Cumpliendo con el debido proceso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales escuchó, por más de siete horas, los argumentos de los abogados de los 11 exmarinos y de la defensa de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que son acusados de supuesta infracción al artículo 139°, inciso 2 de la Constitución Política y la presunta comisión del delito de Prevaricato contemplado en el artículo 418 del Código Penal. 

Ante el grupo de trabajo que preside la congresista Milagros Takayama (FP) ambas partes tuvieron derecho a réplica y a dúplica, y también absolvieron las interrogantes de los parlamentarios. 

            En representación de los 11 exmarinos estuvieron los abogados Humberto Abanto y Sergio Tapia Tapia, quienes reiteraron su postura de que los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinoza Saldaña-Barrera, cambiaron la orientación de uno de los votos (del exmagistrado Juan Vergara Gotelli) de una sentencia de 2013 que establecía que los hechos del penal El Frontón, de 1986, no son delitos de lesa humanidad.  

            "11 ciudadanos que hace 31 años participaron en la develación de un motín de internos por terrorismo en El Frontón acuden a la casa del Pueblo, o sea al Congreso, a solicitar que se investigue algo que no tiene una explicación jurídica y moral ni en el derecho constitucional ni en el derecho comparado”, dijo Tapia Tapia. 

            Agregó que se violentó aspectos fundamentales constitucionales como reabrir un proceso judicial que la Constitución lo prohíbe, y se mutó o se cambió la sentencia pese a la prohibición de inmutabilidad de la cosa juzgada. 

            En el mismo tono, el abogado Humberto Abanto señaló que no es cierto que los magistrados del TC no pueden ser denunciados constitucionalmente por infracción a la Constitución y por delito de función. 

“Basta con leer con los artículos 99 y 100 de la Constitución para darse cuenta de que eso no es cierto. Aquí se ha violado la garantía de la cosa juzgada", añadió. 

Por su parte, Walter Albán, abogado del magistrado Espinosa-Saldaña, afirmó que no se puede hablar de que se vulneró la cosa juzgada porque no hubo fallo.           

“El voto de Vergara Gotelli era diferente a los votos de los magistrados Alvarez, Calle y Mesía. En consecuencia no hubo cuatro votos, si no 3. Por lo tanto, no había fallo”, explicó. 

Albán agregó que tampoco se puede hablar de que se reabrió un proceso después de 31 años. “Eso no es exacto, no es verdad”, reafirmó. 

Insistió en que el exmagistrado Vergara Gotelli señala en sus fundamentos que no corresponde al TC pronunciarse sobre si ese caso es de lesa humanidad o no.           

En tanto, Samuel Abad, abogado de Manuel Miranda Canales, actual presidente del TC, indicó que los magistrados del TC y los congresistas gozan de la prerrogativa de la inviolabilidad, es decir, por sus votos u opiniones no son responsables. 

“Esta denuncia debería ser rechazada de plano. No amerita que los magistrados sean acusados constitucionalmente”, acotó. 

Abad insistió que un magistrado del TC por dictar sentencia no puede ser acusado porque es en ejercicio de su función. “Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la resolución, pero eso no amerita responsabilidad penal o responsabilidad por infracción de la Constitución”, agregó. 

Seguidamente expusieron Roberto Pereyra, abogado de Carlos Ramos; Walter Albán, y Ana María Arrarte, defensora de Marianella Ledesma. 

También asistieron los exmagistrados del TC Oscar Urviola Hani, Carlos Mesías, Gerardo Eto Cruz y los actuales tribunos José Luis Sardón y Ernesto Blume, quienes fundamentaron el sentido de su voto en la mencionada resolución del 2013. 

Durante la ronda de intervenciones, el congresista Javier Velásquez Quesquén (CPA) dijo que el TC no es el supremo intérprete de la CPP, como dice su portal web institucional.           

“La Constitución no dice eso. Son órganos de interpretación de la Constitución, también la interpretan los jueces ordinarios”, acotó. 

            Agregó que la tesis de decir que no podemos tocar a los magistrados del TC es inaceptable. Agregó que el TC debe estar descontaminado de cualquier presión ideológica. 

            Por su parte, el congresista Héctor Becerril (FP) dijo que ha quedado claro el accionar de cuatro magistrados que han querido interpretar la votación/decisión por encima de lo q establece la Constitución Política. 

También lamentó y rechazó las declaraciones de la magistrada Marianella Ledesma respecto a que habría "un escenario golpista" por la decisión del Congreso de investigar la denuncia presentada por 11 exmarinos. 

“Eso no lo podemos permitir. No hay ninguna institución del país que esté por encima de la Ley”, puntualizó Becerril.

ESTABLECEN PLAZO           

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales informó que el delegado de la denuncia contra los cuatro magistrados del TC, el congresista César Segura (FP), tiene cinco días hábiles de plazo para presentar su informe final, luego de que se le haga llegar todos los actos de la presente audiencia y de los que ha solicitado sobre el caso. 

CASO FISCAL DE LA NACIÓN

Antes de levantar la sesión, la Subcomisión eligió, por mayoría, a la congresista Karina Beteta (FP) como delegada de las denuncias constitucionales N° 146 y 148 (acumuladas), presentadas por los congresistas Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por supuesta infracción a los artículos 39, 139 y 159 de la Constitución Política del Perú. 

Ella se encargará de elaborar el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas así como la elaboración del respectivo informe final. 

Previamente, el subgrupo fue notificado formalmente del plazo de 15 días otorgado por la Comisión Permanente, el pasado lunes 20, para investigar al fiscal de la Nación por supuesto delito de “grave omisión funcional”. (ACV)

PRENSA-CONGRESO  27-11-17

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