El congresista populista Víctor García Belaunde (AP) instó a la Representación Nacional a apoyar y sancionar la reforma constitucional contenida en los proyectos de ley 122 y 4190, que proponen incorporar el artículo 34-A y modificar el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, respecto a impedimentos para ejercer la función pública.

Fundamentó su exhortación en el hecho de que todos deben adoptar medidas a fin de impedir que ingresen al Poder Legislativo personas inescrupulosas que buscan la impunidad a los delitos que han cometido antes de ser candidatos.

Consideró que el impedimento debe aplicarse a las personas desde el momento que han sido acusadas por un fiscal, porque estimó que se debe ser drástico para no volver a ser testigos de las malas experiencias que le ha tocado vivir al actual Congreso.

García Belaunde dijo que desde un principio se supo que había un considerable porcentaje de los 130 congresistas electos, que estaban en una situación de procesados, por lo que previeron que se iban a presentar problemas, lo cual ha ocurrido.

Agregó que hace años presentó diferentes proyectos en el mismo sentido de los que se están debatiendo, pero lamentablemente no prosperó. “Ahora ha llegado la oportunidad de aprobarlo”, manifestó.

Por su parte, Gilbert Violeta (PPK) dijo que el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley que impide postular a las personas y funcionarios públicos que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia, cuya pena sea mayor a cuatro años.

Dijo que hay alrededor de cuatro mil denuncias de corrupción contra autoridades de diferentes instituciones del Estado, en las cuales se ha detectado cerca de dos mil autoridades implicadas en actos de corrupción.

Alberto Quintanilla (NP)señaló que su bancada respaldará el proyecto de reforma porque constituye un instrumento de lucha frontal contra la corrupción, pero anotó que puede presentarse algún problema contra la presunción de inocencia.

Agregó que es necesario que se precisen los delitos que implican la inhabilitación.

Humberto Morales (FA) consideró que la propuesta es sesgada e interesada para el Poder Ejecutivo. "Por eso, no dimos la confianza al Consejo de Ministros. Desde hace años hay un considerable número de comuneros denunciados por actos de corrupción, mientras no se ha sancionado a nadie que se ha llevado millones de dólares del Estado". Anunció que Frente Amplio no apoyará la propuesta.

Por su parte, Juan Carlos Gonzales (FP) indicó que el proyecto afecta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia, que es reconocida por diferentes entidades internacionales de derechos humanos. "Creo que debería aplicarse a los condenados en segunda instancia", opinó

PRENSA-CONGRESO
11-7-19