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El presidente de la Cámara de
Calzados, Cueros y Afines del Perú, Rómulo
Fernández Medina, ratificó el jueves 20
la posición de su gremio en el sentido de considerar
que no hubo transparencia en el proceso de licitación
por la compra de uniformes para la Policía Nacional.
Fernández Medina expresó que, en lo referente
al rubro de calzados, en las bases de la licitación
se exigió requisitos que obstaculizaron la presencia
de las pequeñas y micro empresas (pymes). Añadió
que se requería que los calzados fueran vulcanizados,
exigencia que impedía la participación
de una mayor cantidad de pequeños empresarios,
pues en el Perú sólo cuatro o cinco empresas
cuentan con ese sistema de fabricación.
"Ésta es una posición contraria a
la auspiciada por el Presidente Alejandro Toledo, quien
en el ánimo de promover a las pymes firmó
un decreto de urgencia en el que se señaló
que un 50% de las adquisiciones de uniformes para la
Policía Nacional debía hacerse a las pymes",
señaló el dirigente, ante el grupo de
trabajo parlamentario que investiga presuntas irregularidades
en procesos de licitación para la compra de uniformes
para la policía, presidido por el legislador
Jorge Mufarech Nemy (PP).
Ese grupo de trabajo también recibió la
manifestación del Inspector General de la PNP,
general Carlos García Molleda; del director general
de la Oficina de Control Interno del Ministerio del
Interior, teniente general Luis Malásquez Durand;
y de Enma León Velarde, ex asesora del despacho
viceministerial del Interior.
Enma León Velarde, en su calidad de ex presidenta
del Comité Especial de la Licitación Publica
Nacional N°001-2002 DIRECO, explicó que desconocía
que en alguna parte del proceso de licitación
hubiera existido alguna irregularidad.
Consultada por el titular de la comisión, por
los motivos que tuvo el Ministerio del Interior para
adjudicarle a Proética la supervisión
del proceso de licitación, y más aún,
por qué se tenia que "triangular" el
pago del servicio de supervisión a través
del PNUD, respondió que desconocía los
motivos, "pero intuía que se hacía
de esa manera para facilitar el proceso de selección
del proveedor".
La ex funcionaria del Interior indicó que por
la administración de esos fondos, el Ministerio
del Interior reconocía al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) un costo adicional
de un 3.5% del dinero administrado.
Ante ello, el congresista Jorge Mufarech comentó
que todo ese trámite y proceso de "triangulación"
de fondos para pagos ha significado un costo mas alto
al país, "y todo al final para que la licitación
sea ganada por el mismo proveedor de siempre",
concluyó.
20 de marzo del 2003
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