En el año 2016 se repite la tendencia de años anteriores respecto a que las municipalidades provinciales son las instituciones que presentan más quejas por parte de la ciudadanía, informó  el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, durante la sesión conjunta de las Comisiones de Constitución y Reglamento, y de Justicia y Derechos Humanos.

 Del total de 28 mil 521 quejas registradas el año 2016, las municipalidades provinciales registran un 26.6%; seguidas por las direcciones regionales de Educación (15,2 %); Direcciones Regionales de Salud (8,4 %);  Poder Judicial (4,9%); Seguro Social de Salud EsSalud (4,4 %); Policía Nacional (4,4 %), entre otras.

Gutiérrez Camacho, en el cargo desde setiembre del 2016, sostuvo que desde que asumió la Defensoría del Pueblo  ha puesto énfasis en temas relevantes como la  defensa de los derechos de las mujeres, tema en el que se identificó que en el 81% de casos de tentativas, la Fiscalía Penal no emitió ninguna medida de protección a favor de las sobrevivientes. Incluso, en un caso emblemático como el de Arlette Contreras, el Juzgado Penal Colegiado de Ayacucho calificó los hechos de ‘Delito leve’.

Respecto a la defensa de las personas con discapacidad, el Defensor señaló que se han tomado acciones con funcionarios de Educación para el acceso a la educación de estas personas; asimismo se intervino en la emisión de normas que obligan a toda institución educativa, pública o privada a no negar matrícula a estudiantes con discapacidad. Así también agilizó el trámite del DNI para este grupo poblacional.

Para la Defensa de los derechos de pueblos indígenas, la Defensoría ha logrado que el Ministerio de Salud implemente una Dirección de Pueblos Indígenas, necesaria ante la alta tasa de mortalidad materna,  incidencia de embarazos adolescentes y falta de servicios de salud accesibles para comunidades alejadas.

La conflictividad social se incrementó debido a las protestas que se tornaron más violentas con resultados de 19 fallecidos entre civiles y policías, as{i como 872 heridos. El Defensor se reafirma en su pronunciamiento público que demanda al Estado implementar un enfoque preventivo y coordinado que no espere llegar a la violencia para atender las preocupaciones de los ciudadanos, subrayando que la Policía no es la encargada de resolver conflictos sociales.

Mediante reciente Resolución Defensorial (Nº007-2017-DP) esta institución incorporó la Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para cuya implementación, el Defensor solicitó mayor presupuesto.

El legislador Alberto Quintanilla (FA) pidió a la autoridad tomar acciones para defender el derecho de la comunidad LGTB, especialmente de aquellos que están sufriendo condenas en los penales del país, donde viven en condiciones lamentables. De igual forma, observar el trato que reciben los alumnos de escuelas militares y policiales a los que usualmente se les aplica maltratos como parte de su formación.

El legislador Wiliam Monterola, pidió mayor dinamismo ante el incremento del maltrato infantil y la falta de agua en diferentes localidades de Huancavelica.

Juan Carlos Gonzales Ardiles,  calificó de vergonzosa la falta de ‘presencia del Estado’ que se puede observar, especialmente en regiones de selva, donde se da el delito de trata de menores y mujeres, sin que la autoridad intervenga.

Respecto a la implementación del ‘libro de reclamaciones’ sostuvo que es una exageración los datos de INDECOPI que plantean la necesidad de 410 millones para ejecutarlo además de la contratación de 10 mil empleados más. Este dato, sostuvo el Defensor que no es real y a todas luces es desmesurado.

La representante Milagros Takayama coincidió con el legislador Javier Velásquez Quesquén  en solicitar a la autoridad la remoción de los defensores que trabajan en provincias.

Finalmente, Walter Gutiérrez, solicitó apoyo para la aprobación de dos iniciativas de ley. Una de ellas referida a  transparentar el uso y manejo de fondos de las AFP, considerando que actualmente se  mantienen como ‘confidenciales’   las operaciones que realizan con dinero de los ciudadanos. “Esto no puede continuar”, enfatizó. (EPA)

PRENSA CONGRESO 

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