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Las investigaciones se enfocaron en la existencia de violaciones flagrantes de los derechos humanos y de las libertades ciudadanas entre 1990-2000, durante el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori. Estos actos fueron cometidos aprovechando el control del Estado y las instituciones de la administración, abusando además de la capacidad normativa que tenían para formular mecanismos que les permitieran la impunidad. En tal sentido, durante la presente investigación la Comisión ha buscado establecer fehacientemente los mecanismos irregulares que fueron utilizados, e identificar a las personas que desde diversos cargos y funciones públicas, como el Congreso de la República, el Jurado Nacional de Elecciones y Consejo Nacional de la Magistratura, sirvieron a los ilícitos fines de la red de corrupción y permitieron la perpetración de estos hechos.
Para ello se han abordado los siguientes casos:
CONTROL DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO
Una de las características sustanciales del régimen fue el avasallamiento de las instituciones públicas, en especial, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Apenas instalado el llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, después del autogolpe del 5 de abril, se conformaron sendas Comisiones interventoras de estos organismos, posteriormente convertidas en Comisiones Ejecutivas, a través de las cuales se decidían los ascensos, ratificaciones, nombramientos, investigaciones y sanciones. Estas comisiones siempre fueron controladas por personajes funcionales al régimen y sirvieron para la derivación ilegal de recursos económicos destinados a la Reforma del Poder Judicial.
Al mismo tiempo, la creación de salas ad-hoc o especializadas tuvo como objetivo concentrar casos de interés para el régimen. Estas salas se crearon para aspectos especialmente sensibles como delitos aduaneros y tributarios, narcotráfico, terrorismo y otros. Estos casos eran especialmente importantes para la red de corrupción por su capacidad para generarles ingresos ilícitos.
MECANISMOS LEGALES UTILIZADOS PARA LOGRAR LA IMPUNIDAD EN CASOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Se analizó la forma mediante la cual, abusando de la capacidad normativa y del control ejercido sobre el Parlamento Nacional, se emitieron las Leyes de Amnistía para los militares, policías y civiles denunciados por violaciones a los Derechos Humanos desde 1980; así como la ley que prohíbe a los jueces la interpretación de los alcances de las normas de amnistía.
Asimismo, se estudiaron los aspectos referidos al retiro del Perú de la competencia contenciosa de la CIDH, con lo que se intentaría desproteger a los peruanos de su derecho de acudir a las instancias supranacionales en caso de violación flagrante por parte del sistema nacional de justicia.
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