Sin ningún voto en contra, la comisión “Lava Jato” acordó esta noche pedir dos informes a la presidencia del Consejo de Ministros (PCM): uno referido a la labor que cumple Abel Aguilar, actual director de la Oficina de Comunicación Social de la PCM y el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINI), Guillermo Fajardo Cama, ante la evidencia de que se estaría utilizando la infraestructura estatal para  atacar a los legisladores que forman parte de este grupo parlamentario.

Ello fue a pedido del legislador Víctor Andrés García Belaunde (AP) quien reveló que las tres empresas que son de propiedad de Abel Aguilar han sido contratadas como proveedoras del Estado, lo cual está totalmente prohibido por la ley. "¿Cómo es posible que Aguilar haya suscrito un contrato con la Municipalidad de Miraflores por once mil soles? ¡Eso es delito!", alertó.

Pero no es todo. García Belaunde también señaló a Aguilar como el responsable del centenar de twitters  difundidos, a través de la cuenta "Memorex", para elaborar ”troles” a su cargo con la finalidad de desprestigiar a los integrantes de la comisión Lava Jato.

Su colega Gino Costa (PPK) intervino para preguntar si es competencia de la Comisión Lava Jato investigar a un funcionario del gobierno que está ajeno al ámbito de la pesquisa principal. "Si hay hechos que investigar que se investigue sin distraernos del tema principal", manifestó.

El presidente del grupo investigador Vìctor Albrecht (FP) dijo que desde el  momento que se atacan a los integrantes de la comisión Lava Jato automáticamente es una asunto que amerita una investigación de oficio. Lourdes Alcorta (FP), Karina Beteta (FP) y Mauricio Mulder (CPA) se adhirieron al pedido del congresista acciopopulista.

García Belaunde pidió que se indague, además, cual es la labor  que hoy en día cumple el actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINI), Guillermo Fajardo, porque hay que descartar que se repita el reglaje o seguimiento a los opositores al actual gobierno.

Ambas solicitudes fueron aprobadas y según declaró el legislador Albrecht "se esperará contar con los informes solicitados para luego evaluar si se adopta alguna otra medida, como puede ser el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones a Aguilar y a Fajardo Cama".

La Comisión Lava Jato aprobó también pedir un informe a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, para que explique el por qué se ha modificado el artículo 477 del Código Penal, vía un decreto legislativo.

A la sesión asistió Gustavo Gorriti, periodista de IDL-Reporteros, quien expuso a los legisladores de la Comisión Lava Jato los alcances de la investigación periodística que empezó en el 2011 y que continúa a la fecha.

Dijo que este caso de megacorrupción recién está empezando y calculó que podría proyectarse durante los siguientes diez años. Estimó que la Fiscalía debería contar con un equipo selecto de fiscales para ahondar en las pesquisas que, a su criterio, podría comprender "a otro ex jefe de Estado, varios ex ministros de Estado y otros funcionarios públicos".

Dijo que por ahora la mayor fuente de información provendrá de Brasil, Suiza y Estados Unidos y planteó que el efecto nefasto que implicará el caso Lava Jato en el Perú debería ser el motivo para plantear una reforma de fondo para evitar que se repitan otros casos de corrupción.

Por encontrarse fuera de Lima se reprogramó para la próxima sesión la presentación de Enrique Felices, actual jefe de asesores de la PCM y que tuvo injerencia con la empresa brasileña OAS. (JSR)

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