Intervenciones

23.ª H SESIÓN
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CARLOS FERRERO, JESÚS ALVARADO HIDALGO E HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO

Se aprueba, con modificaciones introducidas en el curso del debate, el texto sustitutorio de la Comisión de Economía recaído en los proyectos de ley que establecen la determinación del valor aduanero a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Señores congresistas, continuamos nuestra sesión con el tema del valor aduanero.
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El señor PRESIDENTE (Jesús Alvarado Hidalgo).— Por Perú Posible, tiene la palabra el congresista Jorge Mufarech por diez minutos. Si no le alcanza ese tiempo, puede hacer uso también de los tres minutos que le corresponden como autor del proyecto.

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Gracias, Presidente.
Después de 11 años de vigencia, se propone dejar sin efecto el Decreto Legislativo N.° 659, promulgado por Fujimori, que impuso el sistema de supervisión con la supuesta finalidad de incrementar la recaudación aduanera; pero ésta se mantuvo porcentualmente en los mismos promedios desde 1992 a la fecha.
Entre 1992 y el 2000, las supervisoras cobraron 478 millones de dólares exonerados del impuesto a la renta y del IGV, por lo que el costo-beneficio para el país fue negativo en 123 millones de dólares; y el año 2000 superan los 150 millones de dólares, en vista de que sólo recaudaron 355 millones por ese costo de 500 millones. (Cuadros 1 y 2.)
El crecimiento registrado en la recaudación aduanera entre 1991 y 1992 fue hecho sin la participación de las empresas supervisoras. Hubo un incremento de las importaciones debido a la reducción de aranceles, a la eliminación de las barreras paraarancelarias y, principalmente, a la eliminación de 147 exoneraciones tributarias y aduaneras que funcionaban hasta ese momento. Reitero, entonces, que ese incremento no puede ser atribuido a las empresas supervisoras.
También se pretende hacer creer que sin estas empresas retornará la corrupción. Sin embargo, fue una empresa supervisora la que sobornó al jefe del Banco de Datos de Aduanas para comprarle información. También financiaron mil 200 viajes de supuesta capacitación, y de esa manera viajaron indebidamente como turistas desde intendentes hasta choferes. Ahora alegremente sostienen que Aduanas no se encuentra capacitada para asumir la determinación del valor de importaciones.
También financiaron clandestinamente a personal infiltrado en fiscalización aduanera con el consentimiento de anteriores administraciones de la época de Fujimori. Estos y otros hechos irregulares fueron aceptados por funcionarios de Aduanas y su procurador ante las comisiones de Fiscalización y de Industria de este Congreso.
Los corruptos no tienen autoridad moral para sostener que SUNAT y Aduanas se corromperán si se van las supervisoras.
Aduanas tiene más de mil profesionales debidamente capacitados que cumplen con eficiencia estas funciones desde abril del 2000 sin que los niveles de recaudación hayan caído, pese a las reducciones arancelarias dictadas por el Gobierno de Transición y el actual Gobierno.
Para mejores resultados, SUNAT y Aduanas ahora fiscalizan juntos. Ése es el verdadero efecto disuasivo. Los 500 millones de dólares cobrados por las empresas supervisoras significan un sobrecosto de 2 mil millones de dólares que, por el valor agregado y el efecto en cascada, las amas de casa y los trabajadores vienen pagando injustamente.
Las supervisoras cobran en forma abusiva y generan un sobrecosto. Las Pymes, por importaciones de 2 mil dólares, deben pagar a las supervisoras 12,5%.
Los derechos de Aduanas están entre 4, 7 y 12% como máximo, pero las supervisoras ahora cobran 12,5% a las Pymes, que son el 97% de las empresas del país. Imaginemos los sobrecostos para las Pymes de Gamarra, para las Pymes de Villa El Salvador, para las pequeñas empresas de calzado de Trujillo y para el resto de pequeñas empresas del país.
Desde el 1 de abril del año 2000, fecha en que entró en vigencia el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, ratificado en el Perú por Resolución Legislativa N.° 26407, de diciembre de 1994, las supervisoras ya no tienen sustento legal para determinar el valor aduanero.
La base imponible, desde el año 2000, es el valor de transacción; es decir, el precio de factura que presenta el importador a la aduana. En caso de duda sobre el valor, Aduanas resuelve aplicando las reglas de la OMC, que no contempla, en ninguno de sus siete métodos, la valoración por parte de las empresas supervisoras.
Antes de la vigencia de las normas de valor de la OMC, las supervisoras determinaban el valor con el certificado de inspección. Ahora, el informe de verificación no tiene valor legal alguno.
Desde el año 2000, con la vigencia plena del Acuerdo del Valor de la OMC, Aduanas reasumió, en la práctica, su función de determinar el valor de las importaciones, y lo ha hecho exitosamente a través del Sistema de Verificación de Precios (SIVEP); por ello, los niveles de recaudación se han mantenido a pesar de la reducción arancelaria.
Desde abril del año 2000, los honorarios que perciben estas empresas por concepto de inspección no tienen razón de ser, son inconstitucionales y están sujetas a acciones de cumplimiento por parte de los importadores, que pueden exigir legalmente que el Estado asuma el costo de la supervisión realizada en forma indebida por la vigencia de una norma que debió ser derogada desde abril del año 2000. Eso le costaría al Estado más de 100 millones de dólares, monto que podría ser mayor si no tomamos una decisión hoy.
No conformes con el grave daño ocasionado, las empresas supervisoras denunciaron al Estado peruano y al Congreso. Sospechosamente, en los últimos meses lograron sentencias favorables que los faculta a duplicar sus actuales cobros. Ahora están facultadas a duplicar lo que vienen cobrando, y ya podemos imaginar lo que va a pasar con las empresas nacionales; y, además, se les exime de responsabilidades solidarias sobre la base de un contrato inexistente.
De 216 países, sólo 20 subdesarrollados de Asia y África, además de Ecuador, Bolivia y Perú, utilizan las empresas supervisoras. También lo hizo Colombia, pero tuvo que prescindir de ellas por graves irregularidades y actos de corrupción, según documento oficial remitido por el Gobierno colombiano al vicepresidente del Perú en agosto del año pasado.

La Organización Mundial del Comercio, la Cámara Internacional de Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han expresado reiteradamente su desacuerdo con el sistema. Sostienen que las supervisoras constituyen una barrera al libre comercio y recomiendan que las aduanas asuman esa labor.
Acá está el documento oficial. Si tiene alguna duda algún señor congresista, podemos hacerle leer los resúmenes de todas las conferencias. Son de la misma opinión directores nacionales de aduanas de América Latina, España y Portugal.
En el Perú, con opiniones favorables a que sean eliminadas las empresas supervisoras coinciden la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, el Consejo de Organizaciones de las PYMES, el actual Ministro de Comercio Exterior y los ex ministros de Industria Incháustegui y Diez Canseco.
La Cámara de Comercio de Lima, en una reciente encuesta, concluye que el 57% de los empresarios está de acuerdo con la eliminación del sistema de supervisión. El 36% opina que la eliminación debería ser inmediata.
La Asociación de Agentes de Aduana del Perú señaló que la supervisión de las importaciones es un sobrecosto que incide sobre la competitividad de las empresas; y una actividad innecesaria en el contexto de la OMC. Concluye que, teniendo una aduana fuerte como la peruana, el sistema no contribuye a la transparencia que requiere nuestro comercio exterior.
Aduanas está capacitada para reasumir oficialmente la determinación del valor de las importaciones, como lo viene haciendo en la práctica desde el año 2000, sin que se vea afectada la recaudación, y así lo hemos demostrado.
El cuadro en pantalla (cuadro 3) resume el grado de evolución aduanera y nos permite asegurar que Aduanas se encuentra capacitada para reasumir plenamente esta función. Por ello, no debe preocuparnos dejar sin efecto el Decreto Legislativo N.° 659.
Aduanas ha informado al Congreso que las supervisoras emitieron, entre 1992 y el primer trimestre del 2002, más de un millón 350 mil certificados de inspección o informes de verificación, de los cuales sólo el 1,64% fue fiscalizado por las autoridades de Aduanas de esa época, que encontró irregularidades en el 26,5% de ellas.
La reglamentación sobre estas empresas establece que si las irregularidades detectadas superan el 5%, deben ser canceladas o suspendidas. Sin embargo, con 26% siguieron funcionando durante muchos años.
La administración aduanera del gobierno de Fujimori sólo las multó con 10 millones de dólares. Si se hubiera fiscalizado el 100%, como debió ser, y no el 1,64%...

El señor PRESIDENTE (Jesús Alvarado Hidalgo).— Congresista, tiene los tres minutos que le corresponden como autor del proyecto.

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Señor Presidente, el tema es muy delicado y muy grave. Como autor del proyecto me corresponden más de tres minutos. Le pido, por favor, que por equidad...

El señor PRESIDENTE (Jesús Alvarado Hidalgo).— Por equidad tiene tres minutos, según el acuerdo de la Mesa Directiva.
Concluya, congresista.

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Si se hubiera fiscalizado el 100% y no el 1,64% de los certificados de inspección emitidos, las multas podrían haber ascendido a 580 millones de dólares. Estos hechos demuestran la colusión de las autoridades de Aduanas durante el gobierno de Fujimori para ejercer un insignificante control sobre esas empresas y contribuir a su perpetuación en el país.
Se confirma así que al menos el 20% de las importaciones supervisadas ingresan subvaluadas, como lo han sostenido los sectores empresariales e industriales desde 1995. En cualquier lugar del mundo estas irregularidades hubieran significado la cancelación de operaciones de empresas con tan impresionantes márgenes de error.
El Ministro de Economía y la jefa de la SUNAT, Beatriz Merino, señalan que se requieren trece millones y medio de dólares para repotenciar el sistema aduanero y prescindir de las empresas supervisoras.
Desde 1992, Aduanas viene implementando su banco de datos; y, desde el 2000, emplea el sistema con eficiencia, sin que se hayan generado efectos negativos en la recaudación.
Estos recursos pueden ser reemplazados de varias maneras. Por ejemplo, aceptando el ofrecimiento del secretario de Comercio norteamericano Donald Evans, que en su reciente llegada al Perú informó que desde mediados del 2001 han propiciado ayuda y apoyo al sistema aduanero y han instalado en el país una red informática de fiscalización de las operaciones de importación, lo que representaría ingresos para el Estado superiores a los 300 millones de dólares anuales adicionales a los que tenemos hoy día, sin costo para el Estado y sin costo para el sector privado. Esta contribución incluiría la dotación de software, un equipo de 80 millones de dólares que ya está implementado en el mundo y que usaríamos gratuitamente, equipos móviles de rayos equis y, lo que es más importante, capacitación y transferencia tecnológica a SUNAT-Aduanas.
Otra forma podría ser que la SUNAT remate las mercancías existentes en los almacenes de Aduanas desde 1992. Son productos valorados en 40 millones de dólares, suma mayor que la que requiere SUNAT-Aduanas para repotenciar tecnología. De lo contrario se va a permitir que estas mercancías continúen deteriorándose, pierdan valor o sean desaparecidas sistemáticamente como ocurrió la década pasada, en que se robaron más de 10 millones de dólares en mercancías de estos almacenes sin que hasta la fecha se haya iniciado proceso penal contra los responsables.
Estas empresas supervisoras fueron denunciadas por hechos de corrupción también en Pakistán, Malawi, Nigeria, Filipinas, Tanzania, Ecuador y Colombia.
En el Perú tenemos casos como el de una rotativa Harris que la mafia fujimorista importó. Estaba valorizada en 180 mil dólares, pero fue declarada ante la Aduana en sólo 80 mil dólares; y la empresa supervisora SGS, mediante certificado de inspección, convalidó la subvaluación. La supervisora a la que se le paga para evitar la subvaluación se convirtió en cómplice de la empresa editora del diario El Tío, la cual era empleada con fines políticos y afanes re-reeleccionistas por la mafia fujimorista, que le facilitaba instrumentos para demoler, con sus publicaciones, a los líderes de la oposición.
Las empresas supervisoras, para mantenerse vigentes en el país, convivieron con la mafia de Fujimori. En febrero de 1999, la empresa supervisora SGS suscribió un contrato de servicios con Interandina de Publicidad, de Óscar Dufour, y le fijó honorarios mensuales de 30 mil dólares.
Además, el contrato del lobby tuvo por objeto mantener la vigencia del sistema de supervisión de importaciones dentro del mismo marco legal; es decir, sin que el Congreso modificase términos y condiciones vigentes, de modo que se hiciera posible la permanencia de las supervisoras en el país con iguales promedios de utilidades.
Según el contrato, si el lobby surtía efecto, a Interandina se le asignarían, además de los 30 mil dólares mensuales, 400 mil dólares por concepto de honorario de éxito.
Tenemos acá una copia del contrato, señor Presidente.
Esa relación con la mafia se hizo más grande en junio de 1999, cuando Interandina, por 15 mil dólares mensuales y un honorario de éxito superior a los 300 mil dólares, subcontrata para los mismos fines a Publicidad Nacional, empresa vinculada con Eduardo Calmell del Solar.
Queda claro que Interandina y Publicidad Nacional actuaron a nivel de lobby político para perpetuar el sistema de supervisión de importaciones que ya tiene once años en el país.
Éste es el contrato firmado por la SGS, Presidente. (Cuadro 4.)
En el caso de Matilde Pinchi, recordemos las importaciones subvaluadas que efectuaron sus empresas, que también fueron supervisadas por SGS y Cotecna. Estas supervisoras valorizaron en un dólar la mercadería que la señora Pinchi vendía en 100 dólares. Ella ha confirmado que para las operaciones contaba con el apoyo de Montesinos, quien le aseguró impunidad en Aduanas, lo que consiguió hasta concluir el gobierno de Fujimori.
En 1997, en un contenedor fueron halladas veinte toneladas de droga procedentes de Colombia y con destino al Callao. Tenían certificado de inspección de la empresa supervisora Bureau Veritas, que consignaba la carga con precinto de seguridad como si se tratara de productos textiles y pisos cerámicos.
Cuando se investigó este caso, las autoridades aduaneras sostuvieron ante el Congreso que los certificados de inspección eran imposibles de falsificar...

El señor PRESIDENTE (Jesús Alvarado Hidalgo).— Congresista, le vamos a dar un minuto adicional para que concluya.

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Presidente, estoy tocando asuntos que todos los congresistas desean conocer. Soy autor del proyecto y le pido que me dé unos minutos más para terminar.

El señor PRESIDENTE (Jesús Alvarado Hidalgo).— Abriremos una tercera vuelta para que intervenga si es necesario.
A todos los congresistas les hemos dado un minuto adicional. Por equidad, tiene un minuto para que concluya.

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Las autoridades aduaneras sostuvieron ante el Congreso que los certificados de inspección eran imposibles de falsificar; pero las supervisoras señalaron todo lo contrario.
No estoy afirmando que las empresas sean parte de la red de narcotráfico, simplemente formulo la pregunta: bajo esta modalidad de haberse falsificado los certificados y los precintos, ¿cuántos contenedores con droga o contrabando habrán ingresado o salido del país? ¿Qué garantía teníamos de los certificados de inspección y de los precintos de seguridad?
En junio de 1999, la empresa supervisora SGS aceptó, mediante carta, que había extendido un certificado de inspección por monitores para computadoras, cuando en realidad se trataba de tarjetas para computadoras. Nos preguntamos: ¿es posible confundir un monitor para computadoras con una tarjeta de cómputo? Es como confundir un televisor con un control remoto. ¿De qué supervisión hablamos?
En atestados de la Policía Nacional, la SGS se encuentra entre los presuntos responsables por haberse coludido en el análisis y comparación de precios y en la asignación del valor de calzado proveniente de Colombia, hecho que ha destruido la industria del calzado en el Perú.

—Reasume la Presidencia el señor Carlos Ferrero.

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Congresista, como se lo ha explicado mi colega el vicepresidente Alvarado, abriremos una tercera ronda y ahí podrá usted expresar sus puntos de vista finales.
Para no quebrar el orden normal de la sesión, le pido que colabore con nosotros.

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Presidente, sólo me faltan dos minutos. No quisiera cortar la ilación.

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Está bien. A los demás grupos también se les tendrá que ofrecer esos dos minutos adicionales.

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Gracias, Presidente.
De acuerdo con el Atestado N.° 01-2002-PNP, la Policía Nacional encuentra como presuntos responsables del delito de subvaluación y defraudación de rentas de aduana a los representantes de una empresa peruana y a la supervisora SGS por la importación dolosa de videojuegos que se accionan con monedas. Esos productos ingresaron al país en 1996 con precios subvaluados. Sorprendentemente, el representante de la SGS declaró que su oficina no contaba con información suficiente para poder determinar el valor de dicha operación.
En el Atestado N.° 06-2002-PNP, referido a hechos ocurridos entre los años 2000 y 2001, se indica que representantes de Bureau Veritas son presuntos autores del ingreso de vehículos de contrabando.
Ha quedado acreditado el hecho de que Cotecna Inspection supervisó y avaló, poco antes de la tragedia de Mesa Redonda, el ingreso al país de productos pirotécnicos explosivos prohibidos. En esta operación, los explosivos prohibidos fueron reetiquetados para que ingresaran al país como productos permitidos. Burdamente cambiaron la codificación y pusieron el código LP-2020, maniobra que la minuciosa inspección efectuada en origen por Cotecna no detectó, o simplemente nunca realizó la inspección.
Como estos casos hay miles.
La decisión que se adopte hoy demostrará quiénes están por la perpetuación de un sistema ilegal y corrupto y quiénes apuestan por la moral, la capacidad y la modernización de nuestras instituciones.
Por estas razones, solicito la aprobación del proyecto en debate y que la SUNAT tenga un plazo máximo de un año para ir eliminando progresivamente ese sistema de acuerdo con un plan que presenten al Congreso, como lo han propuesto los congresistas Diez Canseco y Figueroa.
Felicito a los presidentes de las comisiones de Comercio Exterior y Turismo, César Zumaeta; y de Economía, Jacques Rodrich, por la excelente labor que han realizado para dictaminar estos proyectos.
Gracias, Presidente.

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El señor PRESIDENTE (Hildebrando Tapia Samaniego).— Perdón, congresista.
Señor Mufarech, ¿a qué alusión se refiere?

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Señor Presidente, yo defendí siempre a la institución de Aduanas, y el señor al que se ha mencionado era un funcionario de Aduanas nombrado por el gobierno de Fujimori; por lo tanto, yo me refería a un funcionario de Fujimori, no a Aduanas, a la que respeto y debemos repotenciar.
Gracias.

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El señor RODRICH ACKERMAN (PP).— Gracias, señor Presidente.
El congresista Mufarech me pide una interrupción para dar algunas sugerencias coordinadas con la doctora Beatriz Merino.

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Tiene la palabra el congresista Mufarech.

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Gracias, señor Presidente.
De acuerdo con las coordinaciones realizadas con la SUNAT y en vista de que hay propuestas y sugerencias para ampliar el plazo a un año y conseguir recursos, el artículo 2.° estaría señalando lo siguiente:
“Las fianzas otorgadas por las Empresas Supervisoras, denominadas también Verificadoras, tendrán vigencia de dos (2) años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, con la finalidad de que éstas constituyan garantía de los posibles adeudos que se determinen como resultado del control y fiscalización de sus operaciones que SUNAT realizará en dicho plazo; comprendiendo los adeudos determinados en su calidad de responsables solidarios y/o por su responsabilidad administrativa, conforme a las normas reglamentarias vigentes.”
También se agregaría un artículo, que sería el 4.°:
“Créase la Tasa de Despacho Aduanero, cuyo monto será fijado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, por la tramitación de la Declaración Única de Aduanas (DUA), necesaria para importar y/o exportar las mercancías o someterlas a otros regímenes, operaciones FOB superiores a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias.”
Esto va a quedar aclarado en una disposición transitoria, señor Presidente.
En el artículo 5.° se hace una modificación, de modo que la presente ley entre en vigencia a los 365 días calendario a partir de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Propongo también que se incorporen dos disposiciones transitorias con la siguiente redacción:
“Primera.— Declárase de prioridad e interés nacional la dación de las medidas y normas necesarias para que el Ministerio de Economía y Finanzas transfiera a la SUNAT los recursos para el cumplimiento de la presente Ley, en un plazo que no excederá los treinta (30) días calendario contados a partir de su publicación.
Segunda.— A partir de la publicación de la presente Ley, se podrá determinar gradualmente y mediante Decreto Supremo, las subpartidas arancelarias que dejarán de estar sujetas al Régimen de Supervisión o Verificación previa al embarque, a las que se les aplicará la Tasa de Despacho establecida en el artículo 4.° de la presente Ley.”
Eso sería todo, señor Presidente.
Gracias.

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Señor Rodrich, queremos saber qué trae usted de nuevo y si incluye lo que acaba de proponer el señor Mufarech. Son dos preguntas.