Hipótesis de investigación

Nuestra hipótesis inicial de trabajo pueden resumirse en: "Las investigaciones desarrolladas por el Congreso de la República y otras instancias de la lucha contra la corrupción han permitido establecer que, durante la década pasada, un grupo corrupto de altos funcionarios públicos y de mandos militares se asociaron ilícitamente para delinquir, imponiendo un régimen autoritario e ilegítimo, que se buscaba perpetuar a través de sucesivas reelecciones, de tal forma de garantizar la impunidad de los hecho ilícitos que cometieron. Este núcleo corrupto, utilizó diversos mecanismos para la transferencia ilícita de recursos públicos a manos privadas, ya fueran propias o de terceros. Asimismo, este grupo uso al Estado para sancionar un sistema normativo que le brinde un manto legal a iniciativas altamente cuestionables. A través de una red organizada, con funciones definidas y con un sistema de relación que vinculaba a los principales líderes; este núcleo corrupto controló determinados centros neurálgicos de las instituciones públicas. La red de corrupción así conformada habría abusado de la información privilegiada a su alcance, y del excesivo poder concentrado, violando sistemáticamente los niveles legalmente establecidos para la toma de decisiones. Empleó normas de excepción, muchas secretas, para usufructuar ilícitamente y en beneficio propio los recursos del Estado. Estos actos no constituyen un hecho aislado, sino que expresan una forma ilegal de ejercicio del gobierno. Las irregularidades del fujimorismo corresponden a la noción de asociación ilícita para delinquir establecida en el Art. 317º del Código Penal." (Aprobado en Sesión de la Comisión Investigadora, 17 enero 2003) Partiendo de ese parecer, las investigaciones desarrolladas ratifican que el elemento clave de la corrupción que afectó el Estado Peruano entre 1990-2000 fue su carácter sistémico, provocado por la organización de un grupo integrado por las más altas autoridades, con voluntad de delinquir en provecho propio, usando todos los resortes y mecanismos del Estado para ese fin. Ese grupo mostró cohesión y permanencia, como aparato organizado con división funcional de roles. Parte importante de este núcleo fueron algunos generales y almirantes de las FFAA y Policía Nacional, quienes eran fundamentales para conservar el dominio de la fuerza disuasoria. Debe tomarse en cuenta que, el delito de asociación ilícita se consuma con la agrupación de dos o más personas destinada a cometer delitos, sobretodo cuando se materializa una cadena de irregularidades, sancionándose el peligro que significa para la tranquilidad pública la existencia de una agrupación criminal. El delito de asociación ilícita se distingue de los otros delitos que dicha agrupación cometa. Dos elementos materiales que caracterizan este delito son la participación de varias personas, con una base organizativa permanente y cohesionada entre ellos, con la concurrencia de un elemento intencional expresado en el propósito colectivo de cometer delitos. El segundo tema que se halla en el planteamiento de la Comisión tiene una idéntica importancia. Para que exista corrupción se requiere colusión entre el funcionario público deshonesto con la esfera privada y con algunos integrantes del poder económico. En otras palabras, la corrupción sucede ahí donde los poderes político y económico se relacionan en forma colusiva. Con la corrupción, los gobernantes se favorecen como particulares gracias a decisiones arbitrarias en áreas que se hallan bajo su autoridad. Pero, esas mismas decisiones favorecen también a algunos empresarios que obtienen privilegios por encima de sus pares. De este modo, el eje de la corrupción se halla en una interrelación viciosa. No se podrá terminar con ella mientras no se ataque a ambos lados de la mesa y se favorezca una relación armónica y positiva entre los poderes político y económico. En tercer lugar, se halla en hecho que la corrupción es un fenómeno internacional. En efecto, los sobornos que algunas grandes compañías transnacionales pagan a funcionarios corruptos, para darle fluidez a sus negocios en países del Tercer Mundo, muchas veces son descontados como gastos operativos en la contabilidad oficial de esas empresas. Este es un fenómeno que ha sido precisado y motivado una ardua negociación en la esfera diplomática internacional desde fines de los años setenta. En ese momento, cuando los EUA eran gobernados por Jimmy Carter, el Congreso Norteamericano adoptó la Ley que prohibe las práctica corruptas en el extranjero. Esa ley ha sido objeto de una largo debate en el seno de la Organización para la Cooperación Económica, OCDE, puesto que las empresas norteamericanas percibieron que sus rivales comerciales europeos y asiáticos muchas veces aprovechaban el vacío de sus propias legislaciones para ganar contratos con Estados del Tercer Mundo. La OEA por su parte ha sido uno de los primeros foros internacionales donde se ha aprobado una convención internacional contra la corrupción. Asimismo, en este terreno es preciso mencionar que existen importantes foros internacionales que reúnen a empresarios, trabajadores y ciudadanos interesados en el buen gobierno a escala planetaria. Entre estos foros destaca Transparencia Internacional cuyo dinamismo muestra que la batalla contra la corrupción tiene un componente fundamental a escala internacional. Mientras grandes compañías internacionales no sean penadas por sus gobiernos por cometer sobornos en países pequeños y de débiles economías, nunca podrá imponerse del todo la práctica del buen gobierno. En países como el nuestro, la política y también economía, ambas esferas son muy sensibles a las prácticas que desarrollan las empresas internacionales. Si ellas son controladas por sus gobiernos y sus reglas son verificadas en sus propios países, entonces esa relación también puede ser armoniosa. Pero, si las empresas transnacionales permanecen en libertad para sobornar a funcionarios públicos de países con economías débiles, entonces la colusión seguirá dominando la relación básica entre los poderes político y económico.

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