o explícito?

Señor Presidente, esta mañana se nos pidió, y el Canciller nos pidió, respetar la conciencia histórica
del Ecuador, señalando que el Presidente del Ecuador había mencionado aspectos emocionales; pero luego dijo que tenemos que hacer todo basado en lo jurídico y no en lo emocional. Sin embargo, al final de su exposición, el Canciller dijo lo siguiente: "Yo les pido a ustedes, señores congresistas, que voten basados en sentimientos de peruanidad y amor patrio".

¿Por qué el señor Canciller nos pide a nosotros sentimientos patrióticos y por qué no podemos votar con plenos conocimientos jurídicos? Porque usted, doctor De Trazegnies, es tan jurista como yo y sabe perfectamente que hay una incongruencia entre el planteamiento y su petición, y nos pide usted un voto sentimental; y usted sabe que un abogado no puede dar votos sentimentales.

Yo no lo haría sobre el patrimonio personal ni sobre el de mi familia, señor Presidente. ¿Por qué entonces se me pide un voto basado en sentimientos respecto de lo que es el patrimonio de mi país? ¿Por qué se nos pide ese acto de fe con relación a lo que es el patrimonio del país?

Yo quiero terminar, señor Presidente, diciendo al Canciller lo siguiente: la paz, cuando es efímera, no sirve.

Porque yo no quiero pensar, señor Presidente, y lo voy a decir muy sinceramente, que el Canciller haya querido esgrimir argumentos chantajistas para forzar en nosotros un voto de fe o de sentimientos patrióticos.

El Perú le pregunta: ¿Qué saben ustedes que no nos han dicho a nosotros? Díganlo, para poder nosotros votar con todo el conocimiento jurídico, como un Congreso responsable lo tiene que hacer para decidir; porque la paz efímera no sirve, la paz sirve cuando es duradera y cuando es el producto del consenso entre los países. Ésa es la paz que yo quiero para mi país y para el Ecuador, y ésa es la paz que yo siempre he defendido, no una paz efímera. En base a eso espero que el Canciller responda.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el grupo CODE-Acción Popular.

Se inicia con el doctor Javier Alva Orlandini por diez minutos, sigue el doctor Barba Caballero por cinco minutos y luego el señor Daniel Coral por cinco minutos.

constituirá una nueva expresión de la responsabilidad de los Países Garantes con el compromiso que asumieron por el Protocolo de Río de Janeiro. Tan importante respaldo compromete la gratitud del Ecuador y del Perú".

La respuesta de los países garantes, a través del Presidente de la República Federativa del Brasil, don Fernando Henrique Cardoso, en un párrafo, dice lo siguiente: "Nuestra propuesta estaría referida al acuerdo global y definitivo, por lo que incluiría los acuerdos ya alcanzados entre Ecuador y Perú y una fórmula para el arreglo de los asuntos aún pendientes en materia de fijación en el terreno de la frontera común".

De manera que para el acuerdo común se estaría determinando esa fórmula de arreglo de los asuntos aún pendientes en materia de fijación en el terreno de la frontera común. Y requieren los países garantes que sean los Congresos de ambas naciones los que aprueben ese arreglo, para que tenga carácter obligatorio o, como ellos dicen, vinculatorio.

¿Qué nos propone el Poder Ejecutivo en el artículo 1º? Que se apruebe el procedimiento planteado por los países garantes, es decir, que se apruebe que el acuerdo global tenga carácter vinculatorio.

Si se aprueba el artículo 1º de la resolución legislativa propuesta por el Poder Ejecutivo, evidentemente ya, de antemano, se estarían aprobando los convenios o tratados entre Perú y Ecuador, los que están ya en principio concertados y los que serían objeto de decisión o arbitraje por los países garantes.

Yo no quiero discutirle al Canciller si hay o no arbitraje, eso es una cosa obvia. Los países garantes van a resolver un asunto que compete a Ecuador y a Perú, que es arbitraje en el lenguaje común y corriente que conocemos quienes somos abogados, aunque no tenemos las calidades de profesores universitarios tan destacadas como las que tiene el Canciller de la República.

Considero, sin embargo, señor Presidente, que al alcanzar una nueva propuesta con un artículo 2º, el Canciller de la República, en nombre del Gobierno, estaría en buena cuenta haciendo, no diré burla pero sí un esfuerzo metodológico para que el artículo 2º quede virtualmente inútil, porque si se aprueba el
El señor ALVA ORLANDINI (CODE-AP).— Gracias, señor.

Está en debate un proyecto de resolución legislativa que envía el Poder Ejecutivo y que ha sido fundamentado por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Canciller de la República, que conjuntamente con el Ministro de Defensa se han hecho presentes en la sesión de esta mañana.

Ese proyecto de resolución legislativa tiene que estar ceñido, como toda ley, a la Constitución. En mi concepto, no ocurre esto en el presente caso.

El Canciller de la República sabe perfectamente que ninguna ley, y menos una resolución legislativa, puede transgredir el marco de la Constitución. En caso de que lo hiciera, rige la norma del artículo 51º de la Carta Política, que establece cuál es la jerarquía del orden jurídico.

En el tema en debate hay cuestiones que son de interés para el país. Nosotros somos fervientes partidarios de la paz. Creo que en el Perú nadie anhela la guerra y todos repudiamos cualquier eventual conflicto. Sin embargo, debemos considerar cuáles son los asuntos que han sido materia de, poco más o menos, tres años de negociaciones binacionales.

El Tratado de Comercio y Navegación, el Tratado de Integración Fronteriza, el Tratado de Medidas de Confianza y Mutua Seguridad, el Tratado sobre el Canal de Zarumilla y la fijación en el terreno de la frontera terrestre común. Los cuatro primeros puntos han sido ya virtualmente convenidos entre las comisiones del Perú y del Ecuador. El único tema pendiente es el que concierne a la fijación en el terreno de la frontera terrestre común.

En vista de que sobre esta materia había discrepancia o criterios paralelos, como nos indica el Canciller, se produjo la carta firmada por los presidentes de Ecuador y de Perú dirigida al Presidente de la República Federativa de Brasil y, por su intermedio, a los presidentes de los otros países garantes.

En un párrafo de esa carta, se dice literalmente lo siguiente: "La propuesta que tengan ustedes a bien presentar podría conducir al arreglo que permita dar término, en forma global y definitiva, a las diferencias que aún subsisten entre nuestros países. Ésta también artículo 1º de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, el artículo 2º sustitutorio, que dice: "El Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza y el Tratado de Comercio y Navegación a ser suscritos serán sometidos al Congreso para su aprobación antes de su ratificación, de acuerdo a la Constitución y a las leyes de la República", quedaría absolutamente inoperativo, en razón de que al aprobarse el artículo 1º ya estamos, en forma global, aprobando el acuerdo entre Ecuador y Perú, conforme a la propuesta enviada por el presidente Cardoso en nombre de los países garantes.

En resguardo de los altos intereses del Perú, considero que no se puede violentar el orden jurídico. El artículo 56º de la Constitución es terminante, establece que "Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: (...) 2) Soberanía, dominio o integridad del Estado".

Repito, la Constitución señala que tienen que ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República; sin embargo, en este caso se trata de hacer a la inversa: que el Congreso, mediante esta resolución legislativa, apruebe un paquete de convenios cuyo contenido no conocemos los congresistas y menos el pueblo del Perú. Me parece que se está violentando el orden jurídico, se está incumpliendo esta norma de la Constitución.

Claro que se puede resolver también el problema, pero no en la forma propuesta por el Poder Ejecutivo. Previamente habría que modificar el artículo 56º de la Carta Política, modificación que la puede hacer el Congreso. Para ello se puede usar cualquiera de estas dos fórmulas alternativas: la primera es la aprobación por el Congreso con mayoría del número legal de sus miembros y la ratificación mediante referéndum; y la otra fórmula es mediante la aprobación en dos sucesivas legislaturas ordinarias, con los votos de por lo menos dos tercios de los congresistas de la República.

La primera alternativa es la más democrática: que vote la mayoría, que tiene el número suficiente de votos en favor de la aprobación de esta resolución legislativa que implica una modificación a la Constitución y que se someta al pueblo peruano en referéndum la ratificación de la enmienda
constitucional. Ésa sería la fórmula democrática, señor Presidente.

En consecuencia, sin menoscabo de reconocer el esfuerzo que hacen los países garantes, a quienes debemos agradecer el gesto que tienen para buscar la paz en esta parte del continente, debemos manifestar también que nosotros nos sentimos peruanos y actuamos patrióticamente. No discutimos las buenas intenciones de los diversos grupos políticos que integran el Congreso, como tampoco discutimos el patriotismo de quienes conforman el Gabinete Ministerial y las Fuerzas Armadas, que han opinado sobre esta materia; pero discrepamos radicalmente de la forma como se quiere resolver esta situación hoy. Que sea el pueblo peruano el que decida mediante referéndum si acepta una norma como la propuesta por el Poder Ejecutivo, que implica la modificación de la Constitución.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra el señor Barba Caballero.

El señor BARBA CABALLERO (CODE-AP).— Señor Presidente: Quisiera que mis primeras palabras sean para saludar, por supuesto, a los señores ministros aquí presentes; y, en segundo lugar, para decir que frente al tema que estamos debatiendo, la primera reacción, tanto del congresista Moisés Heresi como de quien habla, fue la de abstenernos o votar en contra, porque en verdad ningún representante de la oposición se siente motivado a colaborar con un gobierno sin modales democráticos y que no nos inspira confianza en sus promesas.

Sin embargo, lo que aquí está en juego, como bien lo ha dicho el señor Canciller, es la posibilidad de una paz definitiva; y aunque hay riesgos en este proceso, son sin duda preferibles a la terrible y costosa alternativa de dos países hermanos condenados a pelarse los dientes y afilarse las uñas.

Por primera vez en mucho tiempo está en nuestras manos la posibilidad de ponerle punto final a esta querella fronteriza que ha costado centenares de vidas y mutilados en ambos bandos; y si todavía tenemos la solemne promesa del señor Canciller de la República y de las Fuerzas Armadas del Perú, de que no se cederá un centímetro de territorio peruano y que los garantes no podrán apartarse del Protocolo de Río y de los demás instrumentos complementarios, no veo ninguna razón de peso para no apoyar al Estado peruano en este esfuerzo por la paz.

Cierto es que hay algunos elementos que perturban, como por ejemplo la renuncia del canciller Ferrero, la poca credibilidad del señor Fujimori y las objeciones de los voceros de la oposición. Aun así, señor, creo que estamos ante un asunto nacional que exige de nosotros una visión de Estado, lo que quiere decir que debemos sopesar cuidadosamente todas las opciones y luego actuar tal como lo demanda el interés nacional.

En lo que a nosotros se refiere, señor Presidente, estamos realmente agotados del tema "Perú-Ecuador", de los discursos de los diplomáticos, de los argumentos de los juristas y de las primeras planas de la prensa sensacionalista. Merced a esta ecuatorialización de la agenda política del Perú, no ha habido espacio ni tiempo para ocuparnos de los grandes problemas del país.

Hoy ha querido el destino o la historia que esté en nuestras manos el poder colaborar con la paz. En ese sentido, tanto Moisés Heresi como quien habla vamos a hacerlo votando a favor de la resolución legislativa. Pero quiero expresar mi convicción que quienes se abstengan o voten en contra obran con igual patriotismo, pues una oposición insatisfecha es también una forma, o quizá la mejor forma, de hacer patria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra el señor Daniel Coral.

El señor CORAL PÉREZ (CODE-AP).— Señor Presidente: Un pueblo bien informado es un pueblo consciente y soberano.

La información recibida del ex Canciller Ferrero Costa ha permitido al pueblo peruano conocer aspectos muy resaltantes sobre los pareceres jurídicos, que ha sido en los últimos días un tema que ha permitido al pueblo peruano introducirse adecuadamente en la discusión y el debate de esta temática que mantiene en permanente expectativa a todos los peruanos en su conjunto.

Si tuviéramos la posibilidad, señor Presidente, de acceder a esa información, creo que la situación se
hubiese facilitado enormemente, no solamente para quienes con muy justificada razón pretenden acelerar el proceso de definición de esta resolución legislativa, la que solamente tenemos en nuestro poder unas cuantas horas, como a todos nos consta, sino también para que se permitiera la toma de una actitud consciente y participatoria.

Siempre de la oposición hemos exigido ese tipo de comportamiento por quienes conducen la política de relaciones exteriores en nuestro país. Sin embargo, esa moratoria informativa, la que nosotros estamos obligados a mantener, no ha permitido —repito— auscultar convenientemente los avances y los acuerdos que, se comenta, fueron tomados en una reserva sepulcral, la que realmente no tenemos por qué soportar. De ahí las dudas, señor Presidente,

Y la actitud de un hombre como el canciller Ferrero, que renuncia abruptamente sin explicar al pueblo peruano los motivos y trascendiendo evidentemente una ruptura y su disconformidad con la forma como se viene tratando este problema en las últimas horas, tiene que llevarnos a quienes miramos la situación con un poco de reserva exigir desde acá que se digan las cosas muy claramente y en su oportunidad.

No somos antipatriotas si es que exigimos información oportuna. No nos oponemos a la búsqueda de la paz. Tenemos una gran responsabilidad y la oportunidad histórica para poder participar en este esfuerzo por la paz, luego de un enclaustramiento de cincuenta y dos años que hubiesen permitido a ambos países desarrollarse, no solamente en el aspecto material sino también en el espiritual, solucionando los problemas lacerantes que agobian a nuestros respectivos pueblos y permitiendo que nuestras juventudes asuman una actitud más acorde con la realidad en que vivimos.

Esa falta de información, señor Presidente, del que usted evidentemente no es responsable, sino de la política en que estamos inmersos en estos momentos, debe ser erradicada de raíz para que, efectivamente, esta solución se dé en forma digna.

¿Por qué los pueblos amazónicos y fronterizos reclaman participación en el debate? ¿Por qué se insistió tanto para que representantes de la Región Loreto estén involucrados en la comisión respectiva de las tratativas que en un instante se direccionaron en este tema?

Yo creo, señor Presidente, que quienes exigimos claridad, quienes exigimos en nombre de nuestros respectivos pueblos que se informe adecuadamente, estamos también cumpliendo una responsabilidad histórica.

Pienso que si hablamos un lenguaje claro, un lenguaje transparente, debe contestarse en esta oportunidad, aunque no haya sido dirigido para esta sesión, el pliego interpelatorio con diecisiete preguntas puntuales que se hizo llegar al Premier.

Cuando cada uno asume su rol protagónico, tanto en la información sincera y honesta al pueblo como en la propia acción pública, creo que vamos a responder y vamos a recibir el espaldarazo, no solamente de aquellos que piensan que debemos mantener este problema por un tiempo más sino también de toda la ciudadanía.

Nosotros aspiramos a que de una vez por todas se solucione este problema, pero aspiramos también a que esta solución sea digna y que aseguremos a todos los pueblos del Perú inmersos en la problemática del conflicto peruano-ecuatoriano una información consecuente, una información fidedigna, una información que nos conlleve a una toma de actitud consciente y consecuente con nuestra realidad histórica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Corresponde el turno al grupo PPC-Renovación.

Inicia el señor Enrique Chirinos con cinco minutos, sigue el señor Rafael Rey Rey con cinco minutos, luego la doctora Lourdes Flores con ocho minutos, y finalmente el señor Xavier Barrón con dos minutos.

El señor CHIRINOS SOTO (Ren).— Señor Presidente: No voy a adelantar opinión respecto del fondo de la exposición del señor Canciller de la República, porque no es el momento oportuno. No entraré tampoco en un torneo para discutir si una propuesta desconocida y obligatoria para las partes es o no es un laudo arbitral, no sé que otro nombre podría tener. En cuanto a la forma, ha sido una exposición muy clara, desde luego muy versada.

Señor, me quiero referir a que en la comunicación que dirige el Ejecutivo al Congreso se habla de aquellos
tratados que lleguen a suscribirse, que deberán, cuando corresponda, ser sometidos para la aprobación legislativa antes de su ratificación.

Parece pensar el Ejecutivo que hay otros tratados distintos de los dos proyectos de tratados que ha mencionado, o que podría haber, concepto que se repite, señor Canciller, a pesar de su negativa con la cabeza, en el punto trece del proyecto de resolución legislativa.

"(...) Este respaldo no constituye exoneración de la necesidad de aprobación de los tratados internacionales antes de su ratificación que establece el artículo 56º de la Constitución...".

El señor Canciller ha variado el texto del artículo 2º de la resolución legislativa, para mencionar expresamente el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza y el Tratado de Comercio y Navegación. Eso me parece inconveniente, señor Presidente.

Me parece conveniente que exprese y precise usted sobre esos tratados, pero me gusta la redacción anterior, que dice: "Los instrumentos que resulten de las propuestas de los Garantes..."; o sea, que podría haber instrumentos que resultaran de esas propuestas.

Por intermedio de la Presidencia, me permito recomendar al señor Canciller que junte las dos redacciones, que se mencionara, como usted quiere mencionar, con razón, el Acuerdo de Libre Comercio y el Acuerdo de Integración y los otros tratados que pudieran resultar de la propuesta de los garantes.

Yo quiero decir, también, que si bien ha sido combatido el Canciller, y lo seguirá siendo, en cuanto que los garantes en su función de árbitros pueden escaparse de los estrechos términos en que los ha citado el Canciller y en que lo sitúa la carta que firman los dos Presidentes, en la que en efecto se refieren al Protocolo de Río, al Laudo de Braz Dias de Aguiar y a los documentos complementarios; hay otro punto sumamente interesante en la exposición de esta mañana del señor Canciller que, independientemente del voto de nosotros, si este punto de vista prospera, contiene una garantía en la que no sé si han fijado su atención los señores representantes.

"Actuar —dice el Canciller respecto de los garantes— en contra de ese marco, modificar la línea de frontera, desviarla de las altas cumbres de la Cordillera del
Cóndor —que representa el divortium aquarum al que se refieren los pareceres— aunque sólo fuera un centímetro, sería actuar —aquí emplea una expresión latina— ultra vires, es decir, más allá del mandato que les fue otorgado por las Partes; y, en consecuencia —dice el Canciller—, ese punto de vista contradictorio del marco jurídico no resultaría obligatorio", no sería vinculante.

Por razones que todos comprenderán, no quiero pedirle al Canciller que ratifique ni que amplíe esa declaración, que me parece suficiente y nos tranquiliza a todos, a los que perdamos o ganemos esta votación. Repito, esa declaración del Canciller debe tranquilizar a todo el país.

Yo simplemente insisto en lo primero que me he permitido solicitar: que se complete la redacción del artículo 2º de la resolución legislativa.

He terminado mi intervención y, por tanto, cedo la palabra a mi compañero el señor Rafael Rey.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra el señor Rafael Rey.

El señor REY REY (Ren).— Señor Presidente: Es una lástima que no haya habido toda la información oportuna sobre este importante asunto.

Es evidente, también, que una negociación tan importante exigía una comprensible discreción y una reserva natural; sin embargo, hubiera sido mejor un mayor diálogo de las autoridades y de los negociadores con representantes de la opinión pública y con aquellos que pueden orientarla.

Ahora bien, las circunstancias han exigido ahora, una información que el canciller Fernando de Trazegnies nos ha dado o ha puesto en nuestras manos, y esa información nos permite aclarar algunas dudas.

¿Es un cheque en blanco? No. El proyecto de resolución legislativa establecerá parámetros.

¿La solicitud de los Presidentes y la respuesta de los garantes podría apartarse del Protocolo y sus instrumentos complementarios? No.

¿Cabe que los garantes propongan alguna particularidad que esté fuere del Protocolo? Tampoco.

¿Cabe un canje de territorios? Se apartaría absolutamente del Protocolo.

¿Cabe que haya alguna particularidad que, sin oponerse al Protocolo, debamos aceptar? Probablemente.

¿Se trata de un arbitraje? Hay juristas que piensan que sí y hay juristas que piensan que no.

¿La opinión vinculante de los garantes podría ser de carácter político o de cualquier otro tipo? No, sólo puede ser de carácter jurídico; y, además, los tratados que constitucionalmente necesiten aprobación por el Congreso, entre otros o solamente ellos, el de Integración Fronteriza y el de Comercio y Navegación, nos serán sometidos antes de su ratificación. Eso también ha quedado sumamente claro.

Todos los peruanos queremos la paz, la necesitamos no sólo porque no queremos violencia, sino también porque queremos desarrollo, y el desarrollo sólo es posible si hay paz. No queremos más muertos, no queremos más mutilados, no queremos más armas; queremos más empleos, queremos más inversión, queremos más justicia, queremos vivir tranquilos y progresar, y por eso es importante llegar a un acuerdo definitivo con el Ecuador. También queremos que se cumpla el Protocolo de Río de Janeiro, y que los garantes aseguren que se cumpla.

Habrá quienes estarán en contra y habrá quienes estarán a favor de este proyecto de resolución legislativa, cada cual tiene sus opiniones y sus puntos de vista, pero todos debemos escuchar con respeto las distintas opiniones y aceptar también con respeto la posición final de cada uno.

Serenidad, prudencia, respeto y buena fe es lo que exige el momento por el que atravieza el país.

No hay, pues, objeciones jurídicas de fondo. No hay problemas de fondo. Hay, quizás, diferencias de forma y de estilo. ¿Son esas diferencias de forma y de estilo suficientes para poner un obstáculo insalvable al acuerdo definitivo con el Ecuador? Me parece que no.

Mi conciencia de peruano y de parlamentario está conmovida por las palabras del canciller De Trazegnies, y también lo está por lo que me dijo hace unos días el ex Canciller Ferrero: "Yo deseo vivamente que se llegué a un acuerdo, nada mejor puede sucederle al Perú".

C O M I S I Ó N D E
La decisión que se debe tomar es una decisión sobre un asunto de Estado; una decisión que está por encima de las diferencias y coyunturas políticas, una decisión histórica por el bien del Perú.

En nombre de Arturo Salazar y el mío propio, anuncio que vamos a votar a favor del proyecto de resolución legislativa con las precisiones que vamos a indicar, porque creemos que así nos lo exige nuestra conciencia de peruanos.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra la doctora Lourdes Flores.

La señorita FLORES NANO (PPC).— Señor Presidente: No hay duda que estamos ante un tema de naturaleza peculiar por ser un asunto de Estado; por tanto, la nuestra debe ser una reflexión basada en esa condición y, ciertamente, no en aspectos de política interna.

Yo voy a partir por afirmar dos tesis —con cargo, desde luego, a desarrollar el tema más ampliamente—, que siendo personales son, por supuesto, tesis susceptibles de debate y no necesariamente de coincidencia: la primera es que la objeción central no es jurídica; y la segunda es que quisiera que el análisis a efectuar partiera de una máxima, que en mi concepto tiene un valor ético fundamental: no es lo mismo decir la verdad que decir toda la verdad.

Creo, por tanto, que hay tres temas básicos: las consideraciones de carácter jurídico sobre el artículo sétimo del Protocolo, los límites a la intervención de los garantes y la posibilidad de otras propuestas. Sobre ellos van a centrarse mis reflexiones y mis interrogantes, porque hoy es básicamente un día de interrogantes.

Sobre el artículo sétimo y su aplicación. En efecto, como ha sido recordado, el Protocolo dice que las dudas o divergencias serán resueltas con el concurso de los países garantes. El único antecedente histórico existente fue la utilización de este artículo —como ha señalado el Canciller con toda propiedad— para la denominada "fórmula Aranha" y el posterior arbitraje de Braz Dias de Aguiar.

Es verdad también que el Perú no aceptó los pareceres técnico-jurídicos con carácter de vinculante, me refiero a las propuestas de hace apenas unos meses.

Una interpretación lata, una interpretación amplia del artículo sétimo —que a mí no me parece descabellada, me parece válida—, permite en primer lugar afirmar que la expresión "concurso" ya connota una actitud distinta de la de simple garante. Y una segunda, que creo que es una interpretación incluso posible: que aun admitiendo que estuviéramos ante un arbitraje de ejecución, es decir, de un mecanismo para ejecutar el Protocolo, ese sometimiento es un acto de voluntad de las partes y, en ese sentido, es la forma de solución que ellas acuerdan en virtud del propio artículo sétimo.

Por eso sostengo que, en mi concepto, la médula del problema no es la posibilidad de aplicar el artículo sétimo con esa interpretación, aunque respeto, como en toda materia jurídica, puntos de vista distintos.

Mi pregunta concreta en este ámbito jurídico es: ¿qué elementos definen para la Cancillería la naturaleza del concurso de los garantes, para asegurar que en ese planteamiento no haya el riesgo de tener que ir a un acuerdo complementario al Protocolo, sino para asegurar el carácter puramente ejecutivo de esa intervención? En esos términos, me parece que la interpretación del artículo sétimo es factible de darse.

Y esto viene ligado a la segunda tesis central que, en efecto, está contenida —y en eso también coincido con lo señalado por el Canciller— en la propuesta que los Presidentes formulan y en la respuesta del presidente Cardos: allí se habla de una fórmula de arreglo conforme al Protocolo de Río de Janeiro.

Yo quiero, entonces, referirme a este punto, es decir, la limitación de los poderes que se otorgan para hacer efectiva esa responsabilidad ultra vires de la que nos ha hablado el Canciller. Me parece que éste es un tema medular sobre el que hay que ser muy precisos.

Yo quisiera formular tres preguntas:

Primero: ¿Qué lleva al Canciller a sostener que la intervención de los garantes está inexorablemente enmarcada en el Protocolo de Río de Janeiro, en el fallo de Braz Dias de Aguiar y en los pareceres técnico-jurídicos?

Segundo: en la línea presentada por el doctor Chirinos hace un instante, ¿qué medidas de derecho internacional caben si los garantes, en uso de las atribuciones conferidas, excedieran o prescindieran del marco del Protocolo de Río de Janeiro?

Y, en tercer lugar, ¿qué mecanismos coercitivos pueden asegurar, frente a la decisión de los garantes, la real colocación de los hitos? Para decirlo más sencillamente: ¿qué ocurre si el Ecuador no ejecuta la decisión de los garantes o si en un acto político posterior lo desconoce?

He sostenido, entonces, una primera tesis, señor Presidente, que es una tesis personal y desde luego susceptible de debate, y en esta Sala hay puntos de vista distintos sobre la materia. Mi hipótesis, mi punto de vista personal, es que el centro del problema no es un problema jurídico. Yo creo que, en virtud de una interpretación del artículo sétimo, cabe avanzar hasta donde se ha avanzado.

Sin embargo, he dicho que hay un segundo tema y sobre éste quiero ser absolutamente claro: no es lo mismo decir la verdad que toda la verdad. Y a mi amigo el Canciller, a mi profesor universitario y a una persona que sabe me merece todo el respeto, yo le quiero pedir que, en los términos que sean más convenientes, diga ante el país toda la verdad.

El cheque en blanco, desde mi punto de vista, no está en los límites que se consagran para la aplicación del artículo sétimo. Allí no me parece que está el problema. Yo sí creo que podríamos, aventurando una tesis, llegar —quizás con un riesgo, como siempre todo en la vida— a sostener que el Perú conseguirá una demarcación en su tesis tradicional. Sin embargo, sí creo que hay un riesgo de indefinición —y por eso voy a formular algunas preguntas— en las propuestas que los garantes podrían hacer en su concurso para llegar a la demarcación.

En otras palabras, ¿la propuesta de los garantes sólo es demarcatoria? ¿Es previsible que en esta negociación pudieran existir aspectos que, no siendo contrarios al Protocolo —fíjese lo que estoy señalando—, tampoco estén contemplados en él y que ésas resulten "las concesiones" que en verdad históricamente el Perú no tendría por qué hacer? ¿Cómo atender los aspectos emocionales a los que el presidente Mahuad ha hecho mención?

En otras palabras, señor Presidente, el Canciller ha dicho que pueden haber muchas cosas que se pueden hacer con imaginación, y yo entiendo que esas muchas cosas son parte de esa propuesta complementaria a la estrictamente demarcatoria que pudiera venir en la propuesta de los garantes. Creo
que eso merece una cabal explicación. ¿Qué tiene el Canciller que informar respecto de estos aspectos?

Algunos temas precisos han sido tocados por la doctora Merino, como la connotación de administración de los parques ecológicos —una propuesta—, el tema de la seguridad en esos parques. Éstos son aspectos que si bien tendrían necesariamente que ser debatidos por el Congreso y dictada una norma específica en el país, es previsible que haya una información complementaria que aún no conocemos. Y aun salvando este tema puramente emocional, el denominado "monumento", un monumento a la paz —se ha dicho—, que tiene connotaciones distintas de un monumento en el que se rinda homenaje, por ejemplo, a soldados ecuatorianos que pudieran haberse infiltrado y atacado nuestro territorio.

Entonces, señor Presidente, y éste es el punto central de esta etapa de interrogantes: en nuestro concepto, en este espacio aún no definido hay información que recibir, y el Canciller puede elegir y la Mesa Directiva decidir cuál es el mejor mecanismo para brindarlas; pero creo que sobre esta materia una decisión bien informada reclama de más criterios, que darían más luces sobre la naturaleza de una propuesta cuyos contornos y alcances no conocemos totalmente.

Y, finalmente, una última pregunta cuya respuesta conozco pero que quisiera encontrar: ¿Por qué no se ha obtenido —o si es que la ha habido y de repente no lo conocemos— opinión de la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores? Creo que en una materia de esta naturaleza una opinión en ese sentido y de esa institución hubiera resultado —o resultaría, todavía hay tiempo para hacerlo— necesaria.

Éstas son, señor Presidente, en síntesis, mis interrogantes, habiendo señalado una tesis en el aspecto jurídico y planteando respecto de ésta algunos aspectos que creo merecen una explicación adicional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra el señor Xavier Barrón.

El señor BARRÓN CEBREROS (PPC).— Gracias, Presidente.

Saludo la presencia en el hemiciclo del Primer Ministro, del Canciller y del Ministro de Defensa.

C O M I S I Ó N D E
Quiero ir directamente al llano, Presidente, para continuar la tesis que ya había iniciado y planteado la colega Lourdes Flores.

Hoy vine con la tesis —reconozco— de sentir que debía votar en contra del planteamiento de la Presidencia del Congreso y de la mayoría del Congreso, pero el debate de hoy me hace pensar que no puedo ser tan obtuso en traer ideas preconcebidas a la sesión, y quiero abrir mi mente y escuchar respuestas a las preguntas que voy a hacer, antes de decidir cuál será finalmente mi decisión.

Por eso, Presidente, por su intermedio, quiero preguntarle al Canciller —repito—, siguiendo la tesis informativa a la que ha aludido la colega Lourdes Flores...

El señor PRESIDENTE.— Por favor, habilitemos los turnos para que pueda completar sus preguntas.

El señor BARRÓN CEBREROS (PPC).— Sí, Presidente.

Decía entonces que si se ha previsto una coordinación con el Parlamento ecuatoriano, de manera tal que, por ejemplo, ambas resoluciones sean sincronizadas dentro de una temporalidad aceptable, o es que podría darse el caso de que el Parlamento ecuatoriano no apruebe —porque el futuro sólo le pertenece a Dios— y entonces cuál sería la posición de este Parlamento.

Segundo: si una vez conocido el planteamiento de ambos y una vez conocida la decisión del concurso de los garantes —para no llamarle fallo arbitral, como quiere ese parecer vinculante, como se pide—, qué ocurre y cuál es la tesis que tiene preparada nuestra diplomacia y la mayoría del Congreso en el caso de que el Parlamento ecuatoriano desconozca ese fallo por considerarlo que le es adverso.

Finalmente, Presidente, y creo que es la más importante. En los pareceres jurídicos aparece que se han pronunciado o han opinado jurídicamente sobre los problemas limítrofes en el sector Lagartococha y en el sector Cordillera del Cóndor. Dentro de los problemas que son del Cóndor no hay problemas demarcatorios sino entre los hitos Cunhuime Sur y 20 de Noviembre, donde no hay demarcación. Ahí habría que demarcar y creo que en ese sentido es el optimismo que trae el Canciller, que quiero ratificarlo,
que ojalá así sea y acabe para siempre esta pesadilla que viven los peruanos.

Pero entre el hito Cusumaza-Bumbuiza y Yaupi-Santiago no hay problema demarcatorio, hay un problema interpretativo, del cual ha conocido mucho en su momento el ex Canciller Torres y Torres Lara cuando hubo el famoso "Pacto de Caballeros". Esta situación ahora, en opinión jurídica, está pronunciada y dictaminada en línea recta entre Cusumaza-Bumbuiza y Yaupi-Santiago, que no es el parecer del Perú, que tiene pronunciamientos permanentes durante décadas que van siguiendo la margen del río; estamos hablando de quinientos kilómetros cuadrados aproximadamente, creo, si me equivoco rectifíqueme, por favor.

Quiere decir, Presidente, y por eso le pregunto, que el pronunciamiento, concurso, opinión, llámese como se llame, que van a dar los cuatro presidentes garantes, va a incluir no sólo la línea demarcatoria entre Cunhuime Sur y 20 de Noviembre, sino también entre zonas no demarcadas pero con problemas, con impasses vigentes, como es entre Cusumaza-Bumbuiza y Yaupi-Santiago. Si es así, Presidente, ¿qué se espera para ello? Y si para eso, reitero y me aúno al pedido de Lourdes Flores, la Presidencia conviene que esos puntos sean conocidos en sesión reservada o secreta, hagámoslo así, Presidente, lo dejo a su criterio, porque queremos tener esa información.

Queremos votar sensata y patrióticamente, haciendo uso de la invocación que ha formulado también mi antiguo profesor, con quien hemos concordado más veces que discrepado, cuando dice que está seguro que todos los congresistas votaremos por sentido patriótico y amor a la patria.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Corresponde la palabra el grupo DEMO.

Empieza el señor Gustavo Mohme con ocho minutos, luego el señor Jorge Donayre con ocho minutos y, finalmente, el señor Róger Cáceres con cuatro minutos.

El señor MOHME LLONA (DEMO).— Gracias, señor Presidente.

Señores ministros: Conforme se ha expresado el día de hoy, frente a un tema de Estado como el que estamos tratando, corresponde pues a los representantes actuar como peruanos y como parlamentarios, es decir, en defensa del fuero del Congreso. Así como los señores oficiales de la Fuerzas Armadas defienden los principios de la soberanía y de la integridad territorial, corresponde también a los parlamentarios defender los mandatos y los fueros que la Constitución nos otorga y que el voto popular nos entrega. En consecuencia, es bajo este principio o bajo este análisis que pienso que debemos intervenir y definir nuestros puntos de vista.

Nosotros tenemos observaciones de forma y de fondo sobre el tema que se ha tratado. El tiempo alcanza sólo para quizás tratar someramente un par de observaciones de forma.

El ministro De Trazegnies nos dice que mediación es cuando un tercero concilia las partes y arbitraje cuando un tercero escucha las partes y falla. Pero, a este respecto, yo quisiera retrotraerme a la Declaración de Buenos Aires, en su párrafo sexto, inciso c), que dice: "Las Partes, si así lo convinieren, otorgarán obligatoriedad a su recurso a los Garantes (...)", que también ha sido mencionado por el señor Ministro.

En primer lugar, debo reflexionar que esta modificación del Tratado no ha sido aprobada por el Congreso, es un acuerdo que se ha tomado entre los Ejecutivos y que modifica en tanto las disposiciones del Tratado de Paz. Pero si fuera así, por qué el Ejecutivo no apela a él, continúa el proceso, como ha marchado, y le hubieran dado, como pudo haber ocurrido en el momento en que se realizó este convenio, el carácter de obligatoriedad al acuerdo técnico-jurídico de demarcación.

En esas condiciones no estaríamos discutiendo en los términos que estamos debatiendo el día de hoy. Y en esas condiciones qué necesidad hay en este momento de obligar al Parlamento a aprobar "un procedimiento" que inevitablemente desembocará en un fallo que tiene el carácter de obligatorio, dado el carácter vinculante de la solicitud de los garantes.

En consecuencia, estamos frente a una exigencia de aprobar un procedimiento que va a terminar en un fallo obligatorio para el país.

¿Por qué obligar al Parlamento a realizar un acto de fe confiando en la decisión de los garantes, cuando
a su vez los garantes no confían en que hagamos una ratificación sensata de los puntos de vista que ellos puedan expresar o de los acuerdos que ellos nos puedan proponer?

Hoy, el señor Patricio Ricketts dice que los garantes reclaman un rol arbitral respecto de lo que ellos mismos arbitraron hace cuarenta y tres años y que acaba de ser ratificado en mayo por la Comisión Jurídico-Técnica de los propios garantes; o sea que estamos reciclando todo un proceso en los términos en los que se está tratando.

El Parlamento, señor Presidente, no puede renunciar a un mandato indelegable, como es el de cumplir la Constitución y por lo tanto el artículo 56º de la misma, que dice que "Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente (...)".

En consecuencia, el camino lógico de un tratado debe ser: posición de los garantes, decisión del Ejecutivo y ratificación del Parlamento; pero hoy nos encontramos precisamente en el camino inverso: nosotros vamos a asumir la responsabilidad de aprobar una solicitud de los garantes, para después transmitírsela al Ejecutivo y que éste luego la entregue a los garantes para que ejecuten. El camino se ha invertido: lo que antes significaba la facultad final de aprobación que tenía el Parlamento, ahora está en manos de los garantes.

En este punto el Ministro plantea que el Congreso ratificará el Tratado de Comercio y Navegación y el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, y nos dice que ahí se recuperará la posición o el cumplimiento del artículo 56º de la Constitución. Pero aquí surge una contradicción inevitable, de acuerdo al punto dos del Acuerdo de Santiago, que dice: "(...) Los entendimientos a que se llegue en cada uno de los puntos, y que podrán implicar concesiones recíprocas, serán definitivos solamente después del acuerdo final en torno de la totalidad de los impases registrados...".

La resolución indica que el Congreso ratificará los acuerdos, pero yo pregunto: en el supuesto de que el Congreso no ratificara, por ejemplo, el Tratado de Comercio y Navegación, ¿qué pasaría con la demarcación que supuestamente para ese momento ya se habría realizado y ya estaría concluida, a la luz del punto dos de este acuerdo? Siendo vinculantes entre sí las decisiones y obligatorias la formalidad de

C O M I S I Ó N D E
los cuatro aspectos que se han tratado, Ecuador tendría el perfecto derecho de denunciar esa demarcación en vista de que nuestro Parlamento no ha aprobado el Acuerdo de Navegación, que es parte obligatoria de la definición de los cuatro puntos.

Dicho en otras palabras, cuando se demarca es porque se han aprobado los cuatro puntos, se han aprobado los cuatro impasses, se han aprobado los cuatro pareceres técnico-jurídicos. En consecuencia, ¿qué vamos a ratificar nosotros? No tenemos nada que ratificar. Cuando venga el Tratado nos veremos obligados a aceptarlo, porque sino ponemos en peligro la demarcación ejecutada. En consecuencia, no alcanzo a entender cuál es la figura.

Se acaba el tiempo, Presidente, y lo que quisiera es que finalmente el Canciller nos haga conocer, tal como han conocido seguramente las Fuerzas Armadas, cuáles son los términos del planteamiento de los garantes, para que nosotros, en nuestra condición de Parlamento, así como lo tuvo el Ejecutivo, podamos definir con conocimiento de causa.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra el señor Jorge Donayre.

El señor DONAYRE LOZANO (DEMO).— Señor Presidente del Congreso, señores ministros de Estado, señores congresistas: En estos últimos días hemos estado escuchando permanentemente, como consecuencia del tema Perú-Ecuador, sobre su Santidad el Papa. Se hablaba y se hablaba del Papa, y tanto se habló de él, señor Presidente, que anoche, cuando me acostaba cansado de escuchar el tema, me encontré en un profundo sueño, y en ese sueño su Santidad me hablaba, y me hablaba para decirme y para recordarme que soy loretano, para decirme que Loreto es la conciencia patriótica del Perú, para decirme que en los permanentes desfiles y las protestas del pueblo loretano se encuentra la conciencia del pueblo peruano.

Y al decirme esto, Presidente, me recordaba que soy loretano; y al decirme que soy loretano, me decía en este sueño: usted, que es loretano, ¿puede creer en un Canciller que ha sido miembro del Jurado de Honor de la Magistratura y que se ha prestado a aprobar a los vocales echados al Poder Ejecutivo, que dictan los
fallos más vergonzosos de la historia del Perú, que encarcelan ciudadanos inocentes? ¿Puedes confiar en ese Canciller? Escuchaba que me decía: ¿puedes confiar en ese Canciller belga que no siente a la patria como lo sienten los loretanos? ¿Puede usted confiar, ciudadano loretano, ciudadano peruano, siendo parte de la conciencia nacional, en generales derrotados?

Ante estas interrogantes, señor Presidente, entré en profunda meditación, más aún cuando escuchaba la pregunta que decía: ¿cómo vas a aprobar algo que no conoces? ¿Puedes aprobar dar carta blanca sobre un tema donde está en juego la soberanía nacional, donde está de por medio la patria, para que otros países decidan la suerte del Perú y no sean los peruanos los que tengan que resolver? ¿Se puede celebrar un Tratado de Navegación sin consultar al pueblo loretano, que es la conciencia nacional? ¿Se puede hacer todo esto, Presidente? Me pregunto todo eso, señor.

Como el Presidente no he me ha dicho que ha terminado el tiempo y Róger Cáceres está fastidiado, en cuanto usted me diga que ha terminado el tiempo voy a dar por concluida mi intervención.

Me pregunto, señor Presidente: si los países garantes ya han emitido un dictamen técnico-jurídico que da la razón al Perú, que se sustenta en el Protocolo de Río de Janeiro y en el fallo de Braz Dias de Aguiar, ¿de qué negociación podemos estar hablando?

¿Se puede negociar territorio nacional? ¿Se puede negociar, como acabo de leer en el proyecto de Tratado de Comercio y Navegación, parte del territorio loretano para que se coloquen almacenes a favor de Ecuador? ¿Hacer eso no significa traición a la patria?, amén de ello, tener agentes consulares de Ecuador dentro del territorio peruano. ¿Se puede aceptar eso cuando ya hay un convenio de esta naturaleza?

¿Puede pedirme el Canciller, puede pedirme el Ministro de Defensa, puede pedirme el Presidente del Consejo de Ministros, puede pedirme el Presidente de la República, que confíe en ellos? La respuesta de la conciencia es no, Presidente. No en nombre de Loreto, no en nombre de mi conciencia, no en nombre de mi patria.

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra el señor Róger Cáceres.

Cuarta. Finalmente, quiero preguntar al señor Canciller ¿por qué en la suspensión del debate habida hace unos momentos solamente se ha puesto a la vista de los congresistas el texto de lo que sería el Tratado de Comercio y Navegación con el Ecuador, más no el texto del proyecto de Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, privándosenos conocer así valiosísimos elementos de juicio que, conforme señala el propio señor Canciller, son indispensables para mejor decidir, tanto más, la modificación que él mismo ha sugerido respecto del punto resolutivo segundo de la resolución legislativa en debate?

Yo confío, señor Presidente, que por el bien del país el señor Ministro de Relaciones Exteriores absuelva las interrogantes antes planteadas. Reiterando, respecto de la primera, que los peruanos no podemos tener como definitiva e incontrastable una actitud asumida por el señor Presidente de la República que no tenía el necesario e indispensable refrendo ministerial, tal cual lo consagra preceptivamente de manera insoslayable el artículo 120º de la Constitución.

Asimismo, reitero, señor Presidente, que no podemos aceptar un modus operandi en lo concerniente a la aprobación que se propone del modus operandi que el Poder Ejecutivo ha sugerido, siendo así que no hemos modificado previamente el artículo 57º de la Constitución. Estaríamos ultrajando, agraviando la Constitución, de contrario.

Luego, señor Presidente, cómo podemos tener seguridad de que en la propuesta que harán los garantes no se respetarán a cabalidad en su totalidad los acuerdos ya logrados por el Ecuador. Hay sólo una referencia a ellos, dando lugar a que alberguemos la sospecha, la suspicacia de que podrían solamente respetarse en parte, que podría haber prescindencia, por lo menos en parte, respecto de dichos acuerdos.

Finalmente, reitero que quien habla considera indispensable que, antes de decidir, tengamos también a la vista, conjuntamente con el Tratado de Comercio y Navegación con el Ecuador —que hemos podido ver en la Sala de Constituciones de este Congreso—, el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, que para todos nosotros o por lo menos para la oposición es algo que desconocemos.

Confío que el señor Canciller, con la versación que le caracteriza, pueda absolver estas preocupaciones.

El señor CÁCERES VELÁSQUEZ (DEMO).— Señor Presidente: Saludo la presencia del señor Presidente del Consejo de Ministros, del Ministro de Defensa y, en particular, del señor Ministro de Relaciones Exteriores, por ser la primera vez que nos visita y por la amistad que desde hace décadas he cultivado con él.

En cumplimiento de los sagrados deberes que como congresista me corresponde en cuanto al tema que nos convoca y dada su innegable trascendencia histórica, con cargo de expresar oportunamente mi posición sobre el fondo mismo de los cruciales asuntos en debate, limitado por el angustioso límite término de cuatro minutos que se me ha asignado para mi intervención, quiero plantear al señor Canciller cuatro preguntas, cuya cabal respuesta espero, basada en la versación y cultura jurídica que él posee y que todos le reconocemos.

Estas cuatro preguntas son las siguientes:

Primera. ¿Tiene validez jurídica incontrastable la petición formulada por el señor presidente Fujimori, en firma conjunta con el señor Mahuad, presidente del Ecuador, siendo así que dicha petición no fue asumida en su oportunidad, conforme lo establece el artículo 120º de la Constitución, por ministro alguno, ya que el canciller Ferrero había renunciando al momento de su formulación el 8 de octubre en curso?

Segunda. ¿Cómo podrá tenerse por arreglada la Constitución en su artículo 56º, la aprobación del modus operandi propuesto por el Poder Ejecutivo, siendo así que ello entraña un procedimiento no considerado expresamente en nuestra Carta Magna, para lo cual debe modificarse previamente los dispositivos pertinentes de la Constitución, según lo que ésta señala concretamente en su artículo 57º, que establece que ello es indispensable cuando un tratado afecta disposiciones constitucionales?

Tercera. ¿Qué alcance tiene, en criterio del señor Canciller, el que dentro de la propuesta formulada por el presidente del Brasil, señor Cardoso, no se ofrece, en especial en su quinto y crucial párrafo, la suficiente garantía para el Perú al no establecer con claridad que la propuesta de los garantes, al referirse a los acuerdos logrados con el Ecuador, serán respetados en su totalidad o podrá hacerse prescindencia en parte respecto de dichos acuerdos?

C O M I S I Ó N D E
Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Para completar este bloque de grupos parlamentarios, van a hacer uso de la palabra los representantes de Cambio 90-Nueva Mayoría: empieza el doctor Torres y Torres Lara con diez minutos y luego el señor Oswaldo Sandoval con otros diez minutos.

El señor TORRES Y TORRES LARA (C90-NM).— Señor Presidente: Hacemos llegar nuestro saludo al Presidente del Consejo de Ministros, al Ministro de Relaciones Exteriores y al Ministro de Defensa.

Todos hemos tenido dudas sobre este hecho, porque todos somos peruanos y todos legítimamente queremos defender al país. Esas dudas se han producido porque se concentró la información para que fuera posible llegar a determinados acuerdos, y así ha sido; pero ese plazo ha vencido.

Hoy, tras la propuesta de la resolución vienen una serie de elementos que justifican, desde nuestro punto de vista, que apoyemos el proyecto de resolución, por los siguientes elementos que expondré.

En primer lugar, ¿quién ha hecho este proceso? No han sido partidarios del sector de la mayoría. Lo comenzó Francisco Tudela, que inició este trabajo brillantemente; lo continuó Eduardo Ferrero, que lo desarrolló en toda su amplitud, y probablemente lo termine el doctor Fernando de Trazegnies. Éste es uno de los mejores equipos de cancilleres que hemos tenido probablemente en este siglo, por lo menos de nuestra generación. Son personas brillantes, independientes, estadistas en los que nadie puede dudar.

Para nosotros hay un importante agregado: han sido dirigidos, conducidos por el presidente Fujimori. Pero si hay alguien que no cree en la palabra y en la posición del Presidente, que es la minoría, les digo: piensen en estos maestros del derecho que nos han enseñado a llevar las cosas correctamente.

Hoy, el informe del Canciller nos permite absolver diversas dudas que hemos tenido todos, o algunos por lo menos. Por ejemplo, el hecho de la presentación, en la Sala de Constituciones, del proyecto del Tratado de Comercio y Navegación, que está a la vista y revisión de todos nosotros para que podamos tomar una noción del hecho en forma reservada.

El ámbito, que parecía tan grande que no permitiría —digamos— una responsabilidad del Congreso, ha sido perfectamente cerrado por la exposición del Ministro y por el proyecto mismo que se ha hecho llegar aquí recogiendo las inquietudes, no solamente de la mayoría sino también muchos puntos de vista de la minoría. El ámbito está encerrado dentro del Protocolo de Río, dentro del arbitraje de Dias de Aguiar y dentro de los pareceres.

En consecuencia, para decirlo en una forma práctica, es como una especie de decreto supremo que se dicta bajo la orden de una ley; por lo tanto, ese decreto o esa resolución, en nuestro caso, no puede variar una disposición de ámbito superior y, en consecuencia, sería nula cualquier resolución que invadiera los aspectos que tenemos consagrados en el Protocolo de Río de Janeiro.

En cuanto al arbitraje, se ha dicho claramente, el tema es discutible; pero simplemente me refiero a las palabras de la doctora Lourdes Flores Nano, que ha aclarado perfectamente este asunto y que permite, pues, poner en manos de los garantes en determinados momentos un consejo que es obligatorio.

Esto ya se ha producido en el arbitraje, se ha reconocido en el Acuerdo de Buenos Aires y, en esencia, se refiere al artículo sétimo del Protocolo.

En cuanto a la soberanía, se nos ha garantizado que se respetará la soberanía del actual territorio del Perú.

En consecuencia, no hay ninguna duda que podamos tener sobre esa materia.

¿Quién dice esto? Lo dice un equipo de profesionales hoy representado por el señor De Trazegnies, que es un peruano legítimo, que es un distinguido jurista y que ha conducido todo el proceso. No se trata de un ministro que viene de la noche a la mañana para ocupar un cargo, sino de una personalidad que ha estado además dirigiendo el proceso para la fijación de la demarcación.

Se habla de dudas, pero yo les recuerdo el largo trabajo que hizo el doctor Ferrero para reunirse con la mayoría y con la oposición, para expresar y explicar lo que eran los pareceres; y esta delicada forma del doctor Ferrero fue un éxito, porque muchos han tenido la posibilidad de conocer adónde llegan esos pareceres.

De tal manera que, respetándose los acuerdos internacionales, Eduardo Ferrero supo convocar a la oposición y a la mayoría a entender por dónde iban los pareceres. Es más, ahora se va a repartir las conclusiones de esos pareceres.

Pero un problema fundamental hoy día es el apoyo de las Fuerzas Armadas. Aquí debo levantar otro cargo que se ha hecho en dos intervenciones, al decir que se perdió la batalla o la guerra que hemos tenido y al querer desautorizar a las Fuerzas Armadas de hoy. Ésas son Fuerzas Armadas del Perú, son las Fuerzas Armadas que hoy día nos permiten estar discutiendo acá, porque sino esto habría desaparecido y tal vez el Perú también. Son las Fuerzas Armadas que constituyen una base estructural en la historia del Perú, y esas Fuerzas Armadas vienen hoy día también a inclinarse por una posición y asumir un riesgo, mas no correr al riesgo, como algunos lo quieren hacer: mejor no aprobar nada para ver qué pasa primero.

No, señores, hay que asumir responsabilidades. En ese sentido, yo quisiera remarcar la enorme importancia que tiene el documento suscrito por las Fuerzas Armadas.

No puedo dar lectura a toda la documentación, pero el Comando Conjunto, los oficiales generales y almirantes, trece del Ejército, siete almirantes, nueve de la Fuerza Aérea, constituyen treinta oficiales del más alto nivel. Yo pregunto, ¿ésa es la cúpula?, ¿cuántos son la cúpula? Pueden ser uno, dos, tres. Estamos hablando de la gran cantidad de altos militares que tenemos.

En consecuencia, ésas son nuestras Fuerzas Armadas y nosotros tenemos que estar con ellas en las tareas de defensa del territorio. Podemos discrepar de otros puntos de vista, podemos discrepar del tratamiento de diversos aspectos que tiene la oposición y que nosotros mismos también lo manifestamos, pero en materia de defensa nacional tenemos que estar unidos.

¿Y cuáles son los ojos reales para ver el tema de las relaciones con el Ecuador? Dos ojos: uno son las Relaciones Exteriores y el otro las Fuerzas Armadas.

Quisiera felicitar a los miembros de la oposición que van a apoyar este proyecto, en particular a José Barba, a Moisés Heresi, al doctor Chirinos Soto y a Rafael
Rey, así como la intervención de Lourdes Flores aclarando la situación y planteando algunas preguntas al respecto.

También, debo aclararle a un congresista sobre el tema de Cusumaza-Bumbuiza, Yaupi-Santiago, zona que no tiene quinientos kilómetros cuadrados sino aproximadamente veinte kilómetros cuadrados; y que ese problema se inició cuando durante el gobierno de Bustamante y Rivero se suscribieron dos actas reconociéndose expresamente que en esa zona no había acuerdo. Es uno de los pocos campos que tenemos en donde se señaló que no había acuerdo. Eso ocurrió en el año 1948, agosto y setiembre.

Quiero hacer también una propuesta al señor Ministro. Nos parece conveniente agregar, en el texto que se va a aprobar, un plazo para que la resolución, que es en apoyo de la gestión que se está realizando, tenga también un término y no nos quedáramos con un tiempo indefinido si es que el Ecuador no toma una decisión. Este plazo podría ser el 31 de diciembre de este año, para que el Ecuador pueda adoptar —ojalá que pueda ser mucho antes— una decisión al respecto. Porque precisamente el artículo sétimo del Protocolo señala que es necesario que los planteamientos de los garantes se hagan a la brevedad posible, y esa brevedad tiene que estar ajustada a un tiempo, para que no quede, en todo caso, lamentablemente, la resolución del Perú en un sentido, sin la resolución del Ecuador.

Nuestro respaldo al proyecto de resolución legislativa, propuesto como apoyo al Poder Ejecutivo en las labores que está realizando. Esto significará paz y alimentos para nuestros pueblos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Corresponde el turno al señor Oswaldo Sandoval.

El señor SANDOVAL AGUIRRE (C90-NM).— Señor Presidente: En días recientes hemos escuchado y leído a través de diferentes medios de comunicación algunos puntos de vista negativos a la propuesta planteada por los países garantes. Yo puedo entender que hayan habido esos puntos de vista negativos y que hayan habido cuestionamientos al proceso que se ha iniciado, y lo digo además con convicción, porque personalmente tuve muchas preguntas y muchas

C O M I S I Ó N D E
inquietudes y sé que muchos miembros de mi bancada tuvieron las mismas.

Pero esta posición tuvo una razón fundamental y natural: todos los peruanos queremos lo mejor para nuestro país; y todos los peruanos, por cierto, nos preocupamos cuando aparentemente surgen situaciones que pudieran hacer peligrar alguna de las cosas que son más importantes en nuestro país, como, entre otras, la soberanía.

Sin embargo, señor Presidente, leyendo detenidamente la carta enviada por el presidente Cardoso, conjuntamente con la carta que el presidente Fujimori y el presidente Mahuad remitieron a este último, pudimos entender un poco más el tema. Y luego, por las responsabilidades que tenemos en el Congreso, hemos tenido el privilegio de tener una información más rápida, no diré más información, señor, sino antes.

El día domingo fuimos convocados con usted, señor Presidente, para que se nos diera un contexto más general y a partir de ahí nos hemos adentrado en los detalles, que son los que precisamente a partir del lunes hemos compartido con nuestros colegas del Congreso y con la opinión pública.

Es por ello, señor Presidente, que no se puede criticar a aquellos que han tenido posiblemente una reacción negativa, cuestionamientos fuertes, porque, señor, en esa etapa no había suficiente información.

Precisamente, el proceso iniciado el día lunes, con algunas reuniones que usted, señor Presidente, inició con algunos grupos minoritarios, las declaraciones que ha dado a la prensa el nuevo Canciller —a quien, por cierto tardíamente, saludo en su primera presentación ante el Congreso, así como saludo también la presencia del ministro Pandolfi y del Ministro de Defensa—, ha ido creando una sensación que se nota en la opinión pública a través de algunas de las manifestaciones de líderes de la oposición hoy día y de los puntos de vista expresados en los medios de comunicación.

Señor Presidente, todos los detalles de preocupación que se manifestaban y que aún se manifiestan ahora, se reducen —si podemos decir que se reducen— a dos temas, que son precisamente los planteados en el documento remitido por el Poder Ejecutivo como
proyecto de resolución legislativa: el primero está referido al procedimiento que se nos solicita aprobar para que se pueda terminar con la demarcación de los aproximadamente setenta y ocho kilómetros en la frontera.

Cuando se veía la carta del señor Cardoso fuera de contexto, parecía que teníamos que aprobar eso sin ningún tipo de restricciones. Ése no es el caso, señor, y creo que esto ya ha quedado claro; pero, sin embargo, es necesario e importante recalcarlo.

La solicitud de autorización que nos plantea el Poder Ejecutivo para proveer a los garantes de la decisión vinculante en su manifestación respecto de por dónde irá la frontera, tiene varios cuadros: el principal de ellos está transmitido en la carta del presidente Mahuad y el presidente Fujimori al presidente Cardoso, coordinador de los países garantes. Y en la carta de respuesta del presidente Cardoso, seis veces expresa que este tema está enmarcado en el Protocolo de Río de Janeiro, como lo dice precisamente también el proyecto de resolución legislativa.

Pero no solamente se trata del Protocolo de Río de Janeiro, que de una manera u otra ha sido cuestionado durante más de cinco décadas por el Ecuador, sino también está referido al Laudo de Braz Dias de Aguiar, que, como todos recordamos, colegas, es el documento que se dio a partir de un acuerdo de las dos partes cuando se pidió a los países garantes, precisamente, que ante una discrepancia precisaran por dónde estaba la frontera. Bueno, es a ese documento al que estamos circunscribiendo la autorización que se nos solicita.

Pero como eso pudiera parecer que no es suficiente aún, este primer artículo del proyecto de resolución también hace referencia a los demás instrumentos complementarios. ¿Cuáles son los demás instrumentos complementarios, señor Presidente? Pues aquellos que también se refieren en los considerandos de este proyecto de resolución. Se manifiestan dos: uno es el texto de la carta de las partes que solicita el acuerdo. Y ¿qué es lo que dice, señor Presidente? Lo que dice lo señala claramente: solicita esto a partir del Protocolo de Río de Janeiro, del fallo de Braz Dias de Aguiar —nuevamente— y a lo convenido en el cronograma del 19 de enero del presente año. Pero además lo precisa. Dice: "Dentro del marco jurídico que nos vincula y tomando en consideración los desarrollos registrados en el proceso iniciado con la Declaración de Paz de Itamaraty". Ése es el marco que han dado los Presidentes; es decir, los garantes no pueden ir más allá de ese marco.

No obstante, para aquellos que crean que es insuficiente, también se hace referencia a que la Declaración de Paz de Itamaraty incluye los pareceres u opiniones de los grupos jurídico-técnicos nombrados por los propios garantes. Y ¿qué dicen estos pareceres, opiniones, señor Presidente? Reiteran lo que dice el fallo de Braz Dias de Aguiar, es decir, que la frontera entre Perú y Ecuador en la Cordillera del Cóndor corre por las altas cumbres de ésta misma. Y queda claro que las cumbres de la Cordillera del Cóndor tiene dos vertientes: la occidental y la oriental. La oriental es el lado peruano y la occidental es el lado ecuatoriano.

Y ¿dónde queda la famosa "Tiwinza", señor Presidente?, porque ésa es la preocupación de muchos peruanos. Tiwinza, que es el lugar donde se realizaron una de las batallas lamentables en el año 1995, queda en la vertiente oriental de la Cordillera del Cóndor.

De tal manera que este documento, que nosotros aprobaríamos en este debate, no de hoy sino posiblemente de mañana o pasado, dice claramente, a través de estas expresiones, que la frontera entre Perú y el Ecuador en la Cordillera del Cóndor quedará fijada donde siempre ha quedado fijada.

Otra preocupación que existe es el referido a los otros temas que se plantean en el proceso que se ha iniciado con la Declaración de Paz de Itamaraty; es decir, los puntos referidos al Tratado de Comercio y Navegación y al Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza.

En lo que se refiere al Tratado de Comercio y Navegación y al Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, ambos, porque así queda claro en el acuerdo que adoptaríamos, vendrán a este Congreso para su debate.

Pero, además de ello, señor Presidente, se nos ha informado cuál es el contenido general de los mismos, y debo decir, solamente como un detalle, que en el tema referido a la navegación, que tienen los países garantes, esto no solamente se manifiesta en el mismo Protocolo de Río de Janeiro, sino que un decreto en la época del presidente Balta declaraba a los ríos del Perú de libre navegación; además, existe también la libre navegación que por otros convenios tienen específicamente Colombia y Brasil; asimismo, el Tratado de Cooperación Amazónico también establece la libre navegación en ese río. De tal manera que el Protocolo de Río de Janeiro y todos estos otros documentos que he mencionado lo único que hacen es reiterar lo que en el mundo además es un hecho: que los ríos internacionales son libremente navegables.

Quiero terminar, señor Presidente, diciendo que, en efecto, vamos a tomar una decisión importante en estas sesiones, y éstas serán decisiones individuales de peruanos que hemos iniciado este breve proceso con grandes preocupaciones e incertidumbres; pero que, por lo menos en lo que a mí respecta, señor Presidente, terminaré este proceso con la más absoluta convicción de que la decisión que yo tome será la mejor decisión de lo que mejor le conviene a nuestro país, para terminar con un período que desafortunadamente nos ha distraído del desarrollo de nuestros pueblos y de la solución de los problemas sociales tanto del Perú como del Ecuador.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias.

Siendo un poco más de las tres de la tarde, vamos a hacer un receso de sesenta minutos. Continuaremos la sesión exactamente a las cuatro de la tarde, de tal manera que podamos tomar un refrigerio y hacer algunas coordinaciones.

Se suspende la sesión hasta las 16:00 horas.

—A las 15 horas y 04 minutos, se suspende la sesión.

C O M I S I Ó N D E