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23-Oct-2014 01:27pm
REPRESENTANTES DE CORTE PENAL INTERNACIONAL TENDRÁN INMUNIDAD Y PRIVILEGIOS DIPLOMÁTICOS
El Pleno del Congreso aprobó en su sesión matinal del jueves 23 una resolución legislativa por la cual se da luz verde a acuerdo internacional suscrito por el Perú

El Pleno del Congreso de la República aprobó en su sesión matinal del jueves 23 una resolución legislativa por la cual se da luz verde al acuerdo internacional suscrito por el Perú con la finalidad de reconocer privilegios e inmunidades diplomáticas a los representantes de la Corte Penal Internacional (CPI) que ingresen a nuestro país.

La resolución legislativa, sancionada con 83 votos a favor votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones, aprueba el acuerdo adoptado por nuestro país el 9 de septiembre de 2002 en la ciudad de Nueva York.

Mediante ese documento, el Perú se compromete a otorgar a los integrantes de la CPI las exenciones de que gozan los jefes de misiones diplomáticas, conforme a los compromisos asumidos por nuestro país en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en 1961.

Los privilegios e inmunidades se refieren a la inviolabilidad diplomática, de archivos y documentos; e inviolabilidad de sus comunicaciones; privilegios diplomáticos y franquicias aduaneras (exoneración de impuestos o devolución de los mismos, etc.), entre otras facilidades que sean necesarias, a favor de los representantes de la CPI, a fin de que estos puedan desempeñar sus funciones y cumplir sus propósitos.

Al sustentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Lourdes Alcorta Suero (CP), explicó que las inmunidades y privilegios estaban contenidos en compromisos internacionales asumidos por nuestro país desde 1933.

En el breve debate que se suscitó, la congresista Luz Salgado (FP) anunció que su bancada se abstendría de votar a favor del dictamen porque, en su opinión, se debió hacer una mejor negociación ya que el acuerdo establecía mayores inmunidades y beneficios tributarios que los que se otorga a cualquier diplomático, lo que convierte a los representantes de la Corte en funcionarios ‘casi intocables’. Por esas razones, según dijo, solo 25 Estados lo habían ratificado. Añadió que no había apuro en aprobarlo habiendo temas más urgentes que atender por el Congreso.

El congresista Vicente Zeballos (SN) intervino para aclarar que el documento había sido ratificado por 72 países y su aprobación databa del año 2002.

A su vez, Rosa Mavila (AP-FA) se pronunció a favor del dictamen, y afirmó que la CPI es un organismo permanente, y como tal tiene carácter complementario a los organismos jurisdiccionales de cada país.

Recordó, además, que la CPI se encarga de asumir casos de “altísimo nivel de criminalidad” y solo juzga a personas por la comisión de delitos de genocidio, de lesa humanidad, ataque a poblaciones civiles; traslado, embarazos y esterilizaciones forzados; apartheid, toda forma de esclavitud, entre muchos otros.

Marisol Pérez Tello (PPC-APP) y Natalie Condori (DyD) también se pronunciaron a favor de la norma, conforme a nuestra tradición de respetar los compromisos internacionales.

Igualmente, Martín Belaunde (SN) recordó que la CPI es un organismo judicial, no político, de las Naciones Unidas, que está en vigencia desde la primera década del presente siglo, fue creado a iniciativa del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. “No veo ninguna razón para no suscribirlo”, comentó.

 

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