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FUJIMORI Y
SU AMBICIÓN DE PODER.
Desde el 28 de Julio de 1990, el país
se vio envuelto en una vorágine de cambios, que
implicaron no solamente la variación de actitudes
de la población y de los políticos, sino
y sobre todo, de un aparente cambio de moral, cuyo telón
de fondo cayó tras la declaratoria de vacancia
por incapacidad moral de Alberto Fujimori a la Presidencia
de la República.
Los cambios surgidos en el campo económico
vinieron acompañados de una serie de medidas
sociales, que fueron tocando piso paulatinamente viéndose
reflejadas en protestas universitarias y de los sectores
laborales agitados por las medidas.
A partir del Autogolpe del 5 de abril
de 1992 y la disolución del Congreso de la República,
se edificó una superestructura destinada al copamiento
del poder y usufructuar permanentemente de él
sin control de ningún tipo. Esta superestructura
benefició a la cúpula existente alrededor
del poder y en las principales instituciones estatales
y públicas, generalizándose sin sanción
alguna.
Para asegurar las operaciones de la
mafia, se dio al país de una nueva Constitución
(la de 1993), plasmándose un esquema que le permitió
violar las leyes con total impunidad, especialmente
en casos de la comisión de delitos contra el
Estado, por ello se determinó en la práctica
abolir las posibilidades de fiscalización y se
manejo absolutamente los organismos llamados a investigar,
denunciar y sancionar las diversas inconductas funcionales
de los autores y de quienes les permitieron esas operaciones.
Bajo la dirección de Alberto
Fujimori, cientos de funcionarios públicos participaron
en la comisión de estos delitos, colaboraron
en su ejecución u ocultaron estos hechos con
la finalidad de dejar en la impunidad estos actos, aspecto
que finalmente fue logrado al dictarse normas de todo
rango para cubrir con un manto de legalidad, el ejercicio
corrupto del poder.
El 5 de abril de 1992, todos los medios
de comunicación fueron ocupados por efectivos
militares que tenían la misión de controlar
los contenidos que se difundirían al día
siguiente. Desde entonces fue visible la política
de controlar los medios de comunicación, hecho
que se confirmó después en los casos de
los canales de TV, con videos que muestran la forma
y el monto por el que fueron captados.
El Canal 2, fue primero usurpado por
el poder, despojando a su propietario para entregarlo
a los accionistas minoritarios.
Son por demás reveladores los
videos en los que Winter, Crousillat, padre e hijo,
Shutz, Vera Abad, Silva Checa y Calmell del Solar, recibieron
grandes sumas de dinero en efectivo, provenientes de
los fondos del Estado.
Parte de la denominada “prensa
grande” jugó todos estos años un
papel repugnante, no siendo suficientes la llamada "
prensa chicha" destinada a ejecutar el trabajo
sucio, agraviando e injuriando a cuanto opositor o denunciante
apareciera. Ya no es un secreto que estos medios vivían
de favores del poder y de los pagos en efectivo que
recibían por sus portadas.
En este contexto, no quedan dudas que
Alberto Fujimori tuvo conocimiento, dispuso o consintió
que se atentara contra la vida de periodistas, se agraviara
su buen nombre, se violara su libertad personal, su
domicilio, se interceptaran sus comunicaciones y por
último se les restringiera su libertad de expresión.
Tampoco quedan dudas que Alberto Fujimori
conocía perfectamente sobre las entregas de dinero
a los propietarios de diversos medios de comunicación,
en acciones destinadas a evitar toda posibilidad de
crítica, desinformando a la opinión pública
para lograr su reelección.
LAS MANIOBRAS DE FUJIMORI PARA
PERPETUARSE EN EL PODER.
En un gobierno surgido de un Autogolpe,
que mediante diversos dispositivos constitucionales,
legales y de hecho manifestó su voluntad de permanente
reelección, los casos de manipulación
de la voluntad popular han sido constantes, como por
ejemplo:
-
Manipulación del resultado
electoral del Referéndum de 1993, cuyo cómputo
fue detenido cuando el "No" se acercaba
al "Sí". El JNE jamás proclamó
los resultados, y Fujimori promulgó la Constitución,
a finales de diciembre de 1993, sin resultado electoral.
-
La falsificación de firmas
para inscribir a los movimientos Vamos Vecino y
Perú 2000, con complicidad de funcionarios
del órgano electoral.
-
El uso de dineros del Estado
para compras de material electoral y el uso de los
municipios de “Vamos Vecino” para hacer
pintas, manifestaciones, contramanifestaciones y
otros actos, entre ellos la destrucción de
la propaganda opositora.
-
Manipulación de actas
electorales para perpetrar el fraude del 2000, "volteando"
el resultado real dado a conocer por las empresas
encuestadoras, que asignaron un 40% a Alberto Fujimori
y un 48% a Alejandro Toledo, para terminar estableciendo
que Fujimori tenía casi 50% y Toledo 41%.
JORGE MUFARECH, SU TRAYECTORIA.
Desde hace más de 20 años,
Jorge Mufarech Nemy viene estudiando el fenómeno
del contrabando y el daño que este, en sus diversas
modalidades, viene ocasionándole al país.
En su calidad de industrial y empresario, con más
de 40 años de experiencia venía criticando
severa, pero constructivamente, el modelo de lucha contra
el contrabando, subvaluacion, subconteo y dumping que
ejecutaba el gobierno de Alberto Fujimori.
En enero de 1999 fue convocado para
integrar el gabinete de Fujimori y desde ahí
plasmar su apoyo al país en el campo de la lucha
contra el contrabando y la defraudación de rentas
de aduana, una de sus mayores pasiones. Sus primeras
acciones fueron denunciar la permanencia de funcionarios
de segundo nivel de Aduanas, involucrados directa e
indirectamente en actos vinculados al contrabando, hecho
que fomentaba la pérdida masiva de fuentes de
trabajo, agravaba la aguda crisis de la industria nacional
y con ella evidentemente la crisis económica,
incidiéndose además en lo nocivo que eran
las Empresas Supervisoras de Importaciones para el comercio
exterior y economía nacionales. Estas empresas
de permanencia ininterrumpida en el país desde
1992, año en que ingresaron “temporalmente”
pero que evidentemente, ya habían cumplido su
ciclo.
Al aceptarse su renuncia al cargo de
Ministro, tras las denuncias de corrupción formuladas
contra la mafia enquistada en Aduanas y las Empresas
Supervisoras, se hizo evidente que se le nombró
como Ministro para limitar su acción en medio
de marañas burocráticas. Los límites
eran de tal naturaleza, que a la Comisión de
Lucha contra el Contrabando, que presidió, no
le fue asignado presupuesto alguno aun cuando el Primer
Ministro Joy Way le indicó que “dispusiera
de los recursos del Ministerio de Trabajo”. No
lo hizo; de haberlo hecho, seguro estaría denunciado
y procesado por malversación de fondos.
Durante las dos últimas décadas
de su trayectoria empresarial ha venido denunciando
irregularidades de índole aduanero. Luchar contra
el contrabando es difícil. Hay grandes intereses
políticos y económicos. Antes de aceptar
ser Ministro, era ya considerado una piedra en el zapato
para la Superintendente de Aduanas, Carmen Higaonna,
quien había iniciado una campaña de desprestigio,
denunciándolo por contrabando en la importación
de un automóvil Jaguar usado, el mes de marzo
de 1998. Estas críticas al aparato aduanero tampoco
eran del agrado del Sistema de Supervisión de
Importaciones, que veían afectados sus intereses,
al igual que los defensores del sistema dentro y fuera
del gobierno.
EL AUTOMOVIL
“JAGUAR”... LA PRIMERA DENUNCIA.
La Fiscalía Especializada en
Delitos Tributarios Aduaneros, arma política
creada a la medida y conveniencia del gobierno de Fujimori
y Montesinos, al mando de Hilda Valladares, lo acusó
ante el Juez Nicolás Trujillo por la supuesta
comisión del delito de contrabando de un automóvil
usado Jaguar año 1992, sin mayores elementos
probatorios contando, para esta acusación, con
la complicidad del general PNP José León
Arredondo, entonces al mando de la Unidad Policial adscrita
a Aduanas que dependía de Carmen Higaonna. Esta
Unidad Policial ocultó y no remitió al
Poder Judicial un fax de la Interpol de Chile que confirmaba
la operación de exportación del automóvil
con la factura Nº 0004 por US$ 18,000 (ANEXO
1). Poco después, al evidenciarse este hecho
y verificarse el pago de los impuestos correspondientes,
se vieron obligados a archivar la denuncia (ANEXO
2).
LA SEGUNDA
DENUNCIA SOBRE EL “JAGUAR”... LOS PREPARATIVOS.
El 15 de febrero de 1999, cuando Jorge
Mufarech tenía apenas 40 días de gestión
a cargo del Ministerio de Trabajo, Carmen Higaonna empezó
con su persecución al iniciar las coordinaciones
internas con los funcionarios de Aduanas bajo sus ordenes.
Le dirige una carta a Noemí Capuñay, Intendente
de la Aduana de Tacna, solicitándole que coordine
acciones con la Aduana de Chile, sobre los documentos
de exportación del auto usado Jaguar propiedad
del ex Ministro. (ANEXO
3)
El 19 de febrero de ese mismo año,
el General PNP José León Arredondo, Jefe
de la Unidad de Investigaciones Especiales de Policía
Nacional del Perú adscrita a Aduanas, le requiere
a la Intendente de la Aduana de Tacna “información
reservada” sobre documentos de importación
que hubieran efectuado todas las empresas de Jorge Mufarech,
entonces Ministro de Trabajo y Presidente de la Comisión
de Lucha Contra el Contrabando; asimismo le ordena que
realice coordinaciones con la Aduana de Chile para que
dicha entidad obtenga los documentos de exportación
de la empresa “M Group Tecnología Textil
S.A.”, también de propiedad de la familia
Mufarech.
Posteriormente la Superintendente de
Aduanas, Carmen Higaonna, ordena a la Intendente de
Tacna coordinar acciones con la Aduana de Chile para
que personal de la Intendencia Nacional de Fiscalización
obtenga la “mayor información posible”
para contribuir con la investigación privada
que sostenían contra el Ministro Mufarech, la
misma solicitud fue realizada por Nora Flores, Intendenta
Nacional de Fiscalización de la Aduana de Perú,
mediante el Oficio Nº 1123.
LA DENUNCIA
DE MUFARECH Y LA CAMPAÑA DE FUJIMORI.
Siendo Ministro y al ver que las irregularidades
continuaban y eran toleradas por el régimen,
denunció públicamente en el programa de
investigación periodística más
importante del país (“PANORAMA”)
la mafia que permitía actos de evasión,
contrabando y defraudación de rentas de aduanas.
Antes estos hechos los había denunciado ante
el Presidente Fujimori, quien le dijo: “ PROFUNDICE
MINISTRO, SEA IMPLACABLE CON LOS ACTOS DE CORRUPCION”,
todo esto cuando Jorge Mufarech ejercía el cargo
de Ministro de Trabajo y Promoción Social y en
pleno auge del fujimorismo, que tras esta denuncia inició
su ocaso que culminaría 20 meses después.
El Primer Ministro Joy Way también
fue informado al detalle de las irregularidades existentes
en Aduanas. Sin embargo su preocupación principal
la constituían las Empresas Supervisoras, a las
que pidió no se les tocara, ¿ Por qué?
Ahora se sabe que uno de sus asesores era el promotor
de una de estas empresas, como queda acreditado en la
Ficha de Registros Públicos Nº 89874, donde
Drago Kisic Wagner, entonces Asesor de Joy Way aparece
como accionista de Cotecna Inspection (ANEXO
4)
Adicionalmente, en una investigación
no muy clara, la Policía Fiscal había
determinado que entre 1992 y 1999 las multas impuestas
por Aduanas a las Empresas Supervisoras por irregularidades
diversas, que se encontraban en proceso de reclamo administrativo,
ascendían a US$ 3´225,296 dólares
de los cuales ADUANAS solamente había resuelto
reclamos por US$ 579,377 dólares; es decir no
habían solucionado multas por US$ 2´645,959
dólares durante siete años. ¿Constituían
estos millones de dólares la preocupación
de don Víctor Joy Way?.
Joy Way en lugar de esclarecer las
irregularidades aduaneras denunciadas públicamente
y aún cuando apenas había suspendido a
algunos de los funcionarios de Aduanas, declaró
a través de emisoras radiales asegurando que
Mufarech no había remitido los elementos probatorios
de sus denuncias, hecho que no era sino parte de una
campaña de desinformación montada para
desacreditar las denuncias y que fueron desmentidas
de inmediato. La denuncia de corrupción en el
gobierno de Fujimori se había convertido en una
guerra, Mufarech en enemigo Público y el campo
de batalla se había trasladado a los medios de
comunicación.
En la noche, la noticia del día
era que Mufarech se había negado a recibir al
Fiscal Ad Hoc Cesar Alegre Landaveri quien meses después,
en setiembre de 1999, resolvió archivar las denuncias.
Sin embargo, en aquellas denuncias o hechos en los que
advertía probables ilícitos de contenido
penal, derivó a una de las Fiscales favoritas
de Montesinos, Hilda Valladares, para que ella se encargue
del archivamiento o dilate hasta el olvido los procesos
investigatorios (ANEXO
5).
Año y medio antes, en febrero
de 1998, la misma Hilda Valladares, Fiscal especializada
en Delitos Tributarios y Aduaneros, había recibido
una Resolución del 9 de febrero de 1998, emitida
por el Fiscal de la Nación, para que investigara
las importaciones de productos textiles subvaluados,
según lo informado por la Sociedad Nacional de
Industrias, tampoco se conoce resultado alguno sobre
dicha investigación que significó que
el Estado perdiera más de 61 millones de dólares
solo en subvaluacion de productos textiles. (ANEXO
6).
En un acto inaudito, respecto a 22
denuncias existentes contra funcionarios de Aduanas,
formuladas ante la Contraloría General de la
República, el Fiscal Ad Hoc para el caso Aduanas,
César Alegre Landaveri irrogándose facultades
inexistentes, adelantando opinión previa a la
evaluación e investigación que debía
desarrollar la Contraloría en los ámbitos
de su competencia, cuyos resultados constituyen prueba
preconstituida, resolvió que no había
indicio de la comisión u omisión de actos
de contenido penal. (ANEXO
7).
Mientras los órganos de administrar
justicia no cumplían con su deber por estar sometidos,
como sabemos al Poder Ejecutivo, la campaña sistemática
contra Jorge Mufarech no se detenía. Aparecieron
titulares y declaraciones en los medios de comunicación
controlados por la mafia de Fujimori, pretendiendo desacreditar
e injuriar a Mufarech. Simultáneamente, otros
artículos, publicados principalmente en la Prensa
Chicha, señalaban que Jorge Mufarech subvaluaba
importaciones siendo además motivo de caricaturizaciones
agraviantes que aparecieron publicadas en diversos medios
de prensa. Recordemos que tras la caída de Fujimori,
se confirmó que las portadas y titulares publicados
en la denominada “Prensa Chicha” se diseñaban
en el SIN por la mafia de Fujimori.
En esos días, también
se dio cuenta de la existencia de un fax emitido por
la Intendente Nacional de Fiscalización Aduanera,
Nora Flores, ordenando investigar las importaciones
efectuadas por las que en ese entonces constituían
empresas de Jorge Mufarech. La intención era
evidente, encontrar una irregularidad, por pequeña
que fuera, magnificarla y desprestigiarlo con ella.
NO ENCONTRARON NADA (ANEXO
8)
EL CONGRESO
DE FUJIMORI, EL PAPEL DE MIGUEL VELIT Y GILBERTO SIURA.
Es de público conocimiento lo
que dispuso la mayoría oficialista en la Comisión
de Fiscalización presidida por Miguel Velit,
la directiva era desestimar las denuncias, es así
que en su presentación al Congreso, el día
6 de abril de 1999, brindo su testimonio y se ratificó
en sus denuncias, siendo que solo algunos pasajes de
este hecho fueron transmitidos por el canal del Estado,
no se le permitió proyectar vídeos ni
ayudas audiovisuales, alegándose que los equipos
“estaban malogrados”.
Al conocerse, al día siguiente,
07 de abril, que el congresista Miguel Velit, Presidente
de la Comisión de Fiscalización, tenia
un familiar laborando en una empresa supervisora, entidad
que estaba incursa en las denuncias e investigación,
recién éste se acordó que su hija
laboraba en una de las empresas a investigar, por lo
que expresó que se abstendría de participar
en el proceso, sin embargo dio el voto dirimente que
aprobó el informe exculpatorio por la mayoría
oficialista. Poco después, sospechosamente, su
hermano ingresaría a trabajar en la Superintendencia
de Aduanas. (ANEXO
9)
Horas más tarde, la Superintendente
de Aduanas, Carmen Higaonna se presentaría ante
la Comisión de Fiscalización. Contrariamente,
su intervención fue difundida íntegramente
y por cadena nacional, por la televisora del Estado.
SOBRE LAS DENUNCIAS
DE NEPOTISMO.
La mayoría oficialista de la
Comisión de Fiscalización del Congreso
de Fujimori, al mando de Miguel Velit y Gilberto Siura,
cumplió con su cometido, desestimó también
las acusaciones de Nepotismo, pese a que en esa entidad
laboraban a 1999, más de 110 personas con vinculaciones
familiares contempladas entre el segundo grado de afinidad
y cuarto de consanguinidad, hecho que transgredía
la normativa vigente. Nora Flores Arce, Intendente Nacional
de Fiscalización Aduanera tenía en Aduanas
a su esposo, Hipólito; su hermana Anita y su
primo hermano, Manuel Calderón Arce, Carmen Higaonna
tenía en la planilla de ADUANAS a su hermano
Julio Higashionna, cuyo contrato y nombramiento lo había
firmado ella misma en octubre de 1992 (ANEXO
10)
Congresistas independientes como Anel
Townsend y Arturo Castillo Chirinos, emitieron informes
en minoría respaldando las denuncias de Mufarech
(ANEXO
11). Fujimori se pronunció afirmando que
tales imputaciones carecían de sustento y en
acto efectista, conminó a Mufarech a presentar
ante los medios de comunicación su auto Jaguar
usado, que a esa fecha se encontraba a disposición
del Ministerio Público.
El ex ministro se defendió enviando
a los medios de comunicación el acta de inmovilización
que levantó la Fiscalía Provincial Especializada
en Delitos Tributarios y Aduaneros, demostrando así
que 50 días antes ya había puesto a disposición
de la Fiscalía el automóvil en cuestión.
El 3 de julio de 1999, el Juzgado Penal de Especializado
en Delitos Tributarios y Aduaneros, a cargo de Nicolás
Trujillo López abrió instrucción
penal a Mufarech, acusándolo de delito de Defraudación
de Rentas de Aduana en agravio del Estado, iniciándose
así, a lo largo del año interminables
comparecencias ante el Poder Judicial.
LOS VIAJES
PAGADOS POR LAS EMPRESAS SUPERVISORAS.
Recordemos que entre las denuncias
formuladas, también se señalaba que las
Empresas Supervisoras pagaban favores a funcionarios
de Aduanas con el consentimiento de las autoridades
de esa entidad, distorsionando caprichosa y maliciosamente
dispositivos legales vigentes para solventarles viajes
al exterior, acto que de acuerdo a Ley solo era permitido
para los funcionarios del área de valoración
aduanera. Sin embargo otros funcionarios como choferes,
conserjes y miembros de seguridad, disfrutaron de la
belleza y exotismo de París. Hong Kong, Londres,
Malasia y EE.UU, lugares donde permanecieron hasta quince
días con todos los gastos cubiertos y hasta viáticos,
recibiendo inexistentes cursos de capacitación
en Valoración Aduanera, contraviniendo lo dispuesto
en el Decreto Supremo Nº 038-92-EF (ANEXO
12)
LAS ADJUDICACIONES
ILEGALES.
Otro hecho denunciado en 1999, es el
relacionado a las irregulares adjudicaciones de mercadería
decomisada por Aduanas. La Comisión de Fiscalización
del Congreso de Miguel Velit y Gilberto Siura, consignó
que recién en mayo de 1999, dos meses después
que Jorge Mufarech denunció las irregularidades
aduaneras, que algunas de estas adjudicaciones de los
años 94 al 98 habían sido “regularizadas”
mediante Resoluciones publicadas en el Diario Oficial
el Peruano recién después de mayo de 1999.
Los firmantes de esas Resoluciones eran Fujimori y Joy
Way, su publicación continuó durante un
año más (ANEXO
13)
Hoy, podemos afirmar con total seguridad
que se hizo uso político de las mercancías
incautadas por Aduanas, empleando desde ropa interior
femenina, inodoros, licor, calzado, bicicletas, automóviles
y miles de otros productos con fines de asegurar la
perpetuación de Fujimori en el gobierno. Se conoce
que diversos productos valorizados en por lo menos diez
millones de dólares fueron licuados en una delictiva
campaña política realizada permanentemente
por Carmen Higaonna a favor de Fujimori. Recordemos
que se ha acreditado también que Higaonna tenía
en la Casa Militar de Palacio de Gobierno y la ONG Perú
Shien No Kai - “Apenkay” a su hermano Julio
Higashionna Oshiro, el perfecto candado y cerrojo para
concretar estas operaciones. Estos Hechos han quedado
perfectamente acreditados en las Comisiones Investigadoras
conformadas en el Congreso de la República- Comisión
de Fiscalización presididas por los congresistas
Javier Velásquez Quesquén y Mauricio Mulder
Bedoya durante las legislaturas 2001-2002 y 2002-2003.
En estas investigaciones, quedó acreditado que
el denominado “COMITÉ DE APOYO A PALACIO
DE GOBIERNO” membrete con el que Juana Fujimori
requería voluminosas adjudicaciones a ADUANAS,
jamás existió en la estructura de la Casa
Militar de la Presidencia de la República. (ANEXO
14)
Si el Fiscal Ad Hoc designado por Blanca
Nèlida Colán, Cesar Alegre Landaveri,
hubiera investigado en 1999 las adjudicaciones, se hubiera
percatado que Aduanas, transgrediendo las normas legales
y disponiendo alegremente del patrimonio del Estado
Peruano, había adjudicado a la Casa Militar de
Palacio de Gobierno, ropa interior femenina, ropa masculina,
relojes de pulsera, equipos de televisión y sonido,
medias panthies, artículos de tocador, cosméticos,
desodorantes, artículos de perfumería,
pañales, refrigeradoras, entre otros productos.
Cabe señalar que al igual que
la Casa Militar de Palacio de Gobierno, otras entidades
del Poder Judicial, Asociaciones y Comités de
Damas del Ministerio Público, Fondo de Empleados
de Aduanas y de la Superintendencia Nacional de Aduanas,
entre otras, recibieron adjudicaciones irregularmente,
transgrediendo los dispositivos legales, ya que Aduanas
solamente podría adjudicar mercancías
a: Entidades del Estado, Instituciones Asistenciales,
Educacionales o Religiosas, sin fines de lucro, oficialmente
reconocidas, que las requieran para destinarlas al cumplimiento
de sus propios fines, sin embargo la mercancía
adjudicada era distribuida para uso particular, fines
proselitistas y otros caprichos de gobierno.
Como ejemplos tenemos que mediante
Oficio Nº 2308, el Dr. Luis Serpa Segura, Presidente
del Jurado Nacional de Elecciones, solicitó a
la señora Higaonna, le donara artefactos eléctricos
para sus trabajadores, lo cual, constituía una
práctica común entre los Organismos de
Estado y la señora Higaonna, quien le adjudicó
un lote de fina perfumería. (ANEXO
15)
De la misma forma, el entonces Presidente
de la Corte Superior de Lima y ex Presidente de la Sala
Antidrogas de la Corte Superior de Justicia de Lima
Alejandro Rodríguez Medrano, solicitó
ante Carmen Higaonna, en reiteradas oportunidades, la
adjudicación de artefactos eléctricos,
vestidos, artículos de tocador y automóviles
para que fueran “sorteados” entre el personal
a su cargo o fueran empleados específicamente
por el personal de la mencionada sala judicial. Sorprendentemente,
Higaonna nunca fue capaz de rechazar estos pedidos,
menos durante los períodos en que en esta sala
Antidrogas fueron procesados algunos funcionarios de
la entidad que en esos momentos ella tenía a
su cargo (Aduanas) (ANEXO
16).
LOS
IMPUESTOS DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS.
El domingo 21 de marzo de 1999, en
“PANORAMA”, reconocido programa de televisión,
Mufarech señaló que las Empresas Supervisoras
durante los años que vienen trabajando en el
país, percibieron como honorarios cientos de
millones de dólares y no pagaron impuesto a la
renta ni IGV, amparados por un dispositivo que permite
la corrupción; perjudicando al Estado, en complicidad
con malos funcionarios de Aduanas, posiblemente con
más de 10 mil millones de dólares en dicho
período.
Esta afirmación coincidió
con los reclamos formulados por la Sociedad Nacional
de Industrias, que ha manifestado reiteradamente
que
solo entre los años 1992 y el 2000
se generó un perjuicio al fisco
de varios miles de millones de dólares por efecto
de la subvaluacion y el subconteo en las importaciones.
Sobre este particular, recordemos que
el 9 de enero de 1999, Fujimori reconoció que
el contrabando, la subvaluacion y el subconteo originan
pérdidas al Fisco de 500 a mil millones de soles,
por la omisión del pago de aranceles e impuesto
general a las ventas (IGV), asimismo afirmó que
el valor de la mercancía que ingresa ilegalmente
se calcula entre 500 y mil millones de dólares
y el fisco deja de percibir un tercio de ese monto,
sin embargo días luego Fujimori en una aparatosa
conferencia de Prensa, tras la denuncia pública
de Mufarech, pretendió desvirtuar la misma exigiendo
que se acredite delitos de contrabando de al menos 100
millones de dólares.
LA PERSECUCIÓN
CONTRA MUFARECH SE EVIDENCIA.
¿Qué había sucedido?
¿Por qué razón Fujimori le pidió
a Mufarech que pruebe un contrabando de 100 millones
de dólares cuando él mismo, públicamente,
ha reconocido el ingreso ilegal de mercadería
al país, por un valor entre 500 y 1,000 millones
de soles anuales. Mas aún, si la propia Aduana
del Perú en su Plan Operativo Institucional (POI)
reconocía que el Estado dejaba de percibir anualmente
300 millones de dólares. Había una sola
respuesta posible, Mufarech se había enfrentado
al poder que hoy todos conocemos y usaron contra él
sus armas predilectas, la prensa sicaria de entonces
y el Poder Judicial (ANEXO
17).
EL YATE Y
EL EVASOR INTOCABLE.
En abril de 1999, intentaron acusarlo
de traer un Yate de contrabando y en ese afán
movilizaron embarcaciones de la Marina de Guerra del
Perú, gastando miles de dólares, para
inspeccionar casi 600 embarcaciones particulares, sus
esfuerzos por inculparlo fueron infructuosos, porque
simplemente toda la documentación estaba en regla.
Aquí, sucedió algo curioso, durante el
operativo “MAR I” el ingeniero Víctor
Joy Way fue descubierto como un “evasor intocable”,
como informó un diario el 03 de abril del 2000
año que publicó el Certificado Nº
191 de la Capitanía de Puerto del Callao de la
Marina de Guerra del Perú, de fecha 25 de noviembre
de 1999, consignando la embarcación SEADOO con
Nº de serie 4572688, de su propiedad, embarcación
que no estaba registrada ante la Dirección de
Capitanía y Puertos de la Marina de Guerra del
Perú, por lo que obviamente había evadido
el pago de impuestos, sin embargo, Aduanas, que dependía
de Joy Way, mediante la Carta Nº 1217-99-ADUANAS-INFA.12.03
de fecha 13 de mayo de 1999, le expresa su agradecimiento
por la entrega de la documentación requerida
y su muestra de civismo en el cumplimiento de su deber
tributario. (ANEXO
18). Como el tema del Yate no les sirvió,
decidieron denunciarlo nuevamente por supuestas irregularidades
en la importación del mismo automóvil
JAGUAR, de segunda mano que la que entonces era su empresa
Importó de Chile, reabriendo un caso que estaba
archivado desde 1998.
LOS
DOCUMENTOS FALSOS Y EL PODER JUDICIAL.
En esta oportunidad, Carmen Higaonna
usó facturas falsificadas y adulteradas, como
quedó comprobado judicialmente, ignorando que
una empresa Supervisora de Importaciones había
reajustado el valor del auto Jaguar de 1992, con cinco
años de uso desde US$ 18,000 a US$ 26,775, monto
sobre el que pagó los impuestos de Ley.
Cotizaciones Internacionales de publicaciones
altamente especializadas como el “Blue Book”
y el Banco de Datos de Aduanas, acreditaban que otro
auto Jaguar más nuevo, fabricado en 1993 y con
solo un año de antigüedad, estaba valorizado
en US$ 17,168 dólares, ingresando al país
a este valor. (ANEXO
19)
Festinando trámites con la denuncia
que presentaron, formularon una acusación fiscal
con la que le impidieron llegar al Congreso, dándole
valor a una tacha presentada por Nora Flores Arce, una
de las funcionarias denunciadas por actos de corrupción
en Aduanas, cuya cronología se detalla:
En febrero del 2000, el Perú
vivía un ambiente pre-electoral, se iniciaban
las presentaciones de los candidatos al Congreso de
la República por los distintos partidos políticos,
aún cuando el temperamento general preveía
que se avecinaba un fraude electoral que asegurara la
perpetuación del gobierno de Fujimori.
Jorge Mufarech se integra al partido
“Somos Perú” para postular al Congreso
de la República, siendo su candidatura presentada
públicamente el 02 de febrero.
Rápidamente el Poder Judicial
a través de los magistrados Daniel Raúl
Lorenzzi Goycochea y Manuel Ruiz Cueto, Vocales de la
Sala Superior Especializada Penal de Delitos Tributarios
y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima;
Nicolás Trujillo López, Juez del Primer
Juzgado Especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros,
le dan un trámite inusual al proceso judicial
por la supuesta subvaluación del auto Jaguar
permitiendo que Nora Flores, ex Jefa de Fiscalización
de Aduanas y denunciada por Jorge Mufarech como integrante
de la red de corrupción en Aduanas, le interponga
una tacha ante el Jurado Nacional de Elecciones. En
la actualidad, la totalidad de los magistrados mencionados
fueron denunciados por Jorge Mufarech y están
siendo procesados judicialmente. (ANEXO
20)
El Juez Nicolás Trujillo notifica
a Jorge Mufarech el jueves 3 de febrero del 2000 para
que tome conocimiento de los informes finales por el
termino de tres días, tal como lo prescribe el
Código de Procedimientos Penales peruano, es
decir Jorge Mufarech tenía los días viernes
4, lunes 7 y martes 8 para tomar conocimiento. Sin embargo
Nicolás Trujillo, violando el debido proceso
y atentando contra su derecho de defensa, elevó
el proceso a la Sala Superior de Delitos Tributario
y Aduaneros el día viernes 4.
Esta Sala, representada por los Vocales
Lorenzzi Goycochea, Salinas Ordoñez y Ruiz Cueto
tramitaron con inusual celeridad el proceso seguido
contra Mufarech al haber ingresado el expediente el
4 de febrero del año 2000, ese mismo día
el expediente fue derivado a relatoría, la Sala
expide Resolución, es remitido nuevamente a Secretaría
de Sala para su refrendación e ingresa a Mesa
de Partes del Ministerio Público. Este curso,
en condiciones normales del Poder Judicial peruano demora
no menos de tres semanas, la inusual celeridad tenía
su justificación política: cerrar el paso
a la candidatura de Mufarech al Congreso de la República.
El lunes 7 de febrero el Ministerio
Público formula acusación, ingresando
ese mismo día a Mesa de Partes de la Sala, a
Relatoría y expidiéndose al día
siguiente la resolución con la que se da inicio
al proceso judicial, sin observar que el Juez Trujillo
había infringido lo dispuesto por el Código
de Procedimientos Penales Peruano.
NORA
FLORES, INSTRUMENTO PARA LA TACHA.
Finalmente, Nora Flores, la ex Intendente
de Fiscalización de Aduanas denunciada en 1999
por Mufarech, interpone extemporáneamente un
pedido de tacha a su candidatura al Congreso suscrito
por un abogado inhabilitado por el Colegio Profesional
respectivo, los que junto a los miembros del Jurado
Nacional de Elecciones (hoy presos o procesados por
actos de corrupción) que declararon procedente
dicha tacha, logran culminar la decisión de ese
gobierno: impedir la postulación de Mufarech
al Congreso. Debe señalarse que estos Magistrados
miembros del Jurado Nacional de Elecciones de Fujimori
se encuentran grabados en videos hallados en el Servicio
de Inteligencia del Perú, recibiendo dinero de
manos de Vladimiro Montesinos Torres. (ANEXO
21)
Mufarech interpuso una denuncia ante la Oficina de Control
de la Magistratura y la Fiscalía de Control Interno
contra el juez Nicolás Trujillo y la fiscal Hilda
Valladares por acusarlo con pruebas falsas. Asimismo,
presenta una medida cautelar ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para que
le garanticen su libertad personal y el ejercicio de
sus derechos políticos, la cual es admitida y
numerada con el N° 58 Esta persecución también
fue confirmada en el Congreso, donde las Comisiones
de Fiscalización y la Comisión Investigadora
sobre la influencia de Fujimori y Montesinos en los
Organos Administradores de Justicia, consideraron el
caso como emblemático. (ANEXO
22).
Como muestra del permanente hostigamiento
del Poder Judicial, en abril del 2000, Jorge Mufarech
recibe una notificación de una falsa denuncia
penal por el supuesto delito contra la Fe Pública
en agravio del Estado, delito sancionado con pena privativa
de libertad de hasta 8 años. Esto sucedió
en su domicilio y con el fin de amedrentar a Jorge Mufarech
y su familia, luego que Mufarech revelara en horas de
la mañana a un medio de comunicación,
sobre la existencia de una “mano negra”
en el proceso irregular que se ventilaba en el Poder
Judicial.
En setiembre del año 2000 se
hace público el vídeo Montesinos –
Kouri, donde se observa a este último recibiendo
dinero para integrarse al partido oficialista, es aquí
donde comienza a desmoronarse la mafia enquistada en
el Poder Judicial. Medios Comunicación publicaron
sendas investigaciones sobre los magistrados que trabajaron
concertadamente con el Gobierno para perseguir a quien
se oponía al régimen. Poco antes Fujimori,
aún en el poder, nombró en junio de ese
año a Carmen Higaonna como Contralora General
de la República, es decir, le encargó
fiscalizar las 4097 entidades estatales y públicas.
A inicios del año 2001 se convocan
a elecciones generales, es cuando Alejandro Toledo líder
del partido “Perú Posible” invita
a incorporarse a Jorge Mufarech para que postule al
Congreso de la República. Mufarech consigue una
arrolladora votación convirtiéndose en
uno de los candidatos a Congresista –que postulaba
por primera vez al parlamento- más votados y
el tercero con la más alta votación del
partido “Perú Posible”.
En octubre del año 2001, el
Fiscal Superior Arquímedes Pezantes Kredert ante
una comisión investigadora del Congreso de la
República admitió que la acusación
contra Jorge Mufarech por el caso de la importación
del auto Jaguar usado fue un “error” que
impidió su candidatura al Congreso, según
publicó el diario La República. Pezantes
Kredert admitió que “fue presionado por
terceras personas para actuar de esa manera, ya que
el plazo para presentar tachas se vencía”
(ANEXO
23).
En diciembre del mismo año se
comprobó una vez más la concertada persecución
contra Mufarech, al revelarse que la empresaria Matilde
Pinchi (testaferra de Vladimiro Montesinos) vio a Carmen
Higaonna y Nora Flores despachando con el ex asesor
(ANEXO
24).
EL TRIBUNAL
FISCAL Y EL JAGUAR.-
En mayo de 1999, simultáneamente
a las acciones judiciales, ADUANAS había iniciado
acciones administrativas contra Jorge Mufarech, pretendiendo
efectuar ajustes de valor (liquidaciones de cobranza)
sobre la importación del automóvil usado
Jaguar, siendo impugnados estos actos que llegaron hasta
la máxima instancia administrativa en materia
tributaria, la que finalmente el 20 de diciembre del
2000, cuando Fujimori aún permanecía en
el poder el Tribunal Fiscal resolvió dejar sin
efecto las liquidaciones de cobranza que ADUANAS pretendía
injustificadamente imponer y ejecutar por la importación
del mencionado vehículo.
EL “JAGUAR”
EN CHILE.-
Viendo el accionar irregular de la
Fiscal Valladares, su Policía Adscrita, Comandante
Basilio Meza Motta y el Juez Trujillo, en junio de 1999
viajó a Chile y presentó una Querella
Criminal ante el Sexto Juzgado del Crimen del Poder
Judicial de Chile. Como consecuencia de esta acción
judicial se dieron una serie de acciones y diligencias,
entre ellas las requeridas al Servicio de Impuestos
Internos de Chile, equivalente a la SUNAT peruana y
la pericia del Laboratorio de Criminalística
de la Policía de Investigaciones de Chile (ANEXO
25) que han demostrado:
- Que la FACTURA DE EXPORTACION Nº 004 (0916)
por US$ 18,000 con la que su empresa internó
al Perú el automóvil Jaguar usado del
año 1992, de fecha 07 de febrero de 1997, es
auténtica y se encuentra registrada en la contabilidad
de la empresa exportadora chilena M GROUP TECNOLOGIA
TEXTIL S.A. (ANEXO
26).
- Que la factura de exportación, Commercial
Invoice Nº 002 por un valor de US$ 40,000, documento
utilizado por la señora Higaonna, para denunciar
a Mufarech, es un documento reproducido indirectamente
por medio de un Fax y no es un documento auténtico,
ni válido para efectos tributarios, este documento
lo trajo de Chile el General León Arredondo
(entonces Jefe de la Policía Adscrita de Aduanas)
quien declaró que se lo dejaron en forma anónima
en un Hotel en Santiago de Chile (ANEXO
27).
- Que la Factura (en quintuplicado) Nº 002 constituye
un documento adulterado y no es un documento válido
para efectos tributarios. Con este documento fue denunciado
por la Fiscal Provincial Hilda Valladares (ANEXO
28).
- Que el informe del Servicio Nacional de Aduanas
de Chile Nº 5716, del 04 de junio de 1999, dirigido
al Superintendente Nacional de Aduanas de Perú
que no ha sido presentado por esta dependencia peruana
al Ministerio Público ni al Poder Judicial,
confirmaba que el valor de exportación del
automóvil Jaguar era de US$ 18,000, tal como
lo registra en la contabilidad de la empresa M Group
Tecnología Textil S.A. y en las copias válidas
de las facturas que se han tenido a la vista. (ANEXO
29).
Con estas pruebas, tanto la Fiscalía
Superior y la Sala Penal Especializada en Delitos
Tributarios
y Aduaneros a Nivel Nacional, han establecido que la
importación del vehículo Jaguar se hizo
al amparo de la factura auténtica Nº 004
por un valor FOB de US$ 18,000 y que Jorge Mufarech
fue denunciado con una factura adulterada por US$ 40,000,
por lo que declararon fundada la excepción
de Naturaleza de Acción al no haberse producido
delito de Defraudación Tributaria en agravio
del Estado Peruano, hecho que ha sido ratificado
por
la Corte Suprema de Justicia de la República
el 5 de diciembre del 2000. (ANEXO
30).
Las razones para esta larga persecución
tiene responsables políticos, con nombre propio,
estos son Alberto Fujimori, Víctor Joy Way, Blanca
Nélida Colán, Miguel Velit Nuñez
y Carmen Higaonna de Guerra, además de otros
responsables como Hilda Valladares, Cesar Alegre Landaveri,
Nicolás Trujillo López, Arquímedes
Pesantes Kredert, Raúl Lorenzi Goycochea, Manuel
Ruiz Cueto, Eliana Salinas Ordoñez y el General
® de la Policía Nacional, José León
Arredondo, entre otros.
LAS DENUNCIAS
DEL DIARIO “EL COMERCIO”.-
A finales del mes de julio del año2002,
el periodista del diario “El Comercio”,
Alí Alava Merino tomo contacto con el Despacho
del Congresista Mufarech para indicarle que se encontraba
investigando el proceso de importación del auto
Jaguar usado, se le informó que el caso había
sido archivado en dos oportunidades y con el consentimiento
del Congresista se le facilitó el número
del expediente judicial, para que pudiera investigar
a profundidad el tema.
El 11 de agosto del pasado año,
sorpresivamente el diario El Comercio publicó
en 2 páginas una nota periodística con
el título “El Jaguar habría sido
subvaluado” y como subtítulo “Facturas,
informe de exportación, orden de embarque y otros
testimonios remitidos desde Chile dan nuevo giro al
caso sobre la importación del vehículo
de Jorge Mufarech”. El diario presentó
al Congresista Jorge Mufarech como si estuviera involucrado
en actos ilícitos de subvaluación y contrabando,
delitos que durante toda su vida combatió.(ANEXO
31)
Alí Alaba Merino, autor de la
nota afirmó en el primer párrafo de la
misma, que existían nuevos documentos que ameritarían
la publicación, sin embargo a lo largo de las
publicaciones que “El Comercio” ha realizado
sobre el tema jamás mostró un solo documento
nuevo.
Alaba menciona que el punto de partida
de su investigación fue la remisión de
nuevos documentos autenticados a la Aduana del Perú,
por parte del Jefe de la Aduana de Chile Cristian Palma
Arancibia, en agosto del año 2001. En ese tiempo
el Jefe de la Aduana Peruana era nada menos que Arturo
Ramírez Salomón, nombrado en el cargo
por Fujimori y también denunciado por Mufarech
por actos de corrupción que determinaron su salida
de esa institución.
DESMIENTEN
A “EL COMERCIO”.
Ante la repercusión de la publicación
del diario, programas periodísticos de gran credibilidad
en el país, se interesaron por el tema y realizaron
exhaustivos reportajes en el que desbaratan la hipótesis
del diario y revelan las intensiones de desacreditar
a Jorge Mufarech.
Jorge Mufarech tomó contacto
con Domingo Herrera Meza, Jefe de Fiscalización
de la Aduana Chilena, quien reveló que fue Juan
Reyes Valenzuela la persona acreditada ante su institución
para recoger los documentos solicitados por la Aduana
Peruana.
Se ha comprobado que Juan Reyes Valenzuela
pertenece al entorno de Carmen Higaonna, trabajo en
la Aduana durante su administración y continuó
junto a ella en la Contraloría General de la
República. Reyes desde la Contraloría,
usurpando funciones, viajó a Chile enviado por
Arturo Ramírez Salomón, Superintendente
de Aduanas, para recoger los documentos que finalmente
llegaron a manos de periodistas de “El Comercio”,
en su intento de involucrar a Jorge Mufarech en presuntos
delitos de subvaluación y contrabando. (ANEXO
32)
En este reportaje Jorge Mufarech anunció
que ha entablado una querella por difamación
contra ese diario por 50 millones de dólares,
demanda admitida en el Poder Judicial Peruano el 16
de setiembre pasado. El Comercio en su defensa, le ha
dedicado al Congresista Mufarech y al auto Jaguar usado,
varias portadas y páginas enteras con el objetivo
de convencer a la opinión pública que
el hoy congresista habría subvaluado el auto
usado, pretendiendo ignorar que ha sido absuelto en
todas las instancias del Poder Judicial del país,
habiendo sumado en esta campaña a los otros medios
de comunicación de propiedad del poderoso grupo
“El Comercio”, esto es los diarios “Perú
21” y el Canal N.
LAS OMISIONES
DE “EL COMERCIO”.
El Comercio también esgrime
que el Congresista Mufarech fue ayudado por jueces y
fiscales coludidos con el prófugo ex presidente
Alberto Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos, lo
que no menciona estratégicamente “El Comercio”,
es que Mufarech denunció a Hilda Valladares,
Fiscal Provincial de Delitos Tributarios y Aduaneros;
Nicolás Trujillo, Juez Penal de Delitos Tributarios
Aduaneros; Arquímedes Pezantes Kredert, Fiscal
Superior de Delitos Tributarios y Aduaneros y a los
Vocales de la Sala Superior Penal de Delitos Tributario
y Aduaneros: Eliana Salinas Ordoñez, Raúl
Lorenzzi Goycochea y Manuel Ruiz Cueto.
Lo que convenientemente tampoco menciona
“El Comercio” es que la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia de la República emitió
el 5 de diciembre del 2000 la resolución de archivamiento
definitivo del juicio seguido contra Jorge Mufarech,
cuando Montesinos había dejado el poder y se
encontraba prófugo en Panamá. El Poder
Judicial finalmente pudo emitir un fallo libre de presiones
que confirmo la inocencia del Congresista.
El 15 de octubre del 2002, para hacer
más evidente el malintencionado argumento de
El Comercio, el diario El Peruano publicó en
su separata de Normas Legales la Resolución del
Consejo Nacional de la Magistratura, donde se oficializa
la destitución a los magistrados denunciados
por el Congresista Jorge Mufarech, por sus actuaciones
como Vocales de la Sala Especializada Penal en Delitos
Tributarios y Aduaneros. De esta manera se confirma
que no fue beneficiado por dichos magistrados, desbaratando
así, la hipótesis sostenida por este diario.
(ANEXO
33)
Los destituidos son los doctores Daniel Lorenzzi Goycochea
y Manuel Ruiz Cueto, por sus actuaciones como Vocales
de la Sala Superior Especializada Penal de Delitos Tributarios
y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima,
así como contra el doctor Nicolás Trujillo
López, por su actuación como Juez del
Primer Juzgado Especializado en Delitos Tributarios
y Aduaneros.
Finalmente, el 4 de noviembre del 2002,
el diario “Correo” informó sobre
las declaraciones que Vladimiro Montesinos testimonió
ante la Tercera Fiscalía Anticorrupción,
donde acusó a Carmen Higaonna, Alberto Fujimori
y Víctor Joy Way de tramar una denuncia penal
contra Jorge Mufarech, por la importación de
un auto Jaguar usado. Añadió que fue Fujimori
quien ordenó la operación desarrollada
en abril de 1999, denominada “Mar I” en
la que se inmovilizaran 800 embarcaciones de recreo
en el litoral limeño, cuyo objetivo fue encontrar
alguna irregularidad en la embarcación de recreo,
propiedad del Congresista. De esta forma se demuestra
que Jorge Mufarech jamás se coludió con
la mafia, por el contrario, al combatirla fue objeto
de una persecución implacable. (ANEXO
34).
OTROS ATAQUES.
El ímpetu de Jorge Mufarech
en sus denuncias de acciones vinculadas al contrabando
y la defraudación de rentas de aduanas, evasión
tributaria y otros campos afines, lo llevaron a cuestionar
documentadamente a una serie de autoridades, incluso
durante el presente gobierno.
Entre sus principales cuestionamientos
se encuentran aquellos vinculados a funcionarios de
la ex Superintendencia Nacional de Aduanas que fueron
nombrados por el régimen de Fujimori, siendo
inexplicablemente tolerados por el gobierno de transición.
Las denuncias de Mufarech cuestionaban la sospechosa
inacción de las autoridades aduaneras en relación
a las probadas irregularidades en la administración
de las mercancías de los almacenes de aduanas,
el desempeño nocivo de las transnacionales Empresas
Supervisoras de Importaciones, la infructuosa política
de combate al contrabando y la defraudación de
rentas de Aduana, las exoneraciones tributarias, la
creciente evasión tributaria en los casinos y
tragamonedas, entre otros puntos que lo enfrentaron
en determinado momento con los que en esos instantes
se encontraban al frente del Ministerio de Economía
y Finanzas y de la Contraloría General de la
República.
Fue en esos momentos que el domingo
23 de diciembre del 2001, el periodista Gustavo Gorriti,
en su programa “PERIODISTAS” de Canal 2
TV, reprodujo el audio de una conversación sostenida
entre el empresario de televisión, JOSE ENRIQUE
CROUSILLATT y JORGE MUFARECH, ex Ministro de Trabajo,
en el que supuestamente se pactaban irregularidades
en contra de los trabajadores de América Televisión.
Jorge Mufarech, enterado del audio,
estando de viaje en Chile, donde impulsaba en esos momentos
las acciones legales emprendidas contra los que falsificaron
la documentación del famoso automóvil
Jaguar, se pone a derecho y retorna a Lima de inmediato
para el inicio de las investigaciones por parte del
Ministerio Público.
Esta conversación, se dio en
el marco de la lucha frontal contra al contrabando y
la defraudación de rentas de Aduana que tenía
a su cargo Jorge Mufarech, toda vez que este presidió
la Comisión de Alto Nivel de Lucha Contra el
Contrabando, por lo que en la llamada telefónica
le solicitaba apoyo de América TV en esta lucha
y en las actividades periodísticas relativas
a la misma.
El Ministerio Público, efectuó
una investigación reservada sobre el particular,
llegando a la conclusión que NO HA LUGAR a formalizar
denuncia penal contra JMN por los presuntos Delitos
contra la Libertad - Violación de la intimidad,
Delitos contra la Administración Pública
- Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
(Incumplimiento de deberes funcionales, patrocinio ilegal
de intereses particulares y tráfico de influencias).
En la investigación del Ministerio
Público se comprobó que no se produjo
irregularidad en el tratamiento de los expedientes o
quejas contra América TV, que no hubo favoritismo
alguno y que tampoco existió ninguna interferencia
de la máxima autoridad de trabajo para alterar
el normal tratamiento de los expedientes laborales de
América TV, por el contrario América TV
fue multada por no cumplir con las medidas laborales
vigentes en ese entonces, que se enmarcaban dentro de
los lineamientos internacionales previstos por la OIT.
Esta investigación y el archivamiento correspondiente
fueron puestos en conocimiento del Congreso de la República
en su oportunidad. (ANEXO 43 y 44). Mamr.
RELACION
DE ANEXOS.
- Fax
Interpol-Chile.
- No
ha lugar Jaguar.
- Carta
de Higaonna a Noemí Capuñay.
- Ficha
Cotecna Nº 89874.
- Fragmentos
Resolución Alegre Landaveri sobre denuncias
textiles desde 1998.
- Resolución
Aljovín sobre denuncias textiles y documento
SNI.
- Fragmento
Resolución Alegre- 22 denuncias de ADUANAS.
- Fax
Nora Flores- RUC
- Recorte
Miguel Velit “Me inhibo de investigar”.
- Recortes
sobre Higashionna – Contrato de octubre 1992.
- Dictamen
en minoría de Anel Townsend.
- Cuadro
de viajes irregulares funcionarios ADUANAS.
- Resoluciones
Joy Way –Fujimori regularizando adjudicaciones.
- Resoluciones
de adjudicación Casa Militar- Pedidos de Juana
Fujimori.
- Solicitud
de Serpa - Adjudicaciones y listado adjudicado.
- Solicitud
de Rodríguez Medrano y Resolución con
listado.
- Recortes
Fujimori “ 500 millones de contrabando”.
- Certificado Capitanía
y recorte del Evasor Intocable.
-
Cotizaciones
Jaguar.
- Denuncias
JMN contra Magistrados, MP y JNE.
- Tacha
de Nora Flores.
-
OEA- Admiten caso / Informe Fausto/ Informe Fiscalización.
- Recorte
La República, Pesantes “acusación
a JMN fue un error”.
- Matilde
Pinchi, “Vi en SIN a Higaonna y Nora Flores”.
- Pericia
criminalistica Chile.
- Factura
Export. 004-Jaguar.
- Commercial
Invoice 002.
- Quintuplicado
002
- Oficio
Chile-Peru, ADUANAS, sin mutilar.
- Fallo
fundada excepción- Corte Suprema.
-
El
Comercio, “Jaguar”, 11 de agosto 2002.
-
Transcripción
informe “Panorama”.
- Normas
Legales 15-10-02 Magistrados destituidos por denuncia
JMN.
-
Diario
“Correo” 4-11-02 Montesinos sobre Higaonna,
Joy Way y Fuji (JMN).
- La
Resolución del Ministerio Público sobre
investigación del audio CROUSILLATT-
- La
Multa del MTPS a AMERICA TV, por incumplimientos de
la normativa laboral.
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