El jefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, sostuvo ante la Comisión de Fiscalización que las páginas en blanco y sin firmas que constan en los planillones de inscripción presentados por el partido “Podemos Perú”, solo representan el 0,03% del total, y que ellas han sido descartadas.

            Castillo Merza fue convocado el miércoles 23 por ese grupo fiscalizador para responder a presuntas irregularidades en el proceso de inscripción que fueron denunciadas por la señora Susana Guerrero, quien es asesora jurídica de ese organismo electoral.

            Por este hecho, Castillo Meza informó que se le había pedido la renuncia a la funcionaria porque hay, hacia su persona, desconfianza y descoordinación en sus funciones. Se trata, argumentó, de un cargo de confianza.

            El jefe de la ONPE explicó que la primera entrega de planillones se realizó el 22 de septiembre del año pasado y la segunda entrega el 15 de diciembre. En el primer lote de 200 sobres en encontraron casilleros en blanco y sin firmas en 43 páginas, de un total de 136,879 firmas.

            En el segundo grupo se registraron 73 mil firmas y se detectaron vacíos en once páginas. Los espacios dejados en blanco son descartados, mientras que la verificación de firmas se hace en una muestra aleatoria. El cotejo de firmas se hace visualmente a cargo de un perito grafotécnico. Castillo Meza anunció que se está en conversaciones con el JNE para el uso del registro biométrico en las próximas elecciones generales.

            Dijo que las denuncias sobre presuntas irregularidades “no se sostienen” e informó que las firmas adscritas a los partidos políticos son temporales y hasta que concluyan los procesos de elección. Informó que este caso ha sido derivado al Ministerio Público y se espera su pronunciamiento.

VENTA IRREGULAR

            El segundo tema de agenda fue la presencia del alcalde provincial de Tacna, Jorge Infantas Franco, quien acudió a la Comisión para informar sobre presuntas irregularidades en la venta de un terreno de 192,977 metros cuadrados, de propiedad de la municipalidad, a la Asociación Civil Los Chaskis.

            El burgomaestre dijo que en sesión de concejo de febrero de 2016 se vio la viabilidad de un proyecto de vivienda, pero en una nueva gestión y por acuerdo de concejo, en diciembre de 2017 se aprobó denegar el plazo ampliatorio que solicitó la asociación porque no cumplió con los puntos del contrato y, por lo tanto, retornó la libre disponibilidad del terreno.

            Infantas Franco argumentó que por una ordenanza municipal de 2010 se autoriza la venta directa de predios por parte de la municipalidad y eso es lo que se hizo. No se trata, dijo, de una venta rápida. Como respuesta, la asociación de vivienda ha presentado una acción de amparo contra la ordenanza.

            Dijo que la Contraloría General de la República hizo un informe sobre esta venta, que se absolvieron todas las observaciones y se está pendiente de su pronunciamiento. Por otro lado, la Fiscalía Especializada en delitos de corrupción ha abierto una investigación criminal a solicitud de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Tacna.

            Sobre este tema, el congresista Jorge Castro Bravo, quien ha hecho una investigación y solicitó la presencia del alcalde provincial en la comisión, sostuvo que la venta del terreno no procedía porque es de propiedad de la Superintendencia de Bienes Nacionales y que debería haberse hecho por subasta y no por venta directa.

PRENSA CONGRESO