Congresistas de diversas bancadas  exigieron al Poder Ejecutivo que aplique “mano dura y vigilancia exhaustiva’ en contra de la concertación de los precios de las medicinas que se venden al público a  nivel nacional.

Fue durante la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos donde se presentó la Ministra de Salud, Patricia García Funegra, quien fue convocada para que explique la problemática del acceso de los consumidores a productos farmacéuticos.

García Funegra sostuvo que el Ministerio de Salud “promueve el sistema SIS con estrategias orientadas a garantizar el acceso a productos farmacéuticos esenciales en el sector público, implementando compras corporativas, producción pública y  compras internacionales a través de fondos rotatorios”.

En cuanto a la comercialización de medicamentos -que mueve un promedio de mil 988 millones de dólares- la ministra informó que prevalencia de productos de origen extranjero es de 70% y el 30% restante son fabricados en el país. El 58% de la venta masiva está concentrada solamente en ocho cadenas de boticas.

La ministra explicó que desde el 2012, INDECOPI investigó a cinco cadenas de boticas por la comisión de “prácticas colusorias en la modalidad de fijación concertada de precios de venta al público en el mercado de productos farmacéuticos y afines”

El 2016 INDECOPI determinó –dijo la ministra de Salud- que entre el 2008 al mes de marzo de 2009 las cadenas Inkafarma, Mifarma, Arcángel, Fasa y Boticas Felicidad habrían concertado precios a través de sus proveedores comunes en 36 productos farmacéuticos (21 medicamentos y 15 complementos nutricionales) estableciéndose una multa –en conjunto- ascendente a 9 millones de soles.

Asimismo, dijo que al amparo de la Ley 29459 se ha creado el ‘Observatorio de precios’ para hacer públicos los precios y lugares donde se expenden los medicamentos y actualmente se desarrolla una plataforma informativa para la difusión y lanzamiento del portal web del observatorio e  incluso varias aplicaciones para que los usuarios puedan consultar y recibir información desde sus teléfonos celulares.

El legislador Jhony Lescano Ancieta (AP) manifestó su preocupación que diversos laboratorios, vía mandatos judiciales, hayan obtenido medidas cautelares para que no ingresen medicamentos de bajos costos e impedir una libre competencia que beneficie a los usuarios.

Daniel Salaverry (FP) pidió a la titular de Salud un trabajo exhaustivo para terminar con los casos de medicinas utilizadas para enfermedades como cáncer y sida, que fueron exoneradas de impuestos  para alentar que bajen de precio y que no lograron el efecto esperado.

La unidad de Atazanavir  (medicamento para el tratamiento del sida)  en Brasil cuesta –por ejemplo- un sol 35 céntimos y en el Perú se vende a 24.67 soles. A este elevado costo lo adquiere el mismo Estado Peruano para la distribución de los pacientes de Salud, explicó Salaverry por lo que solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros para que dicte salvaguardas para casos de medicamentos esenciales.

“Solo por este medicamento (Atazanavir) el Estado habría pagado 13 millones de soles”, explicó el legislador.

Gilbert Violeta (PPK) señaló que no hay ningún elemento para suponer  que se ha terminado con la concertación de precios y garantía de la competencia. Además dijo que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) es un órgano absolutamente burocratizado. “No es casual que aquí se retrasen documentación para el ingreso de nuevos medicamentos”, alertó.

El parlamentario pidió a DIGEMID un rol más activo para procurar el ingreso de medicinas de bajo costo y solicitó a la titular de Salud que dicte medidas de control  más rigurosas.

Juan Carlos Gonzales Ardiles, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, reclamó mayor compromiso por parte de DIGEMID y recordó que la salud está en emergencia en nuestra patria.

Pidió a la titular de Salud agilizar los procesos y no esperar 8 años en investigar la concertación de precios de medicamentos. Asimismo, pidió que las multas sean acordes a las ingentes ganancias que estas cadenas de farmacias y boticas reciben.

En respuesta a estos requerimientos, la ministra García Funegra explicó que pese a su esfuerzo, los procesos para permitir el ingreso de nuevas medicinas de bajo costo son  engorrosos y largos. “Están retrasados por años”, admitió. Se comprometió a reforzar acciones de vigilancia y sanción, en las cuales no están ajenos los ciudadanos porque también pueden denunciar casos de cobros injustos. (EPA)

 PRENSA CONGRESO