Justicia y Derechos Humanos

Periodo Parlamentario 2021-2026

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COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

AGOSTO 2022


INTRODUCCIÓN

 

La justicia es uno de los valores básicos y esenciales de toda sociedad democrática y de todo Estado Constitucional de Derecho, e indudablemente es la que hace posible la paz social y, por tanto, el orden interno de un país; es, pues, una exigencia básica y necesaria para el crecimiento y desarrollo de toda sociedad.


El proverbio bíblico que inspira el desarrollo de nuestra actividad al frente de esta Comisión es la bienaventuranza de “hambre y sed de justicia” para que todas las señoras y señores parlamentarios tomen medidas rápidas y decisivas que busquen consolidar una sociedad más justa e igualitaria con oportunidades para todos.


El Estado contemporáneo no debe imponer un sistema jurídico que en la mayoría de los casos funciona como un regulador de relaciones colectivas y de dependencia hacia el poder político. En ese sentido, proponemos la revalorización de la justicia como fundamento de la sociedad. Es decir, sin aquella no es posible una convivencia sostenida en un Estado Constitucional de Derecho.


Es inaceptable una justicia estatal despersonalizada, supeditada a los intereses subalternos auspiciando una sociedad desigual. El Estado debe orientar sus acciones de una forma igualitaria entre sus miembros, acortando las brechas de desigualdades, reconociendo las diferentes condiciones individuales y colectivas en aspectos económicos, sociales, étnicos y culturales. Las normas, sobre cuya base se construye la estructura social, determinan la orientación de las políticas públicas.


En ese sentido, durante el último período de gobierno (2016-2021) nuestro sistema de justicia evidenció su fragilidad, debido al descubrimiento de una red de corrupción que involucraba a altos magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público y a los miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (ahora Junta Nacional de Justicia). Ante tal situación, el Congreso de la República aprobó una serie de modificaciones constitucionales y legales relacionadas con el sistema de justicia que, desde una mirada retrospectiva, han resultado insuficientes para lograr los objetivos trazados, por lo que el anhelo de justicia de los ciudadanos sigue apareciendo como una meta aun inalcanzable.


Si bien la actual administración viene cumpliendo su compromiso respecto a la lucha contra la inseguridad ciudadana, materializados, por ejemplo, en la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 006-2022-IN, publicado el 22 de junio de 2022 en el Diario Oficial “El Peruano”, lo cierto es que la realidad de la inseguridad ciudadana continúa siendo crítica.


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