La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el congresista Alberto de Belaunde (PPK), dictaminará el proyecto de ley que propone incorporar el artículo 154-b al Código Penal, a fin de que se regule el delito de difusión de material íntimo de manera no consentida. 

Esta determinación la adoptó después de escuchar la sustentación de su autor, el congresista José Palma Mendoza (FP), quien explicó que la propuesta tiene por objeto sancionar la difusión de imágenes, vídeos o audios con contenido sexual o erótico, sin consentimiento de la o las personas involucradas, afectando el derecho a la integridad y privacidad. 

El artículo propuesto precisa que quien, sin consentimiento y de forma deliberada, difunde, amenaza o pone a disposición imágenes, material audiovisual o audios, con contenido sexual de un individuo con el que este hubiera mantenido o mantiene una relación íntima o de confianza, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. 

Anotó que esta figura será aplicable aún si los datos fueron obtenidos con el consentimiento de las personas involucradas; asimismo, el fin de la conducta puede o no ser lucrativa. 

Palma indicó que la difusión de material íntimo de manera no consentida, que también es conocida como pornografía de venganza, es una figura delictiva de reciente data debido al auge de las nuevas tecnologías. Señaló que también ha sido calificada como un tipo de violencia sicológica doméstica e, incluso, como una forma de abuso sexual. 

Porno de venganza 

“Las víctimas del porno de venganza enfrentan efectos negativos en su salud como estrés traumático, ansiedad, depresión y otras enfermedades mentales con grandes efectos sociales. Esta forma de violencia debe ser drásticamente sancionada”, expresó. 

De otro lado, la Comisión de Justicia dejó en cuarto intermedio el debate del dictamen del proyecto de ley que previene, sanciona y erradica el acoso político contra las mujeres. 

Acoso político 

La congresista de Nuevo Perú, Indira Huilca, autora del proyecto, manifestó que el acoso político contra las mujeres incluye cualquier acción, conducta u omisión basada en su género de forma individual o grupal, que tenga por objeto menoscabar, limitar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos. 

Señaló que dos de cada cinco mujeres autoridades de gobiernos locales y regionales han sufrido acoso político; y las regiones con más casos de acoso político Apurímac, Cusco, Huancavelica, Puno, Ayacucho, Amazonas, La Libertad y San Martín. 

Huilca indicó que el acoso político se presenta de diferentes tipos: difamación de índole sexual, patrimonial o intelectual, acusación infundada de un delito o forma administrativa, citar a reuniones en horarios o lugares que dificulten la participación colectiva, interferir las funciones de representación, fiscalización, actos de violencia sicológica, amenazas a la integridad, agresiones físicas y violencia sexual, interceptar las comunicaciones y obstaculizar sistemáticamente las iniciativas y propuestas. 

Los argumentos expuestos sobre el proyecto de ley de acoso político motivó un intenso y controvertido debate entre los representantes miembros del grupo de trabajo, por lo que el presidente de la comisión declaró al debate en cuarto intermedio y dio paso al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, para que exponga sobre la situación de su sector y las acciones que se están adoptando. 

Corruptos no forman parte del Estado 

Mendoza expresó enfáticamente que las personas condenadas por actos de corrupción no pueden formar parte del Estado. El propósito es tener un Estado libre de corrupción, para lo cual, dijo, se está llevando adelante una reforma de la política anticorrupción poniendo énfasis a la política nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en la creación  de la oficina de integridad y lucha contra la corrupción y la creación del Registro Nacional de Abogados sancionados por mala práctica profesional. 

Agregó que entre los aportes en la lucha anticorrupción que se mantiene está que el Registro Nacional de Abogados sancionados impide que los hombres de leyes con malas prácticas profesionales puedan ejercer la profesión.

Respecto a la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2021, informó que se mejorará el programa de reparaciones a las víctimas de la violencia, así como el mejoramiento del Registro de Personas Desaparecidas y la creación del Banco Biogenético. (JON)

PRENSA CONGRESO 14-11-2017    

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