La Comisión de Constitución y Reglamento cumplió hoy martes 11 con el encargo recibido de revisar los 112 decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso de la República, afirmó el presidente de ese grupo dictaminador, congresista Miguel Torres Morales (FP).

“Hemos hecho un trabajo que nunca se realizó antes en el Congreso de la República”, expresó Torres, visiblemente satisfecho, al tiempo de resaltar, de manera especial, la labor cumplida por el grupo de trabajo coordinado por la legisladora Úrsula Letona Pereyra (FP), e integrado por los parlamentarios Vicente Zeballos Salinas (PPK) y Javier Velásquez Quesquén (CPA).

Anotó que el reconocimiento se hacía extensivo también a todos los miembros de la Comisión que habían cumplido interesante labor al debatir los diferentes informes presentados por el grupo de trabajo.

Torres indicó que había quedado pendiente un decreto legislativo que el Pleno del Congreso acordó devolverlo a la Comisión para un mayor estudio y también para recibir más opiniones al respecto.

Explicó que, del total de las normas revisadas, había 67 que, según se estableció, fueron dictadas cumpliendo con la ley autoritativa al Poder Ejecutivo para legislar. También se acordó derogar cinco de aquellos decretos legislativos, en tanto que se aprobó recomendar modificaciones a 390 decretos legislativos a fin de que prosigan en vigencia, y es que se busca dar facilidades al Gobierno para la labor en que está empeñado.

CINCO DECRETOS

En la sesión efectuada en el hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo fueron aprobados por mayoría otros cinco decretos legislativos como aquel que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses, más conocida como ‘lobbies’.

Fue un tema que generó mayor debate en la sesión, y al final fue aprobado por 11 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones.

Igualmente fue aprobado el decreto legislativo que declara en emergencia y dicta medidas para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario. También el que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Igualmente el de la Ley de la Policía Nacional del Perú.

En estos tres casos los legisladores Vicente Zeballos y Javier Velásquez se opusieron al dictamen en minoría sustentado por su colega Úrsula Letona. Señalaron que no se tomaba en cuenta principios de derechos elementales de los ciudadanos, así como principios de ideología de género y orientación sexual de las personas. Precisaron que ello hacía a esas disposiciones legales perfectamente constitucionales.

La congresista Letona observó que esas medidas rebasaban la autorización legal que se había otorgado para dictar materias legislativas en determinadas materias. Es decir, se pretendía legislar sin respetar escrupulosamente la autorización de delegación de las facultades legislativas.

Otro decreto legislativo aprobado fue el que crea el Fondo de Adelanto Social. La coordinadora Letona opinó que no se podía dictar medidas que eran de carácter presupuestal. Sin embargo, Zeballos y Velásquez sostuvieron que se trataba de recursos necesarios para ejecutar proyectos sociales que surgían de un Fondo de Estabilización Fiscal y no entrañaban necesariamente una norma contraria a lo señalado en la ley presupuestal.  

INSISTENCIAS

De otro lado, la Comisión de Constitución aprobó, por mayoría, dictámenes para insistir en la aprobación de tres autógrafas de ley que fueron observadas por el Poder Ejecutivo tras su aprobación por el Pleno del Congreso.

Uno de ellos es el proyecto que deroga parcialmente  el artículo 1 del Decreto Legislativo 1250, el cual modifica la Ley 29230, que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado; y la Ley 30264, que establece medidas para promover el crecimiento económico.

Igualmente, se insistió en la norma que incorpora un último párrafo a la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1311, que modifica el Código Tributario.

La tercera insistencia fue respecto de la ley que deroga parcialmente el Decreto Legislativo 1337, que modifica la ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el sector público y dicta otras disposiciones, y restituye la vigencia del artículo 2 de la Ley 29806. Esta norma pretendía incorporar entre los servidores altamente capacitados a bachilleres con diez años de experiencia en el aparato estatal, propuesta que fue rechazada.

REFORMA CONSTITUCIONAL

En la sesión, el congresista Alberto Quintanilla Chacón (FA) sustentó un  proyecto de ley para modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú sobre el régimen de la inmunidad parlamentaria.

       Conforme a la propuesta, sería el Poder Judicial el que determinase la procedencia o improcedencia de una causa contra un congresista, antes de que este fuese elegido, y siempre que no esté relacionado con sus derechos de opinión y de emisión de sus votos, como está consagrado actualmente en el ejercicio de sus funciones.

Al inicio de la sesión, el presidente Miguel Torres dijo que se había citado al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, a una sesión que se efectuará el martes 18 del presente a fin de que informe acerca de los alcances del Decreto de Urgencia 003-2016, por el cual se prohíbe a empresas involucradas en casos de corrupción a que vendan sus activos y bienes, o parte de ellos. (JTR).

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