Congresistas acusados de azuzar el levantamiento de los nativos en Bagua denunciaron que en un próximo gobierno no sólo la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, sino otros ministros de Estado serán sentados en el banquillo de los acusados para responder por la masacre que costó las vidas de 34 personas, entre policías y civiles.

Fue en respuesta a los comentarios hechos por la parlamentaria aprista Cabanillas, quien confesó estar con la conciencia tranquila por los luctuosos hechos ocurridos el pasado 5 de junio, cuando ella era titular del sector del Interior. En ese sentido, rechazó que el informe del Ejecutivo sobre el baguazo tenga como fin exculparla.

Marisol Espinoza, vocera de la bancada nacionalista, fustigó las palabras de Cabanillas señalando que para ella no cabe duda sobre su responsabilidad al señalar que un próximo gobierno tendrá que ponerla en el sillón de los acusados; así como a los demás ministros responsables de la matanza.

“La orden salió directamente desde Palacio de Gobierno después de una sesión de Consejo de Ministros. Lejos de buscar la reconciliación, el gobierno es el que ha provocado y está provocando a los pueblos indígenas con un informe que no tiene pies ni cabeza, que exonera de responsabilidad a la ex ministra Cabanillas, al ex premier Yehude Simon y el ex titular del Congreso, Javier Velásquez, a la ministra Mercedes Aráoz”, subrayó.

José Maslucán, el otro legislador nacionalista sindicado en el informe baguazo como instigador de la violencia desatada en esa parte del país, dijo: “Ningún ministro puede estar con la conciencia tranquila. Los responsables de las muertes en la Curva del Diablo son los que ordenaron la operación de desalojo cuando en la Estación 6 de Petroperú había más de 20 policías en calidad de rehenes”.

La parlamentaria Yaneth Cajahuanca agregó que Cabanillas tiene mucho que responder por los hechos sucedidos en Bagua y que hasta ahora no son aclarados. “Cabanillas tiene que responder a la justicia. Tiene que decir por qué dio la orden de intervenir cuando la policía ya había logrado negociar para que los nativos se retiraran de mutuo acuerdo”, se preguntó.

Los parlamentarios coincidieron que hasta ahora los pueblos amazónicos no son escuchados en su pedido de la derogatoria de los ocho decretos legislativos que aún siguen vigentes.