El Pleno del Congreso aprobó esta tarde un proyecto de ley mediante el cual se aplicará en el país una política de búsqueda de personas desaparecidas en el período de violencia correspondiente a los años 1980 al 2000, labor que estará coordinadamente a cargo del Ministerio de Justicia y de entidades vinculadas al tema. 

La norma fue sancionada por 68 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones. En segunda consulta se la exoneró de segunda votación por 63 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, congresista Juan Carlos Eguren (PPC-APP), recordó que el tema es fruto de una iniciativa de la Defensoría del Pueblo y había sido exonerado de dictamen en ese grupo dictaminador.

Se busca, dijo, que los restos de las personas desaparecidas a manos de las hordas terroristas puedan ser ubicados por sus familiares. Añadió que ello implica una medida humanitaria y que permita terminar con el suplicio de muchas personas que no saben si sus parientes fallecieron, están desaparecidos o dónde estarán.

“Es una ley con un contenido de carácter humanitario”, subrayó Eguren.

Detalló que actualmente, para realizar la búsqueda, se requiere de una denuncia penal. Pero muchos no lo hacen para protegerse y evitar peligros, según dijo. Anotó que lo que se persigue es ubicar a esas personas o sus restos y que se cumpla el rol del Estado que no se había dado hasta ahora.

“Este rol pendiente y esta deuda del Estado tiene que ser corregida”, apuntó Eguren. Explicó que la Defensoría del Pueblo planteó el proyecto en un tema que fue iniciado a través de un informe en el que participó con otras entidades en el Ministerio de Justicia y que abordaron el tema de los derechos humanos y los casos de desapariciones. Entonces, se requiere de una ley para humanizar estos casos que son responsabilidad dell ERstado, según remarcó.

Adelantó que la entidad que liderará la búsqueda de los desaparecidos será el Ministerio de Justicia. Añadió que se creará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y se ubicará los llamados sitios de entierros. También, se plantea que en 90 días, luego de la entrada en vigencia de la norma,  se apruebe el Plan Nacional de Búsqueda Personas Desaparecidas. Ello se hará con cargo a los presupuesto de las entidades involucradas.

La legisladora María Pérez Tello (PPC-APP) dijo que el trabajo fue iniciado en 2012, cuando ella presidió la Comisión de Justicia. Recordó la labor cumplida antes por el Ministerio de Justicia y entidades como el Instituto de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo y otras entidades involucradas. Sostuvo que no se había coordinado los esfuerzos hacia esos objetivos y cada organismo actuaba por su cuenta y sin una medida conjunta e interrelacionada. 

La parlamentaria sostuvo que en el país hay unas 16 mil personas desaparecidas y se dice que en Ayacucho hay fosas en caminos de esa región.

“Hay 16 mil familias en el país que están afectadas por esto, y es necesario que ya se atienda sus demandas de justicia”, comentó la legisladora.

José Urquizo Maggia (NGP) saludó que el proyecto sea una iniciativa de la Defensoría del Pueblo. Anotó que es destacable que se identifique a una entidad que liderará esta labor. Respaldó la propuesta a nombre de su bancada.

El legislador Manuel Dammert Ego Aguirre (AP-FA) calificó de muy importante la propuesta, porque se trataba de curar una llaga pendiente en el país y que afecta a miles de familias peruanas. Indicó que se debe hablar no solo de los sitios de entierro, sino también de aquellos lugares públicos en los cuales se habría dado casos de torturas, asesinatos y hasta desapariciones de personas, muchas de ellas luchadores sociales.

Planteó que se incluyera un artículo señalando que todas las denuncias sobre ello deben ser obligatoriamente respondidas por las autoridades ante pedidos de los familiares. Además, esos casos deben ser judicializados, según sostuvo. (JTR).

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