Las organizaciones políticas podrán recibir aportes o ingresos, en dinero o en especie, de empresas e instituciones privadas que no superen las 120 unidades impositivas tributarias (UIT) al año, las que deberán constar en el recibo de aportación correspondiente.

            De igual forma, las instituciones políticas estarán prohibidas de recibir aportes que provengan de cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado; de confesiones religiosas y de partidos y agencias de gobierno extranjero, excepto cuando estén destinados exclusivamente a la formación, capacitación e investigación.

            Propuestas como estas están contenidas en el dictamen del proyecto de ley que propone optimizar la transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y prevenir actos de corrupción, aprobado el martes 22 por la Comisión de Constitución.

            El texto aprobado por mayoría (13 a favor y uno en contra) modifica los artículos 29, 30, 31, 34, 36, 40 y 42 de la Ley 28094, de Organizaciones Políticas, relacionados con el financiamiento público y privado a los partidos políticos.

            Sobre el particular hubo un breve debate y los congresistas de la comisión destacaron que se haya establecido la bancarización de los aportes (Miguel Torres), que se priorice este tema en el debate y que haya un marco legal que dé transparencia a dichos aportes (Javier Velásquez Quesquén); mientras que el parlamentario Richard Acuña (quien votó con reservas) propuso que las empresas privadas que aporten a una organización política no tengan contratos con el Estado durante cinco años.

Mauricio Mulder objetó que se establezca que una persona jurídica no pueda aportar o una ONG, a quien se le estaría dejando de lado porque se trata de una institución sin fines de lucro. Gilbert Violeta, por su parte, propuso que la bancarización (entidades del sistema financiero) de los aportes sea desde una UIT y no desde un aporte equivalente al 0,5% de la UIT.

La comisión de Constitución, bajo la presidencia de la congresista Úrsula Letona, insistió en que  se mantenga el texto que establece que los responsables de las campañas políticas deberán presentar trimestralmente informes a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, sobre los aportes e ingresos recibidos y de los gastos que se efectúen durante la campaña electoral.

APROBARON INSISTENCIAS

Momentos antes, la Comisión de Constitución aprobó por unanimidad insistir en su dictamen original respecto a las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa del artículo 2 del DL 1287, que modifica la Ley de Habilitaciones Urbanas; y en la autógrafa del DL 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.

Por mayoría de votos, también aprobó insistir en los dictámenes de insistencia recaído en la observación a la autógrafa del DL 1346 (disposiciones para optimizar los servicios que son financiados a través del SIS); y en el DL 1341, sobre cambios en la Ley de Contrataciones del Estado.

De otro lado, la presidenta Úrsula Letona informó a la comisión que el 24 de octubre próximo se ha establecido como fecha máxima para que estén concluidos los dictámenes de las propuestas sobre reforma electoral referidos a los temas de financiamiento, impedimentos para postular,  fortalecimiento de los partidos políticos, requisitos para las candidaturas, democracia interna en los partidos, la propaganda electoral, la composición de listas y otras normas sobre la reforma de la legislación electoral, quedando como último punto los temas de reforma constitucional.

La congresista explicó que estos temas forman parte del proyecto de reforma electoral que tuvo a su cargo el grupo de trabajo de la comisión en la legislatura anterior y que serán priorizados debido a la cercanía de las elecciones municipales y luego las presidenciales.

Al respecto hubo opiniones en contrario. Los congresistas Yonhy Lescano pidió que se debate íntegramente la propuesta de un Código Electoral; Reymundo Lapa comentó que no se podía desconocer los ocho meses que demandó el trabajo del grupo especial (que presidió Patricia Donayre); y Javier Velásquez Quesquén, quien pidió que se haga un esfuerzo para que la comisión priorice y debata todos los temas y no “caer en el juego de esterilizar el trabajo de la comisión”.

PRENSA CONGRESO