Ambiente, Ecología y Amazonía

Le he pedido a Marc Dourojeanni ser el que empiece porque creo que metodológicamente es lo más correcto, porque así el puede retomar parte de lo que se diga para ver si es posible desarrollar en el Perú ese tipo de reformas respecto a la gestión de los bosques nativos, básicamente.

Hasta 19996 en Bolivia regía un modelo forestal asentado sobre la base de los contratos de aprovechamiento forestal a largo y mediano plazo y también de otro tipo de contratos que se denominaron contratos únicos.< /P>

El empresario que quería acceder al bosque pedía autorización para realizar un inventario forestal en una determinada área y sobre la base de ese inventario le proponía al Estado la suscripció ;n de un contrato. El aprovechamiento se realizaba sobre la base de planes generales de manejo que nunca se elaboraron adecuadamente y sobre la base de inventarios forestales que eran en realidad verdaderos inventos.

Los derechos forestales se pagaban por volumen aprovechado. En consecuencia, lo que ocurrió fue la concentración forestal en pocas manos, algo que nosotros llamamos latifundio forestal, que provocó una sobre-explo tación de las especies con mayor valor comercial, porque lo que se pagaba era el volumen aprovechado.

También se originó un proceso de corrupción muy grande en el sector porque el pago del volumen aprovechado se negociaba entre el órgano de control y el responsable de la explotación forestal.

La otra consecuencia directa de esto es que como la tierra forestal se concentró en pocas manos, se fue formando en la periferia del modelo grandes contingentes de personas, de sujetos que realizaban aprovechamiento forestal il egal. No podía hacerlo legalmente, porque las tierras habían sido concedidas a algunas empresas.

Este contingente de informalidad lo llamamos "motosierristas o cuartoneros" y además los denominamos como "piratas".

Todas estas razones nos obligaron el cambio drástico, sustancial. Se modificaron las condiciones de manera total.

El primer paso, definir un nuevo orden institucional forestal sobre la base del establecimiento de los principios rectores a nivel de ley, para eso se promulgó la Ley Forestal 1700.

Un segundo nivel de normatividad básica se le encomendó al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, quién emitió las disposiciones básicas para que se pueda autorizar, controlar y monito rear el aprovechamiento forestal en el país. Luego se crea un órgano técnico, autárquico del Poder Ejecutivo que no depende del Ministerio, porque tiene independencia administrativa, técnica y financiera – econó mica. Está dirigido por un Superintendente, cuya designación proviene de una terna propuesta por el Presidente de la República a la Cámara de Senadores.

El periodo de gestión es de seis años y se escogió este tiempo para que sea transgubernativo, porque el periodo presidencial en Bolivia es de 5 años.

El establecimiento, la definición de atribución es clara y concreta para la Superintendencia y su carácter independiente son las reglas básicas que permiten en el país la instauración de un pr oceso de aprovechamiento forestal sostenible.

La Superintendencia no puede modificar o alterar las reglas de juego establecidas en la ley y en el Ministerio, que es su órgano rector.

En materia de institucionalidad se creó el Fonabosque, que es un órgano técnico de financiamiento que tiene por finalidad financiar el desarrollo del bosque.

Se incorpora también una institución novedosa en el país que son las concesiones forestales, que se otorgan a la tierra fiscal por 40 años renovables cada 5 años por periodo igual dependiendo de los resultados de una auditoría multidisciplinaria que evalúa lo relativo al aprovechamiento, el impacto sobre la fauna y el impacto sobre la ecología de las comunidades. Es decir, si las empresas cumplen adecuadamente su plan de manejo las concesiones se renuevan por tiempo indefinido.

Las concesiones forestales están obligadas para hacer el aprovechamiento a cumplir con dos requisitos técnicos básicos. Primero, la elaboración de los planes generales de manejo, que se realizan sobre un in ventario forestal y, luego, la elaboración de planes anuales forestales, que se realizan sobre la base de los censos comerciales.

Para que se autorice el aprovechamiento se tiene que elaborar el Plan Anual Operativo Forestal sobre la base del censo comercial, donde se establecen las especies que van a ser aprovechadas, los volúmenes que se van a extraer, la infraestructura, los caminos y puentes que se van a realizar dentro de la concesión. Además se debe establecer la parte de los árboles remanentes para los árboles semilleros. Se tiene que dejar al menos un 20 por ciento de los árboles que ya han alcanzado su diámetro mínimo de corte.

Se ha establecido en el país dos formas de control: EX ANTE y EX POST que se efectúan antes y después de realizado el aprovechamiento forestal. Además se realiza control cruzado para poder tener mayor fide lidad respecto a la información, control y monitoreo del cumplimiento de los planes de manejo y de los Planes Operativos Anuales Forestales.

En ese propósito se ha establecido el Certificado Forestal de Origen, que localiza el origen y certifica que la madera proviene de un área bajo manejo.

Este Certificado Forestal de Origen que es una declaración jurada de la empresa nos permite verificar su labor. Pero la verificación se reelija primero a través del Plan Operativo Anual Forestal y luego mediante Los Puestos Fijos de Control, que en Bolivia son licitados y están bajo la administración de una empresa privada verificadora.

Después se realiza el Control Móvil que es responsabilidad de la Superintendencia para evaluar permanentemente la calidad de verificación de la empresa verificadora.

Luego viene otro control directo a los centros de abastecimiento de materia prima, que realiza la Superintendencia, en coordinación con un fiscal. Se verifica el abastecimiento y el stock de madera, que tiene que estar sustenta da por el Certificado Forestal de Origen, tanto para lo que ingresa como lo que sale. Las empresas están obligadas a elaborar informes trimestrales que nosotros evaluamos y verificamos.

Después viene otra forma de control a través de la conciliación del aprovechamiento que realizan determinadas empresas. Se concilia los volúmenes extraídos con los volúmenes autorizados para que no haya un aprovechamiento mayor al autorizado.

También se controla a través de las Auditorias Quinquenales, que la realizan empresas contratadas por los concesionarios pero con términos de referencia que realiza la Superintendencia Forestal. La auditorí a es multidisciplinaria porque se ven aspectos de fauna, ecología el impacto ambiental y el impacto en las comunidades.

Existe otra forma de auditoria que es la Certificación Voluntaria. En el país tenemos aproximadamente 700 mil hectáreas bajo certificación voluntaria y esperamos que al corto plazo podamos rebasar el mill&o acute;n.

Quiero referirme ahora a las Patentes Forestales, donde hemos realizado también un gran cambio, porque antes se pagaban por volúmenes aprovechados. Actualmente se paga por superficie. Las concesiones pagan anualmente un dólar por hectárea, pudiendo descontar hasta un 30 por ciento de la patente por áreas de protección, que son áreas frágiles como servidumbres ecológicas, pendientes mayores y proximidad de ríos, et c&eac ute;tera y por estar dentro de la concesión son de responsabilidad de quien la administra.

Un aspecto esencial de la reforma que debiera tomarse en cuenta es que se dejó de lado las cuestiones del suelo, del vuelo y no sé qué cosas mas y se le entregó al titular del área el derecho para u sar todos los productos forestales que hay al interior del área. Esto permite que mediante el Plan de Manejo el titular defina y planifique el aprovechamiento de los productos forestales que le interesa y aquellos donde carece de financiamiento o no tiene la capacidad instalada de transformación los pueda negociar con otras empresas a través de contratos subsidiarios que debe ser de conocimiento y de aprobación de la Superintendencia.

Estamos ahora trabajando en tres objetivos estratégicos:

En primer lugar, debemos hacer todos los esfuerzos como país para evitar la conversión de la tierra forestal a otros usos, salvo el de protección. Estamos ahora con un proyecto de ley en el Parlamento para defini r el mapa de las tierras de producción forestal permanente, calculadas en aproximadamente 29 millones de hectáreas y en donde no se instalen asentimientos ni proyectos de colonización. También define muy bien el tema de la in fraes tructura, los caminos, el fortalecimiento de los municipios, el fortalecimiento de la Superintendencia y el establecimiento de incentivos y sobre todo un régimen de absoluta seguridad jurídica.

El segundo objetivo estratégico es prevenir los incendios forestales, que los hemos tenido muy grandes el año pasado. Aunque debo señalar que se produjeron en un 3 por ciento de las áreas bajo manejo de las concesiones forestales, todos los demás fueron áreas que todavía no tienen esa responsabilidad.

El tercer objetivo es avanzar en el manejo otorgando concesiones forestales y siendo muy rigurosos en la elaboración de los instrumento de gestión, de los planes generales de manejo y de los planes operativos anuales for estales.

Pero estos tres objetivos estratégicos deben tener una relación directa con la protección, que es el otro eje esencial para la conservación de nuestros bosques.

Estamos en Bolivia haciendo grandes esfuerzos para hacer coincidir la conservación, el buen manejo con la protección y además con otro eje que empieza a diseñarse en el futuro, que es la venta de los servic ios ambientales, que nos van a dar un bosque nativo para las futuras generaciones. Eso lo tenemos absolutamente claro y estamos queriendo avanzar.

Ahora, lo que queremos es y esa es la utopía forestal boliviana, seguir contando con bosques para insertarnos a la economía internacional para financiar nuestro desarrollo y esencialmente para vivir bien y aportar a la h umanidad.

Con lo expuesto por Edwin Aguilera en términos conceptuales hay homogeneidad casi total.

Quiero referirme al proyecto de ley que la Comisión de Ambiente viene trabajando. Si queremos dar al manejo forestal el sentido empresarial, de herramienta de desarrollo social y económico que queremos, entonces no es ad ecuado combinarlo con el tema de fauna, porque puede convertirse en un estorbo para el manejo forestal. Hay mucho argumentos técnicos para no combinarlos.

En cuanto a la fauna presente en bosques entregados en concesión sería responsabilidad del concesionario. De acuerdo a lo que dice, por ejemplo, la experiencia boliviana, el concesionario tiene que cuidar a su costo y ri esgo y si no la cuida tendrá que responder ante la autoridad.

A la fauna creo que le merece una ley específica. Brasil está revisando toda su legislación de fauna, abrirá la caza deportiva y comercial que es un potencial muy grande y abrirá manejo comercial del caimán. En fin, hay algo ahí, que merece un tratamiento especial.

El tema de las concesiones está muy bien desarrollado en el Proyecto de Ley, excepto enfatizar el tema de la certificación forestal, que es un mecanismo nuevo que tiene peso internacional, porque existe una Comisió ;n Mundial, que ha definido una serie de reglas que permiten que un comprador preocupado por el tema ambiental no corra el riesgo de destruir un bosque. Ese mecanismo ya está empezando a funcionar. Sería buena idea incentivos a los empres arios que se certifiquen voluntariamente tengan una ventaja en paga menos por ejemplo por el canon o el derecho forestal. El objetivo principal debe ser la conservación del bosque y el manejo sustentable, porque en el fondo ésa es la razó ;n de la ley.

Los servicios ambientales quizá no han sido tocados suficientemente. El problema del cambio climático es real, es gravísimo y alguien va a terminar pagando la cuenta para fijar carbono. Esta deuda tiene dos formas : reforestando y complementariamente cuidando el carbón que ya está fijado y ahí entran los bosques naturales.

Uno de los problemas de la explotación forestal sustentable es la rentabilidad, pero sí se puede añadir al valor de la producción forestal sustentable un ingreso ya no de un dólar por hectárea , que se ha sugerido como compensación, se imaginan el interés que se va a presentar para conservar bosques cuando se establezca el mecanismo.

Los bosques naturales valen oro, día a día que van a subir de precio, es como el diamante, mientras más raro más caro y creo que muy poca gente tiene una real noción de cuanto va a valer. Entonces en esa estrategia me parece que la explotación forestal es casi un mal necesario hasta que el bosque valga y se pague por lo que vale, por el momento usarlo sustentablemente es lo mejor que podemos hacer, porque sino alguien lo va a quemar.

Ahora bien, servicios forestales no sólo el CO2, hay otro valor que el bosque debería generar para el concesionario y es el precio del agua, hablamos de cuencas. Nos olvidamos si un concesionario forestal tiene un bosque , lo maneja bien y protege las partes que no son explotables y se ubica en una cuenca que abastece una ciudad, esa ciudad debería pagar al empresario, al Estado o al parque lo que vale la tarifa de agua, porque está conservando esa cuenca. Este tema está faltando en el Proyecto.

Hay que analizar a fondo la redistribución de los pequeños y grandes ingresos que genera el manejo forestal, uno es el derecho por hectárea y el otro los impuestos que el Estado puede cobrar sobre la producci&oacu te;n forestal que merecerían tener un mecanismo que revierta para el manejo.

El tema más complicado es el de la institucionalidad necesaria. En este momento, el tema forestal depende del Ministerio de Agricultura, lo que es tradicional en muchas partes del mundo y en el Ministerio existe un instituto ej ecutivo que es el INRENA, que no es una entidad normativa de una política, que debería salir de Agricultura, sino un ejecutor. Teóricamente debería haber una pequeña dirección general que haga la política que el Ministro va a firmar e imponer a un organismo ejecutivo que es el INRENA. Eso no existe.

Actualmente en el Ministerio de Agricultura el INRENA está haciendo la parte normativa, la parte política y también la parte ejecutiva, está haciendo todo. Bajo esas condiciones el INRENA no sería p robablemente la entidad con toda la autonomía necesaria para el manejo forestal.

Entonces parece indispensable, como en el caso de la Superintendencia de Bolivia, tener una institución autónoma, con autonomía administrativa, con funciones muy delimitadas, muy claras, que en este caso ser&iacut e;a transformar los bosques de producción en áreas donde los inversionistas tengan interés en entrar, donde se maneje el trabajo del inversionista de modo que garantice la supervivencia del bosque y esas funciones limitadas est&aacu te;n dentro del INRENA, pero están acompañadas de muchísismas otras funciones.

Lo más lógico sería crear por el momento en el Ministerio de Agricultura al lado del INRENA, una institución que tenga esas funciones específicas y quizás el nombre más apropiado para el Perú, en lugar de superintendencia sea Corporación y con un trabajo muy concreto, muy específico de estimular el manejo forestal, la conservación.

Entonces, una vez definidos los bosques de producción, los bosques de protección, lo que es agrícola y lo que es pecuario, debería existir una instancia, que no sea juez y parte en la decisión sobre todas estas cosas.

Posiblemente lo ideal en el Perú como en otros países sea un Ministerio de Medio Ambiente. Es un ministerio tangencial que toca a todos los sectores. Debe haber una relación entre el CONAM, el INRENA, este inst ituto o corporación forestal. Quizás después se necesite un Instituto o una corporación para los Parques Nacionales, que incentiven el ecoturismo, porque al final siempre olvidamos que los parques aparte de conservar la biodi versi dad son hechos para estimular el turismo y estamos quedándonos muy atrás.

Apenas como comentario, Brasil ha solicitado recientemente al BID un préstamo en dos partes, una fase preparatoria de 14 millones y una fase de inversión de alrededor de 200 millones de dólares, únicamente para fomentar el ecoturismo en la Amazonía, ¿basándose en qué?, sobre la base de los atractivos que son de interés común, que son los parques nacionales, parques estatales y todo el aparato.

Esos son los temas que quería resaltar. El tema de fauna que creo merece una ley aparte, El tema de la institucionalidad, que es difícil porque existe un hecho y aunque lo ideal sería dar una ley hay que consider ar la realidad y las limitaciones. El tema de servicios ambientales, tanto CO2 como agua. Creo que en algún momento hay que tocar el tema de que el agua no es gratis, el agua viene de algún lado y hay que pagar por el agua. En el Per&uacut e; pa gamos por la redistribución del agua, pero no pagamos realmente el valor propio del agua.